El movimiento sindical británico adoptó en septiembre la histórica decisión de apoyar una campaña por la retirada de inversiones millonarias en empresas de combustibles fósiles procedentes de las pensiones de los trabajadores.
La votación tuvo lugar durante la conferencia de tres días que cada año celebra la confederación Trades Union Confederation (TUC), para decidir los grandes temas que centrarán la atención de los activistas sindicales. Mientras los medios de comunicación dirigían sus focos hacia el debate que más titulares acapara, el Brexit y los salarios en el sector público, los representantes de los mayores sindicatos del país aprobaron una contundente resolución sobre el cambio climático.
Frente a la devastación provocada por las inundaciones del Reino Unido y la decisión del presidente Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, la resolución reivindica la renacionalización del “desaprensivo sistema energético” británico, para devolverlo al control democrático.
Además, la resolución aboga por un programa masivo de eficiencia energética en los hogares y edificios públicos del Reino Unido, así como un periodo de "transición justa" para los trabajadores afectados por los cambios en la industria de la energía.
La última parte de esta moción de seis puntos es una cláusula que pide “una investigación sobre los riesgos a largo plazo asociados a las inversiones de los fondos de las pensiones en combustibles fósiles, la promoción de la desinversión y la reinversión en empresas de economía sostenible, como alternativa”.
Con estas tres palabras “promover la desinversión” el movimiento sindical británico procede a respaldar oficialmente la desinversión o eliminación de las participaciones en empresas ligadas a los combustibles fósiles que poseen los fondos de inversión (en este caso, las pensiones de los trabajadores), como medio de combatir el cambio climático desde su raíz, es decir, las propias compañías extractivas. Se trata de una cuestión controvertida desde hace tiempo ya que, tradicionalmente, los sindicatos están a favor de la táctica del compromiso, la antítesis de la desinversión.
Básicamente, para quien crea que el poder popular es capaz de cambiar el comportamiento de las empresas colaborando con ellas —planteando preguntas en sus asambleas generales anuales, a través del activismo accionarial, etc.— el compromiso es la respuesta.
Sin embargo, las campañas de desinversión consideran incorregibles a las empresas e industrias y animan a cortar los lazos, a retirar las inversiones y convertir a estas compañías en parias de la sociedad. Como sucedió con las grandes tabacaleras o durante el apartheid de Sudáfrica.
El voto en la TUC a favor de la desinversión tiene un peso económico importante. El valor de las pensiones de los trabajadores del Reino Unido se estima en tres billones de libras esterlinas de los cuales, aproximadamente 16.000 milliones de libras billion (20.940 milliones de dólares USD) se invierten en combustibles fósiles.
La cláusula de desinversión de la TUC es todo un hito porque, por primera vez, una confederación sindical nacional respalda oficialmente la desinversión y, más importante si cabe, en este país que aún no ha asimilado la lucha encarnizada que libraron los mineros del carbón contra la brutalidad de los años del thatcherismo, toda la industria de los combustibles fósiles se considera hoy tan tóxica para el futuro de la humanidad que las pensiones de los trabajadores deberían eliminar una exposición financiera a aquella.
El movimiento sindical en Estados Unidos ha llegado más lejos: dos grandes fondos de pensiones de trabajadores de California han retirado por completo sus inversiones en carbón.
Lamentablemente, los sindicatos están divididos en ambos países respecto a la desinversión. Los trabajadores de las industrias afectadas temen comprensiblemente por su medio de vida, mientras los ecologistas esgrimen una ristra de pruebas que demuestran que las empresas de combustibles fósiles han ignorado el cambio climático y obstruido de hecho cualquier medida significativa.
Breve historia de la desinversión
El movimiento sindical nació a principios de la Revolución Industrial, mientras que la desinversión en combustibles fósiles lleva menos de una década sobre la mesa. Esta alzó el vuelo tras la publicación en 2012 del artículo del ecologista estadounidense Bill McKibben, Global Warming’s Terrifying New Math, en la revista Rolling Stone. McKibben partía de una premisa sencilla: la humanidad ha acordado que un aumento de dos grados es el calentamiento máximo que puede soportar el planeta. Las compañías extractivas poseen reservas de combustibles fósiles capaces de exceder al menos cuatro veces dicha línea roja. De ahí la imperiosidad de que esas reservas de carbón, gas y petróleo permanezcan bajo tierra.
