Turquía aumenta la presión sobre el derecho de asociación y sindicación

Turquía aumenta la presión sobre el derecho de asociación y sindicación

On 25 November 2018, thousands of women tried to march down the busy Istiklal Street in the centre of Istanbul, on the International Day for the Elimination of Violence Against Women. This march, like many others, had not been given permission by the authorities, and the police stopped the women from gathering by using tear gas.

(Marie Tihon)

Con el rostro envuelto en el fular blanco tradicional, las mujeres pasaban horas, en silencio, frente a las cárceles de todo el país: permanecieron más de 45 días frente a la cárcel de Maltepe en Estambul y 25 días frente a la cárcel Bakırköy, a las afueras de la ciudad. En los últimos meses, estas manifestaciones pacíficas se han convertido en un violento cara a cara con la policía y se han convertido en el último ejemplo de la represión estatal contra todas las manifestaciones convocadas por asociaciones y activistas en Turquía. “La policía amenazó con arrancarles los velos y pisotearlos. Comenzaron su sentada frente a las prisiones, sin eslóganes”, explica el abogado Sinan Zincir.

Siempre con un cigarrillo en la mano, este abogado pasa sus días entre el Palacio de Justicia y las penitenciarías. Permanece junto a estas mujeres, madres de los presos políticos de origen kurdo, que apoyaban la huelga de hambre emprendida por unos 3.000 detenidos esta primavera. Lo hicieron en solidaridad con la lucha librada por la diputada pro kurda Leyla Güven, contra las condiciones de detención que padecía Abdullah Öcalan, histórico líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

La huelga de hambre finalizó el 26 de mayo, pero durante semanas se recrudecieron los controles de carretera en las calles adyacentes, el lanzamiento de gases lacrimógenos y los golpes con porras, todo ello ante el sonoro silencio de los medios de comunicación. “Se trata de una violación del derecho más elemental consagrado en la Constitución de la República de Turquía, cuyo Artículo 34 dispone que toda persona tiene derecho a celebrar reuniones y manifestaciones pacíficas y sin armas”, afirma Zincir.

El permiso de reunión queda suprimido

El gobernador de Kocaeli, una ciudad a unos cien kilómetros al este de Estambul, ha prohibido oficialmente todo tipo de concentraciones frente a la cárcel. La misma decisión se tomó para la prisión de Bakırköy. “Nos propusimos concentrarnos en otra plaza pública del barrio, pero el jefe de policía nos dijo claramente que tenían orden de detenernos y atacarnos dondequiera que nos reuniéramos”, explica Zincir a Equal Times.

Desde el 27 de mayo de 1995, hace ya más de dos décadas, las “madres del sábado” se concentran pacíficamente todos los sábados en el corazón de Estambul, en la Plaza Galatasaray, epicentro de la larga avenida peatonal Istiklal. Reclaman información sobre las desapariciones de sus hijos, de los que nada han sabido después de haber sido arrestados y detenidos por la policía, en las décadas de los ochenta y los noventa.

Aún llevan en sus manos un clavel rojo y los retratos de sus seres queridos desaparecidos. Pero el pasado mes de agosto, agentes antidisturbios las dispersaron con violencia. El subprefecto de la ciudad declaró en un comunicado que “la manifestación había sido promovida a través de las redes sociales desde cuentas vinculadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), ilegal en Turquía, y no se había pedido autorización para la manifestación”.

Como las vigilias del sábado no volvieron a ser autorizadas, el grupo sigue congregándose en una callejuela cercana la Plaza Galatasaray, siempre bajo la vigilancia de decenas de policías. Allí resuena la frágil voz de Emine Ocak, convertida en símbolo de esta represión, muy a pesar suyo. La foto del arresto de esta octogenaria apareció en numerosos medios de comunicación. “Llevo 24 años sentándome en la Plaza Galatasaray. Le ruego me ayude [a obtener justicia]”. Esta madre descubrió que su hijo Hasan, desaparecido tras su detención en 1995, había muerto. Y lo descubrió ella misma, realizando una investigación por cuenta propia para averiguar la verdad. Ahora quiere que se encuentre a los culpables.

Atentados contra la seguridad nacional y del orden público

Estos acontecimientos, como muchos otros, se producen en un clima de endurecimiento de la seguridad que vive Turquía desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016 y la instauración del estado de emergencia.

“De la noche a la mañana se prohibieron las manifestaciones y se perpetraron graves violaciones de la libertad de expresión. Miles de personas fueron condenadas a penas de cárcel por publicar mensajes en las redes sociales, acusadas de pertenecer o de hacer propaganda a favor de organizaciones terroristas. Hay más de 260.000 personas detenidas hoy en Turquía. De ellas, 100.000 fueron arrestadas tras el intento de golpe de Estado”, explica Gülseren Yoleri, abogada y presidenta de la oficina de Estambul de la Asociación de Derechos Humanos (İnsan Hakları Derneği o IHD), que recientemente publicó un informe sobre la situación de las violaciones de los derechos humanos en Turquía.

