El impago de 2000 millones de dólares para devolver los préstamos comerciales suscritos por Mozambique desató la última, y más alarmante, crisis de deuda en África de los últimos tiempos. Si bien casi todos los países africanos padecen el desplome de precios de las materias primas y el aumento de los costes crediticios, el caso mozambiqueño es inusual, porque revela con cuánta facilidad puede fallar el nuevo paradigma de la financiación del desarrollo, centrado en el capital privado.

En lugar de impulsar el desarrollo de Mozambique, la atracción de préstamos comerciales provocó su debacle. La crisis de endeudamiento mozambiqueña pone de relieve, además, que el actual régimen de gobernanza mundial carece de un mecanismo efectivo que impida el otorgamiento y toma irresponsables de préstamos soberanos o sea capaz de abordar sus consecuencias. Asimismo, minimiza la necesidad urgente de cancelar, hasta que se adopten medidas efectivas, estas deudas ilegítimas que continúan estrangulando la economía mozambiqueña y su sociedad.

Aún queda por esclarecer adónde fueron a parar los 2000 millones de dólares de préstamos comerciales que concedieron a Mozambique las sucursales londinenses de los bancos privados Credit Suisse y VTB Capital, de Rusia, pero hasta la punta del iceberg huele increíblemente a chamusquina.

Oficialmente, dichos préstamos se suscribieron para comprar equipamiento naval y una flota para la pesca del atún. Sin embargo, el dinero jamás llegó a Mozambique, porque los bancos lo enviaron directamente al contratista… no sin antes embolsarse ellos un abultado porcentaje, en concepto de tasas y comisiones.

A pesar de que las prestatarias mozambiqueñas eran compañías registradas de acuerdo al derecho privado (ostensiblemente controladas por los servicios secretos), los préstamos recibieron una garantía soberana del Gobierno. Sin embargo, los organismos de control del presupuesto locales, como el Mozambique Budget Monitoring Forum, han cuestionado la legalidad de este procedimiento.

En cualquier caso, el proceso de aprobación eludió pasar por el Parlamento y los préstamos no fueron declarados en las cuentas públicas inicialmente, induciendo a engaño a la ciudadanía, a las organizaciones donantes extranjeras y eludiendo el control del FMI.

El informe de auditoría elaborado por Kroll para la Oficina de la Fiscalía de Mozambique revela que, inicialmente, Credit Suisse impuso varias condiciones para la concesión del préstamo, como el requisito de contar con un contrato de préstamo aprobado por el Banco de Mozambique y verificado por el Tribunal Administrativo de Mozambique y la obligatoriedad de reportar la “operación” al FMI. Pero dichas condiciones fueron eliminadas sigilosamente, tal vez cuando vieron que este rentable acuerdo no saldría adelante sin la aprobación del crédito por dichos órganos.

En cuanto a cómo se gastó el dinero, la auditoría revela que las mercancías y servicios, principalmente embarcaciones, fueron sobrevalorados y que estos bienes jamás llegaron a estar operativos. Fue imposible seguir la pista del paradero de una gran parte del dinero. Como resultado, Mozambique posee hoy 2000 millones de dólares más de deuda soberana, sin beneficio alguno a la vista.

Una crisis de endeudamiento por sorpresa

Cuando los préstamos secretos salieron a la luz el año pasado y se añadieron a la contabilidad pública, el nivel de deuda de Mozambique aumentó a niveles insostenibles. Subió también la proporción de la onerosa deuda comercial y, en consecuencia, la cantidad de dinero que el Gobierno necesita conseguir para devolver los préstamos en los plazos previstos.

Incluso si el dinero se hubiera gastado correctamente, Mozambique habría tenido graves problemas para el pago de su deuda. Los 2000 millones de dólares, devueltos con un interés anual de más del 7%, representan más de la mitad del presupuesto anual del Gobierno, que asciende a 3.700 millones de dólares. Incluso sin las desviaciones e irregularidades, las condiciones de los créditos habrían drenado los exiguos recursos mozambiqueños durante años. Habría sido prácticamente inevitable el impago en 2023, año en que había que devolver el principal tramo del préstamo, a no ser que Mozambique lograra una refinanciación de la deuda o movilizar ingentes recursos financieros adicionales, a partir de nuevas extracciones de sus recursos naturales.

