Un aumento del 130% del cultivo de amapola, más de 72.000 muertes por sobredosis únicamente en Estados Unidos en 2017 (la mayor cifra jamás registrada), cerca de 4.000 ejecuciones de condenados a muerte en todo el mundo desde el año 2009 por delitos relacionados con la droga. Estas son algunas de las alarmantes cifras presentadas en el informe del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés) publicado el pasado mes de octubre. Según dicho informe, las políticas prohibicionistas presentadas por los Estados miembros de la ONU durante la última década en el marco de su “guerra contra la droga” no han logrado frenar el aumento del tráfico de estupefacientes en el mundo. De hecho los resultados han sido contrarios a lo esperado.

“Eliminar el consumo de drogas a escala mundial no es un objetivo realista”, señala a Equal Times Rebecca Jesseman, directora de Políticas del Canadian Center on Substance Use and Addiction.

No obstante, en 2009 los países miembros de la ONU adoptaron una estrategia global para luchar contra el problema de la droga (la Declaración Política y Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas), con objeto de eliminar la producción, el tráfico y el consumo de sustancias ilícitas, así como la desviación de precursores (sustancias químicas disponibles en el mercado legal que permiten fabricar sustancias prohibidas) y, por último, el blanqueo de dinero.

Lejos de generar los efectos esperados, la estrategia antidroga de la ONU ha tenido numerosos efectos colaterales, como la aparición entre 2009 y 2017 de más de 800 nuevas sustancias psicoactivas, con frecuencia vendidas a precios atractivos, como “euforizantes legales” y sustitutos de drogas ilícitas existentes, como es el caso de la codeína, que está haciendo estragos en Nigeria.

Por su parte, Europa ha registrado un aumento del 4% de muertes por sobredosis desde 2015, mientras que en Estados Unidos el número de muertes por sobredosis ha alcanzado un nivel tan elevado que la esperanza de vida se ha reducido en 4 meses, algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial.

“Muchos de los objetivos que se identificaron en 2009, como la eliminación del consumo de drogas a escala mundial, eran demasiado ambiciosos y quizás no estaban basados en un análisis realista del problema de la droga y de nuestra capacidad para eliminar algo que se encuentra arraigado en el comportamiento humano. Tenemos que empezar a admitir que el consumo de drogas es un problema de salud, no una cuestión de justicia penal”, añade Rebecca Jesseman.

Un enfoque estadounidense con importantes consecuencias

“La drogadicción es el enemigo público número uno de Estados Unidos”, declaraba el presidente estadounidense Richard Nixon en 1971. Diez años más tarde, Ronald Reagan, confrontado a un fuerte aumento del consumo de crack y cocaína en el país, identificaba las drogas ilegales como una amenaza para la seguridad nacional. Desde entonces, casi medio siglo después, Estados Unidos no ha dudado en adoptar una legislación y medidas sumamente estrictas para luchar contra esta lacra. Como señalaron en un informe las organizaciones Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU), en 2016 estar en posesión de media onza (14 gramos) de cannabis podía conllevar una pena de 20 años de cárcel.

“Estados Unidos ha sido tradicionalmente el campeón de la guerra contra la droga. En determinados casos ha exportado a otros países sus planteamientos al respecto. Los tribunales especializados en drogas constituyen un buen ejemplo de ello. Estados Unidos ha abogado firmemente, junto con otros países, por un planteamiento sobre las drogas sumamente punitivo y basado en la aplicación de la ley. El país tiene por tanto una gran responsabilidad por lo que ha pasado”, explica Diederik Lohman, director de la División de Salud de Human Rights Watch.

Apoyo logístico y militar para las Fuerzas Armadas locales, protección de las fronteras, envíos de armas, intercambio de información entre los servicios de inteligencia estadounidenses y latinoamericanos; en su cruzada, Estados Unidos no ha dudado en apoyar a los países de América Latina, que producen más de la mitad de la heroína y de la cocaína que se consume en el país, para que estos combatan los cárteles de la droga que hacen estragos en el interior de sus fronteras. Desde los años 1970, Estados Unidos se ha gastado cerca de un billón de dólares para tratar de erradicar la producción de droga y luchar contra los cárteles.

De México a Colombia, pasando por Filipinas e Indonesia, la aplicación de políticas antidroga represivas ha tenido graves consecuencias para los derechos humanos. En México, la violencia militarizada entre los cárteles y las fuerzas del orden ha dejado desde 2006 un total de 150.000 muertos y 37.000 desaparecidos, mientras que en América del Sur y en Afganistán las campañas de erradicación del cultivo de amapola y de hoja de coca han agravado la seguridad financiera de los campesinos desprovistos de alternativas económicas. El año pasado seis cultivadores de coca murieron abatidos a tiros y otros 21 resultaron heridos durante una manifestación contra una operación de erradicación organizada por las Fuerzas Armadas colombianas.

