Indonesia prepara sus elecciones generales mientras la región de Papúa Occidental sigue sufriendo represión

Con manifestaciones cada vez más frecuentes y una violenta represión a manos de la policía y el ejército, actualmente la polémica región indonesia de Papúa Occidental está sufriendo los niveles más altos de crispación en años. En el contexto de las próximas elecciones generales indonesias que se celebrarán en abril, la tensión va en aumento debido a las prolongadas violaciones de derechos humanos, la crispación de los independentistas y la impunidad de las fuerzas de seguridad cuando cometen delitos.

“La situación no está mejorando. Está empeorando”, asegura Ronny Kareni, un activista de origen papú que vive en Australia. “Existen discrepancias entre Yakarta y los papúes que están profundamente arraigadas en la situación histórica de Papúa Occidental”.

El 1 de diciembre de 2018, más de 500 personas fueron detenidas en ciudades de toda Indonesia por haber conmemorado el 57º aniversario de los intentos papúes por declarar su independencia del gobierno colonial holandés. Enarbolar la bandera independentista conocida como “Estrella de la Mañana” o manifestar en público el apoyo a la autodeterminación papú se considera un delito penal contra el Estado indonesio.

Según las noticias recibidas, al día siguiente, el 2 de diciembre, un grupo de milicianos independentistas asesinó a 31 trabajadores del proyecto de construcción de la carretera Trans-Papúa en la región de Nduga, ubicada en el altiplano. Aunque el conflicto por la independencia de Papúa Occidental ha provocado la muerte de aproximadamente 500.000 papúes desde 1969, este fue el ataque de milicianos con más víctimas de los últimos años.

La respuesta del gobierno ha sido violenta. Según los activistas, las intervenciones militares han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares.

Como los medios de comunicación y la sociedad civil tienen prohibido visitar por libre esta región, estos datos resultan difíciles de verificar, pero las organizaciones internacionales de derechos humanos han llamado a la calma. “Instamos a todas las partes, al ejército indonesio, a la policía y a los guerrilleros de la organización Papúa Libre, a que no lleven a cabo acciones dirigidas contra los civiles”, pide Andreas Harsono, investigador en Indonesia para la organización de derechos humanos Human Rights Watch.

Papúa Occidental, que comprende alrededor de la mitad de la isla de Nueva Guinea, no formaba parte de Indonesia cuando declaró su independencia de los Países Bajos en 1949. Fue anexionada en 1969 en unas elecciones organizadas por los militares y aprobadas por Naciones Unidas, en las que alrededor de 1.000 representantes elegidos a dedo fueron obligados a votar contra la independencia. A partir de entonces, Papúa Occidental fue gobernada con mano dura durante la época del llamado “Nuevo Orden” del general Suharto (1966-1998), antes de que se le otorgara el estatus especial de autonomía en 2001 con el objetivo de intentar sofocar el movimiento independentista. Se calcula que la población de la isla asciende a unos tres millones de habitantes. Son, en su mayoría, melanesios y practican religiones cristianas o indígenas, a diferencia de los ciudadanos del resto de Indonesia que son principalmente polinesios y musulmanes.

Los recursos naturales han desempeñado un papel importante en el curso de la historia de Papúa. Poco después de las elecciones amañadas de 1969, Freeport McMoRan, una empresa minera estadounidense, empezó a operar en la región. Esto marcó el comienzo de una larga relación que ha demostrado ser muy beneficiosa para la empresa y para el gobierno indonesio. Sin embargo, las recaudaciones tributarias acaban principalmente en la región occidental de Indonesia que está mucho más desarrollada; Papúa Occidental, ubicada al este del país, es la región más pobre de Indonesia y sus habitantes perciben pocos beneficios derivados de la extracción de sus recursos.

Las promesas reformistas de Jokowi

En 2014, el entonces gobernador de Yakarta, Joko “Jokowi” Widodo (actual presidente de Indonesia), un candidato independiente que se presentó a las elecciones presidenciales sin ningún vínculo con la élite ni el ejército de Indonesia, hizo varias promesas durante su campaña y aseguró que iba a abordar el asunto de los derechos humanos en Papúa. Entre dichas promesas incluyó abordar la facultad del ejército de utilizar su propio mecanismo interno de justicia en lugar de los tribunales civiles, abrir la región a los medios de comunicación extranjeros y liberar a los prisioneros políticos. Los papúes depositaron sus esperanzas en Jokowi, quien consiguió ganar en las dos provincias (Papúa y Papúa Occidental, llamadas Papúa hasta 2003) que conforman Papúa Occidental por más de 30 puntos porcentuales en cada una. En unas elecciones en las que Jokowi ganó a nivel nacional por tan solo un 6,3%, esta región le brindó algunos de sus mejores resultados.

Incluso meses después de haber jurado el cargo, el presidente Widodo renovó sus promesas directamente ante los papúes después de que unos policías abrieran fuego en Paniai y se cobraran cinco víctimas mortales.

“Jokowi hizo promesas de gran envergadura delante de los papúes que asistían a las celebraciones de Navidad, asegurando que investigaría y resolvería este caso y que traería la paz a Papúa”, comenta Papang Hidayat, un investigador de Amnistía Internacional Indonesia.

Al principio, Jokowi intentó mejorar la situación en Papúa Occidental, liberando a cinco prisioneros políticos en 2015 y declarando la región abierta para los periodistas extranjeros, por ejemplo. Pero su poder se ha visto limitado por el papel que desempeñan las fuerzas de seguridad en Papúa Occidental, incluidos los soldados indonesios que han mantenido su presencia en la región a pesar de la caída del gobierno militar de Suharto hace más de dos décadas. Por tanto, la gran mayoría de sus promesas de introducir reformas no se han materializado.

