Ante el asesinato a manos de militares de al menos 17 civiles no armados en la reciente avalancha de protestas contra el Gobierno, y la agresión, el secuestro, la violación y el encarcelamiento de muchos otros, los dirigentes sindicales, los legisladores de la oposición y los defensores de derechos humanos de Zimbabue temen por su vida, ya que el Gobierno del presidente, Emmerson Mnangagwa, continúa su brutal represión.
En un intento desesperado por silenciar las voces discrepantes en un país asolado por años de descontento económico y político, los soldados mataron a tiros a manifestantes tras una huelga paralizante de seis días (originalmente tres) convocada por el Congreso de Sindicatos de Zimbabue (ZCTU, por sus siglas en inglés) el 14 de enero. Más de 1.000 personas han sido detenidas y, según grupos de defensa de derechos humanos, algunas han sido sacadas a rastras de sus casas y han recibido palizas; además, el Gobierno cortó temporalmente el acceso a Internet durante las protestas y las fuerzas de seguridad agredieron violentamente incluso a niños.
La huelga convocada por el ZCTU fue la respuesta al aumento masivo de los precios de productos y servicios esenciales después de que el Gobierno incrementara unilateralmente en un 150% el precio del combustible. En un país en el que muchas personas viven con menos de un dólar al día, los fuertes aumentos han empujado al límite a las familias que ya partía de una situación desesperada.
“Ya no nos llega para cubrir nuestras necesidades básicas. En octubre del año pasado, dos litros de aceite para cocinar costaban 3,80 dólares. En noviembre costaban 4,90, en diciembre 5 y ahora 11. El precio de todos los productos básicos ha aumentado hasta en un 300%”, nos dice desconsola Getrude Tembo, una vendedora de prendas de segunda mano de Harare. Este incremento ha hecho que la mayoría de los salarios prácticamente no tenga ningún valor, y eso si los trabajadores reciben su salario.
Varios dirigentes del ZCTU fueron detenidos como consecuencia de la huelga y el secretario general, Japhet Moyo, así como el presidente, Peter Mutasa, fueron acusados de “intentar derrocar a un Gobierno elegido constitucionalmente o incitar a la violencia”.
Tras una campaña internacional de solidaridad que incluyó la celebración una jornada de acción regional en toda África el 1 de febrero y el apoyo mundial del movimiento sindical internacional, Moyo y Mutasa fueron puestos en libertad bajo fianza después de pasar casi dos semanas en la prisión de máxima seguridad de Chikurubi. Todavía no se ha fijado la fecha para la celebración del juicio, pero ambos dirigentes sindicales se enfrentan a una pena obligatoria de 20 años de prisión si son condenados.
Un nuevo Gobierno, la misma brutalidad
El presidente Mnangagwa llegó al poder tras un golpe militar que derrocó en octubre de 2017 al antiguo presidente, Robert Mugabe, después de 37 años en el poder; más tarde, aquel se atribuyó la victoria en unas elecciones controvertidas en julio de 2018.
A pesar de haber formado parte del Gobierno de Zanu-PF dirigido por Mugabe y de mantener el mismo aparato estatal que su predecesor, Mnangagwa prometió un nuevo comienzo que se caracterizaría por la revitalización de la maltrecha economía de Zimbabue. Los actos de violencia que tuvieron lugar después de las elecciones, que se cobraron la vida de seis personas, fueron una primera señal del futuro régimen de Mnangagwa, y la introducción de medidas severas de austeridad en noviembre de 2018 ha aumentado aún más la desesperación, y la ira, de los zimbabuenses.
“Estoy enfadada con el Gobierno porque esta situación ha acabado con nuestra dignidad, especialmente como mujeres”, dice Tembo. “No podemos dar de comer a nuestras familias. Ni siquiera podemos permitirnos llegar al trabajo en medios normales de transporte. Imagínate, como mujer, tener que desplazarte al trabajo en una camioneta porque el precio actual del transporte convencional es prohibitivo”.
Los analistas señalaron a Equal Times que el uso de soldados armados para reprimir las protestas y la posterior detención de dirigentes sindicales y de la oposición indicaban que el Gobierno de Mnangagwa tiene miedo del pueblo, ya que este no ha solucionado los innumerables problemas –como la elevada tasa de desempleo, la escasez de dinero en efectivo y la falta de servicios básicos– a los que se enfrenta el país.
