Mientras que la sociedad civil, los activistas, los gobiernos y las Naciones Unidas señalan 2020 como un año crítico para hacer avanzar los derechos de la mujer y la igualdad de género, la crisis de feminicidios en Canadá –en su día un modelo de igualdad de género– pone de relieve cuánto queda por hacer.

Una mujer o niña es asesinada cada 2,5 días en Canadá –una cifra que no ha variado en cuatro décadas– y una mujer muere a manos de su pareja cada semana.

Durante el 64º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que tendrá lugar en marzo, se evaluarán la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing y los desafíos actuales. La Agenda de Beijing, que se considera el marco internacional de mayor alcance para la promoción de los derechos de la mujer, abarca 12 esferas de especial preocupación, entre las cuales se encuentra la violencia contra la mujer.

Cuando la Agenda de Beijing se adoptó en 1995, Canadá ocupaba el primer puesto en el índice de desigualdad de género de las Naciones Unidas. Para 2015 –año en el que Justin Trudeau se convirtió en el primer ministro del primer Gobierno canadiense autoproclamado feminista y con una representación equitativa de ambos sexos– Canadá había descendido a la vigesimoquinta posición.

En 2019, 136 mujeres y niñas murieron como consecuencia de la violencia en Canadá. Según datos del Observatorio canadiense de feminicidios para la justicia y rendición de cuentas, en el 59% de los casos, el hombre acusado era la pareja actual o una anterior. El observatorio hace un seguimiento de los casos de feminicidio –los cuales define como el asesinato de mujeres y niñas, principalmente, pero no únicamente, por hombres– para comprender los motivos y circunstancias y, de este modo, ayudar a prevenirlos.

Estas cifras no suponen ninguna sorpresa para los grupos que corren un mayor riesgo de sufrir violencia, en particular las mujeres y niñas indígenas, que experimentan niveles desproporcionados de violencia, desapariciones y asesinatos.

Según Vicky Smallman, directora de derechos humanos y de la mujer del Congreso del Trabajo de Canadá (CLC, por sus siglas en inglés), el número de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas sigue sin conocerse y “es una de las mayores vergüenzas de Canadá”. Las cifras de las que disponemos reflejan una imagen incompleta, ya que muchos casos no se han registrado. Sin embargo, hay estimaciones que sugieren que es posible que el número sea superior a 4.000 durante las últimas décadas.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, señaló con preocupación que “las mujeres indígenas […] se enfrentaban a problemas como la marginación, la exclusión y la pobreza debido a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación institucional y sistémica que el Estado no aborda adecuadamente”.

Canadá no adoptó plenamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hasta 2016, casi una década después de que fuera adoptada por la Asamblea General. Las políticas como la Ley de asuntos indios del siglo XIX, que todavía sigue vigente, y los medios de comunicación han alimentado y afianzado una apatía, y en ocasiones hostilidad, hacia las personas indígenas, especialmente las mujeres y las niñas, lo que ha dado lugar a la normalización de la violencia y las vidas “cuya pérdida no se puede llorar”.

Aunque las mujeres indígenas solo representan el 4% de la población canadiense, tienen casi tres veces más probabilidades de ser víctimas de la violencia y seis veces más probabilidades de ser asesinadas que las mujeres no indígenas.

Una base de datos recopilada por la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá muestra que es más probable que los casos de asesinato de mujeres y niñas indígenas no se resuelvan, ya que solo el 53% de ellos ha acabado en acusaciones de homicidio, en comparación con el 84% de la totalidad de los casos de Canadá.

El año pasado, tras dos años y medio de entrevistas, la Comisión de investigación nacional sobre la desaparición y el asesinato de mujeres y niñas indígenas publicó su informe final, en el que pedía cambios jurídicos y sociales transformadores y señalaba que “la crisis de violencia contra las mujeres y las niñas indígenas se ha gestado a lo largo de siglos y su causa fundamental es el colonialismo, que está muy arraigado en los cimientos de este país”.

