Cuando Basame Lonje consiguió salir de la selva, estaba agotado hasta el límite. Este camerunés de 35 años había subsistido los cuatro últimos días (de un periplo de siete) sin alimentos, sobreviviendo con una sola galleta al día. Bebía agua de ríos que fluían llenos de escombros y muerte, donde flotaban los cadáveres de un número indeterminado de personas que han fallecido en el Tapón de Darién, una aislada franja de selva ubicada entre Colombia y Panamá y famosa por ser la más peligrosa del mundo. “Por poco no sobrevivo”, nos explica Basame. “La gente tenía llagas en las plantas de los pies y no había nadie que pudiera ayudarles a caminar. Les abandonaron allí. ¿Sabes lo que significa caminar durante días?”.

Debido a las duras políticas migratorias en los países europeos que eran destino tradicional de la migración, Basame se encuentra entre los miles de los llamados ‘migrantes extracontinentales’, personas desesperadas que deciden intentar cruzar el continente americano con la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos o Canadá. Antes esta ruta la utilizaban casi exclusivamente los migrantes centroamericanos. Pero recientemente se ha observado un aumento de los migrantes procedentes de países africanos como Camerún, la República Democrática del Congo (RDC), Eritrea, Mauritania, Nigeria, Ghana y Burkina Faso, así como de personas de países asiáticos y de Oriente Medio como India, Pakistán, Siria y Nepal. Según la Unidad de Política Migratoria del Ministerio del Interior de México, en 2018 las autoridades mexicanas detuvieron a aproximadamente 3.000 africanos y a alrededor de 12.000 migrantes extracontinentales en total. La mayoría están escapando de un coctel de conflictos, represión política y economías decrépitas.

Vuelan a países donde les resulta fácil conseguir visados de entrada, como Ecuador, Brasil y Guayana, antes de aventurarse hacia el norte en dirección a México, a veces con la ayuda de coyotes o contrabandistas y otras siguiendo en las redes sociales las publicaciones de los que les precedieron. Se gastan miles de dólares en vuelos y billetes de autobús para viajes que pueden llegar a durar meses.

En Camerún, Basame era profesor, pero asegura que escapó del sangriento conflicto que asola desde 2016 varias zonas de su país después de que le secuestrara un grupo armado que luchaba por la secesión de las regiones angloparlantes de su nación. ¿Su delito? Atreverse a dar clases.

Basame llegó a México hace cinco meses, pero como otros miles de migrantes está atrapado en Tapachula, una ciudad ubicada en la frontera con Guatemala, en el estado de Chiapas al sur del país azteca. Estos migrantes y refugiados están inmovilizados debido a la red de las nuevas normas migratorias estadounidenses diseñadas para detener la migración irregular, una de las medidas clave de la administración del presidente Donald Trump.

Las nuevas normas migratorias se empezaron a aplicar rápidamente y de forma imprevisible desde que Trump asumió el cargo en enero de 2017. En octubre de 2018, México desplegó tropas militares en la frontera, cuando alrededor de 7.000 personas procedentes de Centroamérica que huían de la pobreza y la violencia de las maras se acercaron a México a pie. En enero de 2019 entraron en vigor los Protocolos de Protección a Migrantes (PPM), conocidos como ‘Permanezca en México’. Por tanto, a los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos cruzando México ahora les devuelven a la nación azteca para que esperen mientras se tramitan sus casos, en lugar de dejarles en libertad condicional en EEUU según lo establecido en la legislación estadounidense. Las organizaciones de derechos humanos señalan que enviar a los solicitantes de asilo de vuelta a México, donde suelen enfrentarse a la deportación, constituye una violación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

El pasado febrero, Trump declaró el estado de emergencia con el objetivo de acceder a fondos para empezar la construcción de un muro entre Estados Unidos y México. Asimismo, ha promovido acuerdos con El Salvador, Guatemala y Honduras, en virtud de los cuales todos los migrantes que pasen por dichos países deben primero solicitar asilo allí y serles denegado antes de intentarlo en Estados Unidos. Los acuerdos no tienen en cuenta el hecho de que dichas naciones no solo carecen de la capacidad para tramitar solicitudes de asilo a gran escala, sino también de que mucha gente está escapando de la violencia y la pobreza en esos mismos países.

