La prensa malgache se moviliza contra un código de comunicación “liberticida”

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La voluntad del Gobierno malgache respecto a la adopción de un controvertido proyecto de ley sobre el código de comunicación sigue topándose con las protestas de periodistas y directores de medios de comunicación.

Estos califican el texto, que ha sido aprobado por el Parlamento y que espera el control de constitucionalidad, de “liberticida”.

El texto prevé concretamente penas de cárcel para los periodistas así como multas exorbitantes por delitos cometidos a través de la prensa, como por ejemplo la difamación, o la publicación de “noticias falsas” – sin precisar qué es lo que este concepto abarca exactamente.

Los periodistas podrían ser igualmente penalizados en caso de publicaciones susceptibles de socavar “la disciplina o la moral de los ejércitos”, “la confianza del público y la solidez de la moneda” así como las “buenas costumbres”.

La tensión entre las autoridades y el movimiento de periodistas es tal que un encuentro entre ellos habría podido terminar muy mal. El 12 de julio el Movimiento a favor de la Libertad de Expresión, que reagrupa a profesionales de los medios de comunicación y a activistas jóvenes, organizó una marcha simbolizando “el entierro de la libertad de expresión”, que fue bloqueada por las fuerzas del orden.

El Movimiento a favor de la Libertad de Expresión reclama un nuevo debate sobre el texto. En esta iniciativa cuenta con el apoyo de los directores de medios de comunicación reagrupados en el seno del Groupement des éditeurs de presse d’information et du multimédia de Madagascar (GEPIMM).

El proyecto de ley “incita a la autocensura”, lamenta Fetra Rakotondrasoa, portavoz del movimiento, citando “aberraciones” en el texto de 209 artículos y denunciando el “abuso de autoridad” del Gobierno.

“No favorece el debate. Introduce restricciones en materia de publicación de documentos oficiales y discusiones a puerta cerrada donde se abordan asuntos nacionales, (...), por no hablar de la exclusión de los medios audiovisuales privados de la cobertura nacional, limitando el pluralismo”, declara Rakotondrasoa.

Se suceden los llamamientos al diálogo y las condenas contra el proyecto de ley en un país que ocupa la 56ª posición mundial dentro de la clasificación de Reporteros sin Fronteras (RSF) en materia de libertad de prensa.

A nivel internacional, RSF y la Union internationale de la presse francophone (UPF) han publicado un comunicado conjunto en el que protestan contra la aprobación del texto, el cual, desde su punto de vista, “supone un importante revés para la democracia y la libertad de expresión”.

Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) considera que el código de comunicación es “escandaloso”.

“Está claro que el texto pretende acallar a los medios de la oposición política, lo cual es incompatible con una democracia auténtica”, denuncia la FIP.

En su edición del 18 de junio, el periódico Les Nouvelles refiere las quejas de Omer Kalameu, Asesor de Derechos Humanos de la Oficina de Coordinación del Sistema de las Naciones Unidas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD) en Madagascar. “La esencia del texto de 2015 se centraba en la libertad y el consenso, mientras que ahora el texto se ha convertido en un instrumento de represión”, observa.

El funcionario de la ONU hace referencia a la transformación de la esencia del anteproyecto de ley, elaborado con el apoyo del PNUD, con relación al proyecto validado por el Consejo de Ministros y aprobado durante una sesión extraordinaria del Parlamento.

El Gobierno considera que el proyecto de ley constituye un marco legal para regir el sector de la comunicación. “El ejercicio de la libertad para informar es indisociable de las responsabilidades del periodismo, cuyo primer deber es satisfacer el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a una información justa e imparcial”, afirma la exposición de motivos del texto.

Vonison Andrianjato Razafindambo, Ministro de Comunicaciones y Relaciones con las Instituciones, destaca un punto positivo del proyecto de ley, a saber la supresión de las penas de cárcel por delitos de prensa, y subraya un proceso inclusivo en el proceso de elaboración del texto.

El ejecutivo menciona igualmente la politización de las reivindicaciones. El Presidente malgache Hery Rajaonarimampianina habla en la radio pública de la “presencia de personalidades políticas” entre los cerebros del movimiento de reivindicación.

Sin embargo, el Jefe del Estado afirma no tener intención de cerrar la puerta al diálogo “si hace falta”, pero que el texto tiene que pasar ahora por el control de constitucionalidad.

El Movimiento a favor de la Libertad de Expresión ha presentado un recurso en el que propone un nuevo examen del proyecto de ley, permitido por la Constitución, que abriría en un momento dado la puerta a nuevos debates.

 

This article has been translated from French.