Apagones y censura en internet: una herramienta de represión cada vez más compleja y extendida

Apagones y censura en internet: una herramienta de represión cada vez más compleja y extendida

In November 2019, journalists in the Srinagar region of Kashmir protested against the widespread internet blackout imposed 100 days prior by Indian authorities after the northern Indian state’s semi-autonomous status was revoked.

(Muzamil Mattoo / NurPhoto via AFP)

La censura en internet adopta formas diversas. Por lo general, se traduce en una vigilancia considerable de periodistas, activistas, denunciantes y defensores de los derechos humanos. Además, se ordena censurar determinados sitios web y aplicaciones, como sucede en Irán, donde no se puede utilizar Facebook y Twitter sin una clave de acceso a una VPN (red privada virtual).

En Venezuela, desde la crisis política de enero de 2019, los cortes deliberados suelen tener una finalidad política, se prolongan durante varias horas y se ordenan cada vez que Juan Guaidó, el principal opositor al presidente Nicolás Maduro, pronuncia un discurso u organiza una conferencia.

Por último, está el apagón total de la red, que sumerge a todo un país o región en un silencio digital absoluto. Está ocurriendo en Etiopía, cuyas autoridades militares han impuesto desde enero una interrupción total de internet en la región de Oromia, al oeste del país; y también en la India y Birmania, que limitan el corte del servicio de internet a una comunidad determinada.

En efecto, tras la revocación del artículo 370 de la Constitución, que otorgaba autonomía a la provincia de Cachemira, de mayoría musulmana, la India impuso el 5 de agosto de 2019 un corte de todas las comunicaciones electrónicas en la provincia. Las autoridades no restablecieron una conexión 2G hasta principios de marzo de 2020. En Birmania el bloqueo de la red va dirigido contra la población rohinyá, la minoría musulmana del país, desde el verano de 2019. Esta censura selectiva y discriminatoria resulta más difícil de controlar y, por lo tanto, complica la labor de las organizaciones que combaten la censura en internet.

Estas organizaciones observan que los cortes de internet aumentan durante las elecciones y las manifestaciones. “Cuando cortan internet, sabemos que habrá violaciones de los derechos humanos, que una elección se verá afectada y/o que si hay protestas, mucha gente morirá”, explica a Equal Times Berhan Taye, miembro de Access Now, una organización de derechos humanos dedicada a defender la libertad de acceso a internet en el mundo.

Apagones para encubrir los abusos

En la gran mayoría de los casos, los gobiernos justifican los bloqueos de internet con el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional, pero su objetivo es impedir toda oposición ciudadana: “El amordazamiento de la sociedad civil se desplaza a la esfera digital. Algunos Estados están invirtiendo en tecnología digital para impedir el acceso a la información y reprimir las voces disidentes”, explica a este medio Katia Roux, responsable de Defensa las Libertades en Amnistía Internacional.

Para los regímenes autoritarios es también una forma de borrar todo rastro de abusos: “El apagón nunca es definitivo, pero sirve para deshacerse de las pruebas y, una vez que se reabre la red, algunos cuerpos desaparecidos no vuelven a salir a la superficie y las amenazas a la población tienen un efecto paralizante, que impide la libertad de expresión”, señala Roux.

Esto fue lo que sucedió en Cachemira y Sudán, en el verano de 2019. Los medios de comunicación internacionales y Amnistía Internacional sacaron a la luz numerosos casos de violencia durante el tiempo que permaneció cortado el acceso a internet: se utilizó la fuerza para dispersar a los manifestantes, se ordenaron detenciones e incluso torturas. En Sudán, la represión se constató mediante la difusión de vídeos en las redes sociales, una vez que se restableció la conexión.

Otro tanto ocurrió en la República Islámica de Irán. El Gobierno ordenó un bloqueo de la red de diez días en noviembre de 2019, tras las manifestaciones contra el aumento de los precios de la gasolina. “Debido al apagón de internet, resultaba muy difícil obtener información en Irán sobre lo ocurrido en las manifestaciones. Sin embargo, Amnistía Internacional pudo publicar cifras sobre el número de personas asesinadas [304, ndlr*]. Es esencial poder continuar esta labor de investigación, para dar solidez a los procedimientos penales (...)”, argumenta Roux.

