En las últimas semanas, llegaron desde la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, imágenes impactantes de cadáveres abandonados en la calle. La ciudad no estaba preparada ni siquiera para recoger los cuerpos durante la pandemia de la COVID-19. Lo que no se dijo en la mayoría de los medios de comunicación internacionales fue que antes de esta pandemia, Ecuador había recortado sus gastos de atención sanitaria y aplicado una sucesión de despidos en su Ministerio de Salud. Entre 2019 y 2020, despidió aproximadamente el 8% del personal. Con recortes a esta escala, no sorprende que las autoridades de salud pública no hayan podido coordinar una respuesta oportuna. Ecuador es un excelente ejemplo de la forma en que las instituciones financieras internacionales han creado vulnerabilidades y han aumentado las desigualdades.
Estos agresivos recortes formaban parte de un programa de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que condujo a una reducción de 1.000 millones de USD (unos 922 millones de euros) en el gasto del empleo del sector público durante tres años. Antes de esta crisis, la violenta represión para acallar las protestas en contra de estas medidas ya se había cobrado muchas vidas. Para echar leña al fuego, el brote en Ecuador está estrechamente relacionado con el gran número de nacionales ecuatorianos que viven en España y que regresaron de vacaciones a su país. Muchos de los que se fueron a trabajar a España lo hicieron durante una crisis económica anterior vinculada a los programas del FMI en los años de las décadas de 1990 y 2000, y que finalmente condujo a la dolarización de la economía ecuatoriana y acabó con los ahorros de la mayoría de los ciudadanos. El colapso de la economía ecuatoriana durante esa época provocó el éxodo de aproximadamente 700.000 personas, quienes abandonaron el país con rumbo principalmente a España.
Las políticas forzadas por el FMI en Ecuador forman parte de un modelo más amplio. Aun cuando el Fondo y el Banco Mundial han cambiado ligeramente su retórica desde la época del Consenso de Washington, ambas instituciones continúan impulsando el mismo tipo de políticas, es decir, exigen la austeridad, la desregulación y las privatizaciones.
Una perspectiva general de la totalidad de los programas del FMI en 2016 y 2017 mostró que en 23 de los 26 programas presionaron para que se aplicaran medidas de austeridad, al tiempo que a la mayoría de los países se les pedía una reducción de la masa salarial en su sector público. Estas reducciones de la “masa salarial” se tradujeron en despidos e incluso recortes salariales para los profesionales sanitarios.
Tanto el Banco como el Fondo han promovido regímenes específicos de protección social que dejan a las personas sin una red de seguridad adecuada.
No dejar atrás a nadie para responder a la pandemia es algo más que una aspiración: a menos que todos los países sean capaces de detener el virus, nadie está a salvo. Lamentablemente, los problemas interrelacionados de desigualdad y falta de confianza han llevado al nacionalismo en vez de impulsar un esfuerzo de cooperación encaminado a reformar el multilateralismo y servir mejor a las personas y al planeta.
A mediados de abril, en un contexto de multilateralismo deficiente y de un legado de intervenciones ciegamente desreguladoras, se celebraron las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial. Se concluyeron acuerdos importantes, e incluso hubo un gran avance, ya que el Grupo de los 20 (G20) se comprometió a suspender los pagos de la deuda de los países de bajos ingresos cuando estos lo solicitaran. Los Gobiernos también repusieron el Fondo Fiduciario para el Alivio de la Deuda después de una Catástrofe (FFADC) del FMI, que puede utilizarse para cubrir los reembolsos de los países de bajos ingresos de la deuda con el FMI. Una ronda inicial de alivio de la deuda suprime seis meses de pagos de 25 países. Esta fue una medida importante promovida conjuntamente por los sindicatos y las empresas en el curso del período previo a las reuniones. El Banco Mundial creó un nuevo Fondo de Múltiples Donantes para Medidas de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias con el fin de recaudar recursos adicionales para la respuesta y la capacidad de resiliencia de la salud pública en el futuro, y ambas instituciones están proporcionando financiación rápida para reforzar la preparación de los países en desarrollo. La dirección del FMI se pronunció en términos contundentes sobre las medidas para la protección de los ingresos, el empleo y la salud, apartándose de los mensajes a los que nos tiene acostumbrados.
Las Reuniones de Primavera 2020, celebradas virtualmente debido a las preocupaciones sanitarias y las restricciones sobre los viajes, serán recordadas como un paso adelante en la respuesta a la crisis. Sin embargo, no pueden equipararse a la cumbre del Grupo de los 20 de Londres en 2009 como un hito en el que la coordinación internacional se elevó por encima del caos. Según los cálculos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el FMI, las necesidades de los países en desarrollo ascienden a 2.500 millones de dólares. Las decisiones en las Reuniones de Primavera son un primer paso crucial para garantizar que los países no se vean obligados a elegir entre asegurar el servicio de la deuda y salvar las vidas de sus ciudadanos. Sin embargo, se trata solamente de un aplazamiento temporal de la deuda con los países del G20, y los países de ingresos medios bajos no pueden participar en la cancelación de pagos al FMI. Muchos de estos países dependen de las exportaciones de materias primas, lo que los coloca en una situación difícil. Más allá del horizonte inmediato, será necesaria una nueva ronda de alivio de la deuda y un proceso vinculante de reestructuración de la deuda soberana para salir de la crisis y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.
