Los propietarios y accionistas de las empresas están empezando a sentir la presión. Durante las últimas décadas, han disfrutado de la calidez reconfortante de la hegemonía ideológica. Nadie cuestionaba su derecho a poseer o a administrar. No se hablaba más que de competitividad y eficiencia. El propietario de la empresa, los accionistas e inversores eran quienes encarnaban el emprendimiento y el progreso. Cualquier cuestionamiento que se interpusiera en su camino era expedido rápidamente.
Hasta ahora.
El cómodo sillón de accionista se está convirtiendo rápidamente en otro incómodo a medida que resuenan en ambos lados del Atlántico las demandas que exigen mayor democracia en el trabajo. Los sindicatos, los políticos y los intelectuales están elaborando planes destinados a inducir en las empresas, y en la economía en general, más democracia, más participación, una voz más fuerte para los trabajadores y, por lo tanto, un control y una propiedad más colectiva.
Estos planes y propuestas concretas abundan en diversidad, pero todos tienen un elemento en común: contradicen la idea fundamental de que las empresas deben ser propiedad de los accionistas, y que la propiedad significa tener derecho a controlar. Y este es un cambio de mentalidad decisivo.
Empecemos por los Estados Unidos, donde Elizabeth Warren y Bernie Sanders esperan cambiar la faz del capitalismo. Ambos están haciendo campaña para convertirse en el candidato presidencial del partido demócrata y rebosan de ideas. Warren desea instalar una especie de "capitalismo responsable" en el que las empresas no estén dirigidas solo por y para los accionistas, sino por y para todos los interesados. Para ello, propone que los trabajadores elijan al 40% de los miembros del consejo de administración de la empresa y se dé a los trabajadores una voz directa en las decisiones estratégicas de la empresa. Co-determinación, al estilo estadounidense.
Sanders planea fortalecer el poder de los trabajadores a través de los sindicatos e infundir más democracia económica en la economía en general. La lista de medidas propuestas facilitaría a los sindicatos organizarse a nivel de empresa, así como la organización de acciones colectivas. De este modo, quiere prohibir el reemplazo de los trabajadores en huelga y evitar que las empresas obliguen a los trabajadores a asistir a reuniones antisindicales.
Curiosamente, también prevé una forma de negociación colectiva sectorial que establezca mínimos para toda la industria. Su segundo plan se centra en la democracia corporativa y prevé que sean los trabajadores quienes elijan por lo menos el 45% del consejo de administración de las grandes empresas, el establecimiento de un banco propiedad de los trabajadores y la obligación de las empresas de asignar hasta el 20% del total de acciones a los trabajadores. De hecho, todas estas medidas instalarían un control más democrático sobre la gestión de la empresa, pero también sobre la inversión y las decisiones estratégicas de las empresas.
Movilización del apoyo a los trabajadores de Europa
Entre tanto, en el Reino Unido, el debate (no el del Brexit) está siendo estimulado por los planes e ideas del partido laborista de Jeremy Corbyn. Sus planes se centran en democratizar la economía a través de formas alternativas de propiedad. Se promoverán las cooperativas, así como tiendas y mercados de propiedad local. Los sectores con "monopolios naturales" (piénsese en el ferrocarril, la energía y el servicio postal) deben estar bajo control público (léase: nacionalizado). Además, una de las ideas es introducir una especie de esquema de "derecho a la propiedad" en el que los trabajadores tengan colectivamente el derecho preferente para la adquisición de empresas o fábricas en venta. De este modo, los trabajadores podrían hacerse cargo de las empresas en dificultades (con algo de ayuda) y transformarlas en cooperativas reales.
A nivel europeo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) está movilizando el apoyo necesario para amplificar la voz de los trabajadores en las multinacionales europeas. Exige mayores derechos para que los trabajadores participen y sean consultados sobre la vida de las empresas en las que trabajan y se prevea aumentar la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas.
Aun cuando hay muchos otros ejemplos, en general, el panorama es bastante claro: se está prestando una seria atención y reflexión al concepto de democratizar las empresas y la economía. A pesar de su diversidad, lo que todos estos planes tienen en común es que cuestionan una de las premisas básicas del capitalismo moderno: que las empresas deben ser propiedad de los accionistas y estar controladas por ellos. Una idea que ha sido relativamente indiscutible durante varias décadas.
