Más de dos meses después de una de los peores catástrofes de la historia británica moderna, las consecuencias del incendio de la londinense torre Grenfell siguen teniendo un impacto demoledor en los amigos, familias y vecinos de las víctimas, en los bomberos y efectivos de rescate que arriesgaron sus vidas intentando salvar a los ciudadanos atrapados y en la sociedad británica en general.

La catástrofe no solo ha arrojado luz sobre la alarmante brecha económica existente entre los ricos y pobres de la capital británica, sino que también ha revelado el modo en el que las medidas de austeridad y las normativas poco estrictas que provocaron el desastre pueden poner en peligro más vidas en el futuro.

El 14 de junio de 2017, poco antes de la 1.00 am, un incendio se propagó por un bloque de viviendas de protección oficial de 24 pisos en North Kensington, en el distrito de Kensington y Chelsea, provocando al menos 80 víctimas mortales y más de 70 heridos. A pesar de contar con 120 apartamentos, el edificio no estaba equipado con aspersores y solo tenía una escalera como salida de incendios.

Todavía están desaparecidas numerosas personas y como las temperaturas alcanzaron más de 1.000°C, es posible que los equipos forenses nunca lleguen a identificar a todos los fallecidos.

Debido a las investigaciones penales en curso y a la investigación exhaustiva del incendio que se llevará a cabo en septiembre, los más de 250 bomberos que participaron en la operación de 60 horas para salvar a los vecinos y apagar el incendio tienen prohibido hablar públicamente sobre la catástrofe.

“No puedes denunciar nada a menos que tengas pruebas contundentes o tomarán medidas disciplinarias en tu contra", asegura Steve James, un alto funcionario jubilado del Cuerpo de Bomberos de Londres. “Así es como se crea un clima de miedo”.

Asimismo, afirma que entre las preocupaciones de los bomberos se encuentran la seguridad de las viviendas de protección oficial en todo el país y el impacto que ha tenido la austeridad en el servicio de bomberos.

El sindicato de bomberos Fire Brigades Union (FBU) ha exigido que se lleve a cabo una investigación pública y exhaustiva sobre el incendio en la que se incluyan a los inquilinos, a las familias afectadas y al cuerpo de bomberos. Además ha solicitado una investigación que establezca mecanismos de supervisión para integrar las recomendaciones.

“Las catástrofes no se producen debido a un solo suceso, sino a una sucesión de errores”, advierte James.

Repercusiones y negligencia

Las causas del incendio de la torre Grenfell se han debatido ampliamente, pero el principal causante fue el revestimiento. En 2016, el bloque de apartamentos se sometió a un proyecto de renovación de 8,7 millones de libras (unos 11,3 millones de dólares USD) en el que se añadió un revestimiento de placas de aluminio para mejorar la apariencia del edificio. Sin embargo, se cree que las placas tenían un material que provocó la rápida propagación del fuego.

Desde el incendio de Grenfell, las pruebas de seguridad contra incendios que se llevaron a cabo en el revestimiento de otros edificios de protección oficial en Reino Unido tuvieron como resultado un índice de fracasos del 100%.

Hugh Robertson, responsable de políticas de salud y seguridad para la central sindical británica Trades Union Congress (TUC), explicó a Equal Times que la raíz del problema se remonta a hace décadas.

“Hasta que llegó el gobierno de Thatcher [1979-1990], la legislación estipulaba que cualquier revestimiento tenía que acatar la norma de los 60 minutos, según la cual los inquilinos debían contar con 60 minutos para escapar antes de que el fuego provocara cualquier incidente grave”, asegura.

Robertson hace hincapié en cómo el gobierno autónomo de Escocia reforzó la normativa después de que un incendio en North Ayrshire provocara seis víctimas mortales en 1999. A diferencia de lo que ocurrió en Inglaterra, ningún edificio analizado en Escocia después del incendio de Grenfell utilizaba un revestimiento peligroso.

El gobierno de Reino Unido no siguió las recomendaciones derivadas del incendio de Lakanal House en el sudeste de Londres en 2009, en el que murieron seis personas y al menos 20 resultaron heridas. Después de dicho incendio, el juez instructor recomendó al gobierno que acondicionara todos los rascacielos con sistemas de aspersores, pero los ministros de los sucesivos gobiernos han sido incapaces de convertir dicha recomendación en un imperativo legal.

“La única referencia a los sistemas de aspersores que hizo el gobierno fue a través del ex ministro encargado de la lucha contra incendios, quien declaró que era mejor dejar que ‘los mercados’ se encargaran del asunto”, denuncia Robertson. “Estas declaraciones resumen muy bien la postura del gobierno conservador. Toda la filosofía victoriana de la normativa es repugnante”.

Asimismo, Robertson asegura que, aunque es probable que los políticos hagan algo después de Grenfell, debido a la impactante naturaleza de la catástrofe y a la atención mediática que ha recibido, estos siguen ignorando cuestiones como la del amianto, que provoca la muerte de unos 5.000 trabajadores al año.

