El sector cooperativista de Japón tiene un potencial enorme. Este país no solo es sede de la mayor cooperativa de consumidores del mundo, el Japan Consumers’ Cooperative Union, sino que la principal cooperativa agrícola mundial (Japan Agriculture) y la quinta cooperativa de seguros mundial (Zenkyoren) también se enorgullecen de ser japonesas. Sin embargo Japón sigue teniendo relativamente pocas cooperativas de trabajadores debido a que el país carece de un marco jurídico para establecerlas. ¿Podría la presentación de una nueva propuesta de ley ante el Parlamento a finales de este año cambiar esta situación? Así lo espera sin duda la unión Japan Workers’ Cooperative Union (JWCU).

“Hemos estado desarrollando durante casi 20 años una campaña de legalización”, señala Osamu Nakano, responsable de relaciones internacionales del JWCU. “En Japón hay 1.800 gobiernos locales, casi 1.000 [de los cuales] ya han presentado al Gobierno central diversas peticiones para que se promulgue una ley de cooperativas de trabajadores”. Después de años generando impulso y un amplio apoyo, el JWCU está convencido de que 2018 va a ser el año en que Japón saque el máximo partido de las cooperativas de trabajadores e incremente el poder económico de los trabajadores.

Las cooperativas propiedad de los trabajadores son negocios donde los empleados son los dueños de la empresa, lo cual les permite tomar decisiones de manera democrática y a menudo colectiva. Su tamaño puede variar mucho, desde microempresas hasta grandes compañías internacionales, y son especialmente habituales en Estados Unidos y en Europa. En el caso europeo las cooperativas representan, en principio, a más de 140 millones de miembros, 4,7 millones de empleados y 180.000 empresas.

A pesar de la falta de cooperativas propiedad de los trabajadores, el sector cooperativista de Japón es uno de los más importantes del mundo: cuenta con más de 65 millones de miembros –es decir, cerca de la mitad de la población de 127 millones de habitantes de Japón– y tiene una facturación anual de más de 145.000 millones de dólares USD (unos 124.062 millones de euros).

El sector desempeñó un papel clave en la reconstrucción y el crecimiento del país tras la Segunda Guerra Mundial, y las cooperativas de Japón son únicas en cuanto a la amplitud que puede llegar a tener el alcance de sus operaciones. Por ejemplo, Japan Agriculture, a diferencia de la mayoría de las cooperativas agrícolas del mundo, opera en realidad como una cooperativa multifuncional, lo que significa que, además de su alcance en el ámbito agrícola, dispone de un soporte financiero, ofrece seguros de carácter mutualista y lleva a cabo programas de marketing así como otras actividades en nombre de sus miembros.

Según numerosos observadores, la fuerza del sector cooperativista es una de las razones por las que la desigualdad de ingresos en Japón es inferior a la de otras economías desarrolladas.

Pero esto está empezando a cambiar. A pesar de registrar una tasa de desempleo históricamente baja, de apenas un 2,8%, la pobreza, la desigualdad y el trabajo contractual están en cambio aumentando. De hecho, la economía de Japón se enfrenta a toda una serie de retos, muchos de los cuales se han visto agravados desde que la población empezó a disminuir en 2011. En efecto, durante un período de cinco años la población de Japón se redujo en casi 1 millón de personas, siendo la primera vez en la historia moderna que un país en tiempos de paz experimenta un descenso demográfico. Las décadas de baja natalidad y de estrictas políticas de inmigración son dos factores claves que han marcado esta tendencia.

“Mucha gente cree que Japón es un país rico. Y en cierto sentido es verdad: hay muchos japoneses ricos. Sin embargo la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor”, afirma Nakano. “Nosotros estamos intentando ofrecer soluciones para estos problemas sociales”.

