En 2015, las Naciones Unidas adoptaron un nuevo marco para el desarrollo sostenible conocido como la Agenda 2030. Este marco contiene una serie de objetivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que todos los países se comprometen a alcanzar. La Agenda 2030 se apoya en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000-2015), aunque tiene un ámbito de cobertura más amplio. Los ODM se enmarcaban esencialmente en una lógica Norte-Sur, mientras que la Agenda 2030 resulta relevante para todos los países –tanto desarrollados como en vías de desarrollo– y va más allá del simple objetivo de la erradicación de la pobreza.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con sus 169 metas y muchos más indicadores, constituyen por tanto un primer intento de establecer un marco exhaustivo, incluyendo disposiciones sociales, económicas y medioambientales, para promover el progreso universal.

Aunque representa un avance significativo en comparación con los ODM, la Agenda 2030 sigue careciendo de suficiente garra en lo que respecta a su implementación. De hecho, el éxito de la Agenda 2030 depende exclusivamente de los países que se han comprometido a aplicarla, es decir, si cumplen o no sus promesas.

Las reiteradas peticiones de organizaciones de la sociedad civil para contar con un marco con múltiples partes interesadas y un sistema de supervisión para apoyar la implementación de los ODS han sido prácticamente ignoradas durante el curso de las negociaciones. El resultado es un proceso de rendición de cuentas intergubernamental, que se apoya solo en una base voluntaria, donde las organizaciones de la sociedad seguirán intentando influir.

Las actuales tendencias políticas y socioeconómicas plantean enormes desafíos al movimiento sindical en su conjunto. Las desigualdades en la distribución de la riqueza en todo el mundo resultan alarmantes y la desigualdad de ingresos se sitúa en un nivel históricamente alto: el 1% de la población posee una riqueza equivalente a la del 99% restante. Muchas familias trabajadoras encuentran dificultades para poder pagar una vivienda digna, asistencia sanitaria apropiada, asegurarse una pensión para la jubilación y costear una buena educación para sus hijos. Esta concentración de riqueza excluye a la gran mayoría y ocasiona una polarización que empuja a muchos hacia la economía informal en alza.

Creciente desigualdad

El debilitamiento de las instituciones del mercado de trabajo es una de las principales causas de la creciente desigualdad. El ‘paradigma de reforma estructural’ neoliberal empleado desde los años 1980 por las instituciones internacionales, que actualmente está experimentando un fuerte resurgimiento, ha desembocado en crecientes procesos de privatización y ha reducido progresivamente el papel del Estado en la aportación de bienes y servicios básicos accesibles.

La actual integración de las economías nacionales en los mercados globales y la expansión de cadenas mundiales de suministro han intensificado la competencia, haciendo que las empresas apliquen recortes en sus costos laborales mediante restructuración, subcontratación y deslocalización. El fraude fiscal y la evasión de impuestos son factores cada vez más preocupantes a este respecto. Por otro lado, la externalización de los costos medioambientales constituye un enorme impedimento para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente.

Los intereses corporativos prevalecen además en los programas comerciales mundiales, sacrificando el multilateralismo en aras de relaciones bilaterales. De hecho, la gobernanza internacional dista mucho de ser inclusiva. Está más bien controlada por las economías poderosas y se caracteriza por unos sistemas de rendición de cuentas muy deficientes.

El cambio climático y la necesidad de cambiar hacia unas sociedades con bajas emisiones de carbono requerirán una profunda transformación de la manera en que funcionan las economías y las industrias. Para evitar los costos sociales de esta transformación, los cambios deberán empezar por los lugares de trabajo: se necesitan planes para una transición justa a fin de reorientar adecuadamente a los trabajadores empleados en industrias con altas emisiones y aportar medidas de adaptación apropiadas para todos los trabajadores afectados por el cambio climático.

El movimiento sindical debe hacer frente a estos enormes desafíos con las acciones y los instrumentos que caracterizan el compromiso sindical. En este sentido, los ODS pueden, sin duda, ofrecer un canal muy útil para intensificar sus esfuerzos. De ahí que los sindicatos participen activamente y hayan sido instrumentales para la elaboración de la Agenda 2030. Su labor derivó en la inclusión de prioridades como el trabajo decente (ODS 8), igualdad de género (ODS 5), la lucha contra las desigualdades (ODS 10) y la transición justa (ODS 13), entre otras.

