Cuando se acaban de cumplir 31 años del accidente nuclear de la central ucraniana de Chernóbil, y apenas seis del de la japonesa de Fukushima, que continúa vertiendo a diario unas 300 toneladas de agua radiactiva al Océano Pacífico, el eterno debate sobre la fiabilidad y la seguridad de la energía nuclear tiene motivos de sobra para seguir tan candente como el primer día.

En Europa, después de medio siglo de explotación, son patentes los riesgos derivados del envejecimiento de las instalaciones y de la necesidad de almacenar una cantidad cada vez mayor de residuos nucleares, cuya radiactividad seguirá siendo una amenaza para la vida durante cientos de miles de años.

El 27% de la electricidad que se produce en la UE proviene de los 128 reactores nucleares que hay en funcionamiento en quince países miembros, y la asociación comunitaria del sector, Foratom, prevé que será necesario construir otro centenar entre 2025 y 2045 si se quiere mantener la capacidad de generación actual, al menos, hasta 2050.

Mientras los Estados y las compañías eléctricas europeas parecen caminar discretamente hacia ese objetivo, el problema de los desechos radiactivos y la amenaza que suponen sigue sin resolverse a largo plazo, pese a la resistencia popular en las zonas afectadas.

Buena muestra de ello la dan dos casos de plena actualidad. Por un lado, la reciente denuncia que Portugal interpuso contra España ante la Comisión Europea (CE), por la intención de Madrid de instalar, sin consultar con Lisboa, un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos junto a su envejecida central nuclear de Almaraz (provincia de Cáceres, a apenas un centenar de kilómetros de la frontera lusa), en un proceso que aún se está resolviendo.

Por otra parte, la pretensión de Francia de construir un enorme vertedero subterráneo permanente, para almacenar allí sus residuos nucleares de mayor radiactividad durante miles de años, un proyecto que en su escala no tiene precedentes en la historia, y que está previsto crear en la localidad lorena de Bure (departamento del Mosa, al noreste del país), a pesar de las décadas de incansable oposición al futuro almacén que lleva demostrando la población local.

Almaraz, pieza clave para el futuro nuclear en España

El caso de Almaraz –por el que España estaba violando el convenio europeo de Espoo, que le obliga a consensuar con Portugal cualquier proyecto nuclear de potencial impacto medioambiental para su país vecino, como el almacén de residuos ATI–, se empezó a encauzar en febrero, cuando Bruselas forzó a que Madrid suspendiese su decisión unilateral en firme de construir el ATI, en espera de un entendimiento con Lisboa y, también, de que el Comité de Aplicación del Convenio de Espoo entregue un informe al respecto en agosto próximo.

Lo que está en juego en Almaraz no es sólo la construcción de un ATI, que en cualquier caso será necesario tarde o temprano para almacenar los residuos radiactivos que ya ha generado la central española, que aporta cerca de la cuarta parte de la energía nuclear de la península Ibérica (Portugal no produce).

“La gran pregunta en el caso del ATI es para qué se construye, ¿para desmantelar la central o para prolongar la vida de Almaraz?”, cuestionó a Equal Times la portavoz de la campaña antinuclear de la organización ecologista Greenpeace en España, Raquel Montón.

El primer reactor tiene licencia de explotación hasta junio de 2020, cuando cumplirá 40 años y debería construirse un ATI que permita cerrar la planta. Sin embargo, señala, “construirlo con antelación implica que pretende ser destinado a la ampliación de su vida útil, ya que las piscinas de combustible no tienen capacidad para albergar más material gastado más allá de 40 años”, lo que hace imprescindible que haya un ATI listo antes de 2020 si no se quiere interrumpir el funcionamiento de la central.

“La ampliación de la vida útil de las centrales nucleares no es ninguna estrategia oculta, es el plan que el Gobierno (español) está llevando a cabo y que públicamente ha dicho más de una vez”, recuerda Montón, que alerta de que “la manera en la que se está ‘adaptando’ la normativa para llevar a cabo esta ampliación de vida útil implica también un aumento de riesgos”, ya que rebaja las condiciones que se exigen para autorizar su funcionamiento. Una deriva similar acabó desembocando en el accidente de Fukushima, recordó, por el laxismo combinado del Gobierno nipón, de sus reguladores y de la empresa operadora TEPCO.