Por si fuera poco, estas políticas han obligado a miles de personas a esperar en refugios situados en poblaciones mexicanas de la frontera con Estados Unidos como Tijuana y Matamoros, donde las condiciones se están deteriorando. Un sistema ‘de medición’ calculó que los agentes de aduanas estadounidenses atienden a unas tres personas al día. Las poblaciones del norte de México también son conocidas por su violencia. Allí los migrantes quedan expuestos y vulnerables a la explotación de los cárteles del narcotráfico y los traficantes de seres humanos.

Externalización de las fronteras

En julio de 2019, México firmó un acuerdo con Estados Unidos después de que el presidente Trump amenazara con imponerle sanciones comerciales si no reducía al mínimo los flujos de migración. El presidente Andrés Manuel López Obrador accedió a desplegar 6.000 efectivos militares de la recién formada Guardia Nacional para patrullar sus fronteras, adoptando así la estrategia de militarización de la frontera con Estados Unidos y sellando el destino de México como el muro externo de Trump.

Desde entonces, los agentes mexicanos de migración han dejado de expedir permisos de salida a los migrantes extracontinentales que llegan a la frontera sur, dejando atrapados a muchos como Basame en un país donde no desean permanecer. Cada vez menos gente es capaz de llegar a Estados Unidos. Por tanto, México (un país de tránsito) se está convirtiendo en un destino final involuntario. Aunque México se ha negado a firmar un acuerdo de “tercer país seguro” con Estados Unidos, se ha visto obligado a tramitar más de 60.000 solicitudes de asilo, el doble de las que recibió el año pasado. Se calcula que el 60% de dichas solicitudes se presentaron en Tapachula.

Un martes del mes pasado, Basame llegó a la oficina de migración de Tapachula horas antes de su cita para ser uno de los primeros. Está desesperado por llegar a Estados Unidos. “He sufrido muchísimo”, nos cuenta. “Necesito un lugar donde pueda sentirme seguro y construir una nueva vida”.

No tiene permiso de trabajo y aunque lo tuviera, dispondría de pocas oportunidades como migrante africano que no habla español. Por tanto, Basame tiene claras sus opciones: “México no me puede ofrecer eso”.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración de México le ha denegado su solicitud para obtener un visado de visitante, que le ayudaría a cruzar hacia el norte. Los agentes de migración tan solo están expidiendo tarjetas de residencia permanente, un documento que Basame teme afectará a su solicitud de asilo en Estados Unidos.

A las nueve de la mañana, cientos de hombres y mujeres procedentes de más de dos docenas de países esperan bajo un sol abrasador. Sus voces son una cacofonía de idiomas (español, inglés, portugués, francés, tigriña y criollo haitiano), mezcladas con los llantos de niños hambrientos y acalorados colgados del cuello de sus padres. En estas muchedumbres diarias apenas hay migrantes de origen asiático. Como en octubre México deportó a 310 migrantes indios en una “medida sin precedentes”, llevan tiempo manteniendo un perfil bajo por miedo a que les deporten.

Un agente de migración aparece detrás de la puerta, echa una ojeada a la multitud y sacude la cabeza frustrado. Al abrir la reja se producen enfrentamientos mientras la gente entra en tromba. A pesar de su puntualidad, Basame no consigue que le reciban.

“Mis amigos murieron allí”

Basame relata a Equal Times su largo y peligroso viaje desde Camerún a México. El pasado marzo, después de escapar de los rebeldes armados que le tenían secuestrado, se dirigió a Nigeria, donde tomó la decisión de intentar alcanzar la seguridad que le brindaba Estados Unidos. Quería mejores oportunidades, cosa que no le podía ofrecer Nigeria, y temía que los rebeldes le encontraran allí. Primero voló hasta Ecuador y luego cruzó Colombia en autobús. En la población noroccidental de Capurgana, ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, se encontró con otros refugiados cameruneses, así como con haitianos y cubanos. Cuando se preparaban para entrar al Darién, los lugareños que vivían a la entrada de la selva les advirtieron: “Si empiezas este viaje, tienes que acabarlo. De lo contrario, vendrán las desgracias”, les dijeron, refiriéndose a los peligros que entrañan los animales salvajes, los insectos venenosos y los secuestradores armados que merodean por el impenetrable bosque tropical que divide la carretera Panamericana.

