¿Debe preocuparnos la pérdida de peso económico de las rentas del trabajo?

¿Debe preocuparnos la pérdida de peso económico de las rentas del trabajo?

Both import penetration and the threat of offshoring reduce workers’ bargaining power and force them to accept lower pay in the hopes of keeping their jobs.

(AP/Paul Sancya)

Como analizamos en el artículo La caída del peso económico de las rentas del trabajo publicado por la Fundación Alternativas, el descenso de la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional desde al menos los años 80 constituye una tendencia global de carácter estructural que ha sido ampliamente contrastada, tanto por la academia como por los principales organismos económicos internacionales.

Esto significa que, en la mayor parte de los países, y desde luego en las economías desarrolladas, en las últimas décadas el salario real medio de la economía ha crecido sistemáticamente por debajo de la productividad, mostrando ambas variables una tendencia al desacoplamiento macroeconómico a largo plazo.

El débil crecimiento de los salarios reales en el contexto actual de recuperación del crecimiento económico y del empleo en las economías avanzadas, ampliamente documentado por la OIT en su último Informe Mundial sobre Salarios, indica que la tendencia, lejos de frenarse, parece estar consolidándose.

¿Cuáles son las consecuencias de un crecimiento débil de las rentas salariales?

Esta realidad genera una gran preocupación porque tiene implicaciones de mucho calado. Primero, desde el punto de vista distributivo, porque el hecho de que ganen peso las rentas del capital en detrimento de las del trabajo conduce a un aumento de la desigualdad en la distribución de la renta resultante del mercado (distribución primaria), dado que el capital, o sea, la riqueza, está muy concentrada.

Además, la pérdida de entidad de la masa salarial limita la capacidad del sector público para redistribuir renta (distribución secundaria) porque, tras la progresiva desfiscalización de las rentas del capital en las últimas décadas, las rentas del trabajo (y el consumo de los asalariados) son la base fiscal fundamental de los sistemas tributarios, es decir, son el sostén financiero de los Estados de Bienestar.

En segundo lugar, la caída del peso económico de las rentas salariales también tiene implicaciones macroeconómicas, porque son la base del consumo y éste de la demanda interna, el principal motor del crecimiento de las economías de mercado.

De hecho, la debilidad de las rentas salariales explica la creciente importancia que ha adquirido el endeudamiento como sostén del consumo privado, lo que conduce a la consolidación de patrones de crecimiento muy inestables dada la falta de control político sobre los mercados financieros, como ha puesto de manifiesto tristemente la última crisis financiera.

Por último, el aumento sostenido de la desigualdad de la renta y la riqueza, así como la extensión de la precariedad laboral a capas cada vez más amplias de la ciudadanía provoca malestar social, desafección política, pérdida de credibilidad de las instituciones y repliegues identitarios, de manera que el fracaso del sistema económico para garantizar una vida digna al conjunto de la población pone en cuestión la calidad democrática del sistema político que lo ampara.

¿Dónde se pone el foco a la hora de explicar la tendencia?

Hasta aquí el consenso es bastante amplio. Son las causas explicativas de la debilidad de las rentas laborales lo que suscita un gran debate en la actualidad, dando lugar a posicionamientos muy diferentes en torno a las políticas que deberían desarrollarse para afrontar el problema. Básicamente hay dos tipos de explicaciones. Las que ponen el foco en el desarrollo tecnológico y las que apuntan al retroceso de la intervención pública en la economía.

En relación al cambio tecnológico, se argumenta que la incorporación generalizada de las tecnologías digitales y la automatización de los procesos productivos, con avances sin precedentes en la innovación e invención de nuevos bienes de capital cada vez más baratos, están conduciendo a una elevada sustitución de trabajadores de cualificación intermedia por capital, que pasarían a engrosar el ejército de reserva que compite por los empleos menos cualificados, presionando los salarios y las condiciones laborales a la baja.

Sólo los trabajadores más cualificados, particularmente en las ramas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, serían complementarios del cambio tecnológico y verían aumentados sus salarios.

Según esta teoría, la pérdida de centralidad del trabajo en el sistema económico es algo inevitable, a medida que la tecnología digital y la inteligencia artificial ganan peso en los procesos productivos, de ahí que, además de políticas de recualificación de los trabajadores, se propongan mecanismos distributivos alternativos a la participación en el mercado de trabajo, como los esquemas de renta básica universal financiada con impuestos a los robots.