Sentada detrás de un escritorio cubierto de dosieres, Gülseren Yoleri no tiene ni un minuto de respiro últimamente. Su organización no gubernamental, creada en 1986, no reivindica ninguna afiliación política. Gracias al apoyo de esta ONG, las Madres del Sábado continúan sus concentraciones.

Las escenas de represión policial sofocan eventos tan diversos como la marcha del Día Mundial de la Mujer, el 8 de marzo, el Día del Orgullo Gay en Estambul o las rupturas de los ayunos (politizados), organizados durante el Ramadán por los Musulmanes Anticapitalistas Müslümanlar (una organización política de izquierdas).

“Los aficionados al fútbol pueden reunirse, las organizaciones religiosas pueden celebrar conferencias de prensa delante del Palacio de Justicia, pero cuando se trata de kurdos, socialistas, mujeres, madres de presos o cualquier persona de la oposición, el Estado envía a la policía, arresta a los ciudadanos por motivos de seguridad nacional o por violaciones del orden público”, resume Sinan Zincir.

Las ONG y las organizaciones políticas no son las únicas que tienen dificultades para expresar sus reivindicaciones y ejercer sus derechos democráticos.

Aunque Turquía ha firmado convenios internacionales, como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Convenio (número 98) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva y el Convenio (número 87) sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, “existen diferentes instrumentos jurídicos para reprimir a cualquier organización colectiva o huelga, a través del Código Penal o de la Constitución”, explica la investigadora Işıl Erdinç, doctora en Ciencias Políticas y autora del libro Syndicats et politique en Turquie : les ressorts sociaux du pouvoir de l’AKP 2002-2015 (Sindicatos y política en Turquía: los resortes sociales del poder del AKP).

Sindicatos y trabajadores, víctimas de restricciones de sus derechos

En el inicio del nuevo milenio, la vida política, económica y social, además de las normas jurídicas, estuvieron marcadas por las recomendaciones exigidas por el proceso de adhesión a la Unión Europea.

En 2004, Turquía se comprometió a un proceso de reforma de la legislación laboral, que entró finalmente en vigor en 2012. Para la investigadora, esta reforma fue insuficiente: “Tiene el mismo espíritu de restricción de los derechos sindicales que la ley anterior”.

Por este motivo el país será objeto de un estudio de evaluación por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que considera que Turquía no respeta los estándares internacionales en la materia. Una serie de recomendaciones serán publicadas al término de la conferencia anual de la OIT –que comienza la próxima semana en Ginebra–.

En Turquía, por ejemplo, no hay elecciones de representes de los trabajadores en el lugar de trabajo. Por otra parte, los sindicatos deben justificar un cierto umbral de representación (ser el sindicato mayoritario dentro de la empresa) para poder firmar convenios colectivos a nivel de empresa.

También es necesario que el sindicato alcance un umbral de representatividad en su sector a nivel nacional. “Este umbral de representatividad fue, por ejemplo, modificado en 2012 por el Gobierno. Pasó del 10% en 1983 al 3%. Aunque podría parecer un paso adelante, en la práctica se aplica una exención a este umbral a algunos sindicatos, bajo ciertas condiciones”, explica Işıl Erdinç a Equal Times.

El sistema hace que los sindicatos independientes partan con desventaja. Por ejemplo, entre las condiciones (de exención) figura la participación en el Consejo Económico y Social, “un órgano tripartito dominado por representantes del Estado. Los sindicatos que participan en sus reuniones están exentos del umbral del 3%, obtienen el certificado de representatividad y, por lo tanto, pueden firmar convenios colectivos. Pero cuando vemos qué sindicatos son miembros del Consejo, se trata principalmente de las confederaciones Hak-Iş [Ndla* muy próxima al AKP] y Türk-Iş [Ndla* de tendencia nacionalista]. El Disk, la confederación de sindicatos revolucionarios de Turquía, de izquierdas, no ha podido beneficiarse de dicha exención”.

Además, la ley dispone ahora que una huelga sólo es legal en caso de conflicto dentro de la empresa. Las huelgas de solidaridad o por razones políticas se consideran directamente ilegales. Otro elemento: la invocación de intereses “superiores”. Así, en 2014, la huelga de los trabajadores de Şişecam, en el sector del vidrio, fue suspendida por las autoridades debido a que “perjudicaba la salud pública”, concretamente por el riesgo de provocar una escasez de medicamentos (de aquellos cuyos envases son de vidrio).

Más recientemente, en septiembre de 2018, 600 obreros que trabajaban en la construcción del tercer aeropuerto de Estambul fueron detenidos, según un informe de la Confederación Sindical Internacional, cuando declararon una espectacular huelga para denunciar las pésimas condiciones de trabajo [según las cifras oficiales, 52 trabajadores murieron en la obra] y las condiciones sanitarias en el lugar.

Casi 10.000 trabajadores bloquearon las carreteras de acceso a la obra, quemando neumáticos y depositando bloques de hormigón.

