En apenas quince años, el territorio de Sayaxché, en el departamento del Petén, al norte de Guatemala, ha cambiado drásticamente. La palma aceitera se ha convertido en un negocio próspero que representa ya el 1% del PIB nacional, y en Sayaxché acapara el 74% de la economía. Una de las empresas más relevantes del sector, el Grupo Hame, se congratula en su página web oficial de ser “orgullosamente guatemalteco”, de trabajar por “generar valor económico social y ambiental para Guatemala”.
Los campesinos, por su parte, aseguran que, tras la llegada de la palma, han sido despojados de sus tierras, se han contaminado los ríos y lagunas de los que obtenían agua y alimento, y han perdido sus cosechas por las plagas y agroquímicos asociados a las plantaciones palmeras.
Algo parecido sucede con la caña de azúcar, que desde hace décadas copa la Costa Sur guatemalteca, y ha dejado allí ríos desviados y una aguda crisis hídrica, además de la contaminación del aire, el agua y la tierra. Más recientemente, la caña avanza junto a la palma en la región del Valle del Polochic. En 2011, 74 familias fueron violentamente desalojadas por grupos armados estatales y privados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el desalojo, pero no ha habido reparación alguna para la comunidad maya Q’eqchí afectada.
Las autoridades guatemaltecas y las empresas del sector palmero o azucarero defienden el avance del agronegocio con el argumento de que generan empleo y llevan el desarrollo a regiones atrasadas.
Según un estudio del Central American Business Intelligence (CABI) –albergado en la página del Grupo HAME–, un total de 25.000 empleos directos y 125.000 indirectos han sido generados por el sector, además de la “creación de empleos permanentes en áreas rurales donde no hay oportunidades de trabajo”.
Lo que no se cuantifica es cuántos campesinos que hasta ahora vivían de la agricultura y la pesca artesanal, han perdido sus tierras o han visto cómo el agua contaminada dejaba de darles pescado, y, despojados de esos modos de vida, dependen ahora del empleo en la plantación, un trabajo duro y mal pagado.
Los modelos de desarrollo se enfrentan en los territorios rurales guatemaltecos: por un lado, el avance del modelo extractivista, grandes inversiones en manos de transnacionales vinculadas a las cadenas de valor globales; por el otro, las economías campesinas, para las que nunca llegó la ansiada reforma agraria. Porque en 1996, tras 36 sangrientos años de guerra, llegaron los acuerdos de paz, pero no se resolvió la endémica desigualdad que había provocado el surgimiento de la guerrilla. Guatemala sigue siendo uno de los países del mundo donde la propiedad de la tierra está más concentrada.
¿Eficientes o subsidiados?
Gobierno y empresas defienden el avance extractivo con el mantra de la eficiencia y la rentabilidad. Sin embargo, para alcanzar esa rentabilidad, las empresas de los distintos sectores extractivos son generosamente subsidiadas y financiadas. Así, el BID otorgó en 2008 préstamos millonarios para realizar estudios de factibilidad de la producción de palma en Guatemala. Por su parte, el Banco Mundial prestó 60 millones de dólares a Ingenio Pantaleón, la primera empresa del sector azucarero –que acapara el 19% de la producción–. Y el Estado guatemalteco, durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2011) lanzó el programa de Fomento y Desarrollo del Cultivo de Palma (PINPALMA), que garantizaba beneficios como el seguro agrícola.
Mientras, los campesinos lamentan el total abandono que sufren: “Para ayudarnos o para reparar la contaminación que trae el agronegocio no hay dinero, pero cuando se trata de reprimirnos si protestamos, sí que hay dinero para enviar al Ejército”, lamenta un campesino en la comunidad de El Triunfo Champerico, en la Costa Sur.
En abril de 2017, una investigación periodística del diario salvadoreño El Faro demostró que el Grupo Campollo, dueño de Ingenio Madre Tierra, creó 121 empresas offshore a través de la firma panameña Mossak Fonseca. Otros nueve de los mayores ingenios guatemaltecos, tras los cuales se encuentran las familias terratenientes más poderosas del país, tienen vínculos con entramados fiscales para la evasión de impuestos. Pero las prácticas ilícitas no frenan el apoyo de los organismos supranacionales a estos grupos empresariales. Así, Pantaleón, cuya matriz está en las Islas Vírgenes, y cuyos dueños están vinculados a ocho empresas en Panamá, recibió entre 2008 y 2010 dos préstamos del International Finance Corporation (IFC), entidad del Banco Mundial, a través de su matriz en las Islas Vírgenes, por 130 millones de dólares. En otras palabras: el BM otorgó un crédito a una sociedad en un paraíso fiscal.
