Desde los años setenta, en la ONU –en concreto en el seno de su agencia especializada, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– los representantes de los sindicatos y de ONG han hecho varios intentos por regular la acción de las multinacionales para poder sancionarlas en caso necesario. Por ejemplo, en 1971, la OIT adoptó una resolución sobre "la protección de los representantes de los trabajadores en las empresas" y, en 1977, una Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social.
Pero todos los esfuerzos para establecer tales instrumentos vinculantes han fracasado hasta ahora: fueron bloqueados por los interlocutores privados, y desde la década de los noventa, por el propio Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, quien, en lugar de ello, las engatusó ofreciéndoles un lugar como interlocutoras privilegiadas en la ONU, con su proyecto del Pacto Mundial.
Las más de 82.000 empresas multinacionales que hay en el mundo, algunas de cuyas riquezas superan el PIB de varios Estados, se han convertido en actores de peso en la economía mundial. Durante mucho tiempo han sido blanco de las críticas de las ONG y los sindicatos, por los estragos que han provocado a las personas y al medio ambiente. Basten como ejemplo, Michelin en la India, Bolloré en Camerún y Areva en Níger. Por no mencionar las condiciones laborales de los trabajadores en Asia; como la tragedia del Rana Plaza en Bangladés, en 2013, un edificio que incumplía las normas de seguridad, cuyo colapso causó más de 1.100 muertes entre los empleados de los subcontratistas de las multinacionales textiles occidentales que allí trabajaban.
Otro ejemplo es el daño provocado por la multinacional norteamericana Chevron Texaco en Ecuador. Entre 1964 y 1990, esta empresa extrajo petróleo y, a sabiendas, registró varios derrames de crudo que contaminaron el suelo de este país, en concreto la Amazonia, y causaron graves problemas de salud a sus poblaciones indígenas. Chevron se negó a indemnizar a las víctimas.
En Ecuador, "los mayores abusos contra los derechos humanos no los perpetró el Estado, sino una empresa", explica Guillaume Long, exministro ecuatoriano, algo que ha dejado una huella indeleble en el imaginario de la sociedad ecuatoriana y la ha sensibilizado especialmente al tema de las sanciones contra las multinacionales.
Los ejemplos abundan: "Alstom está acusada de corrupción en Brasil e involucrada, junto a EDF y GDF, en la construcción de grandes presas hidroeléctricas en el Amazonas que devastan regiones enteras y violan los derechos de las poblaciones. En la India, se acusa a Veolia de beneficiarse de contratos para la gestión del agua muy desfavorables para la población, mientras que violentas protestas de la población local arrecian contra los proyectos de Areva. En cuanto a Carrefour, (...) se acusa a sus subcontratistas de utilizar mano de obra esclava en Tailandia", según detalla una nota de la asociación ATTAC.
Una resolución histórica en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
En junio de 2014, por iniciativa de Ecuador, entonces bajo el Gobierno progresista de Rafael Correa, y de Sudáfrica, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución, por 20 votos a favor y 14 en contra, que propició el establecimiento de un Grupo de Trabajo Intergubernamental para crear un marco jurídicamente vinculante que permita regular las actividades de las empresas multinacionales. "Este grupo tiene un alcance histórico", dice Marthe Corpet, asesora confederal de la CGT, a cargo de las multinacionales. De hecho, es la primera vez que se crea un grupo de este tipo. Y Ecuador ha sido elegido para ocupar la presidencia, dice Long, quien durante las dos primeras sesiones de este grupo en 2015 y 2016 era ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador y, en 2017, embajador de Ecuador ante la ONU.
Long presidió el grupo, y confiesa que "al principio resultó extremadamente difícil, porque había países que habían votado en contra de la resolución –como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Australia– y se oponían mucho al proyecto, que percibían como una causa de los países del Sur contra los países del Norte. Luego intentamos ampliar el apoyo al proyecto, porque necesitábamos el respaldo de los países donde estaban ubicadas las sedes de las multinacionales, para que el tratado fuera eficaz. En 2016, mejoró y, en 2017, conseguimos una verdadera negociación, en concreto con la Unión Europea y Australia (mientras que Estados Unidos y Canadá siguen oponiéndose en firme)".
En las sesiones de negociación de 2017, en Ginebra, había representados cerca de 110 países, lo que demuestra el interés internacional que suscita este borrador de tratado, donde hay en juego "muchos intereses económicos", como señala Long. Los países ricos, donde tienen su sede más del 85% de las transnacionales, son los que más se oponen al tratado.