La receta sindical para la implementación de los ODS

Promover el Programa de Trabajo Decente (PTD) sigue siendo el principal objetivo de la implicación sindical en la Agenda 2030. Basado en los derechos y la apropiación democrática, este programa constituye el fundamento del desarrollo sostenible, en lugar de intervenciones paliativas.

Derechos humanos y sindicales, negociación colectiva, diálogo social, protección social e igualdad de género no sólo son ingredientes esenciales para el crecimiento económico sostenible, sino que constituyen los pilares de la democracia. El establecimiento y reforzamiento de procesos democráticos es a su vez la piedra angular en la que se sustenta un desarrollo justo.

Los sindicatos participan a todos los niveles: nacional, regional y global para promover estas prioridades, mediante diálogos con los Gobiernos nacionales y organizaciones de empleadores. En Suecia, por ejemplo, en 2016, el Gobierno designó una delegación integrada por miembros de distintos sectores de la sociedad, con vistas a la implementación de la Agenda 2030. Se les encomendó el establecimiento de un plan de acción “a través de amplias consultas con toda una serie de partes implicadas: sector empresarial, sociedad civil y sindicatos, entre otras”, señala Oscar Ernerot de LO Suecia en un artículo publicado en el sitio web de la CSI. “LO contribuye con su experiencia respecto a la relación entre la función del mercado de trabajo y la Agenda 2030. La posición de LO está clara, debe respetarse plenamente la autonomía de los interlocutores sociales en el plan de acción, en relación con los objetivos y metas relevantes”, afirma Ernerot.

No obstante, gobiernos y empresas deberán también adaptar sus políticas y su modus operandi si aspiran realmente a contribuir a la realización de los ODS. El logro de objetivos como los ODS 8, 5 y 10, requerirán la aplicación de marcos sólidos de políticas de empleo, salariales, incluyendo salarios mínimos, inspección del trabajo y sistemas de protección social. Las empresas deben garantizar la debida diligencia en cuanto al respeto de los derechos laborales y el medio ambiente, además de cumplir con sus responsabilidades fiscales y asegurar la transparencia.

Se trata de enormes tareas que han de abordar las instituciones del mercado de trabajo a través del diálogo social y la negociación colectiva. Reuniendo a representantes de los trabajadores y los empleadores, al tomar decisiones que repercutan en las condiciones sociales, económicas y medioambientales, se refuerza la estabilidad financiera.

La evidencia demuestra que el diálogo social puede impulsar el progreso socioeconómico, y, por tanto, representar un medio clave en la implementación de los ODS. No obstante, también es cierto que se requiere un entorno habilitante, basado en el respeto de los derechos laborales y el pleno reconocimiento del papel de los sindicatos.

Desgraciadamente, no es éste el caso en muchos países, especialmente del sur global.

En Zimbabwe, por ejemplo, para los sindicatos “en su prisa por desarrollar el Documento de Posición sobre los ODS, el Gobierno de Zimbabwe dejó de lado el reconocimiento a uno de los principios clave para la realización con éxito de los ODS, como es el principio de inclusión”, según indica Naome Chakanya, investigadora del Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe (LEDRIZ), el instituto de investigación de la central sindical Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU). En un reciente artículo, Chakanya explica que el ZCTU quedó excluido del proceso de consultas en relación con el documento de posición del Gobierno en 2015, que contribuiría a dar forma a la estrategia de implementación sobre los ODS. “Paradójicamente, el ODS 8 se incluye como uno de los objetivos prioritarios”, señala.

Otro ejemplo interesante es Argentina, país en el que no se ha abierto diálogo alguno entre el Gobierno y los sindicatos respecto a la implementación de los ODS. “El Gobierno ha declarado en múltiples ocasiones que es necesario establecer alianzas inclusivas con el sector privado. Pero, por otro lado, el movimiento sindical únicamente ha sido consultado en una ocasión sobre el tema de los indicadores de los ODS, en el contexto de un evento de la OIT”, comenta Marita González, de la Confederación General del Trabajo.

Estos casos ponen de manifiesto la necesidad de fomentar y promover un diálogo social bipartito y tripartito, a nivel nacional. La existencia del diálogo social debería convertirse en un requisito clave en el contexto del proceso de revisión global de la Agenda 2030.