La investigación reveló que “las violaciones persistentes y deliberadas de los derechos humanos y de los pueblos indígenas son la causa fundamental de los niveles alarmantes de violencia contras las mujeres indígenas”, lo cual constituye un “genocidio basado en la raza”. La expresión ha resultado polémica, pero Marion Buller, comisionada principal de la comisión de investigación y jueza indígena jubilada, defendió la decisión de la comisión y señaló que “el tipo de genocidio del que hablamos es […] como morir a causa de millones de cortes con un papel”.

Los albergues están al límite

Según Kaitlin Bardswich, directora de comunicaciones y desarrollo de Women’s Shelters Canada, los albergues son un lugar seguro para las mujeres y niñas que huyen de la violencia y hacen todo lo posible para mantenerlas a salvo.

Bardswich añade que los albergues también ofrecen orientación, asesoramiento o planificación de medidas de seguridad mediante líneas telefónicas para situaciones de crisis y provocan una onda expansiva a través de la labor de prevención y sensibilización que realizan en las comunidades y las escuelas, que ayuda a terminar con la violencia contras las mujeres en su conjunto.

Según la base de datos interna de Women’s Shelters Canada, existen alrededor de 550 albergues para mujeres que ofrecen alojamiento de emergencia, a medio plazo o a corto plazo. Sin embargo, los problemas de financiación han tenido repercusiones importantes en su trabajo, dejando a muchos al límite y con dificultades para sobrevivir. Un informe de 2019 sobre la situación de los albergues para mujeres de Canadá publicado por la organización reveló que casi el 75% de ellos dice que la falta de financiación es un gran desafío, mientras que casi el 50% está al completo todo el tiempo.

Las marcadas desigualdades entre las zonas rurales y urbanas provocan que el acceso a la protección y los servicios sea irregular.

Bardswich explica que, en general, las comunidades rurales, remotas y del norte del país se encuentran en peor situación porque tienen niveles más elevados de violencia y cuentan con menos recursos al ser zonas poco pobladas. En los territorios del Yukón y Nunavut, que abarcan una gran extensión del norte de Canadá y tienen tasas de violencia más altas que el resto de las provincias, solo hay tres y cinco albergues, respectivamente, y no existen albergues para la segunda etapa, que ofrezcan alojamiento para un período más prolongado.

Las zonas urbanas presentan dificultades diferentes. Según ha revelado un estudio, la crisis de viviendas asequibles en Canadá ha obligado a muchas mujeres a permanecer más tiempo en los albergues, lo que da lugar a índices elevados de rechazo de solicitudes debido a las limitaciones de espacio: casi 400 mujeres y más de 200 niños cada día.

Medidas de austeridad y acceso desigual

Aunque desde entonces Canadá ha subido al duodécimo puesto en el índice de desigualdad de género de las Naciones Unidas, Smallman dice que el enfoque de austeridad que se inició a mediados de la década de los noventa sigue impulsando la formulación de políticas, lo que provoca un gran desfase entre la intención manifestada y la capacidad de cumplir lo prometido de forma concreta y duradera. Y añade que “la falta de financiación básica estable para organizaciones feministas y de defensa de los derechos de la mujer sigue siendo […] una barrera considerable para el progreso y la rendición de cuentas”.

Smallman señala que, a pesar de algunos logros en los últimos años, Canadá está lejos de cumplir los objetivos contenidos en la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: “Es posible que veamos algún avance, pero solo si la ejecución es buena. Ya veremos si conseguimos pasar del cambio superficial al cambio significativo y sostenible”.

En 2008, las Naciones Unidas pidieron a todos los países que pusieran en marcha un plan de acción nacional sobre la violencia contra la mujer para 2015. Aunque los expertos de Canadá llevan años presionando a favor de la elaboración de un plan, el Gobierno todavía no lo ha establecido.

