Hace dos años el líder de la oposición de Malasia estaba en la cárcel, los medios de comunicación independientes del país eran presa de la censura, y el recurso a determinadas leyes de la era colonial justificaba el encarcelamiento de activistas.

Casi nadie, ni siquiera en la sociedad civil, pensaba que el país llegaría a ser escenario de una transición democrática. Sin embargo, el pasado mes de mayo, eso fue exactamente lo que sucedió: la coalición opositora Pakatan Harapan (PH, Alianza de Esperanza) puso fin a los 61 años de reinado de la coalición Barisan Nasional (BN, Frente Nacional), encabezada por el primer ministro en funciones Najib Razak. Ha sido el mandato ininterrumpido más largo del mundo de un gobierno electo.

“Antes de las elecciones, incluso la noche anterior, nadie esperaba estos resultados”, afirma Kuang Keng Kuek Ser, experiodista y fundador de DataN, un programa de formación en periodismo de datos en sala de redacción. “El debate tendía más a ‘¿cómo puede defender la oposición los escaños que tiene?’; a nadie se le había pasado por la cabeza que fuera a producirse un cambio de gobierno”.

Fue una victoria asombrosa porque, en vísperas de las elecciones, el BN había hecho todo lo posible para forzar los resultados a su favor.

En marzo consiguió que se aprobara una controvertida reorganización de los escaños parlamentarios que muchos consideraron favorable a los votantes de la base rural malasia del BN. Asimismo, para ganar las elecciones, la coalición del BN había dependido durante mucho tiempo del sector musulmán de la población malaya, que representa cerca del 68% de la misma (según estadísticas oficiales del Gobierno).

Seguidamente se aprobó en abril un proyecto de ley contra la difusión de “noticias falsas”, definido en términos muy generales, en virtud del cual la creación o divulgación de desinformación puede castigarse con penas de hasta seis años de cárcel o multas de hasta 130.000 USD (unos 111.000 euros). Además de las leyes existentes como la Ley de sedición de 1948, mucha gente estimaba que el nuevo proyecto de ley seguiría criminalizando la libertad de expresión.

“El Gobierno ha colaborado durante demasiado tiempo con la fiscalía para utilizar estas leyes como armas intimidatorias contra los activistas. También ha interpuesto denuncias para obligarles a lidiar con múltiples juicios, dificultando enormemente el desempeño de su labor cotidiana de lucha por la justicia”, explica Phil Robertson, director adjunto de la división de Asia de Human Rights Watch.

Contexto regional

La decisión de Malasia de derrocar al BN transmite esperanza a otros movimientos prodemocráticos de la región, donde la reducción del espacio para la sociedad civil, sumada a los ataques contra la libertad de prensa y al aumento del autoritarismo y el nacionalismo, están amenazando las libertades civiles y los derechos políticos. Por ejemplo, casi todos los países del sudeste asiático han experimentado un declive al respecto según el informe sobre la libertad en el mundo Freedom in the World 2018 de Freedom House.

De hecho, la situación a la que se enfrentaba Malasia hace unos años se asemeja mucho a lo que otros países de la región están experimentando actualmente. En el caso de Camboya, los partidos de la oposición y los medios independientes se están viendo arrinconados en vísperas de las próximas elecciones, mientras que en Vietnam un afianzado partido está limitando la libertad de prensa y de asociación. En Singapur, vecino de Malasia, el partido en el poder ha estado controlando la política desde la independencia y sigue manipulando las elecciones y reprimiendo la disidencia.

“El tsunami político en Malasia, que ha dado lugar a la victoria electoral de la coalición Pakatan Harapan, es realmente importante para la moral de los defensores de los derechos y la democracia que luchan por una reforma en sus propios países”, declara Robertson a Equal Times.

Resulta especialmente interesante el estudio de Singapur debido a su relación histórica con Malasia. Durante un breve espacio de tiempo fueron parte del mismo país, y el Partido de Acción Popular de Singapur se ha mantenido en el poder de manera ininterrumpida desde 1966, quedando a pocos años del récord mundial que ostenta el BN. Como era de esperar, Singapur está muy pendiente de todo lo que sucede al otro lado de su frontera.

