Una cálida noche de julio de 2013, Alhaji Mamut, de 39 años, y su amigo Ebou Jobe fueron a un concierto en las afueras de la capital gambiana, Banjul. Una vez finalizado el concierto se subieron a su coche para volver a casa. Pero nunca llegaron a su destino. A la mañana siguiente, la madre de Alhaji, Mamie Ceesay, llamó a su hijo, pero este no respondía. Así que se fue hasta su casa y se encontró con que la habían saqueado.

“Pregunté a los vecinos, y me dijeron que el Gobierno había arrestado a Alhaji y a Ebou. Fui a comisaría y a la Embajada americana, porque ambos tienen doble nacionalidad. Llegué incluso a escribir directamente al presidente Yahya Jammeh. Pero en vano”, relata Mamie Ceesay.

Gambia, un pequeño país de África Occidental de apenas dos millones de habitantes, estuvo gobernado durante 22 años por el tirano Yahya Jammeh, acusado de crear un clima de miedo y represión mediante el uso generalizado de la tortura y frecuentes secuestros, desapariciones y detenciones arbitrarias.

El 1 de diciembre de 2016, el presidente Jammeh fue derrotado en las elecciones presidenciales por el candidato de la oposición Adama Barrow. En un primer momento Jammeh aceptó su derrota, pero luego se echó para atrás y rechazó los resultados de las elecciones declarando el estado de excepción. Tras un tenso enfrentamiento con las tropas regionales, Jammeh acabó huyendo a Guinea Ecuatorial, donde sigue residiendo a día de hoy.

Desde que Jammeh abandonó el país, cientos de personas víctimas de sus abusos han comenzado a organizarse, dispuestas a participar activamente en la investigación de las violaciones de derechos humanos que se produjeron bajo su mandato y decididas a llevar a los perpetradores ante la justicia.

La organización que han creado, el Centro gambiano para las víctimas de violaciones de derechos humanos (más conocido como el “Centro de víctimas”), ofrece apoyo a los supervivientes de las detenciones ilegales y las torturas consumadas durante el régimen de Jammeh, y a los familiares de los desaparecidos y asesinados. El Centro también trata de amplificar sus voces en el escenario nacional. Pero sigue habiendo dificultades para las personas que sufrieron décadas en silencio.

El Centro de víctimas se estableció a raíz de una serie de reuniones informales organizadas por las víctimas y sus familias tras la investidura del Presidente Barrow en febrero de 2017. Saul Mbenga, un activista gambiano que vive entre Gambia y Estados Unidos, ayudó a organizar algunas de las primeras reuniones.

“Me di cuenta de que nos teníamos que sentar y reflexionar en cómo forjar una organización para las víctimas. Sabíamos que cuando el nuevo gobierno iniciara su mandato tendríamos que presionarle”.

Fue en estas primeras reuniones donde muchas de las víctimas hablaron por vez primera sobre lo que ellas y sus familias habían sufrido. Ayeshah Jammeh solo tenía 15 años cuando su padre, Haruna, no regresó a casa después del trabajo en el año 2005. Ni siquiera el hecho de ser primo hermano del presidente y de haberse criado como un hermano mayor suyo salvó a Haruna de la ira del dictador. Ayeshah tuvo que esperar 11 años para saber que su padre había sido asesinado y supuestamente arrojado a un pozo en la granja del presidente Jammeh.

Ayeshah dice que en la primera reunión del grupo fue verdaderamente desgarrador sentir todo el sufrimiento que había ocasionado el régimen de Jammeh, aunque también fue un alivio para ella poder hablar “porque había estado callada durante 11 años”. Dice que a raíz de las primeras reuniones se gestó un sentimiento mutuo de solidaridad entre las víctimas y los familiares: “Nos apoyamos mutuamente porque compartimos un dolor mutuo. Nuestro objetivo es que se haga justicia para nuestras familias. Estamos unidos en esta lucha”.

Experiencias compartidas, dolor compartido

La organización vivió un momento decisivo cuando los miembros se reunieron con las víctimas del dictador del Chad, Hissène Habré. Habré había gobernado este país de África central en los años 1980 utilizando el miedo, la intimidación y la tortura. Tras ser derrocado en 1990, se necesitaron más de 25 años, un tribunal especial en Senegal y la determinación y valentía de las víctimas para que Habré se convirtiera en el primer dictador africano condenado en territorio africano y por jueces africanos por crímenes contra la humanidad. Después de que el pasado mes de abril se desestimara el último recurso de apelación de Habré en Dakar, algunas de las víctimas visitaron Gambia para reunirse con sus compañeros gambianos y darles ánimos.