Un reciente informe de la ONU acusa igualmente a las autoridades mexicanas de ser responsables de prácticas de tortura, como asfixia, simulacros de ahogamiento (waterboarding) y penetraciones anales, en el marco de su lucha contra el crimen organizado y los cárteles de la droga.

En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte ha emprendido una persecución sanguinaria para eliminar a los narcotraficantes y a los consumidores de droga, lo que ha dado lugar a la ejecución extrajudicial de más de 27.000 personas desde junio 2016. “Hitler masacró a tres millones de judíos... pues hay tres millones de drogadictos [en Filipinas]. Es verdad. Estaría feliz de masacrarlos”, declaraba en una rueda de prensa en septiembre de 2016.

“La mayoría de la cocaína y la heroína que se consume en Estados Unidos se cultiva en el extranjero. Para afrontar los retos que plantean las drogas hay que pensar a escala global. Uno no puede construir simplemente un muro alrededor suyo y aislarse del resto del mundo. Estados Unidos ha implementado durante años un planteamiento muy duro a nivel nacional de cara a las drogas y ha empezado a presionar a países como Colombia y México para que aborden el problema de la droga que se produce en el interior de sus fronteras”, explica Diederik Lohman.

Burocracia y políticas internacionales ineficaces

A lo largo de los últimos 60 años, la ONU, que en marzo de 2019 deberá definir un nuevo plan de acción decenal en materia de estupefacientes, ha basado sus políticas de lucha contra la droga en tres tratados internacionales: la Convención única de 1961 sobre estupefacientes, la Convención sobre sustancias psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988.

Aunque estos tratados no preconizan una “guerra contra las drogas”, hay expertos que lamentan el empleo generalizado de estrategias represivas para afrontar el problema, en detrimento de un enfoque global centrado en la salud pública. Tal es el caso de Donald MacPherson, director del centro canadiense de políticas de drogas Centre canadien des politiques sur les drogues.

“El uso excesivo de la legislación penal para garantizar la aplicación de estos tratados persiste a día de hoy. No obstante, durante los últimos 50 años hemos aprendido mucho sobre la manera de abordar los problemas vinculados a la droga. El énfasis en las drogas ha suprimido el énfasis en la salud pública y en el desarrollo social, aspectos que deben considerarse a la hora de abordar el problema de la droga. Pero el sistema de la ONU no ha conseguido adaptarse. Es una máquina muy lenta que no llega a comprender los problemas contextuales de nuestro tiempo, como son los problemas socioeconómicos y los traumas, relacionados con el consumo de sustancias ilícitas. Los países que han financiado la ONU, como Rusia, Estados Unidos y China, tienen unas visiones muy draconianas sobre el consumo de drogas. Por eso la ONU no evoluciona”, explica el experto a este medio.

Ante el fracaso de la comunidad internacional y el catastrófico balance en materia de salud pública y de derechos humanos, algunos países han decidido recientemente dar la espalda a las políticas de la ONU y despenalizar o legalizar el consumo de determinadas drogas. En América del Norte, por ejemplo, el estado de Colorado (Estados Unidos) y Canadá acaban de legalizar el consumo recreativo de cannabis, con objeto de regular y gravar un producto muy consumido, y eliminar al mismo tiempo los narcos.

En 2001 Portugal decidió despenalizar el uso y la posesión de todas las drogas. Los narcotraficantes siguen estando considerados como criminales, pero los consumidores, en cambio, son tratados como enfermos.

El resultado ha sido que, 17 años más tarde, este pequeño país del sur de Europa ha constatado una reducción drástica de las infecciones de VIH y hepatitis y de la criminalidad vinculada a la droga.

Por su parte, las autoridades de Colorado han observado efectos negativos como una expansión, dentro de su territorio, del cultivo de cannabis producido en el mercado negro por organizaciones criminales, que se aprovechan de la legalización para pasar droga de contrabando a estados donde la prohibición persiste.

Sin embargo “se ha demostrado que los enfoques basados en la reducción de los delitos, como por ejemplo los programas de distribución de jeringuillas limpias y la designación de lugares de consumo supervisado, han dado mucho mejor resultado”, señala Hannah Hetzer, directora de Política Internacional de la Drug Policy Alliance de Estados Unidos.

Carl L. Hart, neurocientífico y director de la Facultad de Psicología de la Universidad de Columbia en Nueva York, lleva casi 30 años estudiando los efectos de las drogas. Según él, no cabe duda de que los enfoques punitivos y prohibicionistas empleados tradicionalmente para controlar el uso de sustancias ilícitas están mal encaminados.

“Nuestras políticas en materia de droga son más problemáticas que las propias drogas, porque prohíben drogas que la gente va a consumir de todas maneras, y eso favorece el consumo en el mercado negro”, explica. “Deberíamos tratar las drogas de la misma manera que tratamos el alcohol. Un enfoque razonable sería legalizar las drogas y que el Gobierno se encargara de regularlas y de garantizar su calidad”.