“El glifosato será el último clavo en el ataúd de Bruselas”. Así de contundente se mostró la eurodiputada checa Kateřina Konečná en la comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo, horas después de que la Unión Europea aprobara el uso para otros cinco años de este producto químico. Era el punto y seguido de una batalla en la que se mezclan intereses privados de multinacionales, tácticas políticas y la salud de los ciudadanos europeos.

El herbicida glifosato es el más usado en todo el mundo para proteger los cultivos. Se utiliza desde los años setenta y fue aprobado por primera vez a nivel europeo en 2002 (antes era competencia de los países miembros). Se calcula que su uso alcanzó las 747.000 toneladas en 2014, la mayoría destinadas a la agricultura, aunque también es muy usado en jardines públicos y por particulares. Su inventor y principal fabricante es la multinacional estadounidense Monsanto, con su producto estrella Roundup, uno de los pilares de sus ingresos en todo el planeta.

Esta sustancia está bajo sospecha desde que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) emitiera en 2015 un informe en el que alertaba de sus posibles efectos cancerígenos en los seres humanos.

Cuando la licencia europea para su uso estaba a punto de caducar, la Comisión, en 2016, propuso su renovación, pero los países miembros no llegaron a un acuerdo, dada la contradicción entre la IARC y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que certificó que el glifosato era seguro. Sin embargo, el pasado septiembre, un artículo publicado por The Guardian, puso en duda la independencia de las investigaciones de la EFSA.

“Amplias secciones del informe de la UE sobre el riesgo potencial para la salud humana y el medioambiente han sido sacados, palabra por palabra, de la solicitud de renovación de la licencia del glifosato de Monsanto”, explicó a Equal Times Franziska Achterberg, directora de política alimentaria para la UE de Greenpeace. “Donde los fabricantes decían que un estudio ’no era de confianza’ y ’no era relevante’ para la evaluación de la UE sobre el glifosato, los científicos de la UE copiaban y pegaban esta valoración”, subrayó.

Una polémica similar saltó el pasado marzo en Estados Unidos, cuando un juez desclasificó correos electrónicos de ejecutivos de Monsanto, que sugerían que la multinacional redactó investigaciones sobre el glifosato atribuidas después a científicos independientes y que un funcionario de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) les prometió frenar una evaluación del producto por parte del Departamento de Salud.

Sin que los países de la UE llegaran a un acuerdo, se decidió extender la licencia hasta diciembre de 2017. En ese tiempo, se encargó a la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) emitir un nuevo veredicto sobre la peligrosidad del glifosato como sustancia química.

En marzo de 2017, la agencia declaró que no había encontrado pruebas de que fuera cancerígeno.

La Comisión Europea reanudó entonces las negociaciones para la extensión de la licencia del glifosato por 10 años. Mientras, una iniciativa ciudadana apoyada por ONG y otras organizaciones reunió más de un millón de firmas para pedir la prohibición del producto en toda la UE. Como establece la normativa europea, los impulsores de la iniciativa fueron recibidos por la Comisión y pudieron presentar su caso en una audiencia pública del Parlamento Europeo el pasado noviembre.

Los eurodiputados, sin embargo, ya se habían pronunciado sobre el glifosato en octubre. Su decisión, no vinculante, fue recomendar la prohibición progresiva, de modo que fuera totalmente eliminado para 2022. Además, señalaron la necesidad de que el mecanismo comunitario de autorización de productos se base sólo en estudios publicados, independientes y evaluados por expertos que sean encargados por las autoridades competentes.

El cambio de posición de Alemania

A pesar de la recomendación del Parlamento, la renovación del glifosato fue finalmente aprobada el pasado 27 de noviembre por los países miembros para otros cinco años, gracias a un controvertido cambio de posición de Alemania. Su ministro de Agricultura, Christian Schmidt, decidió votar a favor de la renovación, en contra de las instrucciones de abstención de su propio Gobierno. Este movimiento indignó a los socialdemócratas y a los verdes alemanes, y complicó aún más las negociaciones para formar un gobierno de coalición de la canciller alemana, Angela Merkel, tras las elecciones del pasado septiembre. Entretanto, el gigante químico y farmacéutico alemán Bayer prevé comprar Monsanto a principios de 2018.

La aprobación fue acogida con alivio por el sector agrario, que depende de este herbicida para mantener la producción y los costes actuales. “Esperemos que durante estos cinco años podamos poner de manifiesto la necesidad de este producto que, como tantas veces hemos dicho, es absolutamente imprescindible”, ya que ahora mismo no hay alternativas al herbicida, aseguró a Equal Times Ricardo Serra, presidente de la asociación española de agricultores ASAJA Andalucía. “La gente no se da cuenta de la trascendencia que podría tener [la prohibición del glifosato], incluso para ellos mismos, porque supondría un encarecimiento muy importante de la producción agraria”, señala.

Según Achterberg, “el enorme uso de pesticidas en la agricultura ha dado a compañías agroquímicas como Monsanto, Syngenta y Bayer un poder sin precedentes, que ha atrapado a los agricultores en una relación muy costosa”.

“Los agricultores utilizamos estos productos porque son necesarios y porque el público, que es cada vez más exigente, quiere precios bajos y productos impolutos”, explica Serra. “Es imposible tener un producto absolutamente impoluto y que encima no esté tratado con nada, porque no hay manera de controlar los insectos o las malas hierbas sin un control de este tipo y, desde luego, a mano no es posible”.

Sin embargo, la eurodiputada francesa Karima Delli, del grupo europeo de Los Verdes, destacó a Equal Times que “el glifosato asociado a la agricultura intensiva pertenece a un modelo del pasado, en el que la productividad a ultranza está matando a los propios agricultores. Hoy en día debemos dirigirnos hacia una agricultura biológica y razonada, respetuosa con el medioambiente y la salud de los consumidores. Ese es el futuro, porque ahí está la clave para [tener] unos productos de calidad”.

Prohibiciones en Europa y Estados Unidos

Para Delli, esta aprobación “es una mala apuesta, porque dentro de cinco años se nos presentará de nuevo el mismo problema”. De hecho, aunque a nivel comunitario se permita su uso, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya ha anunciado que Francia lo prohibirá en un plazo máximo de tres años. Italia mantiene umbrales de uso un 25% más bajos que los establecidos por la UE y su intención es retirarlo para 2020. En Estados Unidos, California lo incluyó el pasado junio en su lista oficial de productos cancerígenos.

“El glifosato es otro ejemplo de una confianza inapropiada en sustancias químicas supuestamente benignas, que resultaron ser dañinas”, explica Achterberg, citando, por ejemplo, el DDT. “Si nos tomamos en serio la protección de nuestra salud y del medioambiente, necesitamos un cambio más radical que sustituir un producto químico por otro”. Por ahora, los cultivos europeos seguirán recibiendo glifosato otros cinco años.