Un viaje diario de dos horas y media por trayecto para ir a trabajar afectaría a cualquier persona. Sin embargo, para Özkan, un trabajador de la construcción en Estambul, la parte más difícil de su largo viaje consiste en afrontar sus miedos sobre lo que podría pasar una vez llegue a su casa.

“Las condiciones en nuestro lugar de trabajo son deplorables y psicológicamente estoy roto. Me preocupa poder infectar a otra gente, especialmente a mi mujer o mi hijo de 8 años”, explica Özkan. “No tenemos ningún modo de desinfectarnos en la obra. Así que en cuanto llego a casa me meto directamente al baño a ducharme. Ni siquiera puedo darle un beso a mi hijo. Solo puedo saludarle desde lejos”.

En todo el mundo, los Gobiernos están pidiendo a sus ciudadanos que se queden en casa para protegerse ellos mismos y a los demás de la pandemia de la COVID–19, pero millones de trabajadores de la construcción siguen yendo a trabajar, atrapados en el dilema de si deberían poner en riesgo su salud o perder su fuente de ingresos.

“La salud y la seguridad son muy importantes, pero a los trabajadores les resulta muy difícil no ir a trabajar a lugares donde no tienen seguridad”, asegura Ambet Yuson, secretario general de la central sindical mundial Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM). “Uno se puede morir del coronavirus, pero también se puede morir de hambre”.

Según el sindicato turco de trabajadores de la construcción Dev-Yapı-İş, en marzo durante un período de dos semanas en que las obras empezaron a detener sus actividades y reducir sus plantillas, más de 15.000 trabajadores de la construcción en Estambul fueron despedidos de sus puestos de trabajo en grandes proyectos, la mayoría sin recibir ningún tipo de indemnización. Dicho sindicato calcula que alrededor de 295.000 personas están empleadas en el sector de la construcción en Estambul y más de un millón en todo el país. Los trabajadores y dirigentes sindicales denuncian que a los que siguen empleados les han ofrecido pocos medios de protección contra el coronavirus, en una profesión ya peligrosa de por sí en la que resulta difícil aplicar el distanciamiento social.

“Están distribuyendo mascarillas en algunas obras, pero no en muchas. Los conocimientos sobre cómo usar las mascarillas y especialmente la cantidad de equipos de los que disponen son muy insuficientes. No se está tomando ninguna otra precaución”, advierte Ercan Duman, doctor y miembro de la Comisión de Salud y Medicina Laboral del Colegio de Médicos de Estambul.

Por ejemplo, un informe reciente de la confederación de sindicatos turcos DİSK (Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey, en inglés), a la que pertenece Dev-Yapı-İş, señaló que los miembros de DİSK han dado positivo (a las pruebas de contagio de la COVID-19) en una proporción tres veces superior por cada 1.000 personas de la población turca (sometidas a la prueba).

Özkan nos explica que, en la obra donde trabajan él y alrededor de otras 70 personas, el único cambio ha sido una directiva para los trabajadores en la que les instan a sentarse separados mientras comen, una medida que tilda de “sin sentido” debido a las pésimas condiciones de higiene en el improvisado comedor.

En las redes sociales han circulado vídeos y fotografías publicados por sindicatos turcos y sus simpatizantes en los que se puede ver a trabajadores en cafeterías atestadas y durmiendo en dormitorios colectivos de 10 personas en el mismo espacio de las obras. Özkan describe el alojamiento de los trabajadores en su lugar de trabajo: “Las calles están más limpias. Allí vivimos entre la inmundicia. Va totalmente en contra de la dignidad humana”.

¿Una actividad esencial?

En numerosos países se están analizando detenidamente las prácticas del sector de la construcción en plena pandemia mientras los Gobiernos toman medidas discordantes —y no siempre claras— sobre los tipos de proyectos de obras que se consideran actividades esenciales y a los que, por tanto, se permite seguir operativos a pesar del confinamiento y las órdenes de quedarse en casa.

“Podemos entender que los ciudadanos estén preocupados, pues miran por sus ventanas en la ciudad y ven una obra donde se sigue trabajando. Esto está planteando cuestiones relacionadas con la distancia social”, explica Ian Woodland, dirigente sindical nacional del sector de la construcción para el sindicato británico e irlandés Unite. “Hay varios proyectos que se consideran infraestructura vital, como la construcción de hospitales. Pero otros, como los apartamentos de lujo, no son de carácter vital”.

Unite calcula que tan solo alrededor de una cuarta parte de las obras de construcción de Reino Unido han suspendido sus actividades debido a la pandemia. El sindicato ha exigido que se adopten medidas más estrictas para garantizar la seguridad y asegurar que los trabajadores no se vean obligados a participar en proyectos no esenciales. Casi 130 diputados del parlamento han firmado una carta en la que manifiestan su preocupación, ya que permitir que se lleven a cabo actividades no esenciales, como las obras, y que sigan abiertos este tipo de lugares de trabajo aumentan el riesgo contagio del coronavirus. En las grandes ciudades de Estados Unidos se están planteando debates parecidos. Este mes, 10.000 miembros de un importante sindicato de la construcción de Boston han participado en una huelga por temas relacionados con la salud y la seguridad frente al coronavirus.

“Creemos que las obras esenciales pueden continuar si se toman precauciones relacionadas con la salud y la seguridad”, explica Yuson de la ICM. “Si se cierra una obra, hay que asegurarse de que los trabajadores dispongan de ingresos y de que tengan sus puestos de trabajo garantizados”.

