La idea de que el sector privado debe participar en los proyectos de desarrollo para facilitar la consolidación del sistema económico de los países pobres está extendida y enraizada en los Estados ricos, y muestra de ello es que, según la EDFI (asociación europea que engloba hasta 15 IFD), la cartera conjunta de inversiones comprometidas por sus miembros se ha triplicado en los últimos diez años, hasta alcanzar los 36.300 millones de euros (unos 40.700 millones de dólares) a finales del 2015.

Sin embargo, la financiación con fondos públicos de proyectos del sector privado se mueve en un espacio confuso entre la ayuda al desarrollo (al facilitar inversiones que de otro modo no irían a países emergentes) y la expansión económica de los países donantes, que a menudo aprovechan para favorecer a sus empresas.

El informe Financiación del sector privado con Asistencia Oficial al Desarrollo –AOD– y eficacia del desarrollo, publicado en junio por la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD-CSI) y la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo (AOED), ilustra con ejemplos la ineficacia de proyectos de inversión combinada público-privada en numerosas partes del globo.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) inyectó una cantidad considerable de fondos en una compañía de gestión de aguas en Cartagena (Colombia), con participación de una empresa española, a pesar de que los altos precios suponen que cada mes miles de personas pierden su acceso al agua por no poder costeársela. La canalización de ayuda canadiense para mejorar los sectores agrícola y forestal de Perú se hace a través de una ONG del país donante que resulta estar patrocinada, entre otros, por grandes gigantes mineros. A pesar de su objetivo inicial, los mayores esfuerzos de la ONG se centran, en realidad, en mejorar la imagen de la industria extractiva. Éstos son sólo dos de los ejemplos recogidos en el informe.

Los investigadores, que estudiaron nueve instituciones de financiación del desarrollo (de EEUU y Europa), llegan a la conclusión de que la mayoría de las IFD tiene como misión principal favorecer e impulsar la economía de su país y a empresas con inversiones en países emergentes, sin que las necesidades de estos países sean relevantes. La estadounidense OPIC especifica incluso que su actividad va dirigida a “promover las prioridades estadounidenses de política exterior y seguridad nacional”.

En el lado opuesto, la belga BIO recoge simplemente la misión de apoyar a un sector privado fuerte en países en desarrollo y/o emergentes. “No hay un vínculo directo con las compañías o la economía belgas”, explica a Equal Times Tom De Latte, portavoz de BIO. “Siempre estamos, desde luego, abiertos a inversores privados, belgas o no, que puedan ayudarnos a lograr nuestra misión, pero no estamos condicionados por ellos”, añade. Sin embargo, esta postura no es la habitual entre las IFD.

“Este tipo de instituciones no pueden, ni deben, ser consideradas como Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) o cooperación internacional para el desarrollo”, explica a Equal Times Sebastián Ortiz, investigador del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de Madrid, quien añade que “es evidente que en su esquema actual, lo que prima es sólo el interés del país ‘donante’, o que otorga los créditos, y específicamente, el de las empresas que quieren ingresar en el mercado del ‘receptor o beneficiario’”.

En los últimos 15 años, la OCDE (organización compuesta por 35 países, de los cuales procede la mayor parte de la ayuda) ha llegado al consenso de que hablamos de ayuda oficial al desarrollo cuando ésta está desvinculada, es decir, cuando “se administra con el principal objetivo de promover el desarrollo y bienestar económicos de los países en desarrollo”; así como por el hecho de que es de “carácter concesional y lleva un elemento de donación”.

La criba que favorece los intereses propios

El informe de la RSCD-CSI y AOED señala que, más allá de los mandatos específicos de las instituciones, ciertos requisitos establecidos por las IFD para la obtención de fondos también facilitan la preponderancia de las empresas de los países desarrollados. Algunos criterios económicos sobre rentabilidad, rendimiento de la inversiones y trayectoria de la empresa exigidos por las IFD hacen que sea más fácil que las ayudas vayan a empresas de países ricos o multinacionales en lugar de a pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo, que tienen, en general, una estructura y capacidad más débiles, pero también un mayor impacto en el desarrollo del país receptor.

