Una Honduras, la de resistencia, dolor y pobreza se manifiesta en las calles. El saldo de su descontento (hasta mediados de enero): 71 movimientos ciudadanos y 31 muertos registrados oficialmente; mientras la otra, institucionalizada en el poder, tomó posesión el pasado 27 de enero. Sus diferencias: aparentemente irreconciliables. La percepción de fraude, la reelección y la violencia no hacen sino alimentar las discrepancias de un diálogo auspiciado por Naciones Unidas y apoyado solamente por la Honduras institucionalizada. Irreconciliables… pues el diálogo puede dejar impune lo que la Honduras de la resistencia llama “una continuidad del golpe de Estado de 2009”, y con ella su agonizante democracia será “oficialmente dictadura”.

“La noche de la elección la ciudadanía no recibió información oficial por parte del TSE [Tribunal Supremo Electoral] sobre las actas computadas hasta la 1:30 de la madrugada del lunes 27 de noviembre. Debido a esto las encuestas a boca de urna ocuparon los medios de comunicación generando una guerra de resultados en la que dos candidatos se declararon ganadores. La Misión [de Observadores Electorales de la OEA] recomendó al TSE divulgar los resultados disponibles hasta el momento, y en conferencia de prensa el presidente Matamoros anunció los votos obtenidos por cada candidato a presidente con un 57,18% de actas procesadas. El candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, obtenía a esa hora 761.872 votos (40,21%) y el candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura 855.847 votos (45,17%)”, reza el informe preliminar de la Misión de Observadores Electorales de la OEA del 4 de diciembre del 2017.

Dicho informe señala en su página de conclusiones que “el estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección no permiten a la Misión tener certeza sobre los resultados”.

Sin embargo, Honduras vio cómo, en medio de una incertidumbre total, Juan Orlando Hernández repetía mandato presidencial el 27 de enero, en contra de los resultados de las urnas publicados de esa madrugada del 27 de noviembre. Revivió así uno de los capítulos negros de su historia. Un pueblo en las calles exigiendo derechos y democracia y una multitud de policías conteniendo las manifestaciones.

“Es importante conectar que la crisis política electoral de esta vez es una continuación del golpe de Estado [de 2009]. Lo que ha pasado con las elecciones de noviembre y lo que está pasando, es el resultado de la no superación del golpe de Estado”, avanzó Joaquín Mejía, defensor de derechos humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) e integrante de Radio Progreso –reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una de las voces más críticas al proceso electoral–.

Según Mejía, hay cuatro elementos comunes entre la crisis de 2009 y la de 2017. Es decir: “ambas elecciones están precedidas por rupturas en el orden constitucional”. En 2009 hubo un golpe contra el presidente del Ejecutivo, Manuel Zelaya. En 2017, el golpe ha sido contra la soberanía popular. Presuntamente, señala el entrevistado, cinco magistrados modificaron el artículo que prohíbe la reelección y suplantaron la soberanía popular, todo ello careciendo de las competencias pertinentes.

A lo que se añade que “ambas elecciones están condicionadas por el control absoluto de las instituciones democráticas por parte de poderes ilegítimos”, véase, en 2009 por el Gobierno de facto, y en 2017 por una concentración de poder y un control y subordinación absoluta de todas las instituciones democráticas al poder ejecutivo. “Existe una red de favores y controles entre todas las instituciones”, elaboró Mejía.

“Sin olvidar los altos niveles de desconfianza ciudadana”, continúa este defensor de los derechos humanos. En 2009 esa desconfianza sería el resultado del golpe de Estado. En 2018, según un sondeo de opinión del EIRC-SJ del pasado 30 de enero, un 77,1% de la población no confía en el Tribunal Supremo Electoral, un 71,2% no confía en el Gobierno central y un 72,8% no confía en la Corte Suprema de Justicia.

Por último, apuntó Mejía, no hay que olvidar el papel de Estados Unidos en la crisis, vinculado a la militarización.

Según él, en 2009 “este país fue el único en no condenar el golpe de Estado y apoyó un diálogo que terminó por legitimar el golpe y dejar impunes a los golpistas”. En 2017, Estados Unidos no ha condenado lo que puede terminar probándose como fraude electoral y ha apoyado un diálogo que podría legitimar ese presunto fraude y la reelección presidencial, alega el ERIC-SJ. Esta organización asegura que las fuerzas armadas y la embajada de Estados Unidos estarían sosteniendo el poder militar hondureño, así como a amigos y familiares del presidente en puestos clave.

Tras las trincheras: las víctimas de la crisis poselectoral

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reportó el 15 de enero en su tercer informe sobre la crisis electoral 31 muertos, 71 manifestaciones y 182 quejas conexas a vulneraciones de derechos. Y, el 6 de febrero recordó en un comunicado de prensa que persiste el uso inmoderado de la fuerza, de gases lacrimógenos y la “estigmatización de personas” (ya sean ciudadanos de a pie o activistas) por parte de fuerzas policiales.

