Juliano ha hecho todo lo posible para llevar una vida normal. Este joven, de buena presencia y hermosa sonrisa, que antes alquilaba junto con su madre Julie un apartamento en el barrio aburguesado de Mar Mikhael (al este de Beirut), ha realizado todos los trabajillos ocasionales para los que no se requiere el documento o carné de identidad: jornalero, lavaplatos, camarero, etc. Julie va a menudo a la iglesia a rezar por el reposo del alma de su esposo fallecido poco después del nacimiento de su hijo y para pedir que le ayude en su lucha contra la diabetes. Las oraciones no han sido suficientes.

“La salud de mi madre se ha deteriorado, ha perdido una pierna. No podía pagar el costo de su tratamiento y el alquiler prohibitivo del apartamento. Así que, estos últimos meses, nos hemos establecido aquí”, relata el joven de 24 años, desde el sótano de un antiguo hospital ocupado por refugiados palestinos, sirios y trabajadores migrantes. Para Juliano, la caída ha sido brutal. “Nunca me han atraído las drogas, pero a veces pienso en poner fin a mi vida”.

Juliano nació con una gran desventaja: es apátrida en su propio país. Esta situación se debe a que su padre, aunque libanés, no registró su nacimiento antes de fallecer en un accidente. Según la ley, la madre, incluso de nacionalidad libanesa, no puede inscribir a su hijo en el registro civil. Por lo tanto, el joven ha pasado su vida “fuera de radar”, sin acceso a la educación, la seguridad social y sin derecho al trabajo. Una desventaja legal contra la que los militantes de la campaña Mi nacionalidad es un derecho para mí y mi familia luchan desde 2001.

Responsable de la campaña en el colectivo regional CRTDA, Karima Chebbo resume la situación: “Según la ley libanesa, la nacionalidad se transmite únicamente por el padre. Si éste no registra a un hijo al cabo de un año, comienza un viacrucis para la madre y sus hijos”.

El CRTDA (Collective for Research and Training Development - Action) exige una reforma de la ley sobre la nacionalidad, la cual fue aprobada en 1925 en la época del mandato francés, con el fin de introducir el principio de igualdad de género. En vano. “Desde el inicio de nuestra campaña, los responsables políticos han utilizado el mismo doble argumento de autoridad: conceder este derecho a las mujeres podría dar como resultado la naturalización de los refugiados palestinos en el Líbano y en el desequilibrio religioso del país. Sin embargo, en 1994, el presidente Elias Hraoui promulgó un decreto de naturalización que permitía la naturalización de la mayoría de los musulmanes. El presidente Michel Aoun, a su vez, naturalizó a 300 personas, en su mayoría sirios y palestinos. ¡Sin ningún criterio ni transparencia!, comenta indignada.

La directora de la oficina del colectivo del Líbano, Lina Abou-Habib, está convencida: “Detrás del argumento del equilibrio religioso, se encuentra la idea de que la mujer debe estar detrás del hombre, que es una ciudadana de segunda categoría”.

No obstante, en respuesta a este argumento, el CRTDA, aceptó realizar estadísticas sobre las mujeres libanesas casadas con no libaneses. El resultado es que un número mucho más importante se casa con hombres libaneses apátridas, o cuya nacionalidad está “en estudio" que con refugiados palestinos.

A la sombra de la república

La tarjeta de identidad de la familia Kanjo ha estado “en estudio” durante generaciones. “Nací en el Líbano, mi padre y mi abuelo también, pero nuestra nacionalidad todavía se encuentra ‘en estudio’. Ahora tengo dos hijas que, como yo, no podrán ir a la escuela”, comenta Samer Kanjo, de 27 años, en la única pieza de paredes desconchadas que constituye la vivienda familiar en Hay el-Gharbi, un asentamiento de chabolas a la sombra del estadio de Beirut.

Samer y su hermano Hassib casi nunca salen de Hay el-Gharbi, un barrio de callejuelas estrechas y sin pavimentar, de barracas desvencijadas y un entrelazado de cables eléctricos, por falta de documentos de identidad libaneses.