“Cada vez que un político en cualquier parte del mundo habla sobre la idea de que los trámites burocráticos suponen una carga para el mundo de los negocios, tenemos que recordar el coste humano. Grenfell es un claro ejemplo”, advierte Robertson. “Espero que los términos despectivos que los políticos llevan años escondiendo para intentar promover su programa desregulador contra los trabajadores se cuestione a partir de ahora”.

La austeridad, el deber y la muerte

Incluso antes de que la torre Grenfell pusiera de manifiesto la vulnerabilidad de Gran Bretaña ante los incendios en pleno siglo XXI, el sindicato FBU ya había hecho campaña contra los profundos recortes impuestos a los servicios de bomberos, en especial contra las reducciones en el número de bomberos activos y de equipos especializados.

Desde 2010 hay 11.000 bomberos menos y como mínimo se han reducido en un 17% los fondos que recibe el cuerpo de bomberos. Durante los cuatro próximos años se espera una reducción de un 20% más en dichos fondos.

Matt Wrack, presidente del FBU, ha escrito a la primera ministra Theresa May una carta en la que denuncia que, en el contexto de las respuestas iniciales a situaciones críticas, los residentes de los bloques de apartamentos se enfrentan a profundas “diferencias en el trato dependiendo de la zona en la que viven”.

Una de las razones es que el 71% de las plataformas de escaleras aéreas (camiones de bomberos con plataformas para hacer frente a los incendios en edificios altos) no están constantemente dotadas de personal.

Antes de las medidas de austeridad, las plataformas de escaleras aéreas se enviaban directamente a todos los incendios en edificios altos o a cualquier otro incidente grave. En Grenfell tardaron más de 30 minutos en enviar una escalera alta porque la más cercana disponible se encontraba en otro condado.

“Es peligroso”, nos cuenta el responsable de una estación de bomberos que prefiere permanecer en el anonimato. “Las víctimas de los incendios necesitan una respuesta inmediata o morirán. Eso es lo que la austeridad puede provocar”.

Este es solo un ejemplo de cómo los recortes provocados por las medidas de austeridad afectan a las estaciones de bomberos. Asimismo, se han impuesto recortes que han provocado una disminución del número de trabajadores que responden a los números de emergencia, el cierre de estaciones de bomberos y la reducción del número de vehículos por estación.

El responsable de la estación de bomberos asegura que los servicios de extinción de incendios se encuentran bajo una enorme presión. “La idea es que tenemos que estar preparados para el peor caso que puedas imaginar. [Ellos] nos han reducido la infraestructura y la plantilla hasta tal extremo [que ahora tenemos] que cruzar los dedos para que no pase nada más o si no morirá más gente”.

Resulta preocupante que en el contexto de dichos recortes, las muertes provocadas por incendios hayan aumentado considerablemente en los últimos años, en clara oposición a la tendencia decreciente que se había observado en los últimos 20 años. Un solo factor, como una ola de calor o un día festivo, puede provocar muchos incendios al mismo tiempo.

James prevé que, debido a los recortes, los que se encuentran en primera línea tendrán aún más dificultades para luchar contra incendios como el de Grenfell en el futuro.

“Cuando solicitan una pieza de repuesto para el equipo, les responden: ‘no tenemos dinero para eso’. Ahí es donde se nota la austeridad. O los compañeros no pueden pedir una excedencia, ya que no se permiten nuevas contrataciones. Eso deja claro a los trabajadores que los presupuestos tienen prioridad”, explica.

Además de que la presión que ejerce la austeridad tiene como consecuencia menos bomberos y menos equipos especializados, el FBU también exige al gobierno un aumento salarial real, por encima de la tasa de inflación. El gobierno ha ofrecido a los bomberos la posibilidad de un aumento del 2%, una cifra claramente inferior a dicha tasa de inflación, pero solo si aceptan asumir una responsabilidad aún mayor. El salario inicial para un bombero es de alrededor de 22.000 GBP (aproximadamente 28.500 USD).

Esto genera sentimientos de rabia, advierte el bombero anónimo.

“Cuando empecé, me encantaba este trabajo”, explica. “Estaba deseando venir a trabajar. Pero desde 2010, los compañeros están frustrados y se sienten infravalorados”.

Sin embargo, aunque el compromiso del gobierno con los bomberos parece haber disminuido, afirma contundentemente que el compromiso de los bomberos con los ciudadanos sigue tan fuerte como siempre. “Independientemente de cuántos recortes nos impongan o de cuánto trabajo más tengamos que hacer sin ser remunerados, cuando entra la llamada del 999 [el número de los servicios de emergencia en Reino Unido], todos y cada uno de nosotros estamos preparados para dar la vida con el objetivo de salvar a nuestros conciudadanos”.