Por su parte, la Coalición Contra la Impunidad, un conglomerado de 58 organizaciones, presentó el informe Honduras: Monitoreo de violaciones a derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral en el que se registraron 33 muertes y 64 defensores de derechos humanos víctimas de hostigamiento, muertes y hostigamiento perpetrados por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas de Honduras y la Secretaria de Seguridad, dirigidas todas estas por la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigación.

Cabe resaltar que Mejía, una de las fuentes de esta crónica, recibió medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 28 de enero ante el riesgo inminente para él y su familia por amenazas de muerte conexas a su trabajo en el proceso electoral.

Mejía asegura que las figuras públicas, reconocidas por los medios y entidades internacionales gozan de cierta protección; mientras que el gran número de víctimas lo engrosan los líderes comunales y campesinos, cuyas muertes (“silenciosas” por su escasa “notoriedad”), tienen por objeto acallar los movimientos de barrio.

Los irreconciliables del diálogo: la reelección, el fraude y la violencia

De 6 al 9 de febrero se desplegó en Honduras una misión exploratoria de Naciones Unidas enviada para hacer una evaluación y con ello liderar un proceso de diálogo con miras a resolver la crisis poselectoral.

Omar Rivera, coordinador de abogacía e incidencia política de la Asociación para una Sociedad más Justa, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras (ASJ/TI) –organización miembro de la Plataforma Ciudadana por Honduras, una coalición ésta de 200 organizaciones de la sociedad civil, Iglesia y empresa privada–, manifestó el apoyo de la plataforma al diálogo y señaló la importancia de que Naciones Unidas designe a un mediador con credibilidad y confianza de todos los sectores. La plataforma ya tiene cinco nombres de expresidentes mesoamericanos en una lista de postulantes para dicho puesto.

“Estamos planteando que es muy importante avanzar en el diálogo en ocho grandes temas que incluyen reformas político-electorales, la democratización del poder, derechos humanos, libertades individuales, el modelo inclusivo de desarrollo social e inversión extranjera. El tema electoral es importante, pero no el único y en eso se nos diferencia de otros sectores”, puntualizó.

Para la Plataforma, el modelo de dicho diálogo debe basarse en la constitución de mesas de trabajo que cristalicen acuerdos y políticas de Estado y que establezcan mecanismos que garanticen la continuidad de dichos acuerdos y políticas. La diferencia con procesos de diálogo anteriores, en opinión de la plataforma, es la participación de mayores actores políticos y el respaldo y credibilidad de entidades internacionales como Naciones Unidas auspiciando el proceso.

Por otro lado, José Manuel Zelaya, coordinador actual del Partido Libre (miembro de la Alianza de Oposición contra la Dictadura que disputó las elecciones) y expresidente depuesto en el golpe de Estado de Honduras de 2009, subrayó que no esperan dialogar con el Gobierno, y apuntan a una mediación internacional.

“Nosotros no aceptamos ningún diálogo con el presidente actual porque consideramos que está usurpando la presidencia porque perdió las elecciones; lo único que aceptamos es una mediación, que podamos escoger quiénes son los mediadores, el derecho al veto sobre los mediadores y que la mediación tenga carácter vinculante, carácter de ley”, resumió Zelaya en una entrevista a Equal Times.

La deslegitimación de los procesos de diálogo por parte de la oposición y de los defensores de los derechos humanos es un hecho, certifica Mejía. Y detrás de esta deslegitimación está no solo el diálogo entablado en 2009, que terminó legitimando el golpe y dejando impunes a los golpistas –“pese a que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluyó que había habido crímenes de lesa humanidad”–; sino las manifestaciones del movimiento de los indignados de 2015 que terminó, recuerda, en un fracaso total.

La última muestra de polarización en esta crisis abierta data del 12 de febrero, cuando la Casa Presidencial emitió un comunicado acusando a la Alianza de Oposición de aliarse con la “Mara MS-13, el crimen organizado y el narcotráfico” para “robar la elección”. Nota en la que se cuestionó a los líderes Manuel Zelaya y Salvador Nasralla por no reunirse con la misión de Naciones Unidas.

Según Juan Orlando Hernández, “ambos se habrían negado a reunirse con la misión porque ya se dieron cuenta de que, en base a las convenciones internacionales, el organismo mundial iba a examinar ‘qué fue lo que paso en las elecciones hondureñas con respecto a la relación con maras, pandillas y crimen organizado’ y cómo estas participaron directamente para favorecer a la Alianza de Oposición con actos de intimidación”, afirma el comunicado.

Equal Times intentó comunicarse con la Casa Presidencial para obtener declaraciones oficiales y recibió comunicados y fotografías, empero las consultas puntuales –respecto a la toma de posesión– no fueron respondidas por los encargados de prensa del presidente Hernández.

Tanto Zelaya como Mejía resaltaron el rol de Estados Unidos en la crisis de Honduras (injerencia directa) y coincidieron en señalar que el respaldo político de ese país buscaría legitimar el fraude electoral. En este sentido y a la contra de lo que hizo la OEA y otros organismos internacionales, que hablaron de las irregularidades en el proceso electoral, la embajada de Estados Unidos emitió un comunicado el 4 de diciembre donde subrayó los esfuerzos de “transparencia” del proceso de escrutinio y mostró su complacencia con la gestión de las autoridades de Honduras.