Jordania se enfrenta a un ajuste de cuentas histórico

Jordania se enfrenta a un ajuste de cuentas histórico

The recent May-June public protests in Jordan brought together all sectors of society – men and women, young and old.

(AP/Muhammed Muheisen)

Ahora las calles de Ammán rezuman tranquilidad y todo el mundo parece estar ocupándose de sus asuntos como siempre. Pero hace tan solo unos pocos meses, el país se enfrentó a enormes protestas muy parecidas a otras del pasado. Lo que ocurrió en mayo y junio siguió el patrón habitual: las manifestaciones por las subidas de los precios obligaron al rey a cesar al gobierno, congelar las subidas, nombrar a un nuevo primer ministro y exigir nuevas reformas.

Durante los últimos 40 años, este tipo de hechos se han dado con cierta regularidad, pero los principales problemas de Jordania siguen siendo los mismos: corrupción, desempleo, pobreza, unos servicios gubernamentales deficientes y unas condiciones de vida cada vez más difíciles para los jordanos de ingresos medios y bajos que constituyen la mayoría de la población.

En otras épocas, el Estado ajustó sus políticas fiscales para adaptarse al creciente gasto público. Redujo las subvenciones y aumentó las tasas e impuestos, cosa que los ciudadanos aceptaron a regañadientes, incluso después de haber participado en protestas puntuales. Ahora en cambio, la situación es muy diferente y la misma respuesta gubernamental ya no funcionaría, pues la escala, el calado y las consecuencias de las tensiones económicas en Jordania no tienen precedentes.

Los acontecimientos de mayo y junio constituyeron una rebelión fiscal generalizada a nivel nacional que gozó de gran popularidad y que, a diferencia de pasadas manifestaciones, aglutinaron a todos los sectores de la sociedad: gente de ingresos bajos y medios, profesionales y empresarios del sector privado, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, personas del ámbito rural y urbano, así como jordanos de todos los orígenes étnicos y geográficos.

A primeros de mayo, el ex primer ministro Hani Mulki propuso reformas para abordar un plan de ajuste económico plurianual acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros donantes. Entonces fue obvio que el gobierno había sobrepasado el límite de lo que los ciudadanos podían asumir económicamente o aceptar políticamente.

Los jordanos son pobres y se sienten como tales tras años de medidas graduales de austeridad, según los datos de la encuesta de Arab Barometer de 2016, de próxima publicación. Según dicho estudio, tan solo el 35% de los jordanos pueden cubrir las necesidades de sus familias sin problemas, mientras que el 64% se enfrentan a dificultades o no pueden afrontar sus gastos. Asimismo, el Estado ha agotado todas las posibles vías de recaudación de los suficientes ingresos para hacer frente a sus gastos básicos actuales: los salarios y el pago de los intereses de los préstamos.

El gobierno de Mulki tuvo que subir los impuestos para 2019 porque el país se enfrentaba a la bancarrota si no encontraba otros ingresos para llenar las arcas del Estado. Este hecho fue un reflejo de la complicada situación de Jordania en los últimos años, pues no pudo obtener fácilmente los elevados préstamos, donaciones y garantías del exterior que había logrado durante las décadas anteriores.

Aun así, la reciente evolución presupuestaria del Estado ha sido impresionante en muchos aspectos. Según datos del FMI y entrevistas con varios ex funcionarios que se encargaban de estos asuntos, entre 2012 y 2017 la renta nacional generada por los impuestos y las tasas aumentó de un 67 a un 95% de los gastos básicos (que cubren el pago de los intereses de los préstamos, pero no el reembolso del principal de los mismos, que requiere miles de millones de dólares anuales).

Las medidas fiscales y las subidas de los precios que se aplicaron en mayo tenían como objetivo cerrar la brecha del último 5% y encarrilar a Jordania en una senda de crecimiento sostenible que crearía nuevos puestos de trabajo y aumentaría los ingresos, o al menos eso es lo que proclamaba la teoría del ajuste económico. Sin embargo, dicha teoría no tenía en cuenta el empeoramiento de la calidad de vida, la reciente desaceleración del crecimiento económico ni el aumento de los gastos que han puesto a la población general entre la espada y la pared.

El pueblo jordano ha dejado claro que se niega a aceptar más medidas de austeridad y que opina que no tiene ni voz ni voto en las decisiones políticas, que sigue sin ponerse freno a la corrupción y que la élite política continúa enriqueciéndose sin medida.

Cómo introducir cambios significativos

El nuevo gobierno jordano debe responder con cambios significativos simultáneos en cuatro ámbitos: ampliar la participación ciudadana real en el sistema político superior; encauzar la débil economía en una senda de crecimiento; reducir la polarización entre pobres y ricos; y reducir la necesidad crónica de ayudas exteriores a gran escala (el objetivo principal del plan del FMI que se está aplicando).

El gobierno del nuevo primer ministro Omar al-Razzaz ha captado el mensaje. En su declaración de principios políticos prometió al parlamento que en sus primeros 100 días de gobierno abordaría una amplia variedad de asuntos, entre ellos la corrupción, un diálogo nacional sobre la “justicia fiscal”, la introducción de mejoras en la sanidad, el agua, el transporte y otros servicios públicos y la apertura de canales directos de comunicación electrónica entre la administración y los ciudadanos.

Los 3 mil millones USD que obtuvo este verano el erario público en concepto de ayudas de emergencia han otorgado un cierto margen de maniobra a Razzaz para que formule nuevas políticas que reduzcan la enorme brecha existente entre las necesidades fiscales del Estado y la reivindicación por parte de los ciudadanos de dignidad política y bienestar material.