“Para mucha gente quedó claro que diga lo que diga [Jokowi], no se llevará a la práctica”, afirma Kareni. “Él solo es un rostro para legitimar la democracia, pero en realidad no ostenta el poder”.

Harsono está de acuerdo: “Mucho me temo que la situación sobre el terreno, especialmente la resistencia que ejerce la administración, es mucho mayor que su autoridad presidencial”.

Desarrollo económico: herramienta para solucionar los problemas políticos

Un ámbito en el que Jokowi ha podido avanzar es en desarrollo. El gobierno está invirtiendo ingentes cantidades de dinero en carreteras, aeropuertos y proyectos agrícolas, incluido un plan para desarrollar 1,2 millones de hectáreas de plantaciones de aceite de palma y caña de azúcar.

Tras décadas de subdesarrollo, “el gobierno siente la necesidad de prestar más atención a Papúa”, asegura Arie Ruhyanto, profesor de la Facultad de Política y Gobierno de la Universidad Gadjah Mada en Yogyakarta (Indonesia). “Debido a la situación política, las opciones se limitan a asuntos no políticos… Por tanto, el problema de Papúa siempre está enmarcado en el contexto de los problemas de desarrollo, como la pobreza y el subdesarrollo”.

En última instancia, esto solo ha aumentado las tensiones, pues muchos papúes sienten que el desarrollo tiene como único objetivo extraer recursos o favorecer a los trabajadores migrantes procedentes de otras regiones de Indonesia. Esa es una de las razones por las que el ataque llevado a cabo en diciembre por los separatistas fue contra la construcción del proyecto estrella de este nuevo plan de desarrollo: la carretera Trans-Papúa de 4.300 kilómetros de longitud.

La respuesta al ataque también es el reflejo de un grave problema: muchos miembros de las fuerzas de seguridad de Indonesia no distinguen entre las manifestaciones pacíficas o los deseos de la amplia mayoría de los papúes y las acciones de una pequeña minoría de militantes. En respuesta al atentado de Nduga, la policía detuvo a miembros del Comité Nacional de Papúa Occidental (Komite Nasional Papua Barat, KNPB), una organización estudiantil que coordina las protestas pacíficas, y clausuró violentamente sus oficinas.

Como las fuerzas de seguridad están atrincheradas y el poder de Jokowi es limitado, muchos temen que la brecha entre ambas partes esté aumentando. Los papúes saben que es muy poco probable que las elecciones de abril cambien algo.

Tomando impulso

Aun así, en lugar de esperar a que Yakarta tome medidas, cada vez más papúes occidentales se manifiestan a nivel local, nacional e internacional. En 2014, varias organizaciones independentistas de Papúa Occidental se unificaron y formaron el Movimiento Unido de Liberación para Papúa Occidental (ULMWP), dirigido por el conocido activista papú Benny Wenda. La organización ha participado en el Foro de las Islas del Pacífico, fundado en 1971 y constituido por 18 naciones, y en el Grupo Melanesio de Avanzada que forma parte de dicho foro y está compuesto por las cuatro naciones melanesias de Fiji, Papúa Nueva Guinea, las islas Salomón y Vanuatu.

“En 2015, el ULMWP presentó una solicitud para pasar a ser miembro con estatus de observador”, nos cuenta Kareni. Dicha solicitud fue aprobada. “Para los papúes significó el reconocimiento de nuestra causa. El movimiento ha tomado mucho impulso, especialmente en el Pacífico”.

En 2017, los activistas de Papúa Occidental emprendieron una tarea impresionante: hicieron circular por toda la isla, de contrabando, una petición y recogieron las firmas de 1,8 millones de habitantes (el 70% de la población) a favor de un referéndum de independencia, tal y como se había prometido en la década de 1960. La petición fue entregada al Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, ante lo que Indonesia respondió deteniendo a Yanto Awerkion, un activista del KNPB y organizador de la petición, y condenándole a 10 meses de prisión.

Una pequeña oportunidad de sacar a la luz las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en Papúa Occidental se dio cuando un grupo de expertos de la ONU sobre derechos humanos emitió un comunicado para condenar el racismo y la violencia policial en la región, lo cual tuvo como resultado una disculpa insólita por parte de la policía indonesia por un incidente en concreto.

Asimismo, el Ministerio indonesio de Asuntos Exteriores anunció que permitirá una visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Papúa Occidental. Sin embargo, la sociedad civil se muestra escéptica y alega que la visita de la ONU, si es que se lleva a cabo, no se traducirá en cambios concretos.

“No es nada nuevo”, denuncia Harsono, aludiendo a anteriores invitaciones que no se materializaron porque no se otorgaron visados ni detalles. “No me lo creeré hasta que me reúna con ellos en Jayapura, hasta que les vea en Papúa”.

Mientras tanto, la campaña electoral está tomando impulso. El caso de Nduga se ha convertido en un tema de campaña y ha provocado un creciente sentimiento nacionalista contra los papúes occidentales. Por desgracia, hay muy poco que Jokowi o su adversario (el exgeneral militar Prabowo Subianto, que cuenta con un historial oscuro debido a su implicación en la guerra de Timor Oriental) puedan hacer para cambiar la situación de los papúes.

“Gane quien gane la presidencia se encontrará en una posición difícil, ya que todas las fuerzas políticas de Indonesia, tantos los grupos nacionalistas, como los militares o los islamistas, parecen reacias a abordar la cuestión de los derechos humanos”, asegura Ruhyanto. “Sigue siendo un tema al margen que solo preocupa a un puñado de activistas e investigadores”, concluye.