La discriminación hacia las mujeres, al colectivo LGTBI, a los pueblos indígenas y otros grupos persiste en Paraguay sin ninguna ley que la persiga, mientras que en el resto de Sudamérica, exceptuando las Guayanas, se han aprobado normas contra el racismo, la segregación o la homofobia.

Pese a estar totalmente rodeado de tierra, muchas veces Paraguay parece una isla por su aislamiento cultural. Es un país al que, a veces, parecen no afectarle los cambios que suceden en su entorno. En la última década, todos los Estados del Cono Sur han ido aprobando legislaciones progresistas en la lucha contra la discriminación, excepto Paraguay.

Los políticos de la minoritaria izquierda y las organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos humanos llevan casi veinte años luchando por aprobar un proyecto de ley que persiga y penalice cualquier forma de discriminación. Pero la clase política, en su mayoría perteneciente a dos grandes partidos conservadores: colorados y liberales, y las iglesias católica y evangélica, no parecen estar dispuestas a permitirlo.

Casos reales de discriminación

La lideresa indígena del pueblo qom, Bernarda Pessoa, estuvo a punto de parir a su primer hijo en el suelo de la sala de espera del hospital. Tenía 18 años y llevaba más de cuatro horas esperando a ser atendida. Sentada en el suelo, sin agua ni comida, con una sábana y la ropa para su bebé como único equipaje, fue ignorada durante horas por los médicos y enfermeros que ni siquiera trataron de comunicarse con ella.

La principal bailarina afrodescendiente de Paraguay, Bárbara Medina, sufrió tanto racismo en su colegio de Asunción que se enfadaba cuando su madre le decía que ella era negra como toda su familia. Por eso pasó su adolescencia escondida, avergonzada por los comentarios racistas que recibía a su paso.

A la cantante profesional paraguaya Jennifer Hicks varios músicos de Asunción la acosaron durante sesiones de grabación o conciertos y nunca ha tenido cómo denunciarlo; y a la estudiante de bioquímica Jessica Arce una vez su jefe le dio consejos “para ser más linda y perder peso”, antes de despedirla de un laboratorio donde trabajaba.

Estos son algunos de los testimonios documentados por la campaña Yo no discrimino de Amnistía Internacional en Paraguay para promover la aprobación de una ley contra toda forma de discriminación.

El proyecto de ley Julio Fretes

El proyecto de ley que defiende la sociedad civil se llama “Julio Fretes”, en homenaje al activista –fallecido en 2009– que fuera referente en la batalla por los derechos de las personas con discapacidad en Paraguay. El texto dispone lo mismo que las legislaciones ya aprobadas en países como Chile, Bolivia o Argentina. Busca reglamentar la prohibición constitucional de discriminación que no cuenta con una legislación específica que dé garantías. Ni más, ni menos.

Por ejemplo, la ley chilena, aprobada en 2012, persigue toda discriminación efectuada por agentes del Estado o particulares que perturbe o amenace los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los motivos establecidos por los que una persona no puede ser detenida o, por ejemplo, despedida de su trabajo, son por “raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.

Legislaciones escritas en los mismos términos se han establecido también en Uruguay (2004), Perú (2006), Venezuela (2011), Colombia (2011) y Ecuador.

Pero la Iglesia católica paraguaya ha logrado asentar en gran parte de la opinión pública la idea de que este tipo de legislaciones atentan contra sus creencias.

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió comunicados cuando se debatía el proyecto apelando a “la conciencia humana y cristiana” de los legisladores para que ejercieran su voto “en defensa de la familia y el matrimonio, constituido por el varón y la mujer”.

Sin embargo, el senador Carlos Filizzola, del progresista Frente Guasú (FG) defendía el texto así, ante la prensa a las puertas del Congreso, la última vez que se debatió en 2015: “La gente dice que aquí se plantea el matrimonio igualitario o el aborto, pero ningún artículo de esta ley habla de estos temas. Solo habla de la no discriminación. En la ley se establecen penas de multa y también carcelarias de hasta dos años para quienes atentan contra la dignidad de las personas diferentes”.

“Lo que hace esta ley es reglamentar el artículo 46 de la Constitución Nacional, contra toda discriminación. Paraguay se ha comprometido en foros internacionales y con las Naciones Unidas a la no discriminación. La Ley tipifica lo que es una discriminación”, opinó el político.

El poder ejecutivo no parece dispuesto a impulsar esta ley, y como si de la Iglesia católica se tratara, nada que tenga que ver con la palabra “género”.

Tampoco el presidente Horacio Cartes, un magnate del tabaco que llegó al poder en 2013 con el Partido Colorado, la misma formación política que gobernó durante la dictadura (1954-1989) y durante la mayor parte de la actual democracia (1992-2008).

Sus opiniones sobre el matrimonio igualitario fueron recogidas hasta por The New York Times cuando comparó a las personas homosexuales con “monos” y asoció a las parejas del mismo sexo con “el fin del mundo”. En una entrevista radial en plena campaña electoral dijo textualmente que se “pegaría un tiro en las bolas” si su hijo fuera homosexual.

2017. El año del cambio

La Red Contra Toda Forma de Discriminación es la que, pese a los impedimentos de los conservadores, ha logrado instaurar en la sociedad paraguaya el término “discriminación”, explicó a Equal Times una de sus integrantes, la abogada y activista feminista Mirta Moragas.

“Desde 2014 la gente usa la palabra discriminación, las denuncias que vemos todos los días, en las redes sociales, en los medios, dicen discriminación ya no dicen: ‘me marginaron’, ‘me trataron mal’; dicen: ‘me discriminaron’. Y yo creo que esa es una batalla cultural simbólica”, añadió.

La Red, formada por 28 organizaciones y personas individuales, espera que vuelva a tratarse en el Congreso en 2017 y que se apruebe porque el proyecto cuenta con dos dictámenes favorables en el Senado: uno de la Comisión de Derechos Humanos y otro de la Comisión de Equidad y Género.

“El no tener todavía una ley contra toda forma de discriminación sigue siendo una vergüenza en pleno siglo XXI para un país. Hemos avanzado en otros aspectos pero en ese evidentemente no”, dijo el intendente de Asunción, Mario Ferreiro en diciembre cuando fue distinguido por su apoyo a la causa por parte de la Red Contra Toda Forma de Discriminación en la “La Serafina”, sede de la organización feminista Aireana.