El gobierno democrático restablecido de Fiyi ha virado hacia un Estado policial. Hace un mes se tuvo que recurrir nuevamente a la solidaridad sindical mundial para sacar de la cárcel al líder sindical fiyiano Felix Anthony (presidente de la CSI Asia-Pacífico). Y los sindicatos se preparan ahora para plantear este asunto en la Conferencia de la OIT que tendrá lugar este mes y en la reunión anual de la agrupación sindical Commonwealth Trade Union Group.

El conflicto entre la central sindical del archipiélago Fiji Trades Union Council (FTUC) y el Gobierno del exdictador Frank Bainimarama ha ido en aumento en los últimos meses. Siguen sin resolverse una serie de quejas relativas al salario mínimo inadecuado, a la reforma incompleta de la legislación laboral y a diversos conflictos en los sectores de la minería y el tráfico aéreo.

Y el Gobierno sigue sin cumplir con el "Informe de Ejecución Conjunto" presentado hace tres años, suscrito por los interlocutores tripartitos con objeto de evitar una Comisión de Encuesta de la OIT sobre Fiyi.

Así pues, durante la reunión anual del Banco Asiático de Desarrollo celebrada en Fiyi, los sindicatos fiyianos acordaron organizar una jornada de protesta el 3 de mayo. Se aconsejó a los trabajadores que se quedaran en casa o que se reunieran en privado, pero también se requirió un permiso para llevar a cabo una manifestación pública al día siguiente, a 5 kilómetros del lugar de reunión del Banco Asiático de Desarrollo.

Semanas antes de la acción planificada, la máxima autoridad del Ministerio de Educación ordenó a los docentes que no participaran en la misma. Si bien la jornada de acción iba a tener lugar durante las vacaciones escolares, la dirigente sostuvo que cualquier tipo de participación se consideraría ilegal, y que los docentes que participaran podrían ser objeto de acciones disciplinarias o de otro tipo, lo que constituye una clara violación de la libertad de asociación.

Al mismo tiempo, se informó a la central sindical FTUC de la denegación por parte de la Autoridad de Carreteras de Fiyi de la solicitud para la obtención de un permiso para manifestarse, en la que se alegaba obstrucción del tráfico en el marco de la reunión del Banco Asiático de Desarrollo y protección de la seguridad ciudadana. La policía confirmó la prohibición, lo que constituye una vulneración de la libertad de reunión.

Los planes para la jornada de acción se topan con arrestos y detenciones

El lunes 29 de abril, la policía ordenó a 13 dirigentes nacionales del sindicato de docentes Fijian Teachers Association que se personaran en la comisaría más cercana para responder a unas preguntas relacionadas con la protesta. Cada uno de ellos fue sometido a un interrogatorio de cuatro horas antes de ser puestos en libertad.

Al día siguiente, la secretaria general de la unión Fiji Nurses Association, Salanieta Matiavi y la secretaria general de la Fijian Teachers Association, Paula Manumanuitoga, fueron llevadas a comisaría para ser interrogadas. En estas instancias permanecieron detenidas 48 horas. El mismo día, Shiu Lingam, responsable sindical del National Union of Workers (NUW), estuvo detenido cerca de 35 horas.

El miércoles 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el secretario nacional de la FTUC, Felix Anthony, fue arrestado en presencia del director de la Oficina de la OIT para los Países Insulares del Pacífico; del director general de la federación de comercio y empleadores, Fiji Commerce and Employers Federation; de los secretarios nacionales adjuntos de la FTUC; y del ministro de Empleo, Productividad y Relaciones Industriales. Este incidente provocó enérgicas protestas por parte de sindicatos de todo el mundo. Felix Anthony fue puesto en libertad 48 horas más tarde.

Todos los dirigentes detenidos fueron encerrados en celdas en diferentes comisarías, algunos de ellos en condiciones lamentables.

Intervención de la policía antidisturbios y del ejército tras el despido de trabajadores del servicio de suministro de agua

El 25 de abril, antes de los ataques contra la libertad de asociación y de reunión mencionados, el organismo responsable del servicio de suministro de agua, Water Authority of Fiji (WAF), entregó sendas cartas de despido a más de 2.000 trabajadores, miembros del NUW, alegando que habían sido contratados para trabajar en una serie de proyectos y que los proyectos, de repente, se habían terminado.

El NUW cuestionó los despidos y el 30 de abril trató de presentar una moción ante el Tribunal de Empleo para impedirlos, pero este se negó a evaluar la moción hasta una semana más tarde. Para cuando se celebró la audiencia, el presidente señaló que era demasiado tarde para evitar los despidos puesto que “el mal ya está hecho”.

