El 17 de diciembre de 2018, durante su septuagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General de la ONU votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Esta declaración representa un enorme paso hacia adelante para los campesinos del mundo entero, y particularmente de los países del Sur, puesto que les reconoce numerosos derechos, como el “derecho a la tierra”, el “derecho al agua” y el “derecho a la soberanía alimentaria”. Esta cuestión se inscribe actualmente como una preocupación de la ONU, que ha declarado el período 2019-2028 como el “decenio de la agricultura familiar”.

Aún hoy en día, el oficio de agricultor es el más practicado en el mundo: un 45% de la población activa mundial está ocupada en este sector, y es un número que va en aumento. Los campesinos producen el 70% de los alimentos en todo el mundo. Sin embargo, actualmente representan el 80% de las personas que sufren de hambre en el mundo y el 70% de las que se encuentran en situación de extrema pobreza, tal como indica la ONG FIAN, que se dedica a promover el derecho a la alimentación en todo el mundo.

La adopción de esta declaración se debe en parte al “formidable trabajo de La Vía Campesina”, el mayor movimiento internacional que coordina diversas organizaciones campesinas, según el sociólogo suizo Jean Ziegler, vicepresidente del Consejo Asesor sobre Derechos Humanos de la ONU y exrelator de la ONU sobre el derecho a la alimentación. Acoge con beneplácito esta adopción, que califica como “un importante avance”, además de indicar que “representa una inmensa victoria y aporta esperanzas para el futuro”.

La declaración fue adoptada con 119 votos a favor, 7 en contra y 49 abstenciones. No es de sorprender que algunos países del Norte, como Estados Unidos o Francia, no hayan votado a favor. De hecho, se trata de países exportadores de semillas y de productos fitosanitarios, vinculados a los intereses de grandes multinacionales del sector agroalimentario.

“Bayer y Monsanto ejercieron presiones; están contra el principio del derecho a las semillas, dado que tienen el monopolio para su comercialización”, expone Jean Ziegler.

Este logro representa la consagración de la iniciativa impulsada por los sindicatos indonesios y la intensa labor desplegada por La Vía Campesina. La idea de los derechos de los campesinos nació en Indonesia, en 1993, a iniciativa del sindicato de trabajadores agrícolas Serikat Petani Sumatera Utara, tal como recuerda la ONG FIAN. En Indonesia, la agricultura a pequeña escala se enfrentaba en aquel entonces al acaparamiento de tierras derivado de la proliferación de plantaciones de palmeras aceiteras. En 2002, el sindicato indonesio presentó su proyecto de declaración sobre los derechos de los campesinos a La Vía Campesina. Esta última empezaría entonces a involucrarse en el proyecto. Inicialmente, la propuesta presentada por La Vía Campesina era de un convenio, es decir un texto normativo que incluyese un mecanismo de sanciones en caso de incumplimiento. “En el transcurso de las negociaciones, se pasó a una simple declaración, porque de otro modo no se habría obtenido la mayoría necesaria”, precisa Jean Ziegler.

En 2008, año marcado por una crisis alimentaria y los consiguientes disturbios que estallaron en todo el mundo, La Vía Campesina adoptó una Declaración de Derechos de las Campesinas y los Campesinos, contando con el apoyo de diversos grupos de la sociedad civil, y la presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La declaración denunciaba los desplazamientos forzosos y la discriminación de que son víctimas los pequeños agricultores en algunos países, con el objetivo de poner el marcha una reforma agraria mundial y una mejor protección de los campesinos frente al acaparamiento de tierras. De hecho, según datos avanzados por Jean Ziegler, “tan sólo en 2017, 41 millones de hectáreas fueron sustraídas a los campesinos en África”, principalmente por grandes firmas de la agroindustria.

La creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2006, y la implicación del nuevo Relator especial sobre el derecho a la alimentación, el belga Olivier De Schutter, designado en 2008 para suceder a Jean Ziegler, favorecerían el proceso. Entre los países promotores de la adopción del proyecto figuran Bolivia e Indonesia. Bolivia presidió el grupo de trabajo intergubernamental establecido con vistas a la adopción de la declaración por parte del Consejo de Derechos Humanos. Jean Ziegler subraya que “el motor impulsor de la declaración ha sido el presidente boliviano, Evo Morales. Y el embajador de Bolivia ante la ONU llevó a cabo un trabajo formidable”.

La reticencia de los países occidentales

Fueron pocos los países europeos que se sumaron a los países del Sur votando a favor de los derechos de los campesinos: Suiza, Ucrania y Portugal. Muchos se abstuvieron. Sin embargo, en julio de 2018, el Parlamento Europeo adoptó una resolución instando a la Unión Europea y a sus Estados miembros a apoyar y votar a favor de la Declaración. La actual Relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, la turca Hilal Elver, exhortó personalmente a todos los Estados miembros de la ONU a votar a favor de la Declaración. Pero los representantes de los países europeos se mostraron reticentes, privilegiando sus intereses económicos a la lucha contra la explotación de los campesinos del Sur.

La Declaración sobre los derechos de los campesinos es innovadora, como indica la ONG FIAN (Francia) en su análisis: algunos artículos hacen referencia a derechos “nuevos” o “emergentes”, como el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra y a otros recursos naturales, el derecho a desarrollar sus propias semillas, el derecho a un medio ambiente seguro, limpio y saludable, y el derecho obtener unos ingresos y unos medios de subsistencia decentes; así pues, la Declaración afirma que la soberanía alimentaria designa el derecho de los pueblos “a definir sus sistemas agroalimentarios y a una alimentación sana y culturalmente apropiada, producida con métodos ecológicos y sostenibles que respeten los derechos humanos”.

