¿Serán los ‘Papeles del Paraíso’ los que sacudan el statu quo… de una vez por todas?

La última filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocida como los Papeles del Paraíso (Paradise Papers), evidencia la incapacidad de los Gobiernos para frenar la lacra de la elusión fiscal y los delitos económicos, facilitada por los centros financieros extraterritoriales y los bufetes de abogados como Appleby.

Después de las revelaciones del ‘Swissleaks’, ‘Luxleaks’, de los Papeles de Panamá y las pruebas publicadas por ONG y sindicatos, como el informe promovido por la FSESP sobre las tácticas de McDonald’s para evitar pagar mil millones de euros al fisco, ¿se decidirán, por fin, los Gobiernos de la UE a tomar medidas?

Los Papeles del Paraíso nos recuerdan, dolorosamente, que sí hay dinero para financiar los servicios públicos de calidad que vertebran las democracias sociales.

La red por la justicia fiscal, Tax Justice Network, de la que forma parte la FSESP, estima que los Gobiernos pierden 500.000 millones de dólares al año debido a la riqueza no declarada y depositada en paraísos fiscales por personas que burlan la legislación tributaria.

La riqueza no declarada no es una disfunción del capitalismo financiero, forma parte de su esencia, que provoca o se alimenta de las desigualdades de nuestro tiempo.

Teniendo en cuenta que el 80% del dinero depositado en paraísos fiscales pertenece al 0,1% de la población, y que el 50% de aquel está en manos de apenas el 0,01%, a nadie sorprende que algunas de las mayores multinacionales del mundo, como Apple, Nike o Facebook, aparezcan en los Papeles del Paraíso, además de algunas de las personas más ricas del mundo, desde la Reina de Inglaterra al cantante de U2 Bono.

Quienes seguro no aparecen en esos papeles son los empleados de los servicios públicos a quienes representa la FSESP: enfermeras, cuidadores, inspectores de trabajo o fiscales, trabajadores de recogida de basuras… Para todos ellos, los Papeles del Paraíso son el Infierno. Pagan por partida doble: la primera a través del impuesto sobre la renta y el IVA, para suplir la brecha tributaria. La segunda, a través de las reducciones de sus salarios, justificadas por la falta de dinero público.

La FSESP lleva años reivindicando el fin de los recortes en el personal de administración y recaudación tributaria. La lucha contra los delitos de cuello blanco debe ser tan firme como la lucha contra el terrorismo que anida en las desigualdades del mundo.

Los recaudadores de impuestos deben contar con recursos suficientes para procesar todo el flujo de información que contienen los Papeles del Paraíso. Son ellos, y no las empresas, quienes pueden decir si las actividades reveladas por los Papeles del Paraíso son legales o no.

Los Gobiernos de la UE deben mejorar y adoptar con carácter urgente la propuesta de la Comisión sobre transparencia corporativa, que aboga requerir a las multinacionales la información desglosada por países. Ello las obligaría a declarar públicamente, en cada uno de los países en los que operan, sus beneficios, su número de empleados e información sobre sus filiales, a través de las cuales desvían sus beneficios a las jurisdicciones de baja o nula tributación. Lamentablemente, la mitad de los Gobiernos se oponen a la propuesta.

Los Papeles del Paraíso revelan más información sobre los beneficiarios reales de las empresas registradas en paraísos fiscales. Es suficiente para establecer el tan esperado registro público que no se limite al blanqueo de dinero. Nosotros defendemos, por demás, que dado que el objetivo de las sociedades extraterritoriales es, en la mayoría de los casos, eludir los impuestos y todo tipo de reglamentación ¿no deberían prohibirse simple y llanamente? La ventaja de esta medida sería que los bufetes como Appleby perderían el mercado del que se benefician.

El pasado martes, los Gobiernos de la UE debatieron una lista negra de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal. Muchos rechazan este tipo de listas. Sin embargo, la propuesta que está sobre la mesa es insuficiente para ser eficaz. Debería tener carácter global e incluir los paraísos fiscales radicados dentro de la UE. Debe disuadir de recurrir a jurisdicciones extraterritoriales a compañías, bancos, bufetes de abogados y empresas de auditoría, como las “cuatro grandes”.

Deben imponerse sanciones: como la eliminación de licencias y la prohibición de contraer contratos públicos. Quienes arruinan los servicios públicos por no pagar los impuestos que les corresponden, no pueden beneficiarse de la concesión de los contratos públicos para construir nuestras carreteras y hospitales.