Violación del derecho de acceso a la información

Además de facilitar la represión, estos apagones impiden que la población acceda a información esencial, como lugares que hay que evitar, restricciones de acceso, información sobre la brutalidad policial... y la aísla aún más, impidiéndole el contacto con sus familiares, dentro o fuera del país.

En el contexto de la actual crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, este derecho a la información reviste más importancia si cabe, dado que permite educar a la población sobre medidas preventivas, que evitan la propagación del virus en países cuyo sistema de salud se saturaría rápidamente en caso de un contagio elevado. En Cachemira, por ejemplo, debido a la baja velocidad de internet (2G), ni siquiera los profesionales sanitarios tienen acceso a la información publicada sobre este coronavirus en internet y en las redes de sus colegas de profesión y, por lo tanto, no pueden apoyar a la población: “En Cachemira, Birmania, Bangladés y recientemente en Etiopía, el Gobierno selecciona quién tendrá acceso a esta información vital y quién no”, se indigna Berhan Taye, responsable también de la campaña #KeepIton de Access Now, que reclama el fin de los cortes de internet.

El Gobierno chino, que ya posee un sofisticado sistema de control de la información, ha ido más allá en la censura para acallar cualquier crítica sobre su gestión de la crisis por parte de los usuarios de internet.

“Palabras clave como ‘Wuhan’, sola o combinada con otras, son clasificadas como sensibles y bloqueadas sistemáticamente. Los ciudadanos las sortean reemplazando una palabra por otra. De este modo, desarrollaron un lenguaje alternativo y establecieron un código. (...) Esta estrategia de los ciudadanos para esquivar la censura existía ya antes. La novedad es que ahora, en algunos casos, los usuarios de internet incluso se anticipan a la censura”, expone Roux. Por ejemplo, encontraron una alternativa a la palabra ‘cruz roja’ antes de que China la censurara, dice. Reducir al silencio a los periodistas es otra forma de censurar la información.

En China, el periodista independiente Chen Qiushi, que cubría la crisis del coronavirus, lleva desaparecido desde el 6 de febrero. Sus familiares creen que ha sido puesto bajo arresto domiciliario. En Irán, el periodista Mohammad Mosaed también fue arrestado, interrogado y censurado por criticar la gestión gubernamental de la crisis del coronavirus. Se encuentra a la espera de juicio, pero tiene suspendidas sus cuentas en las redes sociales y ya no puede realizar su trabajo.

Efectos desastrosos para la economía

A las consecuencias sanitarias de esta falta de información hay que añadir las consecuencias económicas observadas en los países que ordenan la interrupción deliberada de internet. Por ejemplo, la organización NetBlocks.org, un observatorio del estado de internet en todo el mundo, estima que en Sudán se perdieron diez millones de dólares USD diarios (unos 9,22 millones de euros). Iraq es el país más afectado económicamente por los cortes de internet. En los siete días que duró el apagón de octubre, esta organización estima que las pérdidas ascendieron a 864 millones de euros (937 millones de dólares). En Irán, un país ya asfixiado por las sanciones de EEUU, el expresidente de la Cámara de Comercio, Mohsen Jalalpour, afirma que el bloqueo de noviembre de 2019 le costó al país 1.500 millones de dólares (unos 1.380 millones de euros). Además, se ha producido una pérdida de confianza entre los consumidores y los inversores a largo plazo, así como graves trastornos en las políticas de desarrollo.

Lo preocupante es que los Estados están tratando de poner freno a estas pérdidas económicas complicando más aún la estructura de internet y creando, por ejemplo, una “internet nacional”, siguiendo el ejemplo de China y, más recientemente, de Irán.

Esta parece ser también la intención de Rusia. Según Kave Salamatian, profesor de informática de la Universidad de Saboya, existen varias estructuras de redes: “por un lado, la arquitectura estilo chino o norcoreano, concebida desde el principio para ser controlable. Por otro lado, otro extremo, están los operadores interconectados, como sucede en Francia (...). Finalmente, tenemos países que quieren reconstruir su arquitectura para ejercer más control (...)”.

