Manifestaciones de estudiantes en Sudáfrica: donde el pasado sigue presente

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Las dos muertes, los numerosos arrestos y la infinidad de actos de violencia perpetrados por las fuerzas de seguridad en respuesta a las manifestaciones de estudiantes de Sudáfrica han dejado al país conmocionado.

Los activistas han reflexionado sobre las similitudes que existen con la brutalidad policial que caracterizó la era del apartheid, mientras que muchos estudiantes perciben su batalla a favor de una educación asequible y de calidad como una continuación de la larga lucha por la justicia racial y económica en Sudáfrica.

El 26 de octubre de 2016, miles de estudiantes, académicos y simpatizantes de toda la Provincia Occidental del Cabo se reunieron a las puertas de las cámaras del Parlamento, en Ciudad del Cabo, para reclamar una educación descolonizada y gratuita en Sudáfrica.

“Abandonamos estos campos de refugiados, que denominamos municipios, para conseguir entrar en la universidad; y al final nos deniegan una educación”, declaraba ante la multitud un portavoz de los estudiantes.

Horas más tarde, un ataúd de cartón en llamas, que exhibía el nombre del ministro de Educación Superior de Sudáfrica, Blade Nzimande, era lanzado contra los agentes de policía. Momentos después la multitud fue dispersada con granadas detonadoras, balas de goma y piedras, prolongando una vez más los violentos enfrentamientos entre manifestantes y el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) que habían comenzado hacía casi un año, cuando las primeras manifestaciones de #FeesMustFall (las tasas deben disminuir) empezaron a ganar impulso.

Entre otras cosas, en 2015 los estudiantes reclamaban que se congelaran las tasas de matriculación universitaria, que se había previsto aumentaran en un 10-12% el siguiente año académico.

Según las estadísticas de 2013 del Consejo de Educación Superior de Sudáfrica, sólo un 16% de los sudafricanos negros van a la universidad, frente a un 54,7% de los sudafricanos blancos, un 47,4% de los sudafricanos de descendencia india y un 14,2% de todos los sudafricanos de color (de etnia mixta).

La diferencia entre estos índices de participación se debe en última instancia a una cuestión de dinero. Las repercusiones de la enorme desigualdad económica codificada por los siglos de dominación blanca se siguen sintiendo hoy en día. En un país donde aproximadamente la mitad de la población vive en la pobreza, las tasas de matriculación universitaria, que alcanzan hasta los 30.000 ZAR (cerca de 2.250 USD), hacen que la educación superior esté completamente fuera del alcance de la mayoría de los sudafricanos.

Tras varias semanas de protestas, a finales de octubre de 2015 el Gobierno acordó congelar las tasas de matriculación para 2016. Pero las recientes propuestas de limitar el aumento de las tasas a un 8% para 2017 provocaron la última ronda de protestas el pasado mes de octubre.

 

Descolonizar la educación

Sin embargo las protestas no guardan únicamente relación con el coste de la educación: los estudiantes también están poniendo en tela de juicio el tipo de educación que están recibiendo. Reclaman la descolonización de las universidades de Sudáfrica, unas teorías más centradas en África, un mayor número de docentes negros, y la modificación del nombre y/o la retirada de los edificios y monumentos que guarden relación con vestigios coloniales y del apartheid.

Los estudiantes consiguieron una importante victoria el 9 de abril de 2015, cuando lograron que se retirara una estatua de Cecil Rhodes de la Universidad de Rhodes.

Los manifestantes también reclaman que se acabe con la subcontratación de los empleados de las universidades, así como mejores condiciones de trabajo para el personal universitario.

Conforme han proseguido las manifestaciones, estas se han vuelto cada vez más violentas, y las universidades han respondido con lo que algunos están denominando “seguridad militarizada”.

Se han denunciado casos de agentes del SAPS y de empresas de seguridad privada que realizan perfiles raciales y que maltratan a estudiantes. También se han denunciado actos de violencia por parte de los manifestantes: edificios y vehículos incendiados, piedras arrojadas contra agentes de policía y guardias de seguridad, y la supuesta agresión contra un vicerrector en una universidad.

Jane Duncan, profesor de periodismo en la Universidad de Johannesburgo, expone una serie de razones por las que las manifestaciones de estudiantes de este año están siendo más violentas que en 2015, pero la decisión de las universidades de proseguir con lo que Duncan denomina “medidas centradas en la seguridad” para responder a las protestas, es identificada como uno de los elementos clave.

Y sin embargo muchas universidades mantienen su decisión de contratar servicios de seguridad privada, lo que, según ellos, ha sido una respuesta a la creciente violencia, y no la causa de la misma.

