Cuando los clientes del casino en el que Kasey Nalls empezó a trabajar como camarera, con veintipocos años, le contaban chistes ofensivos, le hacían comentarios subidos de tono y, en una etapa ulterior pasaban a manosearla, ella siguió el ejemplo de sus colegas más veteranas.
Nalls explica que para sus compañeras era obvio que, quejándose, “nada iba a cambiar”.
Por eso “dejé pasar todo y continué como si nada”.
Tras una década sirviendo copas, Nalls fue una de las 487 mujeres que respondió a la encuesta sobre acoso y violencia de género entre el personal de los hoteles y casinos de la zona de Chicago, realizada por UNITE HERE, un sindicato representante del personal de hostelería e industrias diversas de los Estados Unidos y Canadá.
Según los resultados de la encuesta, compilados en el informe Hands Off, Pants On (no me pongas las manos encima y tus pantalones te los dejas puestos), publicado este verano por el sindicato, casi seis de cada diez empleadas de hotel y ocho de cada diez empleadas de casino encuestadas afirman haber sido acosadas sexualmente por un cliente. La mitad de las recamareras afirma haberse topado con exhibicionistas, con clientes que les abren la puerta desnudos o que exponen su cuerpo.
Nalls explica que ella y sus compañeras de trabajo se sintieron empoderadas cuando las escucharon: “Nadie nos había preguntado jamás cómo nos sentíamos”.
Cada vez más mujeres se atreven a hablar de los peligros que sortean en su trabajo y ello está permitiendo establecer estrategias y alianzas para combatir un problema oculto.
En 2011 saltó a las portadas uno de los casos de violencia en el trabajo más notorios. En Nueva York, la recamarera Nafissatou Diallo acusó a Dominique Strauss-Kahn, un prominente político francés, a la sazón presidente del Fondo Monetario Internacional, de agredirla en su suite. Los cargos, que incluían intento de violación y agresión sexual, acabaron siendo retirados y, en 2012, Diallo y Kahn llegaron a un acuerdo extrajudicial, cuyos términos jamás se hicieron públicos.
A pesar de que este caso recibió una gran atención mediática, Sarah Lyons, analista de investigación del sindicato UNITE HERE, señala que abundaron las anécdotas, pero apenas se recopilaron estadísticas que dieran a conocer públicamente la amplitud del problema.
Por qué guardan silencio las víctimas
Lyons escribió en Hands Off, Pants On que “la posición social y económica de los clientes habituales de hoteles, casinos y centros de convenciones suele contrastar drásticamente con la de las mujeres que allí trabajan”. Este desequilibrio puede desalentar a las mujeres a denunciar, en parte por temor a resultar menos creíbles que el acusado.
Un tercio de las encuestadas por UNITE HERE afirma haber reportado los incidentes de acoso. Muchas de las mujeres que afirman no haber denunciado alegan que habían comprobado que nada cambiaba después de que otras denunciaran o que el acoso de los clientes era algo tan común que se habían habituado.
En los Estados Unidos, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) recibió entre 6.000 y 8.000 quejas por acoso sexual —la inmensa mayoría presentadas por mujeres— durante cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 2015. Christine Saah Nazer, portavoz de la Comisión, reconoce que “no es un número muy elevado.
“Creemos que esto se debe a que no se denuncia gran parte del acoso sexual”, afirma.
“Es un problema que afecta tanto a mujeres que trabajan en la agricultura como en consejos de administración. En todos los casos, la decisión de airearlo puede resultar difícil, por temor a perder su empleo, a empañar su reputación o algo peor, como sufrir represalias violentas del acosador”.
La EEOC cita varios estudios realizados en los Estados Unidos que concluyen que entre el 25 % y el 85 % de las mujeres han sido víctimas de acoso sexual en el trabajo. Las investigaciones revelan diferencias entre distintas industrias en cuanto a cómo se plantean las preguntas y a la percepción sobre lo que constituye un abuso.
En Chicago, Nalls considera que los casinos deberían prohibir el acceso a los acosadores reincidentes, al igual que prohíben la entrada a los jugadores acusados de hacer trampas.
“Si un cliente roba en un casino, le prohíben que vuelva a entrar”, afirma Nalls. “¿por qué, si me roba la dignidad, se le permite volver?”.
Tomar cartas en el asunto
El sindicato estadounidense representante del personal de servicios Service Employees International Union (SEIU) consiguió, a principios de año, que California aprobara un proyecto de ley que obliga a las compañías de servicios de limpieza industrial a ofrecer, a partir de 2019, formación a supervisoras y conserjes, para enseñarles a combatir el acoso y las agresiones sexuales. La campaña del sindicato, llamada End Rape on the Night Shift (Acabemos con las violaciones en el turno de noche), incluyó una vigilia frente al edificio del Gobernador del Estado de California en la que participaron mujeres conserjes, que compartieron sus experiencias de agresiones sexuales durante el trabajo.