Basame pasó siete días en la densa espesura del Darién, luchando contra la lluvia y el frío y avanzando desde la mañana hasta la noche sin nada más que una bolsa de ropa y algunos tentempiés. “En el Darién no hay que pararse. Hay que seguir moviéndose siempre”, explica. Caminó con un grupo formado por otros migrantes. Muchos de ellos no consiguieron salir de la selva por puro agotamiento. A otros se los llevó la corriente de los caudalosos ríos. “Mis amigos murieron allí”, recuerda Basame serenamente. Uno de sus peores recuerdos es el de haber pasado junto al cadáver de un bebé abandonado en una mochila.

No existen datos sobre la cifra de personas que han muerto en el Darién, pero este año se ha registrado la muerte de 104 migrantes en Centroamérica, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Basame es uno de los afortunados. Después de llegar a Panamá, agotado y hambriento, recuperó fuerzas y siguió subiendo. Cruzó Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Tras cruzar el río Suchiate y entrar a México en una balsa, llegó a Tapachula en julio. Allí pasó una semana en un centro de detención migratoria antes de que le otorgaran un permiso de salida para abandonar el país.

Hasta que la Guardia Nacional no le bajó de un autobús con destino a Tijuana, no se dio cuenta de que no podía salir legalmente de Tapachula a menos que se dirigiera hacia el sur, es decir, de vuelta a Guatemala. El acuerdo entre Estados Unidos y México entró en vigor el 10 de julio. Basame fue una de las primeras personas atrapadas por las nuevas normas migratorias mexicanas. Su permiso de salida le obligaría a cruzar de nuevo la mortífera selva a la que apenas había sobrevivido.

Muerte y enfermedades en México

Judeline Romelus está sentada con sus amigas en la plaza principal de Tapachula y observa cómo le trenzan el pelo a su hija Mariska, de diez años. Cerca, unas banderas ghanesas y guineanas, junto a los colores de las enseñas mexicana y hondureña, anuncian platos africanos en los restaurantes. Los haitianos y africanos cortan el pelo a los lugareños en peluquerías improvisadas.

Sin embargo, el cordial ambiente general esconde el recelo que sienten muchos mexicanos. A pesar de estar situada en una de las regiones más pobres del país, Tapachula ha intentado soportar el peso de su nueva población migrante, pero a algunas personas les preocupa que los organismos gubernamentales y las ONG estén prestando atención a estos recién llegados, cuando las carencias de los chiapanecos también son considerables.

Al igual que Basame, Judeline y Mariska están atrapadas. Judeline solicitó un visado por razones humanitarias para poder viajar hacia el norte con su hija, pero ahora tiene que esperar a su cita de febrero de 2020. Hace tres meses, esta madre de 28 años hizo las maletas y abandonó Haití. El estancamiento económico y la reciente agitación política han obligado a muchos a huir de la pequeña nación caribeña. “No hay oportunidades en Haití y no puedo trabajar allí”, asegura. Ni siquiera con un título universitario. Judeline nos cuenta que quiere buscar una vida mejor en Estados Unidos, donde le esperan amigos suyos en Florida. De hecho, depende de sus remesas mensuales de 50 dólares (unos 45 euros) para pagar la pequeña habitación que comparten madre e hija.

Judeline es una de las pocas afortunadas. Hasta hace poco, en el centro de detención migratoria, decenas de personas -sin fondos para alquilar casas ni comprar comida-, principalmente procedentes de Angola y la República Democrática del Congo, acampaban en tiendas y esperaban a que los agentes les dejasen cruzar hacia el norte.

Las insalubres condiciones de vida, hacinados en refugios como estos, han provocado un aumento de los problemas de salud. “Las mujeres empiezan a sufrir enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva”, denuncia Claudia León, responsable regional del Servicio Jesuita a Refugiados, una organización humanitaria sin ánimo de lucro que ofrece asistencia jurídica y psicosocial a los refugiados. A muchos de ellos les asaltaron en el Darién. “La situación es crítica. No tienen agua limpia para lavarse y las embarazadas se encuentran en situación de riesgo”.

Migrantes de todas las nacionalidades también están sufriendo enfermedades invisibles. Un portavoz de la ONG Médicos sin Fronteras (MSF) sostiene que está atendiendo muchos casos de trastornos de estrés postraumático, ansiedad y trauma. Las malas condiciones de vida, sumadas a los recuerdos del peligroso viaje a México y a la incertidumbre generalizada, están haciendo que algunos se autolesionen. “Nos encontramos en plena emergencia”, declara León. “He visto a gente fuera del centro migratorio provocándose autolesiones porque están viviendo en condiciones extremas”.

