¿Es asimétrica la lucha contra la corrupción en el Cono Sur?

¿Es asimétrica la lucha contra la corrupción en el Cono Sur?

Sergio Moro, the Brazilian judge in the Lava Jato case, who revealed a continental web of bribery, was presented as an exemplary leader in the fight against corruption by Laura Alonso, head of Argentina’s Anti-corruption Unit. In both countries, the opposition complains of a partisan bias in the fight against corruption.

Escena: el político conservador la menciona a “ella”. La audiencia estalla, enfervorizada. Algunos la insultan, la tratan de corrupta y reclaman que vaya a la cárcel.

Un lector norteamericano podría ver en “ella” a Hillary Clinton. Pero uno chileno, a su actual presidenta, Michelle Bachelet. Un brasileño, a Dilma Rousseff, destituida en 2016. Y un argentino, a Cristina Kirchner, presidenta hasta 2015.

Las primeras mujeres del Cono Sur electas para la presidencia han despertado no menos resistencias y sospechas de corrupción que la política estadounidense. Todas ellas son consideradas más progresistas que sus adversarios presidenciables o ya presidentes, quienes, asimismo, enfrentan sus propias denuncias de corrupción, aunque parecen haber sufrido menos consecuencias por ello.

¿Corrupción, género o ideología?

Algunos expertos creen que el género juega un papel en esas resistencias. En el caso de Kirchner, “las coloridas psicopatologías que se le atribuyeron son menos comunes con presidentes varones. El ataque a la dimensión psíquica tiene tufillo a género. Y con Rousseff se habló mucho de la dimensión machista del impeachment (juicio político)”, dice a Equal Times Marcelo Ramella, profesor de Psicología Social de la London School of Economics.

Es decir, para los opositores conservadores de “las presidentas progresistas”, el género podría ser un “agravante”.

Josué Tapia Valles, antropólogo cultural, señala similitudes más allá del género: “las tres son de ascendencia extranjera, de clase media, y alcanzaron la presidencia en sociedades muy patriarcales”.

“Todas establecieron nuevas relaciones con las minorías de género y los sectores más pobres. Esto produjo rechazo y reaccionarismo –basados también en la legitima percepción de corrupción–”, continúa.

El muy particular momento en la lucha contra la corrupción se refleja en la gira regional con recepción estelar de Sergio Moro, el juez brasileño del dossier Lava Jato. En esta causa, empresas que incluyen a la petrolera Petrobras y al conglomerado Odebrecht se declararon culpables de sobornos multimillonarios a docenas de funcionarios de países latinoamericanos para obtener contratos gubernamentales.

Al recibirlo en Buenos Aires, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción argentina, sostuvo que “Moro representa lo que quisiéramos que pase en la Argentina: investigar a los poderosos, en el poder o fuera de él”. El juez del Lava Jato no rechazó ser usado como ejemplo regional: “en toda América Latina hay mucho por hacer para fortalecer las instituciones y combatir la corrupción”, y sugirió intentos de coordinación regional. Para otros, incluyendo a Cristina Kirchner, esa coordinación ya existe en formato conjura para atacar selectivamente la presunta corrupción de los progresismos del hemisferio.

Corrupción en Brasil: ¿está libre de sospecha quien tira la primera piedra?

No fue por el Lava Jato que cayó Rousseff, aunque existen menciones a presuntos pagos ilegales a su campaña electoral junto a su entonces vicepresidente, Michel Temer. La acusación que prosperó contra ésta en el Congreso fue que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestario. Rousseff negó haber cometido ese delito y haber firmado las medidas cuestionadas.

El Partido de los Trabajadores y parte de la izquierda denunciaron el juicio político como una farsa y un golpe de Estado con fachada institucional. La sospecha de golpe frecuentó a los gobiernos izquierdistas latinoamericanos en la última década, con regímenes efectivamente caídos, como en Brasil, Honduras y Paraguay, y otros que denunciaron intentonas, como Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina.

