Intento de amordazar a la emisora estatal de Brasil

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Apenas cuatro meses después de que un Gobierno interino sustituyera a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el gabinete formado exclusivamente por hombres, todos arquetípicamente blancos, se ha apresurado a consolidar su poder mediante el desmantelamiento de los Ministerios de Igualdad Racial, Derechos Humanos y Derechos de la Mujer.

Ahora, tiene en la mira a la cadena estatal.

El Gobierno del presidente Michel Temer, antes vicepresidente, ha sido objeto de protestas generalizadas, algunas de las cuales han sido reprimidas violentamente por la policía. Ampliamente criticado por abandonar el programa del Gobierno democráticamente elegido, invitó a participar en su gabinete a ocho políticos investigados por el escándalo de los sobornos, el denominado “Car-Wash”.

Pese a que Rousseff fuera elegida en 2014 con 54,5 millones de votos, el 31 de agosto de 2016 fue finalmente relevada de sus funciones por 61 senadores. Los oponentes de Rousseff, que habían estado maniobrando para conseguir el juicio político de destitución desde que perdieron la elección, contaban con los medios de comunicación comerciales privados para acusar, procesar y juzgar a la primera mujer presidenta del país.

Por lo tanto, no es de extrañar ahora que la cadena estatal se convierta en el nuevo objetivo.

El día que el Gobierno provisional asumió el cargo el 12 de mayo, se dio a la tarea de modificar la estructura del Gobierno federal. Además de eliminar una serie de ministerios, Temer despidió a Ricardo de Melo, director general de la cadena pública Empresa Brasil de Comunicação –EBC–.

Los compañeros de De Melo lo habían elegido de acuerdo con los estatutos de la empresa radiodifusora, por lo que el juez del Tribunal Supremo Dias Toffoli emitió una orden judicial manteniendo a De Melo en su cargo. Aun así, el 2 de septiembre, el Gobierno lo despidió de nuevo recurriendo a la Medida Provisional (MP) 744/2016.

La medida también alteró los estatutos de la EBC, que no permiten que la presidencia del país nombre al director general de la empresa, lo que provocó que Toffoli retirara su requerimiento. Además, se suprimió al Consejo de Curaduría de la empresa, responsable de la supervisión del Gobierno y de asegurar la participación del público.

“La medida provisional es terrible”’, afirma Jonas Valente, periodista de EBC y presidente del sindicato de periodistas profesionales del Distrito Federal (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, SJPDF). “Elimina los dos principales mecanismos que aseguran la naturaleza pública de la empresa: el Consejo y el mandato del director general. Esta maniobra ataca frontalmente la participación y la autonomía, convirtiendo a la EBC en una empresa gubernamental”.

La Constitución federal de Brasil, aprobada en 1988 tras 21 años de dictadura militar, exige la existencia de un sistema público de comunicación. Sin embargo, no fue hasta 2008, es decir 30 años después, cuando el Congreso aprobó la Ley nº 11.652 para crear la EBC.

“Además, se estableció el Consejo de Curaduría para defender principios públicos y garantizar que la empresa mantuviera un enfoque de interés público y no comercial ni gubernamental. Estos principios incluyen la regionalidad, la diversidad, el pluralismo y la accesibilidad”, explica Rita Freire, Presidenta del Consejo de Curaduría de EBC.

También señala que tan pronto como el Gobierno designó un nuevo director general, éste suspendió todos los programas de debate, análisis o pensamiento crítico.

Asimismo, según el sindicato SJPDF, el presupuesto de la empresa radiodifusora sufrió un recorte de 170 millones de reales brasileños (52,3 millones de USD), así como otro recorte de 1.000 millones (307,6 millones de USD) al fondo federal que la sostiene.

“Se persigue a los trabajadores por sus convicciones personales. Es preciso dar prioridad a los procesos de selección transparentes y democráticos que respeten criterios claros”, propone Valente.

Los trabajadores de la EBC, reunidos en una asamblea nacional el 4 de septiembre, presentaron una moción en contra de la medida provisional, los recortes presupuestarios y las persecuciones políticas.

“Defendemos a la EBC legítimamente constituida y la autonomía del sistema de radiodifusión pública, así como la readmisión inmediata del Consejo de Curaduría... con arreglo a los modelos más consagrados de los medios de comunicación públicos de todo el mundo”, indica el documento. También están presionando a los representantes electos para que impidan la medida.

El Congreso aún podría rechazar la Medida Provisional y reafirmar la naturaleza pública de la EBC, pero Freire cree que habrá que librar una dura batalla, ya que la mayoría del poder legislativo está actualmente alineado con el Gobierno espurio.

“Este Consejo fue designado por la sociedad brasileña, y no por un Gobierno, para defender el interés público. Y eso es lo que haremos”.