Se llamaba Mame Mbaye, tenía 35 años, vivía en Madrid. Pero hoy España no lo conoce por su vida, sino por su muerte.

Hasta ahora Mame era uno más. Uno de tantos que pasan el día vendiendo en la calle sucedáneos de Chanel y falsas Nike de color chillón. Un mantero. Esa palabra con la que el Diccionario del Español Actual nombra a las decenas de personas anónimas que despachan su mercancía ilegal en el suelo de las arterias comerciales, en los paseos marítimos y los alrededores de la estación de tren.

Pero Mame murió el 15 de marzo. Le falló el corazón minutos después de salir huyendo de la policía. Y, precisamente por eso, hoy conocemos su nombre.

Aunque resulta imposible saber si el infarto fue consecuencia directa de esa última carrera, la muerte de Mame Mbaye se ha convertido en un símbolo, en la confirmación de que este fenómeno ha llegado demasiado lejos. “Sabíamos que esto iba a pasar. Ha caído Mame pero podría ser cualquiera de nosotros”, confesó en rueda de prensa uno de su compañeros.

La venta de falsificaciones en el top manta está considerada una práctica ilegal que atenta contra el derecho a la propiedad industrial y supone una competencia desleal para el pequeño comercio. Sin embargo, está tan naturalizada en las grandes ciudades que ya forma parte del paisaje urbano.

El 12,4% de los españoles reconoce haber comprado en la manta alguna vez. Ropa, colonia y prendas deportivas, sobre todo.

De cuando en cuando, la policía actúa y, atosigados por el miedo, los vendedores escapan como pueden. Corren en grupo, pierden parte de la mercancía, caen y arrastran sin querer a quien camine por delante. En 2017 las operaciones policiales contra la venta ambulante crecieron en un 43% en Madrid. En total se hicieron más de 11.000 intervenciones, una media de 31 carreras cada día.

La manta y la ley

Alioune Thiam llegó a Barcelona en el 2009. “La manta era mi única opción. No tenía papeles y necesitaba trabajo para pagar el alquiler”. Es senegalés, como la mayoría de los que venden en la calle. Jóvenes migrantes, casi siempre sin permiso de trabajo ni residencia. Según una encuesta realizada por la ONG Cáritas Mallorca, el 68% de los manteros se encuentra en situación irregular.

“La Ley de Extranjería es demasiado represiva. Obtener la regularidad es muy difícil para cualquier ciudadano extracomunitario”, explica el abogado Marcelo Belgrano. Irregularidad y economía sumergida forman parte de un círculo perverso en el cual una empuja a la otra y viceversa.

La única forma de que un inmigrante indocumentado pueda regularizar su situación es solicitando el arraigo y para eso debe esperar como mínimo tres años. Eso son 36 meses, 1.095 días de invisibilidad en los que esta persona no puede trabajar, ni alquilar una vivienda, ni apuntarse a clases de español, ni hacer cursos de formación. La propia ley les sumerge.

“Obligar a una persona a ser invisible durante tres años para que le den los papeles es criminal. ¿Qué puede hacer para vivir si no puede trabajar?”, se pregunta Belgrano.

Hasta el año 2010, decenas de manteros entraban cada semana en prisión por vender en la calle. Entonces, la presión popular consiguió que dejara de ser delito y se considerara una simple falta administrativa. En 2015, con la reforma de la ley de seguridad ciudadana, el Gobierno volvió a meter el top manta en el Código Penal.

Esto quiere decir que si un mantero es detenido perderá su mercancía, deberá enfrentar una multa como mínimo de 500 euros (unos 603 dólares USD), podrá ir a la cárcel (entre seis meses y dos años). Incluso puede que sea expulsado. Y todavía hay algo más.

“Al ser otra vez delito les deja antecedentes penales y con ellos no pueden regularizar su situación. Por eso tienen que seguir trabajando en la manta. Es el pez que se muerde la cola”, critica Elena Vázquez, abogada de la ONG Red Acoge. Solo así se explican historias como la de Mame Mbaye. Un hombre que llevaba 12 años en España y que murió sin haber conseguido nunca los papeles.