El Supremo Tribunal Federal (STF) halló motivos para investigar por el Lava Jato –que involucra pagos ilegales por entre 3.000 y 20.000 millones de euros (3.250 a 21.700 millones de USD) en una docena de países– a docenas de políticos brasileños de numerosos partidos, mayoritariamente del derechista Partido Progresista (PP), seguido por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer. El PT, de Rousseff y Lula da Silva, figura en tercer lugar.

Varios de los miembros del Congreso que destituyeron a Rousseff son investigados por corrupción, incluyendo a Temer y Eduardo Cunha, extitular de la Cámara Baja, hoy preso y quien habilitó el impeachment.

Recientemente, el STF ha procesado a 9 ministros de Temer, 66 legisladores y los 3 últimos presidentes. Temer mismo no ha sido procesado porque la Constitución lo impide para un presidente por delitos anteriores a su mandato.

Por esto no sorprende que, mientras es investigado y se especula con su posible detención –el 10 de mayo, para testificar–, Lula lidere las encuestas electorales (mientras Temer, que ha virado hacia el neoliberalismo económico y el conservadurismo social, ha visto hundir su imagen a récords históricos: 10%).

Tapia Valles explica: “la relación entre la prensa y la justicia, con filtraciones selectivas a medios (...) creando hostilidad hacia figuras políticas del PT [e impulsando] las protestas contra Rousseff y su impeachment (…) arroja sospechas sobre la actuación de jueces aparentemente simpatizantes de partidos como el PSDB y PMDB, [entre ellos] Moro y el magistrado del tribunal constitucional, Gilmar Mendes”. Efectivamente, Moro fue cuestionado por un tratamiento especial a esos partidos. Frente a las denuncias de asimetría y linchamiento mediático de Rousseff, da Silva y el PT, el juez exhibe la diversidad partidaria de los investigados y su “necesidad de contar con apoyo de la opinión pública al investigar a poderosos y la corrupción sistémica”.

¿Lucha anticorrupción o continuación de la política por otros medios en Argentina?

Argentina cumplió en diciembre su primer año de gobierno no kirchnerista en un contexto de recesión e inflación, inundada de denuncias contra la expresidenta Kirchner, empresarios vinculados a ella, exfuncionarios y aliados políticos –como la activista indígena Milagro Sala, acusada de corrupción pero detenida por una protesta pública–.

Kirchner enfrenta procesamientos judiciales por corrupción y asociación ilícita, y embargos equivalentes a unos 600 millones de euros (650 millones de USD). Se investigan pagos que habría recibido del empresario de obra pública Lázaro Báez, actualmente preso y mencionado como presunto testaferro de su familia. Los hijos de ambos también están procesados.

Enfrente, el Gobierno de Mauricio Macri enfrenta sus propias denuncias. Al igual que Donald Trump, Macri ha sido cuestionado por no transparentar ni desvincularse de sus intereses económicos en tiempo y forma. Los Papeles de Panamá lo asociaron con empresas off-shore de su padre, líder de un importante grupo económico, que Macri no declaró oportunamente. Una veintena de funcionarios, colaboradores, parientes y allegados de Macri figuran en dichas revelaciones, incluyendo a su jefe de Inteligencia, miembros del gabinete, y el empresario de obra pública y amigo Nicolás Caputo.

La vicepresidenta, Gabiela Michetti, estuvo imputada por sumas de dinero que no pudo explicar satisfactoriamente, y fue sobreseída recientemente. Por un caso parecido, la exministra de Economía de Néstor Kirchner, Felisa Miceli, fue condenada judicialmente. Un excolaborador de Macri durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Niembro, debió renunciar por colocarse “en el medio” de 170 contrataciones irregulares y no publicadas del Gobierno de la ciudad y, sin que su causa judicial exhibiera avances en los 2 años de vida, acaba de ser contratado como asesor del macrismo.

Como en Brasil, estos casos son menos reflejados en los principales medios, más afines al Gobierno. Para Tapia Valles, hace tiempo que los medios “proponen una narrativa que involucra a ciertos sectores políticos y ‘blinda’ a otros; (generando) marcadas diferencias de percepciones de qué es relevante, verdadero o tendencioso”. Como si los “hechos alternativos” y la “posverdad” se exportaran del Cono Sur al hemisferio norte.

