Las obras del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, proyecto que en 2013 el Gobierno nicaragüense otorgó en concesión a la empresa de telecomunicaciones china Hong Kong Nicaragua Development (HKND), aún no han comenzado.
El proyecto, que además del canal incluye dos puertos, un aeropuerto internacional, zonas francas, una línea ferroviaria e incluso un oleoducto, tiene un presupuesto de unos 50.000 millones de USD (unos 45.000 millones de euros). Una obra faraónica, dadas las dimensiones del país, equivalente a cinco veces su PIB y que, según el Presidente Daniel Ortega, debería brindar “felicidad y bienestar al pueblo de Nicaragua”.
Pero esta ecuación deja fuera a un sector de la población: más de 100.000 nicaragüenses viven en las comunidades repartidas a lo largo de la zona prevista para el proyecto, desde Punta Águila, en la costa caribeña, hasta Brito, en la costa del Pacífico. Desde hace tres años viven bajo la espada de Damocles del desalojo.
El meollo del problema es el artículo 12 de la Ley 840, que regula todo el proyecto del canal, y autoriza la expropiación “de cualquier bien inmueble que sea razonablemente necesario para efectuar todo o una parte del proyecto”, ya se trate de un bien privado, público o incluso de una comunidad indígena.
“Las indemnizaciones que nos ofrecen son ridículas. Nos proponen realojarnos en apartamentos, pero nosotros somos agricultores, ¿de qué vamos a vivir?”, se pregunta Francisca Ramírez Torres, coordinadora del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, organización que representa a unas 300 comunidades que se oponen al proyecto.
“Organizamos más de 60 marchas a nivel local, regional y nacional desde los inicios del movimiento y seguiremos así todo el tiempo que sea posible”.
Unas movilizaciones no exentas de peligro. A finales de 2014, en una marcha convocada en El Tule, en el departamento de Río San Juan, al sureste de la capital, las fuerzas antidisturbios cargaron contra los habitantes que llevaban protestando más de una semana. El balance: dos muertos y varias decenas de heridos.
Semanas más tarde se celebró una marcha en Managua. “Prohibieron a las compañías de autobuses llevarnos e hicieron todo lo posible para retrasarnos. Tuvimos que ir en camiones para transportar ganado. Tiraron trozos de vidrio por la carretera, multiplicaron los controles... Un trayecto que normalmente se hace en diez horas, ¡nos llevó 56!”, explica a Equal Times Eugenio Hernández Villara, habitante de la colonia de San Francisco de Agua Fría.
Día a día asfixian económica y socialmente a quienes resisten.
“Controlan el precio de lo que vendemos en el mercado, ya no invierten en los caminos, ni en los colegios, y los médicos que envían a la región solo pueden darnos dolipran e ibuprofeno”, lamenta Francisca Ramírez Torres.
¿Una maniobra para adueñarse de las tierras?
Decididos a luchar por todos los medios legales, los detractores del proyecto multiplican sus iniciativas.
Han enviado al Gobierno más de 10.000 cartas de protesta y presentado 34 recursos de inconstitucionalidad, además de una iniciativa ciudadana avalada por más de 28.000 firmas. Todo en vano.
“El problema es que la Asamblea Nacional aprobó todo en solo tres días, sin debatirlo ni consultarlo con la población. Hay una gran falta de transparencia”, apunta Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), una de las pocas organizaciones locales que apoya a los campesinos.
La prensa nacional casi no se hace eco del asunto. “La mayoría de los periódicos, radios y cadenas de televisión del país tienen vínculos con el Gobierno y miran hacia otro lado. El resto se limita a publicar ‘información positiva’. Para llegar a la zona hay que trampear, valerse de argucias periodísticas y tener suerte”, explica a Equal Times Carlos Fernando Chamorro, periodista del Canal 12, uno de los pocos medios que informa sobre la situación.
¿Por qué no se han iniciado aún las obras? Cuando Equal Times se interesó en el tema, en mayo de 2014, el Gobierno anunció que el proyecto comenzaría en diciembre de ese año. Hoy, baraja la fecha de diciembre de 2016.
El historial de Wang Jing, Presidente de HKND, aconseja cautela: el rotativo hongkonés South China Morning Post revela que, en 12 de los 20 países donde la empresa declara tener intereses comerciales, no existe ni rastro de ellos.
Todo esto alimenta los argumentos de los detractores del proyecto. «El canal no es viable económicamente, lo afirman todos los expertos. Solo pretenden quedarse con las tierras para desarrollar proyectos turísticos y económicos», señala Vilma Núñez de Escorcia.
Según el diario Le Monde están en juego “las tierras más fértiles de Nicaragua y el Cocibolca, el segundo lago de agua dulce más grande de América Latina”.
“Ya hicieron lo mismo con los habitantes de siete comunidades: les expropiaron diciéndoles que iban a construir una central hidroeléctrica, que jamás vio la luz, pero los campesinos nunca recuperaron sus tierras”, explica con amargura Francisca Ramírez Torres.
Un escenario inconcebible para ella y los demás habitantes de la región, que no se cansan de repetir, una y mil veces: “preferimos morir que entregar nuestras tierras al Gobierno”.