Derechos especiales de giro
Una de las vías más rápidas y efectivas para abordar esta situación es la emisión de derechos especiales de giro del FMI, un activo de reserva internacional. Se emitieron nuevos derechos especiales de giro como parte de la crisis financiera mundial, y hoy es una herramienta esencial para que los países en desarrollo puedan paliar la situación causada por las salidas masivas de capital en la medida en que los inversores buscan un terreno más seguro. El fortalecimiento de los activos de reserva ayudaría a los países a evitar el colapso monetario, laboral y económico. Los países desarrollados podrán transferir algunos de sus derechos especiales de giro a los países en desarrollo para dar un apoyo suplementario al empleo, la salud y la economía real. Las Reuniones de Primavera concluyeron sin haber avanzado en la cuestión de los derechos especiales de giro debido a la oposición de los Estados Unidos, que tiene poder de voto en el FMI para oponer su veto a la decisión.
El movimiento sindical internacional instó a las Reuniones de Primavera a reorganizar la respuesta inmediata y crear un plan de reconstrucción encaminado a coordinar el estímulo económico, la acción con respecto a la salud pública y el alivio de la deuda. Se trata de reconstruir un mundo mejor capaz de resistir a las amenazas de enfermedades, el clima y las perturbaciones económicas. De no abordarse la desigualdad, la débil demanda de los consumidores, el estancamiento salarial, el subempleo y el desempleo, la falta de cobertura sanitaria y de protección social, así como otros problemas subyacentes, harán que la recuperación sea imposible.
Es hora de pasar la página de la austeridad, la reforma estructural y la privatización. Aunque de forma más discreta que lo habitual, estos factores siguieron indeleblemente presentes en las Reuniones de Primavera. El FMI alentó a los países a “gastar lo que puedan, pero guarden los recibos”, apoyando medidas urgentes para contener la pandemia y la crisis al tiempo que se preservan el empleo y las empresas. Aun así, señaló que se esperan recortes de gastos a medio plazo. El mundo ya ha vivido esta situación con anterioridad, cuando se derrumbó el espíritu de la cumbre del G20 de Londres y el FMI asestó la estocada final para poner fin prematuramente a las medidas de estímulo exponiendo falsas advertencias sobre los coeficientes de deuda/PIB.
El presidente del Banco Mundial, David Malpass, ya dejó claro que las reformas estructurales para reducir las supuestamente “regulaciones excesivas” formarán parte de la estrategia de recuperación del Banco.
Consecuentemente, aumentaría la financiación de las políticas de desarrollo, que ha apoyado medidas tales como los recortes en los servicios públicos y un aumento de la fiscalidad regresiva. La República de Georgia es una muestra de la forma en que estas medidas socavan la resiliencia. La confederación sindical de Georgia señaló que “la situación creada por la propagación de la COVID-19 en Georgia ha revelado una vez más los problemas a los que han conllevado años de política neoliberal y fundamentalismo de mercado en el país”.
El Banco Mundial ha promovido la participación privada como respuesta al desarrollo. Más recientemente, ha utilizado los diagnósticos del sector privado del país para fomentar la participación privada en la salud y la educación, a pesar de reconocer los resultados desiguales de las asociaciones público-privadas del sector salud. En Georgia, el Banco Mundial participó a lo largo de las décadas de los años 1990 y 2000 en la reforma sanitaria, incluyendo un préstamo en el que la filial “educativa” de la compañía de seguros privada estadounidense Kaiser desempeñó el papel de consultor en un plan maestro del hospital. El préstamo incluía un objetivo para mejorar “la eficiencia del sistema de atención sanitaria al reducir el número de hospitales y de personal en la ciudad de Tiblisi”.
A partir de 2006, Georgia se embarcó en un experimento radical de privatización y desregulación. Un renovado plan maestro del hospital inició una privatización a gran escala para conservar solo cinco de los 437 hospitales públicos. Los últimos datos muestran que existen 2,6 camas de hospital por cada 1.000 personas, en comparación con 5,9 en Europa y Asia central.
En 2007, Georgia figuró en el informe Doing Business del Banco Mundial como el “principal reformador”, en parte gracias a las reformas de la legislación laboral que violan las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas reformas incluyeron la supresión de la inspección del trabajo por ser un obstáculo para las empresas, lo que ha provocado un deterioro de las condiciones de salud y seguridad. Los accidentes laborales han acusado un notable aumento.
Se han llevado a cabo importantes reformas en el Banco Mundial en torno a la participación privada y la desregulación del mercado laboral tras la intervención de Maxine Waters, presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Entre otros cambios, el Grupo del Banco Mundial puso fin al infame indicador laboral del informe Doing Business y congeló las inversiones en la educación con fines de lucro.
Georgia y Ecuador demuestran los peligros que entraña una combinación fallida de políticas promovida por las instituciones financieras internacionales y los Gobiernos regresivos. El apoyo del Banco Mundial y el FMI dirigido a la actuación de los niveles de la deuda y las medidas inmediatas como respuesta a la crisis es un paso positivo, pero no indica en modo alguno un abandono significativo de la austeridad, la privatización y la desregulación, factores que han incrementado la desigualdad y no han conseguido un crecimiento sostenido. Un plan de reconstrucción ambicioso debería reformar el multilateralismo dando prioridad a las medidas de estímulo a favor del pleno empleo, la negociación colectiva y las políticas salariales (a fin de aumentar los ingresos y la demanda), la protección social (que no deje atrás a nadie), la salud, y servicios públicos dotados de personal suficiente.
