La mañana que Josefa Sánchez y sus vecinos encontraron los primeros pájaros muertos supieron de inmediato que aquello era un mal presagio. Fue a comienzos del año 2000 y para entonces toda la comunidad, situada en el istmo de Tehuantepec, al sur de México, conocía de sobra al culpable: aquel descomunal bosque de acero que crecía amenazante a su alrededor.

Con vientos de hasta 30 y 40 kilómetros por hora durante al menos dos tercios del año, el istmo de Tehuantepec se ha convertido en “El Dorado” eólico. Sobre esta región –una comunidad rural y pesquera, mayoritariamente indígena– se prevé construir el corredor eólico más grande de América Latina. Cinco mil aerogeneradores de 80 metros de altura, de los cuales ya se han instalado 2.129. Una victoria para el medio ambiente, una derrota para la comunidad porque en ningún momento se respetaron sus derechos.

Desde el principio, los molinos se instalaron sin su consentimiento, violando los derechos indígenas contemplados en el acuerdo 169 de la OIT. Y la muerte de los pájaros no ha sido la consecuencia más grave, la implantación del mega parque eólico ha aumentado la desigualdad en la zona y ha roto la convivencia.

“La mayor parte del territorio es comunal, quiere decir que es la asamblea la que debe decidir sobre estas tierras. Es una condición jurídica que tiene más de un siglo, pero las empresas no lo han respetado. Han hecho contratos con pequeños propietarios, han comprado a líderes locales y con ello han despertado conflictos internos. Actualmente vivimos una violencia que no se había visto en años”, asegura Josefa Sánchez, una de las líderes del movimiento ciudadano que lleva años denunciando este “expolio” en nombre del desarrollo sostenible. Una apropiación de tierras que ni siquiera está sirviendo para cubrir las necesidades energéticas de sus vecinos. Casi toda la electricidad que producen los molinos se suministra a empresas extranjeras como la estadounidense Walmart.

“El discurso de estas empresas es el discurso verde, ecologista, por eso ha sido muy complicado denunciar el desacuerdo con estos megaproyectos”, reconoce la activista, pero el suyo no es el único caso. La urgente y necesaria transición energética está pasando por alto los derechos humanos y laborales en distintas zonas del planeta, repitiendo las mismas prácticas empresariales de las criticadas industrias fósiles. Prácticas que están muy lejos de ser limpias.

Y los derechos humanos ¿qué?

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la capacidad global renovable habrá aumentado en un 50%, o 1200 GW, entre 2019 y 2024, sobre todo gracias a la expansión de la energía solar fotovoltaica y la eólica. La industria verde se acelera ante la necesidad de acortar tiempos frente al reto climático y lograr el objetivo de cero emisiones de CO₂ para 2050.

Sin embargo, como ha denunciado el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, tan rápido avanza este proceso que a veces se hace a costa de las sociedades más frágiles. En los últimos quince años, esta organización internacional ha recogido hasta 150 denuncias vinculadas a proyectos sostenibles. “Las energías renovables son fundamentales para nuestra transición hacia una economía baja en carbono, pero las políticas y prácticas de derechos humanos de las empresas no son aún lo suficientemente sólidas”, advierte el centro.

La mayoría de los abusos se registraron en América Central y del Sur, África oriental y sudeste asiático –aunque también hay algunos casos en Europa y EEUU– y hacen referencia al despojo y contaminación de tierras, la violación del derecho de consulta, la violación de derechos laborales como la negociación colectiva, las condiciones de trabajo inseguras, pero también las amenazas, intimidación y violencia hacia los opositores.

La energía renovable es hoy el tercer sector donde más amenazas se producen contra defensores del territorio, solo por detrás de la minería y los agronegocios. Basta con recordar el asesinato en 2016 de la activista Berta Cáceres por oponerse a un proyecto hidroeléctrico en Honduras.

El discurso amable que la industria verde predica en torno al respeto y la responsabilidad ambiental no siempre se aplica a las personas. “El problema de estos megaproyectos es que se trata de grandes empresas que andan buscando recursos con la misma lógica de siempre. Lugares baratos donde puedan dominar y mantener un nivel de consumo alto”, critica Alberto Matarán, profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Granada.

Como lamenta el profesor, cada vez existe una mayor concentración de la industria renovable en pocas manos. Por poner un ejemplo, en el sector eólico solo cinco empresas controlan la fabricación de turbinas a nivel mundial: Vestas (Dinamarca), GE (Estados Unidos), Siemens Gamesa (Alemania y España), Goldwind (China) y Envision (China). Al mismo tiempo, cada vez hay una mayor concentración de los trabajadores en los mismos países. De los once millones de “empleos verdes” creados en 2018, cuatro millones están en China. De hecho, el país tiene casi el monopolio de la construcción de placas solares y concentra la mitad de los empleos vinculados a la energía eólica.