Nakano es una de las personas que creen que, si la ley cambia, las cooperativas de trabajadores serán capaces de adquirir mayor protagonismo a la hora de contribuir a abordar los retos sociales que existen Japón, ampliando sus servicios de atención a mayores, así como sus servicios de guardería y para jóvenes. De hecho ya lo están consiguiendo. A pesar de la ausencia de un marco jurídico, el JWCU cuenta actualmente con más de 13.000 trabajadores miembros, mayoritariamente en los diversos sectores de atención social en comunidades locales de todo Japón, utilizando una solución legal alternativa para operar como cooperativas de trabajadores de facto. En muchos sentidos funcionan como cooperativas sociales que son propiedad de los trabajadores, y no se centran en obtener un beneficio para los trabajadores propietarios sino en la prestación de servicios sociales para quienes los necesitan.

“Las cooperativas sociales y de trabajadores en Japón ya están encontrando formas innovadoras de responder a las necesidades socioeconómicas de la sociedad japonesa, que está fuertemente marcada por la necesidad de disponer de unos servicios adecuados de atención a mayores”, explica Leire Luengo, portavoz de la Alianza Cooperativa Internacional.

“Las cooperativas japonesas de trabajadores están desarrollando estas cuestiones muy en serio”, señala Hyungsik Eum de CICOPA, una organización mundial para cooperativas en la industria y los servicios. “El movimiento constituye un modelo muy exclusivo que combina el modelo de las cooperativas de trabajadores y de las cooperativas sociales”.

Inhibidos por complejas leyes

La razón por la que Japón carece de un marco jurídico para las cooperativas de trabajadores es la manera en la que el sector está organizado jurídicamente. A diferencia de lo que sucede en diversos países europeos, Japón no dispone de una sola ley sobre cooperativas, sino que cada sector tiene su propio marco jurídico independiente. Este suele requerir una autorización previa por parte de un ministerio distinto, de manera que empezar nuevas cooperativas o establecer una nueva cooperativa en diversos sectores resulta complicado.

“La situación en Japón es excepcional”, dice Eum. “En muchos países, la legislación en materia de cooperativas entra en el ámbito de la legislación general”. La situación actual implica que los miembros del JWCU no pueden registrar sus empresas como cooperativas de trabajadores, aunque funcionen como tales. Así que lo que hacen es utilizar complejas lagunas jurídicas, como por ejemplo registrarse como una empresa sin ánimo de lucro (una versión japonesa de empresa social) o como una asociación sin personería jurídica, lo cual “exige mucho tiempo y es muy complicado”, según Nakano.

La idea es que si el establecimiento de cooperativas de trabajadores fuera más sencillo, estas organizaciones podrían proporcionar más servicios sociales para abordar la creciente desigualdad, las largas jornadas laborales y las condiciones de trabajo abusivas.

Pero existe un potencial aún mayor: hacer que las cooperativas propiedad de los trabajadores sean una opción empresarial real para todos los japoneses, puesto que el proyecto de ley implicaría que registrar una cooperativa fuera tan sencillo como empezar una empresa normal con fines comerciales.

“Si conseguimos una nueva ley propia, entonces todo el mundo en general, cualquier ciudadano o ciudadana de Japón, podrá establecer fácilmente una cooperativa de trabajadores propia”, dice Nakano.

La determinación es cada vez mayor. El JWCU tiene previsto presentar este año, junto con sus aliados, una propuesta de ley de cooperativas de trabajadores. Esto se suma a la puesta en marcha en abril de la Japan Cooperative Alliance (JCA), una nueva organización a escala nacional que tiene por objetivo ampliar la colaboración entre cooperativas y representar al sector mediante la formulación de políticas y las relaciones públicas. Si todo va bien, los miembros de la JCA podrán contar además con el creciente sector de las cooperativas de trabajadores.

“Nosotros podemos ayudar a las cooperativas a abordar los retos locales –el envejecimiento, la pobreza, la decreciente energía [económica] de las comunidades locales– compartiendo recursos cooperativistas. Podemos hacer más para resolver los retos a escala local”, afirma Kenki Maeda de la JCA.