“Sigo teniendo flashbacks”, cuenta Blerta [todos los nombres se han modificado para preservar la identidad de las víctimas], con la mirada perdida, mientras alisa distraídamente los pliegues invisibles de su pantalón. La imagen de los cuerpos inertes de dos mujeres que la habían socorrido hace 20 años, está grabada en su memoria. “Varios combatientes serbios las violaron y después las mataron. A veces pienso que es mejor que estén muertas, en lugar de vivir con esta carga”, exhala.

Entre 1998 y 1999, la provincia de Kosovo, cuya población es mayoritariamente albanesa, estuvo en conflicto con Serbia para reclamar su independencia. Más de 13.000 personas murieron. La organización de derechos humanos Human Rights Watch denunció en el año 2000 el uso de la violación como “arma de guerra”. No existe ninguna cifra verificada ni verificable del número de víctimas, pero las organizaciones locales calculan que entre 10.000 y 20.000 personas fueron sometidas a este tipo de violencia. Blerta estaba embarazada. Su hijo mayor lo vio todo. “Fue muy difícil criar a mis hijos después de aquello”, reconoce.

Sentada en el confortable salón de la ONG Medica Gjakova este invierno de 2019, Blerta se encuentra mejor. Su mirada consternada se encuentra con el gesto comprensivo de otras tres mujeres que la rodean. Han hecho juntas el largo trayecto desde su pueblo hasta la ciudad de Gjakova, al oeste de Kosovo. La ONG brinda desde 1999 apoyo psico-social y jurídico a los supervivientes de guerra, en particular mediante terapias en grupo. “Nuestro sufrimiento se ha vuelto más llevadero”, afirma Blerta con gratitud.

Un reconocimiento tardío

En Kosovo, hablar fuera del círculo familiar de los problemas de violencia, sobre todo sexual, es una deshonra. Las víctimas son consideradas totalmente responsables. “Las consecuencias son terribles, en particular para las mujeres. Algunas se han visto obligadas a divorciarse, y a muchas chicas jóvenes las han casado con hombres mucho mayores o discapacitados”, explica Sebahate Pacolli, directora de proyectos en Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (Centro kosovar para la rehabilitación de las víctimas de la tortura).

En consecuencia, las víctimas han sido ignoradas durante mucho tiempo por las instituciones. “Este tema no es nunca una prioridad, porque los políticos saben que las víctimas no van a protestar nunca en público”, se lamenta Sebahate Pacolli. Las asociaciones de ayuda a las víctimas, muy unidas y organizadas en Kosovo, han presionado durante dos décadas para mejorar la suerte de las víctimas y para que el Estado las apoye. Pero la resistencia ha sido considerable, sobre todo por parte de los parlamentarios. “Cuando se votó la ley sobre las categorías de víctimas de la guerra en 2006-2007, intentamos que se incluyeran a las víctimas de la violencia sexual. Pero fue imposible”, recuerda Sebahate Pacolli.

En 2014 se logró un avance importante cuando Atifete Jahjaga, por aquel entonces presidenta de la República de Kosovo, convirtió el asunto de las víctimas de la violencia sexual y la discriminación en una batalla personal. Su condición no le permitía ejercer ninguna influencia directa sobre el proceso legislativo, pero, impactada por las observaciones de los parlamentarios durante los debates, y por la penuria de las víctimas, utilizó su posición para implicar al Gobierno, al Parlamento y a las asociaciones en un proceso participativo, y creó el Consejo Nacional para los Supervivientes de la Violencia Sexual.

La ley sobre las categorías de víctimas del conflicto terminó enmendándose con la inclusión de la condición de “víctima de la violencia sexual en la guerra”, estableciendo el derecho a una pensión de 230 euros (260 dólares USD) al mes para las víctimas de violaciones durante la guerra, lo que equivale a un salario medio para una mujer de Kosovo.

En 2015 se inauguró en pleno centro de Pristina, la capital del país, el monumento Heroinat (Heroínas), creación de Blakçori. Compuesto de 20.000 cabezas de alfiler cuya disposición representa el rostro de la mujer albanesa, este monumento rinde homenaje permanente a las víctimas.

Pero se necesitaron otros cuatro años para obtener un presupuesto y crear una comisión encargada de examinar las demandas de las víctimas. Drita fue una de las primeras en presentar su dosier. “Nunca hubiera pensado que llegaría a ver ese día”, afirma, sentada en postura erguida, con un jersey rojo que hace juego con su pintalabios.

A pesar del retraso, “tenemos el apoyo del Estado y nos sentimos más fuertes”, se congratula Drita. Para las víctimas, esta pensión significa una mayor libertad, e incluso una emancipación, así como la posibilidad de contribuir económicamente a los gastos del hogar. En Kosovo solo trabaja el 18% de las mujeres en edad activa. “Nada va a curar nuestro dolor, pero este dinero ayuda a sobrevivir”, añade Drita.

