En todo el mundo, una oleada de remunicipalizaciones ha devuelto los servicios hídricos a manos públicas, por lo general, tras décadas de mala gestión privada.

Sin embargo, Naciones Unidas y muchos gobiernos siguen convencidos de que necesitamos asociaciones público-privadas (APP) y financiación privada para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Siguen engañados por las falsas promesas de las APP, incluso cuando las pruebas de la crisis de la privatización se acumulan.

Solo hay que observar el fracaso de numerosas privatizaciones en Reino Unido. Incluso el Ministro de Medio Ambiente conservador, Michael Gove, critica el comportamiento de las empresas de servicios públicos de distribución de agua privatizadas. Recientemente señaló que las tarifas eran demasiado altas, que las manipulaciones financieras y la evasión fiscal eran endémicas, que los dividendos de los accionistas consumían la mayor parte de los beneficios y que los consejeros delegados se habían fijado salarios desorbitados. Y todos estos comentarios salieron del partido de Margaret Thatcher.

Un informe publicado recientemente por la Internacional de Servicios Públicos y el Transnational Institute muestra que desde el año 2000 se han producido al menos 235 casos de remunicipalización del agua en 37 países que afectan a más de 100 millones de personas. ¿Qué impulsa esta tendencia?

Los motivos para poner fin a la privatización en el sector del agua incluyen ahorros de costes, mejora de la calidad del servicio, transparencia económica y recuperación de la capacidad operativa y el control social. Los objetivos medioambientales como la aceleración del desarrollo renovable y la reducción del despilfarro son otros factores fundamentales. Por supuesto, la oferta de tarifas sociales para los hogares con ingresos bajos (cuando muchas familias no pueden permitirse pagar las elevadas facturas de los servicios públicos) es otra razón esencial.

Además, cada vez hay más pruebas empíricas de que la remunicipalización en todo el sector público tiene sentido desde el punto de vista económico. La resolución de las asociaciones público-privadas en el sector del transporte en Londres derivó en una reducción de costes de mil millones de libras (cerca de 1.150 millones de euros, o 1.400 millones de dólares USD), sobre todo mediante la eliminación de los dividendos para los accionistas y los gastos legales. En Canadá, después de que el Gobierno decidiese construir cuatro escuelas nuevas de forma pública en lugar de hacerlo mediante asociaciones público-privadas, los ahorros bastaron para construir en su totalidad una quinta escuela nueva.

No obstante, la cruda realidad es que más de mil millones de personas siguen sin tener acceso seguro al agua. En 2015 las Naciones Unidas apoyaron el acceso universal al agua para 2030 como uno de los ODS. ¿Cómo podemos estar seguros de que los operadores públicos de agua están capacitados para responder a este objetivo?

Tenemos que exigir un sistema fiscal más justo en todo el mundo, de manera que podamos invertir en infraestructura esencial como servicios públicos de distribución del agua modernos. No alcanzar esta meta puede tener consecuencias devastadoras, como en Flint, Michigan, donde la reducción de costes sumada a una pronunciada reducción de impuestos para las grandes empresas derivó en el envenenamiento de miles de personas, sobre todo personas pobres.

Otra medida esencial consiste en sacar los servicios públicos de los acuerdos comerciales, que suelen disuadir a los gobiernos de actuar en aras del interés público o penalizarlos si lo hacen. Por último, las asociaciones puramente públicas entre servicios públicos de distribución de agua pueden ayudar a intercambiar mejores prácticas y recursos.

El cambio de rumbo en el debate en torno a la privatización es una buena noticia para los trabajadores de los servicios públicos, los sindicatos y el público en general. Ahora tenemos que convencer a los líderes mundiales de que sigan la corriente.