Cuando el marido de Marie Collitz, Freddie, fue trasladado a la fuerza de Johannesburgo a la residencia geriátrica de Mosego en Krugersdorp, a 41 kilómetros, Marie supo inmediatamente que algo terrible estaba sucediendo.

“Cada vez que lo visitábamos, mi hijo pedía que le dejaran entrar en los dormitorios del centro e inspeccionar la comida, las camas o las opciones de ocio. Obedeciendo instrucciones, los guardias de seguridad nos cerraban el paso”, dice Marie, de 58 años, a Equal Times.

Freddy, de 61 años, sufría depresión, pero las condiciones en Mosego empeoraron las cosas.

“Veíamos que Freddie estaba perdiendo mucho peso. La última semana que le visitamos apenas se le reconocía. Le habían puesto cinturones en la ropa interior para que no se le cayera”, dice mientras se enjuga una lágrima.

Freddie murió el 7 de agosto de 2016. El personal del centro dijo que se había caído en el césped, pero el estado en el que se encontraba su cuerpo deshidratado, malnutrido y con heridas indicaba otra cosa.

“El cadáver de mi marido tenía hematomas rojos inexplicables. Tenía una herida en la cabeza y en la nariz y hematomas en los tobillos.

Freddie es uno de los más de 100 pacientes con trastornos mentales de la provincia sudafricana de Gauteng que fallecieron entre marzo y diciembre de 2016 después de ser trasladados de un establecimiento psiquiátrico privado a residencias sin licencias administradas por organizaciones benéficas. Otros 14 pacientes murieron en Mosego durante ese período.

Según el profesor Malegapuru Makobga, el Ombudsman sudafricano para salud pública y autor de una investigación judicial explosiva sobre las muertes, el miembro del Consejo Ejecutivo en el ámbito de la salud de Gauteng en esos momentos, Qedani Mahlangu, tomó la decisión de trasladar a 1.400 pacientes con trastornos mentales del hospital Life Esidimeni en la provincia de Gauteng a otras 27 instalaciones para intentar reducir costes.

“La decisión fue insensata y equivocada, con una planificación inadecuada y un proceso de ejecución caótico y precipitado o apresurado”, dijo el profesor Makgoba en su informe sobre las muertes titulado No guns: 94 silent deaths and still counting (Cero armas: 94 muertes silenciosas y sigue el recuento).

Desinstitucionalización

El proceso Mahlangu se denominó ‘desinstitucionalización’. Basado en la Ley nacional de salud mental de 2002, el proceso implicó el traslado gradual de pacientes con trastornos mentales del proveedor gigante sudafricano de atención sanitaria Life Esidimeni, al que el gobierno sudafricano encomienda el tratamiento y alojamiento de pacientes con trastornos mentales y que cobra una tasa diaria de unos 322 rands (20 dólares) por paciente. Según Mahlangu, el traslado de pacientes a residencias comunitarias permitiría a los pacientes estar más cerca de sus familias y reducir al mismo tiempo los gastos de la administración provincial en atención de salud mental en un 50%.

Sin embargo, según el informe –basado en más de 80 horas de entrevistas con profesionales sanitarios, víctimas y sus familias–, los traslados fueron caóticos y las instalaciones no estaban financiadas adecuadamente, no disponían del equipamiento necesario y estaban gestionadas por personal no cualificado; además, los pacientes estaban mal alimentados y se les golpeaba y en algunos casos las actas de defunción estaban falsificadas.

“Ya en enero de 2016 alertamos a la ministra [Mahlangu] de que el proceso de traslado de pacientes era deficiente, ya que habíamos visto que las residencias no contaban con personal de enfermería cualificado”, dice Lerato Madhumo, coordinadora nacional de Young Nurses Indaba (YNI), una asociación de personal de enfermería que ayuda a las familias afectadas por el escándalo en su búsqueda de la justicia.

“El departamento de salud decidió ignorar nuestros consejos. Nos pareció que cosas como alimentos nutritivos y procedimientos de monitoreo del tratamiento faltaban en las denominadas residencias. Como profesionales, sabíamos que la situación terminaría mal”, cuenta a Equal Times.

