Dominga Ramos, Francisca Paternina, Olga Ibáñez y Ana Estela de Ávila han pasado los últimos 30 años de su vida cuidando hijos ajenos. Todas rondan los 70 años y son madres comunitarias del barrio El Pozón, uno de los mas pobres de Cartagena (Colombia). Como ellas, alrededor de 80.000 mujeres del país reciben todos los días en su casa a una docena de niños para alimentarlos y educarlos mientras sus padres trabajan.

Aunque la edad de pensión en Colombia es de 57 años para las mujeres, estas madres y abuelas planean seguir atendiendo niños hasta que el cuerpo les aguante. La razón es que si llegan a retirarse dejarían de recibir el salario mínimo (737.000 pesos, unos 250 USD o 234 EUR) que les paga mensualmente el Estado y pasarían a vivir con un bono pensional de apenas 280.000 pesos mensuales (unos 95 USD; 89 EUR).

Dominga, de 68 años, camina con bastón por un problema en la rodilla y le cuesta trabajar: “No puedo cargar a un niñito, me he pegado unas caídas y me toca llamar a que me ayuden”. Después de pasar por accidentes similares, Olga, de 69 años, se puso un ultimátum: “Este es el último año que voy a trabajar, me den o no me den. Eso es lo que quiere el Estado, que nos rindamos”.

Empleadas sin garantías

La figura de madre comunitaria fue legalizada en Colombia en 1988, cuando se crearon los Hogares Comunitarios de Bienestar. Desde 1995, el Estado regula su labor a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–. Sin embargo, no es sino hasta 2014 cuando empiezan a pagarles el salario mínimo, pues históricamente eran los padres de familia quienes se encargaban de darles un aporte voluntario por su trabajo.

Miles de madres comunitarias que han prestado sus hogares y sus vidas llevan décadas luchando en los estrados judiciales para que el Estado les reconozca los derechos laborales que les negó durante casi 30 años.

En noviembre del año pasado, por fin, tuvieron una victoria: la Corte Constitucional les dio la razón a 106 de ellas y ordenó, en una sentencia histórica para el país, que el Estado les pague los salarios y los aportes a pensión que dejaron de recibir durante todos los años que prestaron sus servicios. Además, recomendó implementar medidas que protejan los derechos laborales de todas las madres comunitarias del país.

La respuesta inmediata por parte del Estado fue pedir la nulidad de la sentencia, argumentando que no hay fondos públicos suficientes para cumplirla: “Tenemos una preocupación muy grande. El fallo de la Corte Constitucional puede costarle al país 22 billones de pesos” (unos 7.600 millones de USD; 7.000 millones de EUR), asegura Cristina Plazas, directora del ICBF.

Para Juan Pablo Mantilla, abogado del sindicato de madres comunitarias, esta cifra es exagerada, pues eso es lo que costaría reparar a las 120.000 mujeres que han ejercido esta labor, no a las 106 que exige la Corte.

El otro argumento del Gobierno para no pagar es que las madres comunitarias no son trabajadoras del Estado. Esto es, en teoría, cierto, pues ellas no son contratadas directamente sino a través de unas fundaciones locales, conformadas en su mayoría por los padres de familia. “Lo que ellas hacen es, como su nombre lo indica, un trabajo comunitario. Hoy se les reconoce un contrato a través de unas fundaciones y esas fundaciones son las que les tienen que responder”, explica Plazas.

Pero en la práctica sí existe un contrato (y así lo reconoció la Corte) entre las madres comunitarias y el Estado, pues a ellas les exigen cumplir con unos parámetros mínimos para su labor: trabajar de cuatro a ocho horas diarias, tener una vivienda adecuada, buena salud y estar dispuestas a capacitarse.

De ahí la queja de Fernanda Paternina, madre cartagenera de siete hijos propios y 14 ajenos: “Dicen que no somos empleadas del ICBF. Cuando vamos allá no nos atienden, pero en cambio sí nos visitan varias veces al año a revisar que todo esté perfecto en el hogar”.

Ahora qué sigue

La Corte fijó un plazo de un mes para cumplirles a las madres comunitarias mayores de 60 años y dos meses para aquellas que estuvieran en grave estado de salud. Casi cuatro meses después del fallo estas mujeres siguen esperando respuestas, y cinco de ellas han muerto en situaciones que, según el abogado Mantilla, se podían prevenir.

Ese fue el caso de Luz Marina García, madre comunitaria de la ciudad de Cali, quien a sus 69 años sufría de vena várice avanzada. Mientras preparaba los materiales para una actividad con los niños, se golpeó con una mesa y murió desangrada.

Las 101 madres que siguen a la espera del pago, y miles de todo el país que también tienen demandas en proceso, no se quedarán quietas esperando. Desde el 22 de marzo miles de madres comunitarias entraron en paro para ejercer presión ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, que ese día inició la revisión de la nulidad interpuesta por el ICBF.

Tras varios días de protesta frente a la Corte Constitucional en Bogotá y en las sedes regionales del ICBF exigiendo con arengas y pancartas “que la Corte se mantenga en su primera decisión”, decidieron que la protesta será indefinida: “El paro se va indefinido hasta que sepamos si negaron o aprobaron la nulidad. Si se nos cae la sentencia, perdemos todo el trabajo que hemos venido haciendo durante años”, dice Olinda García, presidenta del sindicato.

La sentencia de la Corte es sin duda un paso hacia el cumplimiento de los derechos de estas mujeres, pues aunque solo exige la reparación de 106, abriría la puerta a reformas trascendentales. Esta decisión “nos acerca como nunca a nuestro derecho a la pensión”, manifestaron en el comunicado que convocó el paro.

Sin embargo, es solo un paso. Un proyecto de ley mucho más amplio fue aprobado por el Congreso el año pasado de manera casi unánime. Este buscaba vincular a las madres comunitarias como trabajadoras del Estado y reconocerles un subsidio a la vejez equivalente al total del salario mínimo.

Era todo lo que habían pedido durante años. Pero la celebración duró poco, pues el presidente Juan Manuel Santos lo rechazó argumentando, una vez más, que afectaría al equilibrio de las finanzas públicas. Esta decisión devolvió el proyecto al Congreso, donde deberá empezar a tramitarse desde cero.

Así está el panorama para estas miles de mujeres que no pierden la esperanza de vivir una vejez tranquila y digna. Fernanda, aunque no es una de las 106 beneficiadas con la sentencia, espera que ésta se cumpla para algún día alcanzar a dedicarle tiempo a sus siete hijos, 40 nietos y dos bisnietos: “Uno a veces les ha quitado el amor a los propios hijos de uno para brindárselo a los ajenos”.