Favorecer a las compañías de los países donantes puede ir en contra de las necesidades de los países receptores de la ayuda, más aún cuando ninguna de las instituciones analizadas en el informe tiene la obligación de incluir la participación del Gobierno o agentes sociales del país receptor de ayuda en ninguna fase del proyecto financiado.

Los criterios puramente económicos y de rentabilidad tienen otro efecto añadido, la preferencia por países de mayores ingresos y, por tanto, menor riesgo para la inversión. Además, el hecho de que sea el cliente de la IFD quien prepara el proyecto para solicitar el apoyo financiero, hace que “sea muy difícil incorporar factores de trabajo decente en las primeras fases del diseño del proyecto”, a pesar de que la mayoría de las IFD están comprometidas a aplicar estándares laborales adecuados, señala el informe.

Para Ortiz, con los proyectos de financiación combinada de las IFD “los beneficios en términos de desarrollo humano son bastante escasos, por no decir nulos. En el mejor de los casos se podría decir que tienen algún efecto económico positivo por la generación de puestos de trabajo, la contribución al crecimiento o la atracción de inversión extranjera directa”, pero matiza que “es muy habitual que esas mismas empresas que reciben financiación en el país de origen, también sean financiadas indirectamente en el país de destino vía exenciones o reducción de impuestos”.

Desarrollo a través de paraísos fiscales

Según el informe Going Offshore, elaborado en 2014 por Eurodad (red de ONG europeas agrupadas para presionar a los gobiernos para transformar el sistema económico y financiero mundial), las IFD utilizan con frecuencia paraísos fiscales para canalizar sus inversiones, en lugar de instituciones financieras del país objeto de la ayuda. Por ejemplo, la británica CDC envió un total de 3.800 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros) entre 2000 y 2013 a fondos que operaban a través de paraísos fiscales. La noruega Norfund había canalizado 46 de 165 inversiones a través de paraísos fiscales a finales de 2013, con un valor de 339 millones de dólares (unos 300 millones de euros).

En el caso de la belga BIO, el informe señala que en junio de 2014 estaba involucrada en un total de 42 fondos de inversión, 30 de los cuales estaban domiciliados en paraísos fiscales, con un valor de 207 millones de dólares (unos 184 millones de euros).

De Latte, portavoz de la institución belga, explica que “BIO siempre trata de invertir directamente en el país elegido”, ya que la institución considera el pago de impuestos como un factor importante en el desarrollo de un país. Sin embargo, señala, en ocasiones es necesario el uso de un centro financiero extraterritorial como intermediario para poder operar “debido a la falta de un marco legislativo apropiado”, aunque puntualiza que, para evitar cualquier sospecha de malas prácticas, la información sobre dónde están registrados sus clientes está disponible en su página web.

Según la EDFI, citada en el informe de la RSCD-CSI y AOED, los llamados paraísos fiscales hacen posible que sus miembros “desempeñen un papel catalizador en la atracción de capital institucional para los países en desarrollo, además de garantizar que su capital y el capital institucional invertido conjuntamente se inviertan de acuerdo con políticas ambientales, sociales y de gobernanza sólidas.” Sin embargo, Eurodad destaca la falta de transparencia de las IFD respecto al uso de estos territorios.

Pero no solo las IFD de los países ricos caen en la tentación de usar marcos legales laxos para sus actividades. Según Ortiz, “en algunos países en desarrollo hay posturas muy ambivalentes sobre evasión fiscal y en aquellos donde prima la ortodoxia económica, no solo se tiene una muy baja presión fiscal, sino también se favorecen exenciones o tipos impositivos muy reducidos con el pretexto de mantener un entorno favorable a la inversión extranjera directa”.