La estigmatización persiste

Si bien estos progresos han sido acogidos con satisfacción por los supervivientes y las ONG, “muchas mujeres siguen teniendo miedo a hablar”, afirma Mirlinda Sada, directora de Medica Gjakova, y temen por tanto emprender el largo y complicado proceso de solicitar una pensión. Entre el 5 de febrero, fecha de apertura del procedimiento, y el 31 de diciembre de 2018, solo se habían presentado 911 dosieres.

Las mujeres que hemos interrogado siguen temiendo “el chismorreo” de sus vecinos y se cuidan de no revelar nada que pueda identificarlas. Sihana es viuda desde la guerra y vive en casa de su familia política. “No quiero que nadie se entere de lo que me ocurrió, por las consecuencias que pudieran sufrir mis hijos”, señala expresando esa preocupación constante de las víctimas. Pero necesita el dinero para curarse. Muchas de estas mujeres han presentado su solicitud en secreto, y tienen que idear estratagemas para ocultar la verdadera proveniencia del dinero.

Solo una mujer, Vasfije Krasniqi-Goodman, se ha atrevido a desvelar públicamente su historia. Delante de las cámaras, en octubre de 2018 relató el secuestro y después la violación que había sufrido a manos de dos serbios en 1999. Se casó muy joven y, tras divorciarse, emigró a Estados Unidos, donde se volvió a casar. Ha viajado a Pristina especialmente para declarar “en nombre de todas las víctimas”.

Pero no todo el mundo en Kosovo aprecia ver a una mujer revelando su sufrimiento en público. Blerta dejó de ir a casa de sus vecinos después de oírles criticar a Vasfije Krasniqi-Goodman. “No soportaba escucharles hablar así de una mujer que ha vivido lo mismo que yo. Ahora no me siento segura con ellos”, explica.

Las posibles beneficiarias también se sienten desalentadas por la lentitud del procedimiento. Los primeros dosieres fueron tratados dentro de los plazos establecidos, pero después se fueron acumulando centenares de ellos. En 2018 solo se aprobaron 190 y se rechazaron unos cuantos. Teuta espera una respuesta desde hace casi seis meses. Está prácticamente sorda, una secuela de los abusos que sufrió. “Desde la muerte de mi marido dependo totalmente de mis hijas. Me quedo sentada todo el día mirando al vacío, presa de mis recuerdos”, reconoce angustiada.

Reparaciones, pero no justicia

Mirlinda Sada señala que los atrasos son inaceptables. “Teniendo en cuenta la edad de algunas de las víctimas y las secuelas físicas de las violaciones, no sabemos si llegarán a recibir las prestaciones antes de morir”, se lamenta. Al parecer ya se está constatando una disminución del número de solicitudes. El tiempo apremia: las víctimas solo tienen cinco años para personarse –un plazo demasiado corto, según las ONG que las asisten–.

Otra restricción de la ley es que hace referencia al período del 27 de febrero de 1998 al 20 de junio de 1999, es decir, las fechas oficiales del conflicto. “Tenemos el caso de una víctima que fue agredida el 21 de junio y que por tanto no puede presentar la solicitud”, se lamenta Mirlinda Sada.

Diversas organizaciones serbias han denunciado una restricción que excluiría igualmente de facto los casos de venganza contra la población minoritaria tras la retirada de las tropas serbias.

No existe ninguna cifra que concrete el número de víctimas implicadas. No obstante, según recalca un informe de Amnistía Internacional publicado en 2017, con el apoyo de testimonios, “durante la guerra, pero sobre todo en los meses posteriores, mujeres y niñas serbias de Kosovo y romaníes (así como hombres) fueron objeto de violaciones y violencia sexual por parte de miembros del Ejército de Liberación de Kosovo y de otros grupos armados”. La Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (MINUK) registró entre junio de 1999 y diciembre de 2000 más de 155 casos de alegaciones de violación. Se han dado casos de mujeres albanesas acusadas de “colaboración” que también sufrieron represalias.

El reconocimiento es un símbolo importante, pero no aborda más que una parte de las necesidades de las víctimas. “Muchas mujeres dicen que el dinero no es nada en comparación con lo que se les hizo. El acceso a la justicia es fundamental. La condena de los responsables les quitará parte de la culpabilidad que acarrean”, insiste Mirlinda Sada.

Solo cuatro altos cargos serbios han sido condenados por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, entre ellos de “violencia sexual”. Serbia condenó a un kosovar. Kosovo únicamente ha dictado absoluciones, en particular las de los agresores de Vasfije Krasniqi-Goodman por una cuestión de procedimiento. No existe cooperación alguna entre Belgrado y Pristina.

“Es difícil convencer a las víctimas de que participen en el largo proceso jurídico cuando se tarda tanto tiempo en obtener una pensión”, comenta con preocupación Mirlinda Sada. Los años pasan y la esperanza disminuye. Los testigos desaparecen y los detalles se van borrando de la memoria. Sólo queda el dolor.