Jack Bloom, un legislador del Partido de Alianza Democrática de Sudáfrica que fue una de las primeras personas en denunciar el escándalo en septiembre de 2016, comparte esta opinión. “El proceso se llevó a cabo de forma imprudente y precipitada. No se pidió la opinión de las familias ni de observadores independientes”, dice a Equal Times. “Lo que es más sorprendente, en mi opinión, es el intento descarado de ocultar el número real de muertes”.

Según Bharti Patel de la Federación Sudafricana para la Salud Mental –el sindicato principal de trabajadores en salud mental en el país–, la ministra de Sanidad desafió desde el principio los consejos de expertos médicos para parar el proceso. “Hubo una falta de comprensión entre los responsables en cuanto a cómo se desarrollaría el proceso de traslado. Creemos que se aceleró demasiado la reubicación de pacientes. Es importante respetar los derechos y la dignidad de las personas”.

Lucha por la justicia

La investigación concluyó que se facilitó deliberadamente información errónea a las familias de los pacientes afectados acerca del traslado de sus seres queridos, se les negó el permiso a entrar o inspeccionar las condiciones de las residencias y no se les comunicó la muerte de sus familiares o se les dio información falsa sobre las verdaderas causas de la muerte.

Desde entonces se han cerrado las 27 residencias implicadas en el escándalo bajo orden judicial del tribunal, pero las personas que administraban las residencias niegan toda responsabilidad. Algunos administradores de las residencias han acusado al departamento de sanidad de Gauteng de no pagar los subsidios convenidos para comida, medicamentos o personal. George Maluleke, un gerente de Precious Angels –una de las 27 residencias ahora cerradas–, dice a Equal Times, visiblemente conmocionado: “Es injusto para nosotros. Ni siquiera teníamos dinero para comprar pastillas para los pacientes”.

Las familias de las víctimas, algunas de las cuales todavía tratan de hacer frente a la triste realidad de que sus seres queridos han sido enterrados en fosas no identificadas o se encuentran en morgues sin que nadie haya reclamado el cadáver, exigen millones de rands de indemnización y quieren que se procese penalmente a Mahlangu, la ministra de Sanidad de Gauteng (que ha sido suspendida de sus funciones junto con otros dos de sus asistentes clave), y a los que administraban las residencias.

Miriam Monyane, cuyo hijo de 32 años, Thabo, falleció tras un brote mortal de diarrea en octubre de 2016 en el Cullinan Care and Rehabilitation Center, todavía está de duelo.

“¿Merecía languidecer hasta la muerte de este modo en una nueva Sudáfrica? Todavía no creo que se haya ido para siempre”, dice, sollozando.

La familia de Miriam es una de las numerosas familias a las que apoya la organización sudafricana de derechos humanos Section 27. En una declaración emitida tras la publicación del informe de Makogba en febrero, la ONG pidió que se revisaran las disposiciones sobre salud mental en Sudáfrica y se cerraran las instituciones no registradas. Asimismo, pidió que se aplicaran las medidas compensatorias descritas en el informe y se realizaran investigaciones oficiales de las defunciones de todos los pacientes:

“El caso Life Esidimeni ha demostrado que el departamento de Sanidad de Gauteng, bajo la dirección de la ministra, actuó en clara violación de su propia política sobre salud mental, la cual está bien articulada”, dijo Section 27.

Gauteng tiene una nueva ministra de Salud, Gwen Ramokgopa, que ha prometido reparar los servicios deficientes de salud mental de Gauteng. Ha comenzado con el establecimiento de una línea de ayuda telefónica para las familias afectadas que funciona las 24 horas. “Quiero que se rindan cuentas de cada uno de los pacientes que fueron trasladados desde Life Esidemini”, dijo en una conferencia de prensa el 8 de marzo. El 22 de febrero hizo una declaración en la que prometió: “No se volverá a producir jamás una tragedia de esta magnitud”.

Pero como Marie, la esposa desconsolada de Freddie Collitz, dice a Equal Times: “Eso no me va a devolver a Freddie”. Junto con otras familias planea interponer una querella para obtener justicia.