La desesperación por llegar a Estados Unidos les ha obligado a explorar peligrosas rutas alternativas. En octubre, un barco que traficaba con migrantes cameruneses naufragó frente a la costa de México, provocando una víctima mortal. “Le conocíamos”, asegura un migrante a Equal Times en el restaurante que solía frecuentar el fallecido. Pero, aunque recuerden su trágica muerte, un hombre declara que piensa seguir esa misma ruta a Estados Unidos.

“El nuevo Mediterráneo”

En todo el mundo, las duras políticas migratorias están obligando a los migrantes y refugiados más vulnerables a pasar a la clandestinidad y a buscar los servicios de grupos de contrabandistas y traficantes de seres humanos. Al igual que Estados Unidos, Europa ha adoptado medidas muy restrictivas para cortar de raíz los flujos de migración. Debido al aumento de los sentimientos hostiles hacia los migrantes en los gobiernos populistas de extrema derecha de Estados Unidos y Europa en especial, líderes como Trump y el húngaro Viktor Orban emplean habitualmente una retórica que alimenta el miedo racista e insiste en la construcción de muros para evitar una ‘invasión de migrantes’.

En 2016, la UE firmó un acuerdo con Turquía (y Grecia hizo lo propio, a nivel bilateral) para evitar que alrededor de tres millones de refugiados que huían de la guerra en Siria cruzaran el mar Egeo. Debido a este acuerdo, a partir del 20 de marzo de 2016 la Unión Europea manda de vuelta a cualquier persona que cruce sin documentos.

El pasado noviembre se amplió un acuerdo parecido que firmaron Italia y Libia en 2017. Italia está formando y financiando a guardacostas libios para detener a los migrantes de África y Oriente Medio en el Mediterráneo y devolverles a Libia, un país en guerra. La cifra de interceptaciones ha bajado de 181.000 en 2016 a tan solo 8.000 este año, según el ACNUR. Miles de migrantes están hacinados en centros de detención gestionados por grupos armados que luchan por el control del país desde la Primavera Árabe de 2011. En Libia han esclavizado, torturado y vendido a migrantes africanos. Asimismo, muchos quedaron atrapados en el fuego cruzado de la batalla por Trípoli. En julio cayó una bomba en un centro de detención que mató a 44 personas.

La drástica disminución de los cruces de pateras en el Mediterráneo coincide con un aumento de los flujos migratorios de África a Sudamérica. Las muertes en el mar están siendo sustituidas por muertes en el Darién. “Es el nuevo Mediterráneo”, afirma León.

La cifra de solicitudes de asilo en México sigue aumentando y se espera que alcance las 80.000 para finales de este año. Aunque en un principio la mayoría de los migrantes africanos se negaban a pedir asilo en México, cada vez más lo están solicitando, en especial los originarios de Camerún. La cifra de solicitudes de asilo por parte de migrantes africanos asciende actualmente a unas 500.

El flujo de migrantes y refugiados ha dividido políticamente a México. Muchos acusan al presidente Obrador de ceder ante las amenazas de Trump y de no cumplir las promesas sobre derechos humanos que hizo durante la campaña electoral del año pasado.

Las organizaciones de derechos humanos condenan las estrategias de Estados Unidos y México. “Los que buscan seguridad quieren lo mismo que querríamos cualquiera de nosotros si estuviéramos en su lugar”, declara Isa Sanusi, de Amnistía Internacional en Nigeria. “México y Estados Unidos deben asegurarse de que a estos migrantes de África y de otras partes del mundo no se les denieguen sus derechos garantizados por el Derecho internacional”.

Por ahora, Basame sigue entre la espada y la pared. Incluso si tuviera el dinero necesario, sería demasiado peligroso para él regresar a su país. Y, aun así, actualmente sigue sin poder salir de México. Mientras lucha por mantenerse a flote, sus esperanzas se desvanecen rápidamente. “Me estoy quedando sin dinero y sin paciencia. Estoy enfermo y no tengo un lugar donde vivir”, se lamenta. “¿Cómo voy a sobrevivir?”.