Grandes bancos de EEUU retiran sus inversiones de las cárceles privadas por la presión ciudadana contraria al endurecimiento de ICE

Según un nuevo análisis del Center for Popular Democracy y otros grupos, las dos principales empresas que gestionan cárceles privadas, CoreCivic y GEO Group, se exponen a perder el 72% de su financiación privada —es decir, casi 1.900 millones de dólares USD— debido al compromiso de los grandes bancos de retirar sus inversiones del sector de las cárceles privadas bajo la presión de los activistas.

Los activistas han estado presionando durante años a bancos, fondos de pensiones, universidades y gobiernos locales y estatales para que retiren sus inversiones del sector de las cárceles privadas. No obstante, últimamente, el movimiento ha ido ganando más impulso: la indignación popular ante las políticas del presidente estadounidense Donald Trump en la frontera sur del país ha intensificado la presión sobre Wall Street para que se retire el apoyo financiero a las empresas privadas que establecen contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para gestionar y suministrar servicios a una enorme red de cárceles y centros de detención para inmigrantes.

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes informa que, en 2017, cerca del 71% de los detenidos por el ICE permanecían retenidos en instalaciones privadas, aunque esta cifra podría ser mayor ahora que, a raíz de las punitivas políticas fronterizas de la Administración Trump, las poblaciones de solicitantes de asilo y migrantes encarcelados en prisiones y centros de detención notoriamente abarrotados han aumentado. CoreCivic y GEO Group, las dos mayores empresas gestoras de cárceles privadas del país, son dos de los principales contratistas privados del ICE para el encarcelamiento y transporte de inmigrantes. En cambio, solo un 8,5% de los presos estatales y federales permanecen retenidos en instalaciones privadas.

Las empresas que gestionan cárceles privadas se aprovechan del sufrimiento humano, y es sabido que recortan gastos para ahorrar dinero. Estas prácticas han generado una larga lista de controversias en las cárceles de inmigrantes así como en las prisiones estatales y federales, como por ejemplo demandas judiciales alegando trata con fines laborales de detenidos por motivos de inmigración. Las empresas de cárceles privadas también tienen obligaciones con los inversores y los agentes financieros, lo que genera toda una serie de objetivos públicos para los activistas.

A medida que Trump ha ido intensificando sus políticas contra los inmigrantes, el movimiento a favor de la desinversión en las cárceles se ha convertido en una amplia coalición, vinculando a grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes con la corriente que lucha para acabar con el encarcelamiento en masa en los Estados Unidos, encabezada desde hace mucho tiempo por activistas que trabajan en el espacio de confluencia de los derechos humanos y la justicia racial. Kristin Rowe-Finkbeiner, directora ejecutiva de la red de acciones progresistas MomsRising y miembro del Families Belong Together Corporate Accountability Committee, afirma que más de un centenar de grupos de base se han unido a lo largo de los últimos meses para presionar a los bancos con peticiones, protestas y sentadas, aprovechando los años de experiencia en materia de organización que tienen los activistas que defienden la desinversión en las cárceles.

“Estamos constatando una ola de indignación generalizada que se está convirtiendo en una ola de acción generalizada, y vemos surgir la toma de conciencia del poder para lograr cambios a escala corporativa, legislativa y cultural, que cambien a su vez los planteamientos”, señala Rowe-Finkbeiner.

No se facilitará más financiación

En lo que va de año, seis grandes bancos —JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, SunTrust, BNP Paribas y Fifth Third Bancorp— han asumido públicamente amplios compromisos para dejar de proporcionar nueva financiación al sector de las cárceles privadas una vez hayan vencido los acuerdos financieros en vigor. Es de esperar que esta desinversión repercuta considerablemente en GEO Group y CoreCivic, que dependen de préstamos y líneas de crédito para expandirse y mantenerse a flote.

Ambas empresas están establecidas como Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) y por ello exentas del impuesto de sociedades, una disposición que ha permitido al sector de las cárceles privadas expandirse rápidamente a lo largo de las dos últimas décadas. No obstante, la ley exige que las SOCIMI devuelvan a los inversores fracciones considerables de sus ingresos, limitando el monto en efectivo del que pueden disponer en caja. Así pues, para expandir sus operaciones, al tiempo que mantienen el modelo empresarial basado en la laguna fiscal de las SOCIMI, empresas como CoreCivic y GEO Group tienen que contar con líneas de crédito y préstamos a corto plazo, convirtiendo la financiación de Wall Street para las empresas que gestionan cárceles privadas en un cuello de botella crucial de los activistas.

“El hecho de que Wall Street esté cortando lazos con las cárceles privadas no solo empaña la reputación pública de estas empresas”, afirma en una declaración Maggie Corser, analista del Center for Popular Democracy. “Seguramente perjudicará materialmente durante años el balance final de las empresas de cárceles con fines lucrativos”.