En Seattle, UNITE HERE respaldó una propuesta, conocida como Iniciativa 124, aprobada por votación ciudadana el 8 de noviembre, que obliga a los hoteles de la ciudad a suministrar botones de alarma a las recamareras de los hoteles y a ofrecer información a los clientes sobre las leyes de protección contra el acoso sexual.
La asociación de la patronal, la Seattle Hotel Association, se opuso a la medida afirmando que los clientes de los hoteles acusados de acoso podrían ser castigados sin el proceso debido, por la dificultad de cumplir las leyes en los centros de trabajo y porque algunas medidas pretendían promover la afiliación sindical en lugar de la seguridad del trabajador.
La presidenta de la asociación, Jenne Oxford, afirma que la iniciativa de Seattle abre un debate de calado, pero que ella y los demás directores habrían preferido sentarse con los sindicatos, con los responsables electos y otras partes interesadas, para abordar cualquier problema sobre la seguridad de los trabajadores y trabajadoras.
Oxford afirmó que muchos hoteles ofrecen ya a las recamareras dispositivos de comunicación, como botones de alarma, y están tomando medidas para que el personal y los clientes no coincidan en las habitaciones. Además, acogió con satisfacción la sugerencia de ofrecer información a los clientes —y no sólo al personal— sobre las leyes en materia de acoso y agresiones sexuales.
Algunas compañías llevan años tomándose muy en serio este problema, explica Fran Sepler, formadora especializada en acoso. Quedan otras que “tal vez cuenten con políticas [contra el acoso] pero, si pregunto a una de sus empleadas al respecto, la desconocería”, añade.
Sepler afirma que muchos empleadores se sienten satisfechos y convencidos de que no tienen este problema porque muy pocas víctimas lo denuncian.
En el plano nacional e internacional
En 1986, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó una sentencia histórica que considera cualquier forma de acoso sexual grave, o lo suficientemente extendido como para crear un entorno de trabajo hostil, una violación de los derechos civiles. La EEOC ha logrado indemnizaciones multimillonarias para víctimas de acoso y de violencia sexual en el trabajo y ha obligado a los empleadores a ofrecer formación para combatir el hostigamiento y a aceptar que supervisores externos atestigüen el cumplimiento de la normativa.
En 2015, la EEOC estableció un grupo para estudiar el fenómeno del acoso laboral que, a principios de este año, publicó un informe abogando por redoblar los esfuerzos de prevención.
“Creemos que impedir la discriminación es preferible a remediar sus consecuencias”, explica a Equal Times la portavoz de la EEOC.
El grupo planteó la posibilidad de emular las campañas aplicadas en el ámbito universitario, que animan a denunciar a cualquier persona que sea testigo de un acto de acoso, incluso si no es la víctima, para que quienes acosan tomen conciencia de que la sociedad no va a mirar hacia otro lado.
Durante la reciente campaña presidencial estadounidense, se hizo público un video del presidente electo, Donald Trump, comentando cómo acosaba sexualmente a las mujeres, lo que suscitó un debate internacional. Sepler respira hondo cuando se le pregunta sobre los comentarios de Trump, antes de expresar la consternación que le produjo que tantas personas defendieran o excusaran sus palabras.
“Estamos dando un paso atrás. Hablar de las mujeres en términos lascivos y degradantes se considera inaceptable desde hace ya una generación”, afirma. “El tema no tiene vuelta de hoja”.
En su búsqueda de soluciones, el grupo de la EEOC sopesó modelos como el establecido por la coalición de trabajadores de Florida Coalition of Immokalee Workers, que representa desde la década de los noventa a los trabajadores agrícolas.
Su Campaña por la Justicia Alimentaria cuenta con el apoyo de los consumidores y ejerce presión sobre las corporaciones para que elijan a aquellos productores que se comprometen a no permitir en sus granjas mano de obra forzosa, trabajo infantil o violencia, incluido el acoso sexual.
Abby Lawlor, investigadora de UNITE HERE en Seattle, alaba a los granjeros por ser los primeros en tomar conciencia; les siguieron los conserjes y el personal de los hoteles; se trata de un despertar paulatino, sector tras sector, afirma.
“Es estupendo percibir este nuevo impulso”, afirma.
A escala internacional, la presión ejercida por el Grupo de los Trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo de paréntesis (OIT) logró, el año pasado, que se iniciara un debate sobre el establecimiento de una norma sobre la violencia en el trabajo, especialmente la violencia de género. Durante los próximos años, la OIT recopilará estadísticas de gobiernos, organizaciones empresariales y de trabajadores para valorar la extensión del problema, y avanzar hacia la aprobación de un convenio internacional.
Los sindicatos y activistas podrán ofrecer apoyo a las víctimas, crear mecanismos de respuesta en casos concretos y aportar ideas y datos a los debate políticos más generales, afirma Lisa McGowan, experta en igualdad de género del Solidarity Center.
El acoso y las agresiones sexuales son “un problema de seguridad laboral”, subraya McGowan, cuya organización ayuda a los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo a defender su derecho a la libertad de asociación, “y afecta a los derechos humanos más fundamentales”.