La sencilla ecuación de McKibben suponía también un enorme quebradero de cabeza económico si se permitía a las empresas continuar como si nada. Si debemos mantener las reservas bajo tierra, argumentaba, estas compañías y sus reservas están muy sobrevaloradas. Tomando prestado un término acuñado en el centro de estudios británico Carbon Tracker Initiative, McKibben describió la posibilidad de una “burbuja del carbón” de activos abandonados, —activos futuros calculados por nuestro sistema financiero pero no utilizables, si queremos que sobreviva la humanidad—.
“Podemos tener una industria de combustibles fósiles con un balance muy saludable o un planeta relativamente saludable. No obstante, una vez hechos los cálculos, sabemos que no podemos tener ambos”, escribió.
Esta premisa se hizo viral y McKibben recorrió los Estados Unidos promoviendo la desinversión como táctica para convertir a la industria de los combustibles fósiles en el enemigo público número uno del mundo. Campañas populares se propagaron en todo el planeta y el movimiento cosechó sus primeros logros cuando universidades, iglesias y consejos municipales se comprometieron a abandonar los combustibles fósiles.
Copenhague, Estocolmo, Oslo, Washington D.C., Berlín, Sídney e Irlanda se comprometieron todos con la desinversión. Copenhague, en concreto, dio un gran ejemplo desinvirtiendo de todas las compañías que obtuvieran un 5% de sus ingresos con la prospección, extracción o refinería de los combustibles fósiles.
Fondos de pensiones: aburrido pero importante
Desinvertir los miles de millones que los fondos de pensiones que los trabajadores poseen en participaciones colectivas de compañías ligadas a combustibles fósiles continúa siendo una espinosa tarea.
En Estados Unidos, los sindicatos promovieron campañas de desinversión en dos de los principales fondos de pensiones del sector público: el Sistema de Jubilación de los Empleados Públicos de California (CalPERS), uno de los mayores del mundo, y el Sistema de Jubilación de Docentes del Estado de California (CalSTRS). A raíz de la desinversión en 2015 de la Asociación de Personal Docente de California (CFA) y de la Federación de Docentes de California (CFT), el Senado californiano aprobó un proyecto de ley que ordenaba a CalPERS y CalSTRS desinvertir de la industria del carbón.
En agosto de este año, ambos fondos confirmaron que ya no poseen participaciones en empresas de carbón. CalPERS, en concreto, ha sido objeto de alabanzas y feroces críticas por su posición contraria al carbón, por parte de políticos de la derecha, gurús libertarios y sindicatos representates del personal de las refinerías de petróleo y gas, torres de perforación y plantas petroquímicas.
Los activistas europeos también están avanzando en el ámbito de las pensiones, según contó a Equal Times Melanie Mattauch, miembro de la organización medioambiental internacional, 350.org
“La campaña por la eliminación de los combustibles fósiles, Fossil Free, ha logrado incluir en el orden del día de los fondos de pensiones de toda Europa, de Estados Unidos y de Australia la cuestión de la falta de ética del modelo de negocio de las compañías de combustibles fósiles. La obligación impuesta por la UE el año pasado a los fondos de pensiones laborales de toda la Unión Europea, que representan a 75 millones de ciudadanos, de incorporar las consideraciones medioambientales y los riesgos del cambio climático en sus decisiones de inversión, marcó todo un hito”, señala Mattauch.
Dos consejos locales de Londres (Southwark y Waltham Forest) se han comprometido a desinvertir sus fondos de pensiones, que suman unos 2.000 millones de libras (2.650 millones de dólares) de forma combinada.
El papel de los sindicalistas
Aunque queda por ver qué implicará en la práctica la política de desinversión aprobada por la TUC, miembros de distintos sindicatos ya impulsan en todo el país campañas a favor de la desinversión.