El tratado que se está preparando en Naciones Unidas tiene por objeto regular la acción de las multinacionales e imponerles sanciones concretas en caso de violación de los derechos humanos, del medio ambiente o de los derechos de los pueblos. Este tratado, una vez redactado por el grupo, se someterá a votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Francia, adalid de la batalla librada en la ONU
Francia abandera esta iniciativa, porque adoptó en marzo de 2017 una ley sobre el deber de vigilancia de las multinacionales, propuesta por una coalición de izquierdas. "Esta ley francesa es el primer instrumento del mundo en regular la actuación de las multinacionales en materia de derechos humanos", afirma Corpet. En efecto, esta ley, una de las últimas aprobadas por el Gobierno de François Hollande, es la primera que incluye reglamentaciones con carácter vinculante dirigidas a las multinacionales. Varias asociaciones y ONG que han impulsado la adopción de esta ley, como CCFD o Sherpa, además de sindicatos y expertos, han creado un Foro Ciudadano para la Responsabilidad Social Corporativa. Más tarde, como explica Carole Peychaud, activista de ATTAC, responsable hasta hace poco de promover la Regulación de las Empresas Multinacionales en CCFD-Terre Solidaire (una organización humanitaria francesa), crearon una "Coalición francesa a favor de un tratado en la ONU", que organiza frecuentes encuentros en los que participan grupos como ATTAC, FIDH (la Federación Internacional de los Derechos Humanos), CCFD o Francia-América Latina.
"Francia es un caso especial", observa Peychaud, "porque es el único país del mundo que cuenta con una ley que exige a los grandes grupos multinacionales que publiquen y apliquen un plan de vigilancia para identificar y prevenir los riesgos de violaciones graves contra los derechos humanos y el medio ambiente.
"Cualquier incumplimiento de este plan constituye una falta que puede entrañar el enjuiciamiento de la sociedad matriz ante una jurisdicción francesa", precisa ATTAC. En estos momentos, "Francia está muy interesada en internacionalizar esta ley francesa. Las organizaciones de la sociedad civil favorables a esta iniciativa están presionando mucho a la Unión Europea para que la apoye”, añade Peychaud.
A nivel global, los otros dos países que están impulsando esta iniciativa, Ecuador y Sudáfrica, han atraído a la mayoría de los países de izquierda del Cono sur de América Latina y de los países de África, respectivamente. Sin embargo, como explica Long, la clara derechización del nuevo Gobierno de Ecuador desde 2017, probablemente aminorará el entusiasmo con el que este país apoya el proyecto. En cuanto a Estados Unidos, Japón, Rusia y la Unión Europea: todos ellos se mantienen firmemente en contra.
Por lo tanto, si este tratado consigue ser votado por la Asamblea General de Naciones Unidas, llevará la firma, esperamos, de la Unión Europea (Francia empuja en esta dirección), y de los países del G77, es decir, los países del Sur. En estos momentos se está librando una verdadera batalla en Naciones Unidas durante los preparativos de este tratado. La Organización Internacional de Empleadores (OIE) "se opone frontalmente al proyecto", observa Corpet. Los representantes de los empleadores, y en concreto los representantes de las grandes multinacionales, son cada vez más influyentes en la ONU; se habla de que existe una "captura corporativa" de Naciones Unidas, en otras palabras, hay un peso creciente de las grandes corporaciones en la ONU. Las multinacionales y la OIE están tratando de bloquear el proceso de negociación de este borrador de tratado.
Un compromiso decidido de la sociedad civil
En el lado positivo, cabe que señalar el compromiso decidido que está demostrando la sociedad civil: más de 700 movimientos sociales (ONG, asociaciones, sindicatos) apoyan este borrador de tratado y están jugando "un papel fundamental", asegura Long. Para federarlos, desde el año 2000 se ha puesto en marcha la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad, respaldada enérgicamente por los movimientos sociales latinoamericanos y con un espíritu altermundialista y ecológico.
Esta coalición tan activa ha identificado todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por las multinacionales desde el año 2000 y denuncia "una arquitectura de impunidad" que permite la existencia de una asimetría injusta: ¡una víctima de una multinacional no puede acudir a ninguna instancia, mientras que una multinacional puede demandar al Estado a través de tribunales privados de arbitraje!
La Coalición Francesa por un Tratado en la ONU, a la que pertenece Peychaud, es la variante francesa de la Campaña Global. Se ha creado otra estructura de carácter más general para federar varios de estos movimientos, la Alianza para un Tratado. Todos ellos están presionando a la Unión Europea para que respalde el Tratado. Son muy activos y han adquirido mucha experiencia y tecnicidad, "han elaborado un borrador de tratado, sobre una base maximalista, con la ayuda de abogados y expertos", expone Long.
Este borrador de tratado en la ONU ha creado una sinergia entre asociaciones, ONG, sindicatos y grupos de activistas de todo el mundo, que se han organizado y aliado para presionar a favor de su desarrollo y adopción. Long cree que "es necesario que se produzca un debate político serio en la ONU sobre la primacía de los seres humanos sobre el capital. Hasta ahora, sólo se puede llevar a los Estados ante los tribunales, no a las multinacionales. ¡Las multinacionales también tienen que ser enjuiciables!". Es esencial que este grupo negociador pueda completar el establecimiento de este tratado, para poner fin a la impunidad de la que disfrutan las multinacionales y castigar sus violaciones de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.
