The cliffside dotted with luxury homes in Carry-le-Rouet, in the south of France, is fast eroding. The local town council, arguing that fair use should be made of public money, is refusing to fund stabilisation works.
¿Hasta cuándo lucharemos? En todo el mundo, el agua devora la tierra y representa una amenaza para el ser humano, sobre todo para los habitantes de zonas costeras. Según el último informe sobre los océanos publicado por el Grupo Intergubernamental del Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), los océanos aumentarán su nivel de 0,61 a 1,1 metros de aquí a 2100 a nivel mundial. Este es el efecto del aumento del volumen del agua, provocado por el incremento de la temperatura atmosférica y el deshielo de los glaciares.
Esta situación no solo afecta a los Estados insulares, que desaparecen bajo las aguas, como en el Pacífico, sino también a todas las zonas costeras habitadas de poca altitud, las cuales se ven amenazadas, sobre todo por las sumersiones tras fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud.
Nueva Orleans anegada tras el paso del huracán Katrina en 2005, las calles y el metro de Nueva York sumergidos tras el paso de Sandy en 2012, Bangkok con los pies en el agua durante varios meses en 2011… Estos fenómenos se multiplicarán en los próximos años debido al aumento del nivel del agua. Según el IPCC, si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen progresando al ritmo actual, cada año podrían producirse fenómenos extremos que hasta ahora se han producido cada 100 años. Al mismo tiempo, el número de personas expuestas continuará aumentando: 680 millones de personas viven en zonas costeras con una altitud inferior a 10 metros. Según el IPCC, la cifra ascenderá a 1.000 millones en 2050.
La comunidad científica afirma unánimemente que el cambio climático contribuye de forma determinante al aumento de las inundaciones. Sin embargo, sería simplista atribuir exclusivamente al clima la responsabilidad. “Utilizar el cambio climático para meter miedo es muy cómodo”, explica Cécilia Claeys, socióloga de la universidad de Aix-Marseille.
“No tratamos necesariamente de ver cómo el ser humano ha contribuido a estos fenómenos”. Sin embargo, las acciones del ser humano son determinantes en algunos lugares del mundo, particularmente en Asia.
Robert Nicholls, investigador especializado en ingeniería costera en la universidad de Southampton, ha elaborado una lista de 136 ciudades en todo el mundo que corren el riesgo de anegarse en los próximos 100 años. Un cuarto de ellas ya se está “hundiendo”. Grandes megalópolis, como Bangkok, Tokio o Shanghái, construidas a gran velocidad en zonas costeras, son víctimas del denominado hundimiento: la tierra se desploma como consecuencia del bombeo masivo de aguas freáticas.
Estas ciudades buscan sin cesar nuevos medios para protegerse. Por ejemplo, en Tokio, se han instalado en el mar y en las calles portones contra las ondas marinas para evitar que el agua entre en la ciudad. También se ha construido una catedral subterránea para evacuar el exceso de agua cuando se producen estos fenómenos. En Shanghái, una ciudad muy amenazada por el crecimiento del nivel del agua, se instalan diques con grandes refuerzos. La consecuencia de esta estrategia es que las zonas húmedas reculan. Estas zonas, que son reservas de biodiversidad, también desempeñan una función de protección ante la erosión y las inundaciones.
Además de estudiar los daños colaterales de las medidas de protección, también es necesario abordar la cuestión de sus límites. En un estudio publicado el 29 de octubre que reevalúa –al alza– el crecimiento del nivel del mar en 2050, los investigadores del organismo Climate Central aconsejan a los gobiernos que se planteen la posibilidad de “reubicar o abandonar las infraestructuras y las viviendas existentes”.
Riesgo climático frente a riesgo de injusticias
En varios lugares del mundo (en Alaska, por ejemplo), se empieza a contemplar esta reubicación. En los países ricos o en desarrollo, el desalojo de asentamientos humanos debido a los riesgos naturales pone de relieve la forma en que los diferentes estratos sociales se reparten los territorios, la diferencia de trato por parte de los poderes políticos y la cuestión de la desigualdad.