La lucha por la despenalización

El 29 de marzo de 2017 colectivos de manteros, por primera vez organizados a través de sus propios sindicatos, se concentraron frente al Congreso de los Diputados para exigir la despenalización de la venta callejera. El 30 de enero de 2018 volvieron a hacerlo, pero esta vez en el centro de Europa, en Bruselas. Ahora, tras la muerte de Mame, ha sido el grupo parlamentario de Podemos el que ha presentado en España una proposición no de ley para pedir al Gobierno que dé marcha atrás. Que la manta vuelva a ser falta y no delito.

“Por el principio de intervención mínima y por proporcionalidad este asunto no debería juzgarse por el Código Penal. No se puede criminalizar iniciativas que persiguen la mera subsistencia”, defiende Ione Belarra, parlamentaria de Podemos.

Cuando Belarra habla de proporción utiliza una paradoja ilustrativa: actualmente en España defraudar 120.000 euros (unos 145.000 USD) se considera una simple falta, comprar un bolso falso de Carolina Herrera por 10 euros (12 USD) y volverlo a vender por 15 (18 USD) te puede llevar a prisión.

De momento, tanto el Ministerio del Interior como el gremio de comerciantes y grandes marcas se cierran en bloque. “Estamos hablando de un derecho de propiedad, que tiene un titular. No se puede trasladar el mensaje de que esto es impune”, defiende José Antonio Moreno, director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA).

Moreno pone sobre la mesa los datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea: 67.000 empleos y más de 7.000 millones de euros (unos 8.450 millones de dólares USD) perdidos en España por culpa de las falsificaciones. “Nosotros siempre recomendamos a las marcas que denuncien. Se debe ejercer la acción penal contra los infractores, aunque solo sea una multa”.

Por eso cada vez que un vendedor ambulante es detenido hay un juicio. La marca frente al mantero. Cuando no es así, la Fiscalía actúa de oficio. “Al final, los que acaban pagando son los más vulnerables y visibles, los que menos responsabilidad tienen”, insiste el abogado Marcelo Belgrano.

Detrás de cada bolso de imitación, de cada prenda impostora, hay un negocio fraudulento que hoy acapara el 2,5% del comercio mundial moviendo sus copias desde China o Turquía a los polígonos industriales de Europa y que, según la Interpol, acaba financiando a grupos criminales e incluso terroristas.

La manta solo es el expositor final y, de hecho, ni siquiera es el único. Cada vez más, buena parte de la mercancía no acaba desplegada en la vía púbica, sino en Internet. “Fuera de la manta también se falsifica de todo. Desde cosméticos, bebidas, detergentes, productos médicos, herramientas o piezas de motor”, aclara Josep Planelles, investigador profesional.

Otras alternativas

Mame Mbaye pasó casi la mitad de su vida vendiendo colonias de imitación en el centro de Madrid, pero lo que de verdad le gustaba era cocinar. Soñaba con trabajar algún día en los fogones de un buen restaurante. “Él nunca tuvo la oportunidad de dedicarse a lo que realmente quería”, lamentaron sus compañeros días después de la muerte.

Era su manera de explicar que, en realidad, nadie quiere estar en la manta. Que ninguno de ellos arriesgó su vida y sus ahorros, se alejó de su familia y su país para acabar así.

“Si hubiera trabajo digno nadie vendería en la calle”, reitera Alioune Thiam. Él consiguió dejarlo hace años y ahora forma parte de la cooperativa Diomcoop, un proyecto pionero impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona para ayudar a los vendedores a salir de la ilegalidad.

Diomcoop les proporciona formación y aval para que puedan conseguir los papeles. A cambio, ellos sustituyen las falsificaciones por mercancía legal, sobre todo moda y artesanía africana. “La cooperativa está dando más fuerza a la gente. Nos da la idea de que podemos cambiar nuestra vida”, cuenta Thiam.

Existen otros proyectos sociales en la misma línea –como la marca Top Manta–pero aún son pequeños, costosos y difíciles de sostener. De hecho la propia cooperativa solo da trabajo de momento a 15 manteros de los cerca de 300 que se estiman solo en Barcelona. “La única solución definitiva es cambiar la ley de extranjería”, admite Ignacio Oliete, miembro del equipo técnico de Diomcoop, “pero mientras tanto hay que buscar alternativas. Si nos quedamos solo con la crítica, nos quedamos solo con la represión”. Y la represión, por si sola, lleva casi treinta años dando los mismos resultados.