Según el análisis del Center for Popular Democracy, varios de los bancos que se están viendo presionados para retirar sus inversiones de las empresas de cárceles, como son PNC Bank, Barclays y US Bank, no se han comprometido públicamente a hacerlo. Además, aquellos que han manifestado públicamente que dejarán de financiar a las empresas gestoras de cárceles privadas no están cumpliendo sus compromisos por igual. Por ejemplo, Wells Fargo y JPMorgan Chase ya han cancelado varias líneas de crédito para GEO Group, mientras que Bank of America puso a disposición de la empresa una línea de crédito renovable adicional de 90 millones de dólares USD poco antes de anunciar que ya no ofrecería más financiación a este sector.

Tampoco está claro qué proporciones de la inmensa industria de las cárceles privadas van a dejar de financiar los bancos. Los funcionarios de Bank of America anunciaron la retirada de sus inversiones después de haber recorrido el Homestead Center, un “centro de afluencia” de migrantes privado de Miami que, según grupos defensores de los derechos humanos, en realidad es un centro de detención donde los niños permanecen encerrados durante largos períodos de tiempo en unas condiciones muy duras y sin poder salir. Caliburn, la empresa privada que sustenta el Homestead Center, no espera verse afectada por la decisión del grupo financiero Bank of America porque técnicamente no es una cárcel privada, según diversos informes.

GEO Group también ha intentado distanciarse de las polémicas suscitadas por la separación de las familias y la detención de niños migrantes, declarando en los medios de comunicación que no gestiona instalaciones que albergan a menores no acompañados ni a personas bajo el control de la Patrulla Fronteriza.

La criminalización de la migración

Aunque los bancos retiren completamente sus inversiones de las empresas que gestionan cárceles privadas, eso no implica necesariamente que vayan a dejar de lucrarse con el sistema penitenciario. El extenso sistema carcelario del país está repleto de empresas con fines lucrativos, también en las cárceles públicas: los contratistas pueden proporcionar todo tipo de prestaciones, desde atención médica hasta servicios de llamadas telefónicas de los presos a sus familias.

Además, como Kelly Hayes de Truthout ha señalado recientemente, el problema fundamental no es que haya niños enjaulados en instalaciones de detención privadas. El problema es que haya niños enjaulados, porque la criminalización de la inmigración ilegal afecta a personas de todas las edades. Los migrantes se ven arrastrados hacia el sistema estadounidense de encarcelamiento en masa, donde existe un número desproporcionado de presos negros, ya sean inmigrantes o no.

“Por una parte, es sumamente importante considerar la detención de inmigrantes como una prolongación del encarcelamiento en masa. No es solo una cuestión que afecte a los latinoamericanos, sino una cuestión que afecta a los negros, y también una cuestión que afecta a otras comunidades”, subraya Daniel Carrillo, director ejecutivo de Freedom to Thrive, un grupo de justicia racial implicado en una larga campaña de desinversión en las cárceles. “Es parte de un sistema más amplio que está desinvirtiendo recursos de las comunidades y canalizándolos a las cárceles y los centros de detención, así que deberíamos pensar en cómo reasignar y promover la reinversión y cómo exigírselo a los actores privados y públicos”.

Carrillo afirma que las reivindicaciones de los activistas deberían ir más allá de la desinversión por parte de los especuladores del sistema penitenciario y que estos deberían recordar que no basta con simplemente solicitar el cierre de una instalación de detención del ICE o de la Patrulla Fronteriza. GEO Group y otras empresas están muy comprometidas con las “alternativas” al encarcelamiento, como son, por ejemplo, los brazaletes electrónicos y la tecnología de reconocimiento facial, que pueden ampliar el sistema de control y encarcelamiento más allá de los muros de una cárcel o centro de detención.

“El afán de lucro persiste y el afán de control de comunidades también”, declara Carrillo.

No cabe duda de que el movimiento en favor de la desinversión en las cárceles se ha beneficiado de la indignación por el encarcelamiento en masa de inmigrantes; y si las instituciones financieras cumplen sus compromisos, el sector de las cárceles privadas podrá enfrentarse, a la larga, a grandes problemas. Esto no va a eliminar el encarcelamiento en masa en EEUU ni los abusos que sufren los migrantes bajo la Administración Trump. Para ello se requieren cambios a nivel legislativo y sistémico.

Pero sí demuestra que los activistas pueden obligar a las instituciones financieras a rendir cuentas por realizar inversiones que fomentan la violación de los derechos humanos; y que aquellos que se aprovechan de tanto sufrimiento pueden ser fustigados donde más les duele: en la cartera.

Este artículo se publicó inicialmente en Truthout..