En el lado contrario estaría Europa, donde algunas empresas han empezado a deslocalizar parte de su producción para ser más competitivas, dejando huérfanas a cada vez más plantillas verdes. Ocurrió en España con Vestas.

La multinacional eólica cerró en 2019 la central de fabricación de turbinas que tenía en Villadangos del Páramo, en la provincia de León, para llevarse la producción a otros países emergentes después de haberse beneficiado de una subvención europea de 12,5 millones de euros. “Hablamos de 362 trabajadores fijos de la planta y en torno a unos dos mil directos e indirectos. El impacto ha sido muy fuerte”, cuenta Gonzalo Díaz, secretario del sindicato CCOO en la región.

Después de meses de movilizaciones y tras una larga negociación, se consiguió que la plantilla de Vestas fuera asumida por otra empresa del sector del acero. Aun así Díaz insiste en que estas operaciones –de nuevo “poco limpias”– no deberían permitirse. “Se ha demostrado que eran prácticas especulativas. Europa tiene que poner medidas y exigir a estas empresas un compromiso que vaya más allá de lo ambiental”. Porque si no, alertan los sindicatos, se estará poniendo en riesgo el objetivo de una transición justa incluido en los Acuerdos de Paris contra el cambio climático. Si las empresas renovables son la principal esperanza para recolocar a los trabajadores del carbón y del resto de energías sucias, ¿qué pasará si éstas se van?

Actuar desde el origen

Y todavía quedan algunos rincones oscuros más, quizá los más invisibles. Los que están en el origen. ¿De dónde vienen los materiales que hoy se usan para construir los paneles solares, las turbinas eólicas, las baterías de los coches eléctricos?

Durante los últimos años la demanda de minerales como el litio, el cobalto, el cobre o el níquel está aumentando a medida que crece la industria renovable y, en muchos casos, las formas en que se obtienen estas materias primas son también más que cuestionables. “Un caso llamativo es el del cobalto que se necesita para construir las baterías. El 60% del cobalto mundial se produce en el Congo en condiciones poco éticas, con mucha minería artesanal y explotación infantil”, explica Helios Escalante, geógrafo y miembro de Ecologistas en Acción. De hecho, cinco de las mayores tecnológicas del mundo se enfrentan en estos momentos a una acción legal interpuesta (en EEUU) por su supuesta complicidad en las muertes de niños mineros en la República Democrática del Congo.

Otros materiales polémicos son las denominadas tierras raras. Un grupo de 17 elementos muy difíciles de extraer con los que se fabrican productos tecnológicos como teléfonos, turbinas eólicas o coches eléctricos.

La mayoría de estos minerales provienen de explotaciones al norte de China y Mongolia, donde no se aplican las garantías ambientales adecuadas. “Para separar los elementos se utilizan ácidos. Luego esos residuos se acumulan en balsas donde hay filtraciones y pasan a los acuíferos”, apunta Escalante. Es la razón del alto índice de enfermedades en los pueblos de alrededor.

Los Principios Rectores de la ONU establecen claramente que todas las empresas tienen la responsabilidad de asegurar el respeto a los derechos humanos en toda su cadena de suministro. Por eso, la misma transparencia que se empieza a exigir a la industria textil o la tecnológica respecto a sus proveedores, debería reclamarse por igual a las renovables.

De momento, solo existen algunos compromisos voluntarios, como el acuerdo en materia de derechos humanos y trabajo sostenible que ha suscrito Siemens Gamesa con la federación sindical IndustriALL Global Union, pero hasta ahora es la única empresa del sector que ha firmado este documento.

Desde el Centro de Investigación de Empresas y Derechos Humanos piden a las multinacionales verdes que adopten políticas firmes en derechos humanos y se comprometan a hacer rigurosos procesos de consulta, a respetar la tenencia de tierras y los derechos de los pueblos indígenas, a compartir los beneficios del desarrollo renovable con las comunidades locales. No solo por el bien de esas poblaciones, también por el bien de su propia reputación.

“Soltar el acelerador en cuanto a la implantación de las renovables no es viable, porque se nos agota el tiempo”, opina María Prado, responsable de transición energética en Greenpeace. “Pero obviamente tener prisa no está reñido con hacer las cosas bien. Es crucial que estas empresas tengan criterios de diligencia debida. Que rindan cuentas sobre sus impactos y actividades”.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desarrollo sostenible abarca tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Una empresa que se llame a sí misma “sostenible” debería cumplir escrupulosamente con estos tres requisitos. Lo dice muy claro Josefa Sánchez desde su trinchera frente al bosque de molinos: “Una transición energética nunca debería pasar por el exterminio de un pueblo”.