En 2017, el Gobierno federal introdujo una estrategia para abordar y prevenir la violencia de género. La estrategia, considerada ampliamente como un avance, “no ha abordado las desigualdades en cuanto a los servicios y respuestas disponibles en el país”, dice Myrna Dawson, una profesora de sociología de la Universidad de Guelph y directora ejecutiva del Observatorio canadiense de feminicidios para la justicia y rendición de cuentas. “Es un problema. El acceso a la justicia o a servicios básicos […] para hacer frente a lo que hoy en día se reconoce como un problema de salud pública no debería depender de quién eres o de dónde vives”.

La falta de cohesión y el enfoque fragmentario de la estrategia fueron identificados por Simonovic tras su misión en Canadá en 2018. Simonovic pidió al Gobierno de Canadá que adoptara un plan de acción nacional holístico e integral sobre la violencia contra la mujer y también abogó por un plan separado que aborde específicamente la situación de las mujeres y las niñas indígenas.

En 2015, 22 organizaciones nacionales y provinciales, como el CLC y Women’s Shelters Canada, publicaron A Blueprint for Canada’s National Action Plan on Violence Against Women and Girls (Un modelo para el plan de acción nacional sobre la violencia contra las mujeres y las niñas), refrendado desde entonces por otras 150 organizaciones.

Las señales recientes indican que es posible que finalmente se establezca un plan de acción nacional: el Gobierno actual prometió destinar 30 millones de dólares canadienses (aproximadamente 22,6 millones de dólares estadounidenses o 21 millones de euros) al plan en su programa electoral reciente y se pidió a varios ministros que empezaran a trabajar en ello en sus cartas de mandato. Según Smallman, ahora el trabajo del CLC “es asegurarse de que lo hagan correctamente, utilizando el modelo que hemos establecido”.

Para Dawson, la adopción de un plan de acción nacional exige el reconocimiento político del problema, voluntad política y el compromiso de hacer algo al respecto. “Puesto que tenemos un Gobierno federal que se autodenomina ‘feminista’, esperamos que pase en esta etapa. Seguimos esperando”.

Luchar contra la autocomplacencia

La violencia contra la mujer no fue un tema candente en las elecciones federales de 2019 y no se ha celebrado un debate sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género en 35 años.

En junio del año pasado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, el primer tratado internacional de este tipo, enviando el mensaje de que la violencia y el acoso de género están generalizados y son inaceptable. El CLC desempeñó un papel clave en las negociaciones y Smallman confía en que Canadá ratificará el convenio. “Solo tenemos que asegurarnos de que lo haga en 2020”.

Para Dawson, que reconoce que Canadá parece más autocomplaciente que otros países, fortalecer el movimiento feminista es fundamental para hacer frente al feminicidio.

Sin embargo, añade que el mayor reto para Canadá es abordar las estructuras sociales que crean y perpetúan las condiciones que propician la violencia. “Necesitamos un cambio total a nivel de la sociedad y para ello son necesarios compromiso y planificación a largo plazo, algo de lo que han carecido nuestros dirigentes hasta ahora”.

Poner fin a la crisis de feminicidios también requiere que la sociedad afronte el papel que desempeña en la perpetuación de la violencia.

Niigaan Sinclair, un escritor anishinaabe y profesor asociado de estudios nativos en la Universidad de Manitoba, dijo a CBC News el año pasado que todo el mundo debe ser consciente del impacto que el colonialismo tuvo, y sigue teniendo, en los pueblos indígenas, lo cual ha generado una “ignorancia moralmente superior” entre una gran parte de la población canadiense.

Dawson también explica que los estereotipos negativos, la actitud de culpar a la víctima y las creencias para excusar al agresor alimentan un entorno que facilita y mantiene la violencia contra las mujeres y las niñas. “Si mantienes que la violencia forma parte de nuestra cultura –yo lo hago– entonces nuestra cultura tiene que cambiar. Si no es el caso, cualquier iniciativa de prevención que tratemos de poner en marcha fracasará”.