En 2015, el Gobierno filipino firmó el Acuerdo Climático de París y asumió el compromiso condicional de reducir para 2030 las emisiones de carbono en un 70% por debajo de los niveles "normales". Sin embargo, a pesar de este objetivo exageradamente ambicioso, el actual gobierno del presidente Rodrigo Duterte todavía debe especificar cómo va a lograr este objetivo en materia de emisiones, ya que a pesar de la promulgación de la ley de energía renovable de 2008, la actual panoplia de fuentes de energía del país incluye un 45% de carbón.

Filipinas es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático. Sin embargo, también tiene una de las tasas de consumo de electricidad per cápita más bajas, así como algunos de los costos más elevados de generación eléctrica en el sudeste asiático. Además, los partidarios del carbón en Filipinas dicen que el país no podrá impulsar el desarrollo económico o reducir la pobreza con arreglo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin los combustibles fósiles.

Vicente Posada Unay Jr. es el coordinador del programa energético en SENTRO, la Central de Trabajadores Unidos y Progresistas de Filipinas, y el pasado mes de noviembre fue elegido secretario general de la recién creada Unión Nacional de Trabajadores en la Industria de la Energía (POWER). En un seminario internacional sobre el futuro del trabajo y la transición justa, organizado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), CSI-África, CSC-IIWE Bélgica y Solidaridad Mundial en Cotonú (Benín) el pasado mes de agosto, Posada concedió una entrevista a Equal Times (que fue seguida de una conversación telefónica esta semana) sobre los desafíos que enfrenta Filipinas en su camino hacia una transición justa.

Sobre el papel, Filipinas tiene algunas políticas muy progresistas en relación con el cambio climático, ya que cuenta con una legislación sobre energías renovables, empleos verdes y un ambicioso objetivo de reducción de emisiones. ¿Cuál es la realidad?

Hay problemas para aplicar estas políticas, y también con la formulación de algunas de las leyes. Por ejemplo, el Gobierno filipino promulgó la ley de energía renovable en 2008, que promueve el desarrollo, la utilización y la comercialización de los recursos energéticos renovables. El organismo encargado por ley de implementar la hoja de ruta del programa nacional de energía renovable es el Ministerio de Energía. Pero en esta hoja de ruta, puede verse claramente que los intereses de los trabajadores no se tienen realmente en cuenta. Son más proyecciones de negocio que de trabajo decente.

Asimismo, en 2016, el Congreso aprobó una ley sobre empleos verdes, pero a nosotros [los sindicatos] nunca nos consultaron al respecto, ni tampoco al Ministerio de Trabajo y Empleo. Por lo tanto, esta ley, que supuestamente ha de proporcionar protección a los trabajadores en la creación de empleos verdes, en realidad ha sido diseñada para generar inversión. ¿Cómo puedes crear verdaderos empleos verdes sin consultar a los sindicatos?

Este año hubo una serie de consultas con los sindicatos sobre los empleos verdes en los que estamos tratando de plantear la pregunta: "¿Qué es un empleo realmente verde?" Nuestra posición es que la salida de una sociedad basada en combustibles fósiles a una basada en energías renovables debe contar con la participación de todos. No puede discutirse solo a nivel gubernamental, industrial o sindical, debemos cambiar nuestro sistema educativo y la formación profesional, por ejemplo, para preparar a las personas para los empleos del futuro. Se pidió a un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, la Administración de Educación Técnica y Desarrollo de Competencias, que desarrollara un plan de estudios para mejorar las competencias de los trabajadores. Sin esta formación, quedaremos atrapados en la formulación actual y todo seguirá igual.

En 2001, se desreguló la industria eléctrica. ¿Qué impacto tuvo esta desregulación sobre los consumidores y los trabajadores?

La ley de reforma de la industria eléctrica (EPIRA, por sus siglas en inglés) de 2001 tenía como objetivo reducir el costo de la electricidad para los consumidores y mejorar la prestación de servicios, pero fracasó en ambos frentes. Hoy día, los precios de nuestra electricidad solo son superados en la región por Japón. Entre tanto, la situación es mala para los trabajadores. Se calcula que los sectores de generación, transmisión y distribución de la industria eléctrica cuentan con 17.000 trabajadores contractuales. No cabe duda de que la privatización de la industria eléctrica es una de las mayores barreras para el compromiso del gobierno de reducir las emisiones de carbono. Todas las grandes empresas energéticas están invirtiendo fuertemente en el carbón, por lo que la privatización alentó un mayor número de plantas generadoras de carbón en lugar de introducir la renovable como principal fuente de energía para nosotros. Esta situación también tiene su ironía, ya que tenemos sindicatos de la energía que están sujetos a convenios colectivos con salarios más altos y un buen paquete de prestaciones en comparación con otros sectores de la industria, por ejemplo, las cooperativas eléctricas. Así que ahora el desafío consiste en convencer a nuestros sindicatos del carbón de que el interés nacional debe trascender por encima de sus convenios colectivos.

¿Dónde se sitúa la industria minera en el movimiento gradual del país hacia una transición justa?

