Cuando el tercer programa de ayuda económica terminó en agosto de 2018, Grecia desapareció de los titulares internacionales. Sin embargo, las consecuencias de ocho años de brutales recortes se seguirán sintiendo durante décadas. Los efectos duraderos de las medidas de reducción de los ingresos, las pensiones y la inversión pública exigidas por las condiciones de préstamo establecidas por la troika cada vez dejan más claro el verdadero coste de la crisis.

Un nuevo informe titulado Democracy not for sale: the struggle for food sovereignty in the age of austerity in Greece, elaborado por el Transnational Institute, FIAN International y Agroecopolis, documenta la forma en que estas medidas de austeridad han afectado al acceso de la población de Grecia a los alimentos, y al sistema alimentario y agrícola en general. Sobre la base del trabajo de campo realizado en Grecia, el cual incluyó entrevistas con más de 100 personas, el informe señala que:

• La seguridad alimentaria se duplicó durante los años de la crisis y pasó de 7% en 2008 a más de 14% en 2016.
• El desempleo rural aumentó de 7% en 2008 a 25% en 2013, mientras que los ingresos per cápita en las zonas rurales disminuyeron en 23,5% entre 2008 y 2013.
• El porcentaje de hogares en los que los niños no tenían acceso a una comida diaria basada en proteínas aumentó de 4,7% en 2009 a 8,9% en 2014.
• Se ha registrado un claro crecimiento del uso de los comedores de beneficencia, los bancos de alimentos y otros programas de ayuda humanitaria. En 2016 había al menos 200 organizaciones que proporcionaban comidas gratis a las personas necesitadas en la prefectura de Attica.

Estos efectos son el resultado directo de las medidas de austeridad impuestas a Grecia. Varias medidas de austeridad –en particular los cambios relacionados con los impuestos agrícolas y los regímenes de seguridad social, así como la tendencia a la privatización y la liberalización comercial– contribuyeron directamente a socavar el derecho a la alimentación en Grecia. Otras medidas, como la reducción del salario mínimo y los recortes a las pensiones, también afectaron al derecho a la alimentación, así como al derecho al trabajo, la vivienda y la salud.

Resulta sorprendente que no se tomaran medidas preventivas para evitar estas repercusiones negativas. No se realizó ninguna evaluación del impacto en los derechos humanos antes, durante o después de la aprobación de los tres memorandos de entendimiento, a pesar de que se trata de una norma mínima clara establecida por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –en el cual son partes los Estados miembros de la eurozona– cuando se adoptan medidas tan regresivas.

¿Quién debe rendir cuentas?

Aunque es evidente que las medidas de austeridad adoptadas en Grecia llevaron a la violación de derechos humanos, queda menos claro a quién se debe atribuir la responsabilidad. El deber de respetar las obligaciones en materia de derechos humanos incumbe ante todo al Gobierno griego. Sin embargo, es fundamental situar este deber dentro de la cuestión más amplia de las crisis económicas y democráticas.

Los Estados miembros de la eurozona, como prestamistas directos, también son responsables, ya que firmaron los memorandos y, presumiblemente, presionaron al Gobierno griego para que hiciera lo propio. Muchos han comentado –en particular aquellos que participaron directamente en las negociaciones de los memorandos– que Grecia contó con escaso margen de maniobra y que las “conversaciones no se desarrollaron en igualdad de condiciones”. En vista de esta injerencia directa, o incluso coacción, por parte de los Estados miembros de la troika, cabe afirmar que son responsables en mayor proporción de los efectos de la austeridad.

Con motivo de la presentación oficial del informe el 20 de noviembre de 2018 en Bruselas, Olivier de Schutter, antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, sostuvo que hemos llegado a una coyuntura bastante complicada, ya que se han producido violaciones de los derechos humanos pero no existen mecanismos adecuados de rendición de cuentas y reparación.

Se plantean algunas posibilidades: el Sr. de Schutter y su equipo están estudiando la posibilidad que ofrece el artículo 340 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de pedir a las instituciones de la UE que rindan cuentas, lo que podría conformar la base de una estrategia jurídica prometedora.

Hablamos del futuro. Por ahora pueden servir de inspiración las numerosas iniciativas que se pusieron en marcha durante la crisis con el fin de ayudar a asegurar el acceso de la población a los alimentos, como los comedores solidarios, las cooperativas alimentarias, los programas agrícolas apoyados por las comunidades y muchos otros grupos de economía social y solidaria.

En ellas participan agricultores, pescadores y ciudadanos que están adoptando activamente nuevas políticas en materia de alimentación. Ya están reconfigurando las relaciones de poder y rendición de cuentas en el terreno y esta corriente no desaparecerá con el fin oficial de los memorandos. Como un agricultor entrevistado para el informe comentó: “Ahora tenemos un movimiento”.