En segundo lugar, hay un conjunto de factores explicativos que se derivan de la tendencia más general al repliegue del sector público en la economía que se registra desde los años ochenta, de manera que una mayor intervención pública en la economía permitiría revertir la tendencia. Por un lado, la privatización de empresas públicas, particularmente en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, el transporte y la energía, así como la provisión de servicios públicos mediante la externalización y subcontratación con el sector privado, habría provocado una reducción de la participación de las rentas salariales debido a que el sector público no persigue la maximización de beneficios y da mayor prioridad al empleo y a las condiciones laborales que el sector privado.

Por otro lado, la creciente liberalización internacional de los mercados de productos, de trabajo y de capital (globalización) permite la penetración de importaciones de productos de empresas que venden más barato porque producen en países con menores costes laborales, lo que obliga a las empresas nacionales a ajustar los precios para poder competir, lo que suele traducirse en reducciones de los costes laborales, ya sea por la vía de automatizar los procesos productivos o por la vía de reducir los salarios. Además, la deslocalización de distintas fases de los procesos productivos a países con menores salarios estaría conduciendo a importantes procesos de destrucción de empleo en muchos sectores, particularmente los industriales.

Desde el punto de vista de los trabajadores, tanto la penetración de las importaciones como la amenaza de deslocalizaciones productivas reducen su poder de negociación con las empresas y les lleva a aceptar peores condiciones salariales con tal de mantener el empleo. Además, la digitalización de la economía en este contexto de liberalización económica internacional estaría agudizando los efectos negativos sobre las rentas del trabajo porque permite a las empresas fragmentar cada vez más los procesos productivos y deslocalizar las distintas fases, incluso a nivel de tareas, aprovechando al máximo las diferencias de precios y salarios internacionales. Los repliegues proteccionistas que se registran en las economías avanzadas hallan en estas dinámicas su justificación.

La caída de la participación de los salarios en el valor añadido también tiene que ver con la creciente concentración empresarial que se observa en numerosos sectores en torno a la empresa dominante, porque cuanto mayor es la falta de competencia mayor es la capacidad de las empresas para aumentar los márgenes de beneficios y menor, por tanto, la participación de los salarios en el valor añadido, sobre todo si el poder de negociación de los trabajadores para determinar el reparto de esa renta monopolística se encuentra en retroceso.

Otra de las teorías explicativas apunta a la creciente financiarización de la economía derivada del proceso de liberalización a gran escala de los mercados financieros y cambiarios iniciado en los años 80. El hecho de que los principales accionistas de las empresas cotizadas son inversores institucionales (fondos de inversión, fondos de pensiones y de seguros, hedge funds, etc.) que buscan rentabilidad a corto plazo, y que una parte importante de la retribución de los directores ejecutivos de las empresas esté ligada al precio de las acciones, está llevando a una reducción muy acusada del porcentaje de beneficios que se reinvierte en la actividad productiva (lo que sí redundaría en aumentos del empleo), y a un aumento de operaciones financieras tendentes a maximizar los beneficios a corto plazo para los accionistas, como el reparto de dividendos o la compra de acciones de la propia empresa.

Esta lógica de maximización del beneficio a corto plazo está también detrás de las operaciones de reestructuración empresarial dirigidas a mantener únicamente las fases del proceso productivo en las que la empresa tenga una clara ventaja competitiva.

El resto se externaliza, se subcontrata o se deslocaliza, lo que tiende a traducirse en reducciones de empleo, deterioro de las condiciones de trabajo, segmentación de los mercados de trabajo y disminución del poder de negociación de los trabajadores; un deterioro laboral que alcanza sus máximas cotas cuando la subcontratación se produce en regiones de bajos salarios y ausencia de derechos laborales.

De hecho, la pérdida progresiva de poder de negociación de los trabajadores constituye otro de los factores explicativos de la caída de las rentas salariales. Precisamente, la creciente integración de las economías avanzadas en mercados internacionales desregulados ejerce una enorme presión para liberalizar los mercados laborales, minar la legislación protectora de los trabajadores, debilitar a los sindicatos y restarle centralidad a la negociación colectiva en la fijación de salarios.

En este escenario, el aumento del desempleo estructural, de la subcontratación y del empleo atípico (temporal, a tiempo parcial y autónomo), al albur en muchos casos de los florecientes nuevos modelos de negocio digitales, estarían fragmentando a la clase trabajadora, dificultando con ello la defensa colectiva de sus intereses y minando, en última instancia, su capacidad para obtener salarios acordes con la productividad.

This article has been translated from Spanish.