En los países del sur ya se han puesto en marcha algunos planes de desalojo por los riesgos de sumersión e inundación. Idowu Ajibade, geógrafa en la universidad de Portland, se centra en dos ciudades: Lagos (Nigeria) y Manila (Filipinas). En ambos casos, a escalas diferentes, los estratos sociales más vulnerables son los que son objeto de políticas de desplazamiento por motivos de seguridad ambiental. Al mismo tiempo, en estas mismas zonas costeras se habilitan infraestructuras que generan crecimiento económico.
El caso de Lagos es sin duda el más flagrante. Construida sobre antiguos manglares, lagunas e islas, esta ciudad de 20 millones de habitantes se ve gravemente amenazada por el aumento del nivel del agua. De aquí a 2100, el nivel del mar podría aumentar de uno a dos metros. Durante las dos últimas décadas, tormentas e inundaciones han afectado a miles de personas y han provocado pérdidas humanas y materiales importantes. Esto llevó a concebir planes de desalojo para adaptarse al cambio climático y reducir los riesgos.
Pero, según explica Idowu Ajibade en su artículo, estos planes se presentan en realidad como desalojos forzosos de comunidades que viven en cabañas de madera y cuyo medio de vida a menudo es la pesca. Son prácticas que las autoridades aplican desde hace mucho tiempo, bajo el pretexto de políticas de renovación urbana, de salud pública, contra los riesgos de contaminación o para prevenir la delincuencia.
“Sin embargo, desde 2012, las comunidades litorales han comenzado a convertirse en el blanco de desalojos como medida de protección contra las inundaciones y las mareas tormentosas”, explica la geógrafa. “El aumento del nivel del mar se ha convertido en un nuevo pretexto para desalojarlas”.
Por ejemplo, por este motivo y otros mencionados anteriormente, las autoridades nigerianas desalojaron en 2017 a 30.000 habitantes del barrio marginal de Otodo Gbame, cuyos hogares fueron quemados y destruidos con buldóceres.
En este caso concreto, como ocurre muy a menudo, no se informó a las poblaciones pobres de los motivos por los que habían sido desalojadas. Otro elemento que demuestra el cinismo y la falta de consideración hacia estas personas es que las autoridades nunca han establecido un dispositivo para realojarlas en otro lugar. ¿El resultado? Según explica Idowu Ajibade, “en Lagos, algunas de las personas desalojadas de Otodo Gbame volvieron en sus canoas a la laguna, mientras que otras se trasladaron a barrios marginales en zonas costeras vecinas”.
En la capital de Filipinas, los desalojos se realizan de forma menos violenta, pero el resultado es el mismo. “En Manila, las reubicaciones financiadas por el Gobierno permitieron a los habitantes abandonar la zona”, indica la investigadora. “Pero duró poco porque las familias de barrios marginales volvieron a la zona metropolitana debido a la falta de medios de subsistencia y equipamientos sociales en los lugares donde fueron reubicadas”. Idowu Ajibade habla de un fenómeno de “desalojo y regreso”.
Pero, sobre todo, los planes llevados a cabo en Lagos y Manila ponen de manifiesto dinámicas políticas y sociales similares. En ambos países, el cambio climático parece utilizarse para deshacerse de los estratos sociales más vulnerables, con el fin de favorecer proyectos de edificación de nuevas ciudades, en lugar de devolver a la naturaleza las tierras que ocupaban estas personas. “Mientras que el crecimiento del nivel del mar y los otros riesgos costeros se utilizan como justificación para desalojar a los pobres de las zonas litorales, en el caso de las comunidades ricas, estos riesgos se minimizan o se consideran ficticios”, constata Idowu Ajibade. Según ella, la ironía es que “el aumento de la urbanización y las actividades humanas asociadas a estos megaproyectos de desarrollo darán lugar al aumento de la contaminación, la erosión de la costa, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos pesqueros”.