En el caso de Almaraz, a su lista de incidentes de los últimos años se sumó el pasado 10 de abril una parada de la central debido a un mero problema eléctrico. La central, al igual que Fukushima, carece de válvulas de seguridad de presión para prevenir una explosión de hidrógeno. “Los protocolos de seguridad se cumplen, pero no es suficiente”, insiste Montón.

“El sistema funcionó y se paró el reactor, faltaría más, pero el problema es que una falta en circuitos normales termine en la parada del reactor. Es como si un coche de Fórmula 1 tuviese que salir de la pista por un problema menor para evitar que el piloto tenga un accidente: claro está que hay sacarlo de la pista, pero ni Mercedes ni Ferrari pueden permitirse fallos así”.

Mientras se estima que en el mundo hay un 50% de posibilidades de que ocurra un nuevo accidente como el de Fukushima en los próximos 50 años, o un nuevo Chernóbil en los próximos 27, según el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, en EEUU), “Europa ha dejado pasar la oportunidad de aplicar medidas de protección cruciales –por ejemplo– contra terremotos, inundaciones y explosiones de hidrógeno, así como la instalación de válvulas de seguridad de presión adecuadas para prevenir la liberación de radiactividad en el medio ambiente en caso de accidente”, válvulas que también habrían evitado la contaminación radiactiva de Fukushima, incidió Montón.

Bure, un desafío sin precedentes

Entretanto, Francia lleva décadas preparando en Bure el llamado Cigéo, un gigantesco almacén subterráneo para enterrar 80.000 metros cúbicos de residuos radiactivos, que suponen sólo el 3% del total nacional, aunque por su altísima radiactividad de larga duración, sumarán el 99% de la radioactividad total de todos los residuos que tiene el país, según las organizaciones ecologistas locales.

La Agencia Nacional de Desechos Radiactivos de Francia (ANDRA), que en principio prevé la llegada de los primeros residuos a Bure hacia 2025, asegura que designó ese emplazamiento por sus características geográficas, un tipo de roca de 160 millones de años que debería ofrecer, en teoría, mayores garantías de contención que otros suelos a la hora de albergar un almacén subterráneo para miles de años. Sin embargo, la población local es consciente de que eso implicará también instalar chimeneas que emitirán gases con isótopos radiactivos permanentemente.

Aparte de los motivos ecológicos inmediatos, “uno de los mayores peligros puede venir también de los cambios geopolíticos”, explicó a Equal Times Marie Colline, una de las militantes de la organización de la llamada Casa de Resistencia contra el Vertedero Nuclear “Bure Zona Libre”, que aportó su visión personal del problema.

“Hace un siglo, aquí mismo, fue la Primera Guerra Mundial. Estamos a 80 kilómetros de Verdún, y hace ya bastante que la memoria colectiva ha olvidado dónde fueron enterrados los desechos militares de la guerra, que continúan contaminando nuestros campos y ríos en la actualidad”. Por eso mismo, un proyecto como el Cigéo, de una envergadura sin precedentes, es “demasiado arriesgado”, indicó, ya que “nadie puede comprometerse a concluirlo” y, de hecho, no hay ninguna certeza sobre cómo garantizar que ese enterramiento siga siendo seguro con el paso de los siglos.

Los pocos intentos similares que se han hecho hasta ahora están lejos de ser convincentes, asegura Colline: “explosiones del WIPP (un almacén de Nuevo México, EEUU, en 2014), hundimientos en Asse (Alemania, proyecto de almacenaje en antiguas minas de sal, cerrado en 1995)”, enumera, y ya se teme la “contaminación de los ríos y mantos freáticos en Rusia”, que acaba de abrir otro túnel semejante en Novouralsk, del lado asiático de los Urales.

Con todo, admitió el dilema casi filosófico de que, aunque el lema de “Bure Zona Libre” reclama que no haya un Cigéo “¡ni aquí, ni en ningún sitio!” [“ni ici, ni ailleurs!”, en francés], la necesidad de almacenar los residuos radiactivos ya existentes es ineludible.

“La solución de enterrar los desechos es mala, pero el Estado y la industria nuclear no parecen buscar otra, y eso da miedo si se piensa en el futuro”, concluyó. “Haría falta que ese pequeño número de personas que decide en solitario por el resto del planeta... ¡hiciera un poquito más de filosofía!”.