Y por derecho a la tierra se entiende proteger a los campesinos frente a cualquier riesgo de ser arbitrariamente despojados de sus tierras y toda forma de desplazamiento por la fuerza. Se trata de acordar a la población rural un poder de decisión, para contraponerse al poder de las grandes industrias.

Francia se abstuvo en la votación del 19 de noviembre de 2018. Tal como explica Pierre Maison, miembro del comité de coordinación de La Vía Campesina, “pese a reconocer que esta declaración supone considerables avances, Francia explicó su abstención por dos motivos principales: que se adhiere a una visión universal de los derechos humanos, y que considera que esta declaración específica para los campesinos representa una segmentación de dichos derechos”. Estados Unidos, por su parte, votó en contra. Pierre Maison precisa además que numerosos países intentaron edulcorar el texto de la declaración, pidiendo que se sustituyera el término “derecho” por “acceso”, pero finalmente se consiguió adoptar el contenido esencial del texto propuesto, sin modificaciones.

Jean Ziegler apunta a que “Estados Unidos, la Unión Europea y Australia se mostraron abiertamente opuestos a la Declaración. Estimaban que los derechos humanos existentes [consagrados en la DUDH de 1948] resultan suficientes. Los detractores de la declaración afirmaban que atentaría contra la universalidad de los derechos humanos al especificar una serie de derechos particulares para los campesinos. Ha sido por tanto muy difícil conseguirla. El grupo de trabajo intergubernamental trabajó siete años para desembocar en este resultado. En el seno del Consejo de Derechos Humanos, los países de América Latina querían en realidad una convención sobre los derechos de los campesinos”, es decir, un texto mucho más vinculante que una simple declaración.

Afirmación de nuevos derechos, para mejorar la condición de los campesinos

¿Qué cambiará concretamente esta declaración? Para Pierre Maison, “es de esperar que los Estados que votaron a favor de la declaración se refieran a ella a partir de ahora cuando se voten leyes a nivel nacional. Por ejemplo, en relación con la problemática del acaparamiento de tierras, esperamos que las distintas legislaciones nacionales permitan frenar el fenómeno, particularmente en los países del Sur. Esta declaración podrá además acordar mayor peso a los Estados que luchan contra aquellos acuerdos de libre comercio que ponen en peligro sectores enteros de su agricultura. Confiamos en que esta declaración permita a los campesinos mejorar sus condiciones de vida y levantar cabeza en todo el mundo”.

“Varios Estados han reconocido ya estos derechos de los campesinos, ya sea inscribiéndolos en su Constitución, como es el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela, o adoptando leyes y políticas específicas, como Nicaragua, Malí y Senegal. Otros han iniciado un proceso de reconocimiento de la soberanía alimentaria, concretamente Perú, la República Dominicana y El Salvador”, como indica la ONG FIAN. Indonesia acaba de votar un decreto presidencial apoyando una reforma agraria favorable al campesinado.

Jean Ziegler estima que “la Declaración es en realidad ‘soft power’ (poder blando), pero será de gran utilidad porque los campesinos pueden apoyarse en ella”.

Precisa que algunos puntos fueron particularmente debatidos: el hecho de que los campesinos y los sindicatos rurales puedan presentar reclamaciones contra la sustracción de tierras, y que esto pueda hacerse en el país de origen de la multinacional en cuestión. Por ejemplo, contra las acciones de Bolloré en Benín, se podría presentar una reclamación a Francia, país donde se encuentra la sede de Bolloré. “Los debates han sido particularmente intensos, pero hemos ganado”.

Las regiones del mundo a las que más concierne esta declaración son particularmente América Latina y África. Ndiakhate Fall, representante del consejo de cooperación rural Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR/SENEGAL) en La Vía Campesina, subraya el grave problema del acaparamiento de tierras en África, y las leyes impuestas en varios países africanos respecto a las semillas, “que privan a los campesinos de la posibilidad de producir, conservar, comercializar e intercambiar sus semillas tradicionales”. Así pues, “la gran mayoría de los países africanos se muestran favorables a la Declaración. Son conscientes de que algunas políticas internacionales resultan restrictivas para nuestro desarrollo y que la declaración podría mitigarlas”. Las multinacionales, por su parte, “ejercieron intensas presiones sobre los Gobiernos y otras instituciones para que votasen en contra”.

Ndiakhate Fall señala que algunos de los derechos enunciados en la declaración han resultado más difíciles de obtener que otros, particularmente “el derecho a los recursos naturales, el derecho a las semillas y a la biodiversidad”. Y no se consiguió incluir ciertos derechos, como “la responsabilidad extraterritorial y la cuestión de la migración”. Añade que haría falta “que las declaraciones de la ONU sean vinculantes de manera que a aquellos países que no las respeten se les impongan sanciones internacionales”.

En todo caso, esta Declaración de la ONU representa un avance importante para mejorar las condiciones de los campesinos en todo el mundo, y demuestra que la acción de la ONU puede tener repercusiones positivas concretas. “Es la prueba de que la sociedad civil puede imponer nuevos derechos”, en opinión de Jean Ziegler. En diciembre de 2018, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó además una Resolución sobre la erradicación de la pobreza rural en los países de desarrollo, inicialmente presentada a iniciativa de China y el Grupo de los 77.