Samer, Hassib y Juliano son apátridas de diferentes tipos. Samira Trad, responsable del programa de ayuda jurídica para apátridas en la organización no gubernamental Frontiers Ruwad, comenta: “Existen diferentes tipos de apátridas libaneses. O bien los padres tienen una personalidad civil, pero no han registrado a sus hijos. O bien, sus propios padres no fueron registrados en el único censo de población del Líbano de 1932, pese a que en ese momento vivían en el Líbano. Junto a éste se encuentra el grupo denominado ‘en estudio’, formado por personas registradas en el censo de 1932, pero de nacionalidad desconocida”.

Las personas apátridas “en estudio” tienen un estatus precario: la Seguridad General les entrega un “salvoconducto” que hace las veces de documento de identidad. Se calcula que son entre 18.000 y 24.000 personas. Los demás, que ascienden, según cálculos de la organización Frontiers Ruwad, a 40.000, “son invisibles”, afirma Samira. “Su única posibilidad de obtener la nacionalidad es la vía judicial”.

Ya sea que su nacionalidad se encuentre “en estudio” o no, los apátridas viven a la sombra de la república, según Marie-Rose Zalzal, abogada especializada en cuestiones de nacionalidad. “Los ciudadanos sin nacionalidad viven con el temor a los poderes públicos; al despojo de sus derechos fundamentales a la educación y a la salud. A lo que se añade que la tarjeta de identidad es también una forma de valorizarse y de existir socialmente”, apunta.

Samer Kanjo asegura que la nacionalidad de muchos de los habitantes de las chabolas en Hay el-Gharbi están “en estudio”. “Realmente no podemos salir de este barrio porque no podemos pagar el alquiler de otro lugar”, y eso se debe a que solo pueden tener empleos informales. Al igual que su padre Ali, Samer y Hassib se ganan la vida en zaffés, orquestas que tocan en las bodas. Sus clientes son los habitantes de Hay el-Gharbi o sus familiares; mantienen su actividad no declarada con publicidad de boca en boca, a falta de algo mejor: “Cada vez que hemos buscado otro trabajo, nos piden nuestros documentos y, al ver nuestro estatuto ‘en estudio’, nos rechazan”, suspira Samer. En un país donde los sindicatos son débiles y politizados, a juicio de la OIT, y donde solo el 11% de la población está sindicalizada, los apátridas también viven “fuera de radar” de la lucha social. Para Karima Chebbo, “el problema de la pobreza se deriva de la ausencia de nacionalidad y no lo contrario”.

“La situación avanza lentamente... cuando avanza”

Desde su apartamento en Naameh, al sur de Beirut, Hannah Naif el-Hussein relata de un tirón sus tribulaciones pasadas: las repetidas negativas de los hombres a comprometerse con ella, el abandono de la escuela por no poder trabajar. “Cuando era adolescente, me avergonzaba de mí misma, deseaba prenderme fuego al tiempo que filmaba la escena, para que mis hermanos y hermanas no padecieran la misma suerte”, cuenta esta mujer casada de 28 años cuyo padre, por negligencia y pobreza, no registró el nacimiento de ninguno de sus seis hijos.

Conmovido, un vecino la dirigió a un programa de televisión que la conectó con Frontiers Ruwad: “Me ayudaron a presentar una petición de nacionalización en el tribunal de Zahle y pagaron las pruebas de ADN. Fue hace más de un año. Mi expediente se encuentra bloqueado en el Ministerio del Interior”. Sin embargo, Hannah no puede esperar. Sufre de una enfermedad pulmonar y, sin seguridad social, pronto no podrá seguir pagando su tratamiento.

Samira Trad, responsable de la ayuda jurídica a los apátridas en Frontiers Ruwad, reconoce: “Desde 2006, hemos apoyado a 74 personas en los tribunales para que tomen medidas relacionadas con la nacionalización”. El proceso puede llevar entre dos y cinco años. Por lo tanto, la ONG se centra en la prevención.

“En 2015, iniciamos un grupo de trabajo con cinco ministerios y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con el fin de reducir y prevenir el número de personas apátridas en el futuro. Hasta el momento, hemos obtenido una circular del Ministerio de Educación para inscribir a los niños apátridas en la escuela, el Ministerio de Asuntos Sociales está examinando la posibilidad de extender sus servicios a las personas apátridas. Pero más allá de estos gestos, lo que buscamos es un marco legal”, comenta sin mucho optimismo. “Se observan pequeñas mejoras. Teniendo en cuenta la inestabilidad política, la ausencia la mayor parte del tiempo de presidente, de parlamento o de Gobierno, la situación avanza lentamente... cuando avanza”, concluye.