¿El futuro de Chile?

En Chile, país con niveles históricamente bajos de percepción de corrupción, los casos más mediáticos incluyen la Ley de pesca, el caso Penta, el caso CAVAL –de tráfico de influencias por parte de la familia de la presidenta–, el caso Bancard que involucra al expresidente y nuevamente candidato conservador Sebastián Piñera; y casos de corrupción privada como LATAM Airlines, que pagó sobornos a sindicatos aeronáuticos argentinos.

De alcance tan multipartidario como el Lava Jato, el caso Penta reveló mecanismos ilegales extendidos para financiar campañas y favores políticos. Políticos de diversos partidos están involucrados, con mayoritaria participación de la derecha. Como consecuencia, el Congreso sancionó una nueva ley de financiamiento de actividades políticas y endureció las penas para ese tipo de delito. Sumado el caso CAVAL, más acotado pero que involucró al hijo y nuera de la presidenta, el liderazgo de Bachelet fue seriamente cuestionado y pasó de ser electa con un 60% de los votos a una desaprobación del 71%.

El consultor Francisco Sánchez Castro describe a Equal Times una polarización creciente y una naturalización de la corrupción que acercan al país al resto de la región: “los principales medios de comunicación son dominados por dos grupos con claras filiaciones políticas y brindan información incompleta a la ciudadanía. Ninguna coalición hace autocrítica”. La proximidad de las elecciones presidenciales hace imaginable una aceleración de la convergencia con los otros dos grandes países de la región.

El rol de las empresas

Si bien en Chile y Brasil se promulgaron leyes contra la corrupción empresarial y Argentina discute una ley similar, el líder regional de una importante empresa multinacional declaró a Equal Times, a condición de no ser identificado, que “los casos corporativos (de corrupción) pasan casi desapercibidos en los grandes medios, excepto los megaescándalos vinculados a gobiernos, que se divulgan o minimizan según la visión política del medio y quiénes estén involucrados. Existe un entramado de complicidades políticas, empresarias, judiciales y periodísticas: los casos son usados para negociar exenciones de cárcel, apoyos políticos y devolución de favores. Entre los empresarios falta entender que la corrupción, a la larga, destruye industrias, mercados, fuentes de trabajo, y aniquila la competencia libre, justa y transparente”.

América Latina, y el Cono Sur en particular, ha experimentado un proceso de maniqueo de la opinión pública. Diego Laje, reportero de CNN, opina que “se identifican muchos casos de corrupción como denuncia política y no como denuncia de mala gestión. Ese es el mayor problema generado por los medios, y en muchos casos la relación de éstos con las fortunas originadas en la corrupción no es ajena a ello”.

Alonso afirma que “en la situación actual ni siquiera llegamos a la asimetría”, alertando sobre la falta de resultados concretos: en Argentina, las causas suelen demorar y prescribir antes de dictar condenas. Hoy día, apenas se está por juzgar el caso Siemens, ocurrido 2 décadas atrás. Aunque también se ha procesado y encarcelado a prominentes kirchneristas. Moro parece acordar con Alonso: “estamos frente a una corrupción que no está acotada: es de carácter sistémico”. El Congreso brasileño, con su intento de sancionar una autoamnistía por esos delitos, parece avalar esta opinión.

Los distintos actores y expertos consultados por Equal Times coinciden en una batería de propuestas anticorrupción, suficientemente tratadas en foros internacionales. El mayor desafío es evitar, revertir o al menos disminuir los efectos de la relación existente entre cada grupo de actores –funcionarios, jueces, empresarios, periodistas– y los corruptos. La similitud de patrones en países diversos apunta a problemas en el sistema. Frente a una corrupción sistémica, las correcciones específicas carecen de efecto duradero: las soluciones probablemente deberán también ser sistémicas.

This article has been translated from Spanish.