¿Ha torturado el ejército libanés a refugiados sirios?

Razón de Estado. Palabras en boca de todos pero jamás pronunciadas, justificando el silencio que reina en torno a la muerte de por lo menos cuatro sirios después de haber sido detenidos por el Ejército libanés el pasado 30 de junio.

Aquel día, una brigada se introdujo en dos campos de refugiados ubicados en los alrededores del pueblo de Ersal, situado en la frontera con Siria, donde el número de refugiados sirios supera al de habitantes libaneses. Se trataba de una patrulla rutinaria en esta aldea aparentemente tranquila, no lejos de la cual se alojan desde 2014 combatientes de Jabhat Fateh al-Sham (el antiguamente denominado Frente Al-Nusra, grupo que estuvo afiliado a Al Qaeda en Siria).

Sin aviso previo salen de las tiendas de lona y plástico varios individuos cubiertos de explosivos, que hacen detonar cerca de los soldados, resultando varios de ellos heridos.

La respuesta no se hace esperar: aproximadamente 350 refugiados sirios son detenidos por el Ejército, algunos de los cuales no regresan jamás.

El 3 de julio, el Ejército reconoce oficialmente el fallecimiento de cuatro de esos detenidos, presentando su propio diagnóstico sobre las razones de su muerte: los cuatro hombres padecían “problemas de salud crónicos que se agravaron debido a las condiciones meteorológicas”. Dicho de otra manera: circulen, que aquí no hay nada que ver.

Una orden para quien quiera escucharla, pero malograda de antemano a nivel de las redes sociales. En Facebook y Whatsapp empiezan a circular decenas de fotos de los cuerpos de los cuatro difuntos –que han sido devueltos al municipio de Ersal para proceder a un enterramiento discreto– en las que se aprecian claras marcas de tortura corroboradas por un médico especializado en documentación sobre tortura, contactado por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

Diala Chehade, abogada de las familias de las víctimas, estima que el Ejército intentó primero echar tierra sobre el asunto: “El hospital Rahme de Ersal declara haber recibido, tras el atentado del 30 de junio, más de una docena de cadáveres. ¿Por qué el Ejército ha reconocido solamente la muerte de esas cuatro personas? ¿Quizás porque las familias se han negado a recuperar los cadáveres a menos que vayan acompañados de un informe médico, como se les propuso en un principio? No eran refugiados que ignoraran sus derechos, como lo esperaban –creo yo– los servicios de inteligencia del Ejército. De manera que, al no poder enterrarlos en silencio, las autoridades no tuvieron más remedio que declarar oficialmente su muerte”, explica Chehade a Equal Times desde su oficina en Beirut.

Entre la versión oficial edulcorada y la realidad de las imágenes de muñecas desgarradas, heridas abiertas y cuerpos cubiertos de hematomas de los difuntos Mustafa Abd el-Karim Abssi, Anas Hussein el-Husseiki, Khaled Husseini el-Mleis y Othman Merhi el-Mleis, hay una laguna tan abismal que por ella se precipitan infinidad de preguntas legítimas.

En diversos países del mundo se han organizado manifestaciones de solidaridad con los refugiados sirios del Líbano. Y una red de activistas sirios ha llegado incluso a convocar una huelga de hambre para reclamar justicia.

Junto con varias organizaciones de derechos humanos, HRW solicita a las autoridades libanesas que “realicen una investigación independiente, minuciosa y transparente sobre la muerte de los sirios detenidos por el Ejército y las alegaciones de tortura y de malos tratos que sufrieron durante su detención”, y que “respondan a las alegaciones de tortura con relación a un quinto sirio, Toufic al-Ghawi, igualmente fallecido durante su detención”.

“La institución miliar está por encima de toda sospecha”

Si existe en el Líbano una institución aureolada de una reputación de virtud y respetabilidad, es definitivamente el Ejército. Dudar de él es refutar la única fuente de unidad en un país presa de una fragmentación confesional y política permanente.

No obstante, las sospechas de tortura que apuntan a los soldados salen a la luz en plena operación militar. Dicha operación, de gran envergadura, diseñada para vaciar la zona de Ersal de la presencia de combatientes de Fatah al-Sham, está concebida como un paso previo a la recuperación de Ras Baalbeck, una zona vecina actualmente a manos del autodenominado Estado Islámico.