Mika Minio-Paluello, economista especialista en energía y activista de Platform, un grupo de lucha contra el cambio climático radicado en Londres, además de miembro de Unison, el segundo mayor sindicato del Reino Unido, explica a Equal Times que los miembros de las distintas ramas sindicales son fundamentales para impulsar la política de desinversión dentro de los sindicatos —un auténtico reto, dado que Unison también representa a los trabajadores de la industria del gas y de las principales empresas minoristas de la energía—. Los afiliados de Unison y GMB (otro sindicato general del Reino Unido) también se involucraron en la exitosa campaña por la desinversión del barrio londinense de Southwark.
“La realidad es que las centrales sindicales no necesitan adoptar una posición oficial sobre la desinversión para que sus miembros participen en campañas. Basta con que el sindicato apruebe una moción en su conferencia nacional para que lo defienda, le asigne recursos y luche por ello”, dice Minio-Paluello.
Sam Mason, responsable político del sindicato de servicios públicos y comerciales Public and Commercial Services (PCS), subraya la necesidad de incluir la desinversión en el marco más amplio de la respuesta al cambio climático.
“La consideramos una buena campaña, pero como parte de una serie de herramientas que pueden ayudar a poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles y del extractivismo. Sigue habiendo una enorme preocupación sobre los empleos y es comprensible que esto preocupe enormemente a quienes trabajan en la industria de los combustibles fósiles, sobre todo en el sector del petróleo y del gas. Así que debemos colaborar para demostrar que lo que necesitamos es una ’transición justa’, no sólo un paquete de despido para los trabajadores, sino abordar el riesgo económico que suponen los activos abandonados”, argumenta Mason.
Una posición que comparte la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharan Burrow.
“Una ‘transición justa’ debe incluir un plan que ofrezca estabilidad laboral y un compromiso temporal con los empleos, las pensiones, así como una inversión en capacitación y redistribución. Las compañías que se nieguen a tener un plan de preservación de empleos y ’descarbonización’ —con un impacto de 2° o menos—, acabarán siendo blanco de la desinversión”.
Un problema del capitalismo
El principal problema de las campañas de desinversión de los fondos de las pensiones radica en la forma en que estos instrumentos financieros funcionan en un sistema de capital que requiere y legisla para maximizar su crecimiento.
Sean Sweeney, miembro de la iniciativa sindical por la democracia energética Trade Unions for Energy Democracy (TUED), declara su escepticismo respecto a la desinversión y afirma que la economía resultante de la crisis financiera y económica está obligando a los gestores de fondos a priorizar los beneficios a corto plazo –que generan los combustibles fósiles–, en lugar de la supervivencia a largo plazo, en buena parte porque no hay muchas opciones.
Sweeney apunta que la inversión en proyectos de energía fósil ha caído en más de 200.000 millones de dólares anualmente, en buena parte debido a la sobreproducción de carbón, petróleo y gas.
“No obstante, una vez que los inventarios se agoten, el valor de las acciones –vendidas tras los esfuerzos de desinversión– crecerán, y eso porque la demanda de petróleo y gas crece cada año. Me preocupa más la necesidad de construir un movimiento de base que mantenga la inversión en las energías renovables”, añade.
“Globalmente, la inversión en energías renovables está muy por debajo de lo necesario para lograr objetivos para el clima. Los fondos de pensiones podrían invertir en las renovables éstas fuesen estatales. Debemos ofrecer esa opción. Por el momento, si Bill McKibben fuera un administrador de un fondo de pensiones lo tendría difícil para elegir dónde poner su dinero para reinvertirlo”, sentencia.
El propio McKibben ha señalado que la desinversión no es sólo una cuestión económica, sino moral. Como las campañas contra el apartheid y contra el tabaco, la desinversión en combustibles fósiles pretende despojar a las compañías extractivas de su legitimidad social.
En su polémico artículo en Rolling Stone, McKibben no hizo prisioneros: “Lo que estos datos sobre el clima dejan dolorosamente claro es que el planeta tiene un enemigo mucho más proactivo que los Gobiernos o las personas. Ante estas cifras concretas y verificables, nos vemos obligados a ver a la industria de los combustibles fósiles desde una nueva óptica: se ha convertido en una industria desalmada y temeraria como ninguna otra fuerza sobre la Tierra. Es el enemigo público número uno para la supervivencia de nuestra civilización planetaria.