Los fondos públicos y la propiedad privada en el norte
En Francia, se han ejecutado varios planes de reubicación de estructuras urbanas. Estamos lejos de la agresividad que constatamos en Filipinas y Nigeria, pero también plantea cuestiones de justicia social.
El caso más ambicioso es el del municipio de Lacanau (en el suroeste de Francia, en Gironda). Ante la erosión de la costa arenosa, que retrocede uno o dos metros cada año, el ayuntamiento de esta localidad turística costera del litoral atlántico reflexionó profundamente sobre el tema. Principalmente, prevé desalojar el paseo marítimo actual y reconstruirlo en un lugar no tan cercano a la costa. Para el año 2050, 1.200 viviendas se verían afectadas. Por el momento, el proyecto no está totalmente en marcha, en particular debido al costo que deberá sufragar el ayuntamiento.
Ante el problema de la erosión, las dificultades a las que deben hacer frente las autoridades públicas en Francia se deben en parte a la “historia del litoral francés, de apropiación territorial por parte de las personas más adineradas”, explica Cécilia Claeys, que ha estudiado detenidamente el tema en el sur del país. “La pregunta que plantea esta situación es: ¿deberían utilizarse los fondos públicos para proteger los bienes de los estratos sociales más altos y acomodados?”, continúa la socióloga.
“No”, parece responder Jean Montagnac, alcalde de Carry-le-Rouet, una ciudad situada en el noroeste de Marsella. En esta ciudad, chalés de gran valor bordean un acantilado que retrocede un centímetro cada año debido al avance del mar. “No hacemos obras de prevención en las zonas posiblemente afectadas”, asegura el edil, “no solo por los costos elevados de estas operaciones, sino también por el descontento de otros habitantes, cuyo dinero procedente de impuestos se utilizaría en zonas que no les pertenecen”.
Sin embargo, en caso de peligro inminente para las personas, los municipios serán normalmente responsables y se verán obligados a realizar trabajos de protección, como ya se ha hecho en Carry-le-Rouet para reforzar el acantilado, o a expropiar los terrenos a los propietarios. En Francia, las expropiaciones vinculadas a catástrofes naturales se indemnizan por el valor de los bienes, gracias al fondo de prevención de riesgos naturales graves, o “fondo Barnier”, creado en 1995. Este fondo se emplea para los riesgos de sumersión marina, avalancha o inundaciones torrenciales, “pero no se puede utilizar en caso de una erosión costera lenta”, explica Marie-Laure Lambert, jurista especializada en derecho ambiental.
Según la investigadora, el problema principal radica en el sistema de indemnización, que se basa en el valor del bien. “Si tenemos que pagar 2 millones de euros por una casa con vistas al mar, nos va a salir muy caro”, advierte la investigadora. “Lo que habría que hacer es replantearse la indemnización, teniendo más bien en cuenta la vulnerabilidad social de las personas”.
Es decir, la solidaridad nacional debería orientarse hacia personas en situación de necesidad absoluta, en lugar de propietarios de residencias secundarias, por ejemplo.
Marie-Laure Lambert también preconiza un cierto nivel de regulación del mercado inmobiliario, para que el riesgo al que están expuestas las residencias se tenga más en cuenta y, en consecuencia, se revise a la baja el valor de los bienes. Gracias a ello, se aumentaría la capacidad financiera de las autoridades públicas y también se fomentaría la adopción de planes más ambiciosos. La jurista también ha estudiado otras ideas, como la reducción progresiva de la propiedad. Los municipios podrían volver a comprar las viviendas amenazadas y permitir a los antiguos propietarios vivir en ellas hasta que el riesgo sea crítico.
Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, el cambio climático hace que la humanidad tenga que enfrentarse a desafíos de ingeniería, no solo material, sino también política, económica y social. El aumento del nivel del mar ya influye en las relaciones sociales en los países. “La erosión que observamos todavía no está vinculada al cambio climático”, advierte François Sabatier, geógrafo investigador en Cerege (CNRS) y director del departamento de geografía de la universidad de Aix-Marseille. “La fiesta aún no ha empezado”.