La logística de gran parte de las obras y la estructura del sector de la construcción en muchos países dificultan sobremanera el poder garantizar estas opciones.

“Para determinadas tareas en las obras es necesario trabajar en parejas por razones de seguridad y por la naturaleza del trabajo. Resulta imposible cumplir la recomendación del distanciamiento social de dos metros en todas las obras”, afirma Woodland. “Empezando por el desplazamiento hasta el trabajo en autobuses de la empresa o en el transporte público y siguiendo por hacer fila para fichar y entrar a la obra o acceder a los comedores y aseos durante la jornada laboral: resulta prácticamente imposible aplicar el distanciamiento social en todas estas situaciones”.

Trabajadores migrantes precarios

En muchos países, incluidos Turquía y Reino Unido, los trabajadores de la construcción suelen ser autónomos y estar empleados irregularmente mediante agencias o subcontratas, condiciones que pueden traducirse en que se les excluya de los expedientes de regulación temporal (ERTE) remunerados o en que no reciban las ayudas públicas para los desempleados. Esta precariedad puede tener consecuencias peligrosas.

En Turquía, la amplia mayoría de la fuerza laboral del sector de la construcción en Estambul y otras grandes ciudades está formada por migrantes internos procedentes de pequeñas poblaciones y provincias rurales. Cuando en la primera etapa de la pandemia despidieron a los trabajadores sin ningún tipo de indemnización, muchos de ellos regresaron a sus lugares de origen, lo cual pudo contribuir a la propagación del virus. Como a finales de marzo Turquía interrumpió casi todo el transporte interurbano, muchos de los que fueron despedidos están atrapados en las ciudades donde trabajaban, a menudo con poco apoyo económico o social.

En todas partes se han repetido situaciones parecidas. “El confinamiento en India ha dejado atrapados en las ciudades y sin alimentos a numerosos migrantes internos, principalmente a trabajadores de la construcción”, explica Yuson. “Tienen que trabajar para conseguir dinero, así que todavía se ve a mucha gente en la calle camino a su trabajo o intentando buscar una fuente de ingresos”.

La fuerza laboral migrante también está sometida a un riesgo elevado en países del golfo Pérsico como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos; ambos cuentan con grandes sectores de la construcción.

“La construcción se ha considerado un sector esencial en los Emiratos Árabes Unidos, país que está eliminando las protecciones de aquellos trabajadores que no son ciudadanos permitiendo a los empleadores que reduzcan los salarios de estos”, asegura Isobel Archer, oficial de proyectos en el Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) con sede en Londres. Aunque las medidas en los Emiratos Árabes Unidos exigen que se obtenga el consentimiento de los empleados, los trabajadores migrantes ya de por sí vulnerables tienen muy poco poder de negociación, denuncia.

“Ambos países han tomado medidas para cerrar espacios públicos y cancelar o aplazar eventos, por lo que obviamente son conscientes de que el coronavirus constituye un enorme problema de salud pública”, explica Archer. “Por eso es tan preocupante que se hagan estas distinciones con los trabajadores migrantes en los Emiratos Árabes Unidos”.

La promotora inmobiliaria Emaar Properties anunció recientemente que suspendería sus principales proyectos en Dubái, mientras que Qatar ha obligado a los empleadores del sector privado a reducir la jornada laboral en las obras y a aumentar las medidas de salud y seguridad laboral para detener la propagación del coronavirus. Sin embargo, siete de las 14 empresas de la construcción que el BHRRC quiso entrevistar para saber qué medidas estaban tomando para proteger a los trabajadores migrantes no respondieron y ninguna de las que lo hicieron estaba aplicando planes adecuados, denunció la organización en un comunicado de prensa.

“La pandemia destaca realmente la necesidad de introducir reformas en varios asuntos que las ONG llevan años investigando”, nos cuenta Archer. Ya hace tiempo que se han planteado los problemas derivados de los abusos y la explotación de la mano de obra migrante en los países del golfo Pérsico, donde los que trabajan en proyectos como las instalaciones para la Copa del Mundo de 2022 en Qatar suelen vivir en condiciones insalubres y de hacinamiento en enormes campos de trabajo. Una infección por coronavirus en uno de dichos campos sería “una bomba de relojería”, según Yuson.

La ICM y otros sindicatos están exigiendo que se monten más instalaciones médicas en los lugares de trabajo, así como pruebas y tratamientos gratuitos para el coronavirus, la reducción de las plantillas, un mayor número de turnos para facilitar el distanciamiento social y que los trabajadores puedan alzar la voz sobre las condiciones de riesgo sin temor a represalias.

Özkan, que trabaja en el sector de la construcción en Estambul, asegura que cuando plantean su preocupación sobre determinados temas, los empleadores primero intentan ganar tiempo y luego despiden a todos aquellos que osaron quejarse. “Después no te van a contratar en ninguna otra obra”, advierte. Los sindicatos en Turquía han denunciado que también están despidiendo a los trabajadores que no firmen declaraciones en las que se comprometen a no responsabilizar a su empleador en caso de contraer el coronavirus en su lugar de trabajo.

“Las listas negras también son un problema en Reino Unido, donde los trabajadores tienen miedo de plantear ciertos temas debido a la precariedad de sus puestos de trabajo”, nos cuenta Woodland, del sindicato Unite. “Podrían darles una palmadita en el hombro y anunciarles que ya no les necesitan más en la obra. Por tanto, cabe la posibilidad de que no nos estén informando sobre los problemas relacionados con la salud y la seguridad”.