“El Gobierno de Singapur mira a Malasia con gran angustia y preocupación, y se está esforzando en tratar de impedir que el impulso democrático se filtre por la frontera”, señala Robertson.

La oportunidad de Malasia

A pesar de que Malasia ha superado enormes dificultades, los resultados de las elecciones de mayo no han sido en absoluto un golpe de suerte. La oposición, la sociedad civil y los medios de comunicación han estado organizándose desde el nacimiento del movimiento anticorrupción reformasi a finales de los 1990, y para ellos esto ha sido la culminación de años de dedicada organización, a pesar de diversos reveses.

“En cada etapa se lograron progresos”, dice Bala Chelliah, presidente de Global Bersih, una organización de malayos en la diáspora que han estado luchando por unas elecciones libres y justas en su país. “El movimiento fue progresando etapa por etapa”.

Eso también refleja más clarividencia que ingenuidad en la labor que nos ocupa. Los activistas de la sociedad civil ya están reclamando una reforma total de la legislación del país, incluyendo la derogación de las diversas leyes y normativas que se han utilizado para sofocar el debate público y los derechos humanos en Malasia. Esto incluye el proyecto de ley contra la difusión de noticias falsas, la Ley de sedición, la Ley de prevención del terrorismo, la Ley de delitos contra la seguridad, diversas disposiciones del Código Penal, la Ley de comunicaciones y multimedia y la Ley de reunión pacífica.

“La elección de un gobierno reformista ofrece una excelente oportunidad para eliminar las leyes represivas que durante años estuvieron sembrando el miedo entre los activistas de la sociedad civil”, apunta Robertson.

Sin embargo a Malasia no le basta con unas elecciones, como lo demuestra el ejemplo admonitorio de Birmania. Las elecciones que se celebraron en este país en 2015 llevaron al poder a la premio Nobel de la Paz y símbolo de la democracia Aung San Suu Kyi, de la Liga Nacional para la Democracia. Muchos manifestaron la esperanza de que Birmania emprendería por fin un camino para reformar el país, que había estado gobernado durante décadas por una dictadura militar. Pero, contrariamente a lo esperado, Birmania ha sido testigo de una violencia étnica generalizada contra la minoría rohinyá que muchos califican de genocidio, además del encarcelamiento de periodistas, la represión de sindicalistas y pocos cambios significativos para reducir el férreo control del Ejército sobre el país.

Para no cometer los errores que cometió Birmania, Malasia tendrá que dar el siguiente paso para cumplir su promesa y convertirse en una democracia auténtica, multicultural y tolerante. Solo así podrá ser realmente un símbolo para el sudeste asiático.

“Por supuesto que Malasia puede [conseguirlo]”, dice Bridget Welsh, profesora asociada y experta política malasia en la Universidad John Cabot de Roma (Italia). “Que lo haga o no, es otra historia. Pero en estos momentos probablemente sea la luz más brillante rumbo a la democracia que la región ha visto en mucho tiempo”.

El nuevo gobierno ha dado un paso que muchos ciudadanos de Malasia esperaban: acusar formalmente al ex primer ministro Najib Razak de corrupción en el marco de la investigación que se acaba de reabrir sobre el escándalo de la empresa 1Malaysia Development Berhad (1MDB) tras la desaparición de miles de millones de dólares.

Chelliah no solo espera que el nuevo gobierno introduzca cambios por sí mismo, sino que también desea que el pueblo de Malasia siga luchando por lo que ha estado reivindicando durante las dos últimas décadas: un gobierno que respete unas elecciones libres y justas, derechos humanos para todos y el uso de fondos públicos para mejorar la vida de todos los ciudadanos y residentes del país. Y cree que esa es la lección más importante que se desprende de los resultados de las elecciones del 10 de mayo.

“No deberíamos subestimar jamás la capacidad de la gente”, dice Chelliah. “Si al pueblo se le transmite esperanza y un mensaje adecuado, logrará superar cualquier obstáculo que gobiernos o dictadores puedan poner en su camino”.