Obviamente, el hecho de que parte del dinero del préstamo haya desaparecido y el resto se haya gastado dificulta más, si cabe, la devolución. A principios de 2017, Mozambique no pagó ninguno de sus tres préstamos. Esta suspensión de los pagos permite, por el momento, que los préstamos no sigan drenando el presupuesto nacional. Ahora, el reto consiste en lograr cancelar legalmente la deuda pendiente y, por supuesto, impedir que estos casos vuelvan a repetirse. Es imprescindible aclarar lo sucedido, ya que el caso mozambiqueño puede ser un indicio de lo que está por venir.

La crisis de Mozambique ha puesto a prueba el nuevo paradigma de financiamiento del desarrollo y su énfasis en el capital privado como su principal fuente de financiación.

Atraer las inversiones privadas es la pieza clave de la estrategia “De miles de millones a billones”, que el FMI y sus seis bancos multilaterales de desarrollo defienden como medio de financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Banco Mundial acaba de lanzar un llamado “modelo en cascada”, en cuya cúspide coloca la atracción de las inversiones privadas. La movilización de las finanzas privadas son, también, la piedra de toque del nuevo Consenso europeo sobre desarrollo y el Plan Europeo de Inversiones Exteriores.

De desarrollo, nada, solo calamidades

Mozambique, un país que durante décadas figuró en la lista de los países más dependientes de ayuda del mundo, logró atraer capital privado de acreedores como Credit Suisse y VTB. De este modo, pudo complementar los escasos recursos que recibe de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) con sustanciosas cantidades procedentes de préstamos comerciales a precios de mercado. Lógicamente, todos desde Washington a Bruselas debieron alegrarse.

Lamentablemente, el resultado ha sido desastroso: ningún impacto demostrable en el desarrollo; una crisis de endeudamiento a través de los préstamos comerciales; y una debacle macroeconómica y de las finanzas públicas. Las agencias de calificación crediticia disminuyeron la calificación de la deuda exterior de Mozambique por lo que, en el futuro, los préstamos serán más caros para el Gobierno y para los prestatarios privados subsidiarios. El FMI está elaborando un nuevo programa de ajuste estructural que, con toda probabilidad, reducirá aún más el espacio fiscal de Mozambique para invertir en ámbitos clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los donantes oficiales suspendieron temporalmente las ayudas, que apoyan el presupuesto mozambiqueño y son básicas para mantener los servicios públicos.

En lugar de complementar la AOD, los préstamos comerciales concedidos a Mozambique absorberán la ayuda que este reciba en el futuro, debido a las condiciones de reembolso que conllevan los préstamos. Es decir, que la asistencia europea se convertirá en un flujo de ingresos que irá a parar a los adinerados clientes de Credit Suisse y VTB.

El Gobierno mozambiqueño podría verse obligado a utilizar la AOD para devolver los préstamos, cuando los acreedores reclamen judicialmente el pago completo. A no ser, claro, que las deudas ilegítimas puedan ser condonadas.

La deuda se contrajo violando flagrantemente la normativa internacional, como los Principios de la UNCTAD sobre préstamo y empréstito responsables; pero el Gobierno británico (los préstamos se rigen oficialmente por el derecho inglés) y otros Gobiernos europeos, no han traducido estos principios, hasta ahora, en una legislación codificada, lo cual hace muy impredecible el resultado de una posible demanda.

Estos mismos Gobiernos sabotearon los intentos de crear un mecanismo multilateral de renegociación de la deuda en las Naciones Unidas, que tome en cuenta los criterios de ilegitimidad, como llevan reclamando desde hace décadas las organizaciones de la sociedad civil. Por ello, lo más probable es que el peso recaiga sobre la ciudadanía mozambiqueña, sin mencionar a los contribuyentes de Europa y de otros países, que financian los presupuesto de ayuda pública, mientras los inversores poco fiables celebran una gran fiesta a costa de la ayuda al desarrollo. Esperamos que nuestros Gobiernos europeos se apliquen a ello, ya que se trata de poner en pie instituciones esenciales… Hasta entonces, este y otros préstamos ilegítimos deben ser cancelados.