El Primero de Mayo, los trabajadores, establecidos en diferentes partes del país, acudieron a trabajar, pero a la entrada se encontraron con policías armados con equipos antidisturbios que les amenazaron con arrestarles, insistiendo en que no podían acceder ni concentrarse en la puerta.

En Lautoka, la segunda ciudad más importante de Fiyi, los trabajadores fueron expulsados de su lugar de trabajo, por lo que trataron de concentrarse en un terreno propiedad del NUW. A pesar de habérsele comunicado que el terreno era propiedad privada, la policía trató de dispersar a los trabajadores por la fuerza.

Veintinueve trabajadores se negaron a marcharse, a raíz de lo cual fueron arrestados y detenidos durante 48 horas, acusados de reunión ilegal en virtud de la Ley de Orden Público (en su versión enmendada) de 2012, que se remonta a la época de la dictadura militar. Finalmente se les concedió la libertad bajo fianza, además de un toque de queda y estrictas restricciones para viajar.

En Suva, la capital del país, la policía antidisturbios accedió al recinto de la FTUC e instó a los trabajadores a abandonar las instalaciones. La policía permaneció en el recinto todo el día, esperando a que los miembros se dispersaran. Se les informó que no podían reunirse, ni siquiera en el interior de la oficina, y que no se les podía ver disfrutando de la asamblea.

El jueves 2 de mayo a las 8.30 de la mañana., la policía ordenó quitar todas las pancartas, carteles y tiendas de campaña de las instalaciones de la FTUC. A mediodía, los agentes de policía comunicaron al personal que, después de la hora del almuerzo, de 1 a 2 de la tarde, no se permitiría llevar comida para los más de 300 trabajadores reunidos en las instalaciones. Al día siguiente se prohibió beber kava, la bebida nacional, e incluso zumo, en el interior del edificio o del recinto.

También se señaló a los miembros sindicales no realizar “emisiones en directo” y no publicar nada en las redes sociales. Muchos de los policías presentes fueron identificados como oficiales del ejército con uniformes de policía.

Escalada del acoso policial

Según los sindicalistas de Fiyi, esta intimidación policial ha sido la peor que se ha sufrido en los últimos tiempos. Y no acababa ahí. Ante las advertencias y la intimidación generalizada por parte del Gobierno, y la detención de varios líderes, el Consejo Ejecutivo de la FTUC decidió aplazar las protestas.

No obstante, el 30 de abril la policía efectuó un registro en la oficina del NUW en Lautoka, llevándose un ordenador portátil y un ordenador, y el 2 de mayo la policía registró la sede de la FTUC en Suva y se llevó varios dispositivos personales (llaves USB y dispositivos de almacenamiento de archivos), el ordenador de la oficina, archivos de documentos impresos que contenían declaraciones de prensa de la FTUC, convenios colectivos entre el NUW y el WAF, el Informe de Ejecución Conjunto y registros financieros. Tres miembros del personal fueron interrogados por separado sobre la labor de la FTUC y su función en la organización de la protesta, la manifestación y la concentración de los trabajadores del WAF en las oficinas de la FTUC.

Al día siguiente Anthony fue obligado a entregar su teléfono y su ordenador portátil. El sábado 5 de mayo fue detenido por la policía mientras realizaba con su familia un trayecto de cuatro horas en coche hasta su casa. La policía exigió inspeccionar su vehículo, verificó su permiso de conducir y, tras hablar con alguien por teléfono, le permitió continuar su viaje.

La FTUC ha concluido que el Gobierno está tratando de reprimir los sindicatos y denegar a los trabajadores sus derechos fundamentales de reunión y protesta pacífica y de negociación colectiva.

Al igual que el WAF, otras entidades públicas insisten en imponer contratos individuales de duración determinada a los docentes, enfermeros y funcionarios. Es una manera más de cumplir los objetivos del Decreto relativo a las industrias nacionales esenciales de la dictadura militar, a pesar de que fue derogado tras el acuerdo tripartito que aplazó una Comisión de Encuesta de la OIT.

Lamentablemente, la maquinaria tripartita ha fracasado porque el Gobierno ha optado por una actuación unilateral en asuntos de carácter laboral, a pesar de las leyes en vigor que exigen consultas tripartitas. ¿Cuánto tiempo tendrá que transcurrir para que se vuelva a requerir a la OIT y a la Commonwealth que sancionen al Estado policial paria del “Tío Frank”?