“Una razón fundamental es que a las empresas de seguridad privada les podemos exigir que cumplan con nuestras normativas y protocolos, algo que no podemos reclamarle al SAPS”, dice Elijah Moholola, portavoz de la Universidad de Ciudad del Cabo.

“No van armados. Antes de empezar a trabajar, se informa a los integrantes de cada turno sobre las normativas y protocolos de la Universidad de Ciudad del Cabo, y se hace especial hincapié en que traten de negociar la resolución de situaciones de conflicto, reducir las tensiones y utilizar el contacto o la restricción física únicamente como último recurso”.

Responder a la violencia con violencia ha sido una ideología circular y preocupante para muchos manifestantes y agentes de policía. “Yo no creo que esos vándalos [los manifestantes que han estado cometiendo actos de violencia] sean estudiantes”, dice Thanduxolo Mngqawa, defensor de los estudiantes y miembro fundador de Inkululeko in Mind, una organización dedicada al empoderamiento de la juventud, con sede en el municipio de Khayelitsha de Ciudad del Cabo.

“Los estudiantes son claros en cuanto a lo que quieren [una educación universitaria gratuita], pero el Estado ha vuelto a recurrir a la estrategia del año pasado: militarizar los campus. La política que rige la respuesta de la policía a las protestas tiene que cambiar”, dice Mngqawa, que resultó herido por la policía durante las últimas protestas.

Shaeera Kalla, ex presidenta del Consejo Estudiantil de la Universidad de Witswatersrand (Wits) en Johannesburgo y una de los líderes del movimiento #FeesMustFall, dice que a pesar de haber recibido 13 balazos de goma en la espalda a manos del SAPS durante una protesta del 20 de octubre, no considera que la policía ni los guardias de seguridad privada sean el enemigo.

“Nuestra lucha es una lucha de las clases trabajadoras. Los hombres y mujeres negros que están trabajando en el SAPS y para las empresas de seguridad privada son víctimas de un sistema violento que quiere atrapar a los pobres en una lucha por las migajas de la mesa de los privilegiados”, explica.

“Ellos también están sujetos a la humillación y la indecencia de este sistema. Estamos luchando para que ellos y sus hijos también puedan atravesar las puertas abiertas de la enseñanza”, dice Kalla.

 

Seguir avanzando: demandas plausibles

A pesar de la resistencia a las demandas de los estudiantes, el llamado a una educación terciaria libre de tasas no es algo imposible, dice Ayesha Kajee, analista político y ex profesor de la Wits.

“Un requisito clave sería la voluntad política para llevar a cabo los cambios necesarios en los sistemas de política presupuestaria y fiscal, y un cambio de paradigma en la asignación y supervisión del gasto público en general. En estos momentos, los niveles de corrupción y mala gestión en el seno del Estado son casi cleptocráticos”, dice Kajee a Equal Times.

Kajee forma parte de un foro de discusión informal de estudiantes, profesores, personal y miembros interesados del público en general, denominado October 6, en el cual se debate y se emprenden medidas contra la violencia en los campus universitarios de Sudáfrica.

El 6 de noviembre de 2016, la Universidad de Ciudad del Cabo firmó un acuerdo con líderes estudiantiles, concediendo clemencia a los manifestantes y dejando patente el compromiso de descolonizar las políticas educativas, siempre y cuando los líderes estudiantiles cooperen y se comprometan a finalizar el año académico.

Los líderes estudiantiles como Kalla se muestran escépticos, pero están dispuestos a comprometerse. “No podemos avanzar por nosotros mismos”, dice. “Parte del proceso de conseguir que la sociedad nos respalde implica que dejemos de luchar contra nuestras universidades y dirijamos la lucha hacia donde hay que dirigirla: el Gobierno”.

El Estado ha respondido a las últimas protestas con la publicación de un informe provisional sobre la viabilidad de una formación y educación superior libre de tasas en Sudáfrica. El 3 de noviembre, el Presidente Zuma contrajo el vago compromiso de “estudiar el informe provisional y dar orientación sobre el camino a seguir”, antes del 30 de junio de 2017. Hasta entonces, es probable que las tasas aumenten en un 8% en 2017, y que el Gobierno subvencione a los estudiantes económicamente vulnerables para que puedan seguir pagando los precios de 2015.

Los estudiantes saben que la lucha no sólo no ha terminado sino que va a ser larga. Lo que los manifestantes están tratando es garantizar un futuro mejor para las próximas generaciones. “La historia es un continuum”, dice Shaeera, “y en Sudáfrica, nuestra historia es una pesadilla de la que todavía estamos intentando despertar”.