“La imagen de lo sucedido durante la construcción del aeropuerto resume la realidad turca en 2019. Además de las condiciones de los obreros, desde el inicio del proyecto, está la elección de la ubicación, que supuso arrasar un bosque, la elección de empresas constructoras próximas al Gobierno y las reacciones a las demandas más básicas de los obreros de la construcción, como tener suficiente comida. También había chinches en los dormitorios y retrasos en los pagos”, explica Arzu Çerkezoğlu, presidenta de la confederación DISK. “El mensaje enviado a través de la respuesta del poder iba dirigido, en realidad, a toda la clase obrera: quien oponga resistencia, se enfrentará a las mismas respuestas. Incluso el presidente de nuestro sindicato [Ozgur Karabulut] fue arrestado”.

Ser miembro de un sindicato es arriesgarse a ser despedido

“El principal problema en Turquía es la discriminación sindical en muchas empresas. Los trabajadores son despedidos tras afiliarse a un sindicato. Algunos sufren amenazas por parte de su empleador, que les obliga a dejar su sindicato o a elegir otro progubernamental, por ejemplo, para beneficiarse de un convenio colectivo”, explica Işıl Erdinç.

Sin embargo, el artículo 25 de la Ley Nº 6356 sobre los sindicatos y los convenios colectivos de los trabajadores, que entró en vigor en 2012, estipula que “la contratación de trabajadores no puede estar condicionada a la afiliación a un sindicato ni a la baja de un sindicato”. En materia de condiciones laborales y despidos, el empleador no puede discriminar entre los trabajadores que están sindicalizados y los que no.

Sin embargo, la discriminación sindical existe, como puso de manifiesto el caso de los trabajadores de Flormar, una filial turca de la empresa de cosméticos propietaria de la marca Yves Rocher. En 2018, 132 trabajadoras se manifestaron diariamente frente a su fábrica durante más de 300 días. Habían sido despedidas injustamente por afiliarse a un sindicato. Algunas, las que renunciaron a afiliarse al sindicato, acabaron recuperando sus empleos. Las demás recibieron una indemnización tras una resolución emitida por un tribunal de justicia.

“Nuestras amigas de Flormar resistieron cuanto pudieron. Su resistencia fue ejemplar”, dice Arzu Çerkezoğlu en su oficina de Estambul, antes de añadir: “Se hace de todo para impedir la existencia de los sindicatos, desde el comportamiento del empresariado al comportamiento del Estado, pasando por decretos y decisiones judiciales”. Según las cifras proporcionadas por la confederación, solo el 10% de los trabajadores del país están hoy sindicalizados. Y cuando se trata de la negociación colectiva, sus datos revelan una participación del 7% para los trabajadores públicos y del 5% en el sector privado.

Temor a represalias

Muchas organizaciones sindicales padecen una sangría de miembros. El sindicato de trabajadores de la educación y la ciencia, Eğitim-Sen, ha perdido más de un tercio de sus miembros desde el intento de golpe de Estado del verano de 2016. “Contábamos con más de 100.000 miembros afiliados, hoy sólo somos 70.000”, calcula Yılmaz Yılancı, presidente de la rama de Eğitim-Sen de Kadıköy, en Estambul. Desde 2016 se han llevado a cabo purgas en el sector público de todo el país: casi 150.000 funcionarios públicos y militares han sido despedidos o suspendidos, a menudo por las mismas razones que los militantes de “atentar contra la seguridad nacional”.

Entre ellos figuran los 4.218 miembros de KESK, la confederación de sindicatos representantes de funcionarios públicos. “Mediante un simple decreto ley tienen el derecho de suspender todos sus derechos. Nuestros miembros ya no pueden enseñar, ya no tienen acceso a la seguridad social. Es una muerte civil”.

Porque toda actividad sindical es ahora motivo de sospecha para las autoridades y pueden incluso culminar en arrestos, como la de un miembro del comité ejecutivo de la KESK; incluso condenas, como en el caso de los obreros de una fábrica de Renault, en Bursa, que habían participado en una manifestación no autorizada.

Yılmaz Yılancı se explaya sobre las investigaciones internas, las convocatorias en la Junta Disciplinaria del Ministerio de Educación. Los miembros de los sindicatos están luchando para continuar con sus actividades, entre grandes dificultades. “Tan pronto como nuestras reivindicaciones se hacen visibles a la sociedad, el Estado endurece el tono contra nosotros. La policía nos ataca durante las manifestaciones y detiene a nuestros líderes”.

Como resultado, los miembros abandonan el sindicato por temor a represalias políticas y sociales. “La sociedad ha quedado reducida al silencio”, suspira Yılmaz Yılancı. No es su caso. Cuando se reunió con Equal Times, en mayo, estaba a punto de tomar el tren hacia Ankara, donde los sindicatos de docentes convocaban una manifestación frente al Ministerio de Educación. “Probablemente nos ataque la policía, pero aun así lo intentaremos”, explica con una sonrisa forzada.

This article has been translated from French.

Ndla*: Nota de la autora.