La industria minera es el mayor emisor de carbono y el mayor destructor de recursos naturales en Filipinas. La ley de minería de Filipinas de 1995 liberalizó el sector y, durante los últimos 20 años, el Gobierno y el pueblo de Filipinas nunca han obtenido ninguna ventaja de la minería. Los trabajadores, las comunidades, el medio ambiente: todo está supeditado a los intereses de los inversores extranjeros. Hubo un momento de esperanza cuando el presidente Duterte fue elegido por primera vez. En 2016, nombró a Gina Lopez [una reconocida ambientalista] como secretaria interina del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Filipinas (DENR). Se mostró muy progresista y afirmó que la Ley de Minería de Filipinas era una “ley injusta”. Emitió un memorando para suspender toda la minería a gran escala en Filipinas debido a sus efectos destructivos, e incluso mantuvo consultas con las comunidades locales. Sin embargo, se topó con una fuerte oposición [de la industria minera] y su nombramiento no fue confirmado. En cambio, el cargo fue asumido por un ex general del ejército [Roy Cimatu]. Este cambio solo demuestra que los intereses de las personas y del medio ambiente suelen ocupar un segundo lugar detrás de los intereses del capital.

¿Cómo son las condiciones para los trabajadores de la industria minera?

Existe el mito de que la minería genera muchos empleos en Filipinas, pero es falso. La Oficina de Minas y Geociencias indicó que, en 2016, la minería generó 219.000 empleos, pero según la Encuesta Anual de Negocios e Industria de Filipinas, en 2015, las 220 empresas mineras generaron 32.249 empleos en la industria, de modo que existe una gran contradicción en este sentido.

Las condiciones no son buenas. Fuentes de la industria afirman que el trabajador promedio gana 356.550 pesos (aproximadamente 6.785 USD) al año. Pero sobre el terreno, los trabajadores en realidad ganan alrededor de 256.550 pesos (aproximadamente 4.880 USD) al año. En Mindanao, la parte sur del país donde se ubican muchas empresas mineras y donde hay conflicto, muchos de los trabajadores son contractuales, incluso si hacen el mismo trabajo que los trabajadores regulares, lo que está prohibido por ley. Por ejemplo, la mina Philsaga, en Agusan del Sur, cuenta con 4.743 trabajadores; de este número 2.443 son regulares y los 2.300 restantes son trabajadores contractuales en el marco de acuerdos de servicios con agencias [de contratación].

Sin embargo, las peores violaciones se dan en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo. Los trabajadores nos dijeron que, en caso de accidente, la política de las minas es no redactar ningún informe por escrito. El Ministerio de Trabajo afirma que la industria minera no es de su competencia, que es competencia del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mientras que este ministerio señala como responsable al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, los que resultan lesionados son los trabajadores. Este es el motivo por el que los sindicatos, con el apoyo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y otras partes interesadas, tenemos que presionar para garantizar que los sindicatos estén representados en el tripartito nacional en la industria minera.

¿Qué medidas concretas ha tomado SENTRO para promover una transición justa?

Estamos participando activamente en Alyansa Tigil Mina (la Alianza para poner alto a la minería o ATM), que es una coalición de ONG y organizaciones de la sociedad civil que desean ver un cambio importante en la forma en que se gestionan los recursos naturales de nuestro país, en particular, la prohibición de la explotación minera a cielo abierto. SENTRO también ocupa un sitio importante en la coalición que está impulsando un proyecto de ley sobre la administración de minerales alternativos en el Congreso, destinada a promover la minería responsable y sostenible. También estamos trabajando con los sindicatos locales en Mindanao en el desarrollo de capacidades y ayudando a mejorar el convenio colectivo existente para aprovechar las disposiciones de salud y seguridad, así como la creación de un sistema regional tripartito.

En asociación con Australian People’s Aid, hemos realizado investigaciones sobre el potencial de las energías renovables en las cooperativas eléctricas estamos tratando de colaborar con una de las cooperativas eléctricas en una provincia insular aislada de la red en el sur de Luzón [la isla más grande y más poblada de Filipinas].

SENTRO también es miembro del recién fundado Centro de Energía Renovable que se inauguró en octubre y cuenta con la ayuda de la fundación alemana FES. Somos la única central sindical participante, pero hay muchas ONG, institutos y profesionales que también forman parte de esta iniciativa para promover la energía renovable en Filipinas.

¿Cuáles son algunos de los principales desafíos que les esperan?

Las 121 cooperativas eléctricas del país, propiedad de los consumidores, están bajo amenaza de privatización. En 2013, los trabajadores de la Cooperativa Eléctrica de Albay (ALECO) convocaron una huelga de tres años para resistir a la privatización. Hubo una movilización masiva de parte de los trabajadores y los consumidores, y como resultado, el Gobierno suspendió temporalmente la conversión en empresas de las cooperativas eléctricas.

No obstante, ahora existe un nuevo proyecto de ley de franquicias en tramitación que, de ser aprobado, verá cómo los 11,6 millones de hogares, que son miembros consumidores de cooperativas eléctricas, en todo el país perderán su poder como propietarios ante el sector privado. Nosotros [SENTRO] estamos trabajando actualmente con las cooperativas eléctricas para oponernos a este proyecto de ley.

El Gobierno está tratando de hacer equilibrios entre la satisfacción de la comunidad empresarial y el cumplimiento de sus compromisos climáticos. Queda un largo camino por recorrer para integrar realmente la transición hacia las energías renovables, pero en nuestra calidad de organización sindical, seguiremos trabajando para lograr la democracia energética. ¿Qué significa para nosotros? Resistir, reclamar y reestructurar la industria eléctrica para ponerla en manos de la población.