Uno de sus mayores retos es la enorme desconfianza de los ciudadanos hacia su gobierno y el sistema en general. Las recientes encuestas llevadas a cabo por la respetada consultoría jordana NAMA y el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Jordania reflejan un declive progresivo de cómo los ciudadanos perciben la trayectoria del gobierno en su servicio al pueblo: de alrededor del 65% de aprobación en 2011 a tan solo un 35% en la actualidad. Igual de preocupantes son los resultados de Arab Barometer: una gran mayoría de la población, el 79%, opina que existe corrupción en las instituciones públicas y las dos principales preocupaciones de los jordanos son la economía y la corrupción.

Manifestantes de todos los sectores sociales se echaron a las calles porque sentían que las propuestas del gobierno de Mulki no abordaban ninguno de estos temas de una forma equitativa. Para reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas serán necesarias medidas tanto económicas como políticas en un contexto verdaderamente participativo, en lugar de los típicos decretos verticales del gobierno o los gestos benévolos de la monarquía.

¿Y cuáles serían los indicios de un progreso para mejorar la vida de los ciudadanos de a pie? Entre ellos podrían incluirse una legislación tributaria más igualitaria, más mejoras en los servicios sociales, unas medidas más estrictas para luchar contra la corrupción y unas verdaderas consultas entre el Estado y los ciudadanos para reducir la polarización y exclusión generalizadas que constituyen una de las mayores amenazas para Jordania hoy en día.

El gobierno de Razzaz debe lograr todo esto a la vez que reduce las pronunciadas presiones fiscales del Estado. Por ejemplo, en los últimos años el porcentaje nacional de deuda pública en términos de PIB ha aumentado hasta el 95% en lugar de disminuir, pero según el FMI debería empezar a reducirse en 2019. La economía ha experimentado una significativa desaceleración hasta alcanzar tan solo el 2% de crecimiento anual medio, una cifra inferior a la tasa de crecimiento de la población.

Los ciudadanos que ya sufren un bajo nivel de vida no pueden soportar que los nuevos impuestos se lleven un mayor porcentaje de sus ya escasos ingresos (el 85% de los jordanos gana menos de 720 USD al mes, según los datos disponibles sobre el trabajo asalariado en las instituciones del Estado).

Tan solo el 5% de los jordanos paga el impuesto sobre la renta. El programa de ajuste económico tiene como objetivo aumentar dicha cifra hasta el 11% y reducir el umbral de exenciones fiscales. Las medidas que Mulki anunció en mayo habrían aumentado la carga financiera que tienen que soportar la mayoría de los jordanos, debido a la combinación de subidas de impuestos, reducción de los umbrales tributables, disminución del fraude fiscal, aumento de los impuestos indirectos, reducción de las subvenciones y otras medidas por el estilo.

Como casi el 80% del presupuesto del Estado sufraga los salarios, las pensiones y los pagos del servicio de la deuda y alrededor de la mitad de todos los jordanos empleados dependen del Estado para percibir sus salarios y pensiones, el gobierno tiene poco margen de maniobra para reducir los gastos. El programa acordado entre el gobierno y el FMI prevé la necesidad de recaudar casi 2 mil millones USD anuales mediante préstamos y donaciones del extranjero para sufragar el reembolso del principal de los préstamos, lo cual exige enormes ayudas de países árabes y extranjeros que a menudo se complican por las actuales circunstancias políticas de la región.

Este es el principal desafío al que se enfrenta el monarca Abdalá, porque además de las tensiones internas políticas y económicas, varios analistas de alto rango y ex funcionarios públicos aseguraron en entrevistas que podría incluir un polémico giro en la política exterior: a cambio de ayudas en efectivo a largo plazo, Arabia Saudita y Estados Unidos podrían presionar a la vulnerable Jordania para que se uniera a la propuesta del “acuerdo del siglo” sobre Palestina e Israel. Hasta la fecha, Jordania se ha negado.

El rey no ha explicado cómo pretende conciliar estas demandas contradictorias, más allá de las vagas generalidades que expuso en la carta de nombramiento de Razzaz. Entre las demandas de sus inquietos súbditos se encuentran unas reformas políticas basadas en una verdadera participación y rendición de cuentas, elementos que han brillado por su ausencia en la historia reciente de toda la región árabe.

Jordania no está avanzando hacia una monarquía constitucional (de todos modos no se trata de una demanda popular seria), pero tampoco puede seguir adelante como si no hubiera pasado nada.

Jordania debe decantarse pronto por un modelo para el futuro, obligada por las circunstancias derivadas de sus complicadas perturbaciones externas en materia de importaciones energéticas, sus fronteras cerradas por los conflictos bélicos, la reducción del comercio de tránsito y el apoyo presupuestario imprevisible de los países árabes, así como por su propia mala gestión interna política y económica.

¿Se atreverá a introducir los cambios estructurales políticos y económicos que sus ciudadanos parecen exigir, pero a los que el resto de las naciones árabes se han resistido siempre? ¿O seguirá renqueando en un inestable régimen autoritario típico de los Estados rentistas asolados por la corrupción tan habituales en el mundo árabe?

Las decisiones que se tomen en los próximos seis meses serán cruciales para el futuro de Jordania y quizá constituyan un indicio del futuro que les espera a otras naciones árabes.

El presente artículo se publicó por primera vez en Al Jazeera.com y lo hemos vuelto a publicar aquí con la autorización de la Agence Global.