Los beneficios son acaparados por las grandes empresas; los costos se arrojan sobre las comunidades campesinas y el medio ambiente. El informe Caña de azúcar y palma africana: combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y dominio en Guatemala, de 2008, analiza las cadenas productivas de la caña y la palma para concluir que el valor agregado bruto (VAB) generado por los cultivos no se queda en los territorios donde se produce:
“Para la economía territorial, la ocra y el arroz generan mucha más riqueza que la caña y la palma”, que también generan menos empleo. Según el mismo informe, el 50% del agua de riego es consumido por latifundios de caña de azúcar, mientras el 55% de la población rural carece de acceso al agua potable.
No sólo la empresa acapara el valor, sino que se despoja a los campesinos de su rol como proveedores de alimentos. Lo que está en juego es la soberanía alimentaria y la propia supervivencia de las comunidades indígenas y campesinas. Y el proceso deja ganadores y perdedores: pierden las comunidades; ganan grandes empresas nacionales e internacionales como ADM, Cargill, Dreyfuss, Bunge, Monsanto y Bayer.
Frente al discurso de la meritocracia que arraiga en las subjetividades neoliberales, Carlos Paz, del Comité de Unidad Campesina (CUC) recuerda que “los empresarios no ganan por su habilidad ni por su esfuerzo, sino porque el Estado protege sus monopolios. La corrupción es estructural y ha tomado cuerpo legal: la riqueza se basa en privilegios fiscales, amnistías y todo tipo de ventajas. Es un robo legal”.
De la cooptación a la persecución
Las empresas pretenden ganarse el beneplácito de la comunidad con programas de responsabilidad social corporativa (RSC) a través de los cuales se suman a compromisos sociales que debieran ser responsabilidad del Estado. “Lo que hacen es pintar nuestras escuelas y los salones comunales con los colores de la empresa”, denuncian las comunidades. También afirman que, con el dinero que llevan a las comunidades, intentan dividirles y cooptar a sus líderes.
Entre las estrategias que han utilizado las empresas para implantar su modelo de desarrollo está la compra de títulos particulares en territorios donde hasta entonces imperaba la tenencia comunal de la tierra, práctica ancestral de los pueblos mayas. Por ejemplo, en Sayaxché el BID financió la entrega de títulos individuales en la Finca San Román; para 2008, el 60% de esa finca, antes comunal, estaba en manos de las empresas palmeras. Los campesinos de esa región afirman que les engañaron, entre otras cosas, afirmando que les darían trabajo de por vida en las plantaciones.
Cuando la cooptación y el engaño no basta y florecen las resistencias a estos proyectos, proliferan amenazas y asesinatos contra los defensores del territorio. Y aumenta la judicialización y la criminalización de las resistencias.
Así, por ejemplo, en Polochic, Manuel Xuc Cucul fue condenado a diez años por usurpación y robo agravado; para el investigador Ricardo Zepeda, “su verdadero delito fue exigir sus prestaciones laborales al momento de la liquidación”. Sólo en 2016, denuncia la organización Global Witness, seis personas murieron por defender sus territorios en Guatemala.
A pesar de todo, las resistencias florecen y adoptan nuevas tácticas, como las consultas populares contra las megarrepresas y la extracción minera. En el municipio de Barillas, Huehuetenango, la comunidad rechazó en una consulta el proyecto hidroeléctrico sobre el río Cambalam, del que depende la vida de la comunidad. Tras una larga lucha, y el asesinato impune del líder comunitario Andrés Miguel, la comunidad logró expulsar a la empresa gallega Econer Hidralia Energía.
Las mujeres son, muchas veces, las protagonistas de los procesos de resistencia. Habla un miembro de la organización Sagrada Tierra: “Ellas se preocupan por el futuro de sus hijos y saben que deben defender su acceso a la tierra. Hemos comprobado que el éxito de las resistencias depende, en gran medida, de que las mujeres tengan un papel activo en esos movimientos”.