Un mal momento para cuestionar la integridad del Ejército, advierte Hisham Jaber, analista y general jubilado: “¡El Ejército tiene que ser firme! Solo con que un 1% de los refugiados sirios de Ersal sean yihadistas, implica que 800 personas están dispuestas a vengarse de él. Nuestros soldados están muy avanzados en la lucha contra el terrorismo; y siguen formaciones sobre el respeto de los derechos humanos”, asegura a Equal Times.

Ante las alegaciones de tortura, el primer ministro Saad Hariri acepta rápidamente que se ponga en marcha una investigación “con absoluta transparencia”, y afirma que rechaza las tentativas de “generar tensiones entre la población y el Ejército, el cual trabaja noche y día para proteger al Líbano de toda amenaza terrorista”.

“La institución militar está por encima de toda sospecha. Que los que están intentando pescar en río revuelto se dediquen a otra cosa”, ha declarado.

La investigación ha sido confiada al Tribunal Militar, una institución donde “la mayoría de los jueces son oficiales militares que no están obligados a tener un diploma de Derecho, y donde los juicios se celebran a puerta cerrada”, señala Human Rights Watch, que ya ha documentado el uso de la tortura en otras investigaciones llevadas a cabo por ese mismo tribunal.

Sobre el terreno, Diala Shehade se ha dado cuenta del precio que supone “poner en duda” la labor del Tribunal Militar.

El hospital asignado oficialmente por un juez de medidas provisionales para poder analizar las muestras recogidas de los cadáveres, que Diala Shehade se disponía a tomar, fue rodeado por los servicios de inteligencia del Ejército, que “invadieron el departamento de urgencias sin haber recibido el aval del Tribunal Militar para llevarse las muestras por las buenas o por las malas”, explica.

Tras negársele en un primer momento el acceso al informe de los médicos forenses sobre la autopsia de los cadáveres, Diala Shehade pudo finalmente consultarlo, pero no le dejaron llevarse una copia ni tampoco tomar notas. Sobre la base de la lectura realizada, declara: “El informe es muy ingenioso y consigue evitar cualquier terminología que pudiera apuntar a prácticas de tortura, si bien demuestra marcas de actos de violencia en los cuatro cuerpos: quemaduras en la espalda, heridas en la parte superior del cuerpo, muñecas desgarradas por los grilletes, etc. Por otra parte, una de las víctimas padecía bronquitis, mientras que otra quizás hubiera consumido éxtasis antes de los hechos, y la última estaba en perfecto estado de salud, lo que desmiente la versión de los supuestos problemas de salud crónicos”, precisa. “Al impedirnos acceder a esos informes, a los cuales tenemos derecho de acceso en tanto que representantes de las víctimas, el fiscal militar ha podido deformar la realidad ante los medios de comunicación”, denuncia.

El 24 de julio la prensa local reitera la versión oficial del Tribunal Militar, afirmando que los cuatro sirios no habían muerto a consecuencia de actos de violencia.

Una versión que no borra las imágenes de los cuerpos desfigurados que circulan entre los familiares de las víctimas.

Abdel Halim, refugiado sirio en Ersal y amigo desde hacía mucho tiempo de Anas Hussein el-Husseiki, no está convencido: “Anas era uno de los únicos anestesistas que había en nuestra ciudad de Qusair cuando ésta fue atacada por Hezbolá en 2013. Curó a centenares de civiles y, una vez refugiado en Ersal, prosiguió con su trabajo en el dispensario local. Anas era enfermero, no un enfermo”, dice por Whatsapp.

Diala Chehade no está dispuesta a rendirse y prepara ya las siguientes medidas:

“Vamos a seguir reclamando el acceso a los informes médicos que necesitamos para presentar una denuncia y, en última instancia, obtener una reparación por daños y prejuicios para las familias de las víctimas. También vamos a presentar una denuncia por falsificación de información contra el doctor citado por el Tribunal Militar, que ha afirmado que los cuerpos no presentaban señales de violencia. Tenemos que hacerlo para aportar un consuelo a los padres de los difuntos”, subraya.

This article has been translated from French.