A la hora de dar forma al mundo del trabajo, los intereses económicos y sociales de las mujeres han estado, por lo general, relegados a un segundo plano. Tanto las percepciones de género como una escasa representación de mujeres en la toma de decisiones han supuesto que el trabajo de la mujer siga estando infravalorado.

No obstante, empieza a haber muestras de un cambio de tendencia. En el contexto de la Agenda 2030, por ejemplo, están desarrollándose nuevas herramientas que pueden ayudar a cerrar la brecha entre la adopción de políticas y la realidad para la mujer trabajadora.

Pese a que los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) distan mucho de ser perfectos, algunos resultarán de gran utilidad para hacer frente a los obstáculos que se alzan ante el empoderamiento económico de la mujer. Particularmente, las metas 1.3, 5.4, 5.5, 8.3 y 8.8 –cobertura de la protección social, trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, integración en los puestos decisorios, empleo informal y cobertura de la negociación colectiva, respectivamente– prevén la recopilación y actualización regular de datos nacionales desagregados en función del género.

Estos datos resultan esenciales para medir los progresos en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, así como para garantizar su sostenibilidad social. Ayudan a que las personas relacionen las mejoras que experimentan en su vida cotidiana con políticas específicas.

Los sindicatos y otros representantes de la sociedad civil desempeñan un papel clave en la concienciación sobre los beneficios y desafíos que plantean determinadas políticas, y para asegurarse de que cualquier progreso duramente conquistado no sea revertido. De manera que aportar datos transparentes, verificables y accesibles resulta esencial para reforzar estos procesos democráticos de rendición de cuentas.

Sin embargo, dos años después de la adopción de la Agenda 2030, esta parte fundamental del proceso sigue siendo en gran parte una labor en curso. Aunque estadistas del mundo entero se reúnen en Nueva York y Ginebra para pulir los detalles técnicos de la compilación de datos comparables para 232 indicadores de los ODS en 193 países, el tiempo no deja de discurrir.

El establecimiento de metodología es sin duda un proceso técnico, pero eso no garantiza su neutralidad. Por ejemplo, la actual discusión sobre cómo medir la cobertura de la negociación colectiva es de naturaleza política.

Mientras que los convenios colectivos protegen a los trabajadores vulnerables frente a abusos, estableciendo unas normas mínimas para un sector determinado o un lugar de trabajo, un porcentaje inferior de participación femenina en la negociación colectiva puede contribuir a explicar por qué las trabajadoras están más expuestas a condiciones de explotación que los trabajadores. Somos capaces de producir estos datos, pero sin duda sacarían a la luz ciertas verdades muy duras, que algunos evidentemente prefieren ignorar.

No se trata de dar una buena imagen, sino que ésta sea honesta

Muchos gobiernos que han informado sobre sus progresos en cuanto a los ODS en 2017 optaron por destacar sus iniciativas en lugar de presentar una evaluación honesta de la situación en sus respectivos países.

Los sindicatos han venido llevando a cabo su propio seguimiento para dar indicaciones respecto a los progresos reales conseguidos sobre el terreno.

Mientras los gobiernos elaboraban los Exámenes Nacionales de carácter Voluntario, las centrales sindicales nacionales reunieron los datos disponibles que consideraron relevantes en relación con metas específicas de los ODS y aportaron su propio análisis de las tendencias recientes.

Estos datos contaban una historia muy diferente a los informes presentados por los gobiernos y, en algunos casos, incluso revelaron que la situación había empeorado en ciertos países.

Por ejemplo, aunque los progresos respecto a la igualdad de género en Brasil y Argentina fueron evidentes durante un período de diez años, recientes recortes de fondos en seguridad social y para la financiación de proyectos destinados a combatir la violencia de género hacen que las perspectivas no sean muy halagüeñas. India tampoco parece estar haciendo gran cosa para reducir la enorme brecha salarial de género y la creciente informalización del trabajo para las mujeres.

Un proceso eficaz de adopción de políticas se apoya en la experiencia vivida por la población. Si queremos asegurarnos de que todas las trabajadoras tengan acceso a un trabajo decente para 2030 –en línea con el compromiso de los objetivos de desarrollo sostenible– hay que darles voz en el proceso de toma de decisiones políticas.

La participación de mujeres en el diálogo social resulta clave, y su integración en estructuras de adopción de políticas ha demostrado ser un motor efectivo del desarrollo sostenible.

Aparte de pedir cuentas al gobierno, el papel de la sociedad civil reside además en identificar cuestiones y proponer soluciones dentro de su campo de experiencia. Una representación basada en la evidencia requiere tener acceso a datos adecuados. En este tipo de datos se han apoyado ciertas investigaciones como la serie de la CSI sobre la economía de cuidados.

Demuestra que la inversión pública en la economía de cuidados redunda en resultados. Libera tiempo que de otro modo debería destinarse a hacer frente a ciertas responsabilidades asumidas mayoritariamente por las mujeres. Y algo fundamental, contribuye a que se reconozca el enorme valor de un trabajo de cuidados que muchas veces no está remunerado.

Mejor representación de las mujeres

Los sindicatos también han venido utilizando datos del tipo que está disponible a través del proceso de la Agenda 2030 para representar mejor a las mujeres. Utilizarlos para apuntar a las mujeres en sus esfuerzos de organización implicará que más mujeres se afilien a sindicatos. Esto contribuye a mejorar sus condiciones en el ámbito laboral.

De Sudáfrica a Australia, las ventajas de licencia de maternidad y otras disposiciones favorables a la vida familiar están incluyéndose cada vez más en los convenios colectivos. En el Reino Unido, por ejemplo, donde las mujeres constituyen una mayoría en los sindicatos, las mujeres sindicalizadas ganan entre un 7 y un 14 por ciento más que las no sindicalizadas. En Burkina Faso, los sindicatos se están asociando con organizaciones de mujeres para sindicalizar a las vendedoras callejeras en el sector informal y ayudarlas a acceder a la protección social.

Con el proceso de indicadores paralizado, los esfuerzos para la implementación de la Agenda 2030 seguirán estando desligados de la realidad que pretenden abordar. Los gobiernos deben acelerar el proceso de adopción de indicadores sobre los ODS para cumplir con su compromiso político. A fin de ganar un empoderamiento económico duradero, las mujeres necesitan sentarse en la mesa de negociación. Y los gobiernos pueden hacer su trabajo aportando las herramientas a los sindicatos para que éstos puedan hacer el suyo.