“El Gobierno hará todo lo que esté en sus manos para reprimir a los ciudadanos para que no protesten ni expresen su desacuerdo con la situación”, asegura Givemore Chipere, un analista de Harare. “Ahora, en su proceso de identificación de amenazas políticas a su existencia, el régimen [de Mnangagwa] ataca a los sindicalistas, la sociedad civil y los dirigentes de la oposición”. Chipere añade que los periodistas también se encuentran en la línea de fuego, ya que “son detenidos e incluso encarcelados para que no quede nadie para dirigir al pueblo”.
“Los regímenes impopulares siempre temen a su propio pueblo. Tienen miedo de perder el control y por eso utilizan despiadadamente la fuerza bruta. Lo que este Gobierno debería hacer es involucrar a los ciudadanos para identificar las dificultades que afrontamos como país y trazar el camino a seguir para superarlas. Golpear y matar a los ciudadanos es como suturar el ano de un paciente que sufre diarrea y pensar que has eliminado el virus”, resume Chipere.
El reverendo Sikhalo Cele, un experto en paz y conflictos, dice que la conducta del Gobierno ha socavado profundamente la confianza, la cual era un factor fundamental para la recuperación económica del país, y añade que los dirigentes políticos tienen que valorar la santidad y la dignidad de la vida humana. “La pregunta es: ‘¿Qué protege ahora el Estado?’ ¿Cómo puede defender las violaciones cometidas por personas con insignias militares y policiales? ¿Cómo puede defender el apaleamiento y el asesinato de las personas que precisamente debe proteger?”, pregunta.
Junto con los dirigentes sindicales, entre las personas detenidas se encuentran los dirigentes de la oposición Tendai Biti y Amos Chibaya, de la Alianza del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC, por sus siglas en inglés), y el pastor Evan Mawarire, perteneciente al movimiento #ThisFlag y activista social, los cuales también se enfrentan a penas de 20 años por encabezar la convocatoria de manifestaciones contra el régimen del Zanu-PF.
La disposición judicial de las personas acusadas de participar en las protestas contra la subida del combustible se está tramitando por la vía rápida en los tribunales y en algunos casos se deniega la libertad bajo fianza. Esto llevó a los abogados a salir a la calle el 29 de enero para protestar por el “deterioro del Estado de derecho”.
Alec Muchadehama, un abogado prominente de Harare que representa a los dos dirigentes del ZCTU, cuenta a Equal Times que los dirigentes sindicales no han cometido ningún delito y fueron detenidos acusados de delitos “totalmente falsos”. “No han cometido los delitos de los que se les acusa. Por ejemplo, al principio acusaron al secretario general del ZCTU, Japhet Moyo, de enviar mensajes a través de las redes sociales en los que decía que el Gobierno debía ser derrocado. Sin embargo, cuando miraron su teléfono, no encontraron dichos mensajes”, explica. Tras lo cual, asegura, la policía empezó a “inventar hechos que no se basaban en pruebas tangibles”.
El secretario general en funciones del ZCTU, Sylvester Mutindindi, cree que la detención de dirigentes sindicales en Zimbabue es una herramienta utilizada sistemáticamente por el Gobierno para intimidar a los sindicalistas a través de la persecución, a fin de dejarlos debilitados en la lucha que libran para proteger a los trabajadores zimbabuenses de las penurias socioeconómicos infligidas por el Gobierno.
“La detención es un acto de represión contra los sindicatos y el ZCTU condena firmemente la actuación de la policía. Contraviene el artículo 59 de la Constitución de Zimbabue en virtud del cual los trabajadores tienen derecho a manifestarse y hacer peticiones de forma pacífica”, dice.
Desde que llegó al poder en 2017, el presidente Mnangagwa ha rehusado sistemáticamente el diálogo con los sindicatos y ha adoptado una postura muy firme a favor de las empresas. Sin embargo, los sindicatos dicen no se podrá lograr la paz y la prosperidad mientras que el Gobierno continúe implantando políticas que perjudican a los trabajadores y comunidades de Zimbabue. El ZCTU pide al Gobierno que ponga fin a la represión inmediatamente y entable un verdadero diálogo. Sin embargo, hay pocas esperanzas de que esto ocurra: los periodistas han sacado a la luz que el Gobierno ha pedido recientemente botes de gases lacrimógenos por un valor de 8 millones de dólares para afrontar futuras protestas.