¿Quién debería ser el propietario y controlar las empresas?
Los argumentos sobre la razón por la que los accionistas deberían tener tanto poder generalmente se basan en el hecho de que han invertido financieramente y corren el riesgo de perder su inversión. Sin embargo, como señaló Isabelle Ferreras, profesora de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, los trabajadores invierten su trabajo diariamente en las empresas en las que trabajan. Esta es una inversión igualmente importante, por lo que debería conllevar derechos de propiedad. En cuanto al riesgo, los inversores de capital pueden dispersar el suyo al poseer acciones en diferentes empresas. Para los trabajadores, sin embargo, existe un límite en este sentido, ya que pueden invertir su mano de obra en diferentes empresas solo trabajando en varios puestos de trabajo. Desde este punto de vista, tiene lógica compartir, o incluso transferir, la propiedad de los accionistas a los trabajadores.
Incluso si aceptamos que los accionistas debieran, al menos en parte, ser dueños de las empresas, no significa que deban tener el control total. Nuestra vida diaria está llena de ejemplos en los que la propiedad y el control no son lo mismo.
Veamos dos. Primero, alquilar bienes inmuebles significa ceder el control de la propiedad al inquilino, quien recibe numerosos derechos a cambio de su alquiler mensual. En tanto que propietario, no puede acceder a su propiedad sin el acuerdo del inquilino, no puede cambiar su propiedad a voluntad, ni puede decidir fácilmente cancelar el arrendamiento. En este caso, la propiedad no significa control total; existe, en cambio, un equilibrio entre las dos partes involucradas.
Un segundo ejemplo es el derecho de sucesiones. Cuando usted fallezca (lo que sucederá en algún momento, lo siento), su pareja seguirá teniendo el control de, por ejemplo, la casa en la que vivieron juntos, incluso si sus hijos heredan la casa y es oficialmente su propiedad. Su pareja puede usar la casa, cambiarla, administrarla y beneficiarse de ella, pero no la posee. El control no significa propiedad si se corre el riesgo de dejar a la pareja en la calle.
El denominador común de estos dos ejemplos es que el inquilino y la pareja sobreviviente participan en gran parte en la propiedad de otra persona (el propietario, los herederos), en la medida en que sus medios de vida y sus derechos humanos están en juego. En las sociedades democráticas, esta situación se considera demasiado precaria y, por lo tanto, la propiedad se separa de los derechos de control ilimitados. Cuando hay mucho en juego para una de las partes implicadas, se le concede un cierto grado de control sobre la propiedad de otra persona. A mí me parece una mera cuestión de sentido común.
Anteponer las personas a los beneficios
Podría, y debería, aplicarse un razonamiento similar a las empresas. No cabe duda de que los trabajadores tienen interés en participar en la gestión de las empresas. De ello dependen sus medios de vida y sus derechos humanos. El hecho de que los trabajadores disfruten, por ejemplo, de la libertad de expresión, la libertad sindical y de ingresos razonables está intrínsecamente relacionado con la política de la empresa. Por lo tanto, es lógico concederles un cierto grado de control sobre lo que sucede en las empresas en las que trabajan.
De hecho, ya hay ejemplos en los que la propiedad de la empresa se separa del control. Lamentablemente, se aplican principalmente a los trabajadores, a fin de asegurarse de que no dispongan de control sobre la empresa. Por lo tanto, aunque a veces los trabajadores reciben acciones de la empresa como parte de su remuneración, estas son "acciones sin derecho de voto", lo que significa que son dueños de parte de la empresa, pero se les niega una voz en su gestión. Es hora de revertir esta lógica, de modo que deje de utilizarse para inhibir la democracia en el lugar de trabajo, y se utilice para estimularla.
Finalmente, después de décadas de poder indiscutible de parte de los accionistas, la tendencia parece estar cambiando. Necesitamos aprovechar la dinámica creativa actual para reemplazar la antigua sabiduría convencional por un nuevo sentido común potente y emancipatorio: al igual que el gobierno, en una democracia, las empresas deberían ser de las personas, por las personas y para las personas.