“Jammeh y Habré eran casi iguales”, dice Mamie Ceesay. “Por eso el hecho de encontrarme con personas que han pasado por lo mismo que yo y que han conseguido que se hiciera justicia, me ha dado muchas esperanzas de que un día yo también conseguiré que se haga justicia”.

Mientras los gambianos aprendían de los chadianos, el Ministerio de Justicia de Gambia iniciaba el proceso para establecer la actual Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR). Según altos cargos del Gobierno, a principios del año que viene la Comisión empezará a recorrer el país para recabar testimonios públicos de las víctimas y los perpetradores. Sobre la base de los testimonios, se formularán “recomendaciones” en cuanto a quién deberá ser procesado y qué tipo de reformas es preciso llevar a cabo para garantizar que Gambia no caiga nuevamente en el autoritarismo.

Tras la reunión con las víctimas de Habré, el Centro empezó a identificar a las víctimas de Jammeh y a ponerse en contacto con el Gobierno. En el Ministerio de Justicia consiguieron ser atendidos por el fiscal general Abubacarr Tambadou.

“Consideramos que las víctimas son un aliado clave en nuestro proceso de justicia transicional”, declara Tambadou a Equal Times. “Saben que tenemos una política de puertas abiertas y que pueden venir aquí y hablar prácticamente de lo que quieran”.

Aunque la relación entre el Ministerio de Justicia y el Centro de víctimas no ha sido perfecta, los miembros del Centro están por lo general de acuerdo con esta caracterización. Gracias a la insistencia de las víctimas se consiguió que las reparaciones se incluyeran en el mandato de la CNVR. Cuando el Ministerio organizó un “comité técnico” para recorrer el país y recabar comentarios del público acerca de la CNVR, se reservó un lugar para el Centro. Los miembros también han tenido la oportunidad de examinar el proyecto de ley para el establecimiento de la CNVR, y han podido aportar sus propuestas antes de la presentación del proyecto en la Asamblea Nacional.

Desafíos importantes

A pesar de su entusiasmo y el apoyo que reciben por parte de algunos funcionarios, los miembros se enfrentan a retos importantes. El Centro de víctimas funciona actualmente con un presupuesto minúsculo. Todos los miembros del personal son voluntarios con poca experiencia en gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. A finales de julio el Centro había registrado 75 víctimas. Ahora tiene más de 400.

“Muchas de estas personas nunca habían estado implicadas en la gestión de una organización voluntaria”, dice Amadou Scattred Janneh, exministro de Información y Comunicación que trabaja para el Centro de víctimas en calidad de asesor. Janneh fue arrestado y declarado culpable de traición en 2011 por distribuir camisetas con el eslogan “Que se acabe ya la dictadura”. Estuvo más de un año en confinamiento solitario, hasta que fue indultado y huyó a Estados Unidos (tiene la doble nacionalidad estadounidense y gambiana). “Estamos presionando a favor del desarrollo de capacidades, para que puedan disponer de la formación necesaria en materia de documentación, promoción, publicación de comunicados de prensa y organización de una oficina”.

El Centro quiere organizar una base de datos digital de todas las víctimas registradas y codificarla en función de los abusos que hayan sufrido. Janneh también quiere que el Centro ponga a los abogados en contacto con personas que pueden proporcionar pruebas necesarias para los procesamientos. Todo el mundo está de acuerdo en que una de las prioridades clave es ayudar a que las víctimas que están sufriendo física y psicológicamente tengan acceso a asistencia médica.

“La prioridad más urgente ha sido el tratamiento médico y la ayuda psicológica para las víctimas”, explica Janneh.

“Cuando celebramos reuniones, aunque no somos expertos nos damos cuenta de que muchas de las víctimas tienen problemas psicológicos y que hay personas que siguen padeciendo dolores intensos. Estas personas necesitan atención urgente”.

Diversas organizaciones internacionales están empezando a abordar estos problemas. Reed Brody, abogado para Human Rights Watch en el caso de Habré, ha estado ayudando a dar a conocer la presencia del grupo a escala internacional y le ha puesto en contacto con recursos exteriores. Se están tramitando los fondos acordados por la Unión Europea para la contratación de personal a tiempo completo. También se ha traído a un consultor que colaboró en el caso Habré para que contribuya al desarrollo de competencias organizativas. Por su parte, el Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA), con sede en Gambia, está proporcionando asistencia jurídica.

Al mismo tiempo, las víctimas de Yahya Jammeh se están preparando para el largo camino que tienen por delante y se sienten muy optimistas. Hace apenas unas semanas se puso en marcha la campaña #Jammeh2Justice, cuyo objetivo es llevar a Jammeh de vuelta a Gambia para que rinda cuentas de sus crímenes. “Sabemos que eso no va a suceder de la noche a la mañana”, dice Ayeshah. “Pero estamos muy animados y no vamos a descansar hasta que obtengamos justicia”.