Según Salamatian, Irán lleva trabajando en esta reestructuración de su red desde el Movimiento verde de 2009. Berhan Taye lo confirma: “En Irán, después de las elecciones de 2009 y las protestas posteriores, las autoridades se dieron cuenta de que para poder aumentar los cortes de internet, tenían que separar de la red general de internet a las instituciones esenciales (bancos, servicios financieros o de salud, electricidad). Una vez creada una red diferenciada, se aseguran el funcionamiento de las instituciones esenciales incluso en caso de apagón (...). De este modo consiguen que los cortes de internet puedan durar más tiempo sin afectar a sus intereses”, lamenta la activista.

El papel de los operadores de telefonía y las organizaciones anticensura

Se suele señalar con el dedo a las compañías telefónicas, que ejecutan las órdenes de las autoridades, pero estas se defienden de cualquier complicidad. Es cierto que en todo el mundo existen cláusulas que permiten al Estado cortar legalmente internet, en particular por razones de seguridad nacional. “El problema es que, cuando un operador entra en un espacio y firma un acuerdo con el Estado, le resulta muy difícil negarse, porque se arriesga a perder su licencia. Pero eso no significa que no tengan poder alguno”, explica Taye.

Los operadores pueden apoyarse en la ley para garantizar su respeto. Por ejemplo, la orden de cortar internet debe ser legal y por escrito, algo que a menudo no sucede. Por último, en virtud de los términos del contrato que los vincula a sus clientes, los operadores tienen la obligación de informarles sobre cualquier corte y la duración de los mismos.

En Birmania, el pasado mes de junio, la compañía telefónica Noruega, Telenor, advirtió a los consumidores de los cortes de internet en las provincias de Rakáin y Chin y publicó un comunicado de prensa recordando la importancia de la libertad de expresión, incluso en tiempos de conflicto. “Al recibir la orden, Telenor Birmania solicitó una aclaración sobre la justificación del corte y subrayó que la libertad de expresión mediante el acceso a los servicios de telecomunicaciones debía mantenerse con fines humanitarios”, afirma su sitio web.

Durante el apagón de internet impuesto en Zimbabue en enero de 2019, a raíz de las protestas contra el aumento de los precios de la gasolina, Econet Wireless, el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones, afirmó haber recibido la orden de cortar internet. “Nuestros abogados nos informaron que estamos obligados a acatar la directriz en espera de la decisión del tribunal sobre su legalidad”, precisó la compañía.

Según Taye, los operadores a menudo “se extralimitan” en lugar de contentarse con aplicar estrictamente lo que se les ha ordenado. “Reciben la orden de cerrar Facebook e Instagram, pero ellos ¡incluyen también WhatsApp! ¿Por qué hacen más de lo que se les pide? De esta forma ellos también pierden dinero”, se sorprende la activista.

En efecto, con cada apagón los operadores registran pérdidas sustanciosas, además de poner en juego su reputación y la confianza de los inversores y de los consumidores. Esta es una de las razones por las que las organizaciones de derechos humanos están demandando ante los tribunales a los operadores, además de a los Gobiernos.

Tengan éxito o no, los procedimientos judiciales contribuyen a sensibilizar a la opinión pública sobre los abusos de los derechos humanos y a denunciar las violaciones de la libertad. “La justicia internacional es compleja y los procedimientos son largos, pero sigue siendo una palanca importante. Enviamos una señal que dice, ‘¡Cuidado, el mundo te está observando!’, ejerce una presión que es importante mantener. No hacerlo enviaría un mensaje peligroso, que podría fomentar la impunidad”, afirma Roux.

A medida que se multiplican los apagones de internet y la censura digital, aumenta el número de juicios. Las demandas las suelen interponer las organizaciones sociales y no están exentas de riesgos para los abogados independientes, que pueden recibir amenazas. Las organizaciones anticensura lamentan la escasez de armas a su alcance. “Nuestras únicas armas para contar lo que les está sucediendo a estas poblaciones afectadas por una situación totalmente arbitraria son nuestras voces”, concluye Taye.

*Nota de la redacción.

This article has been translated from French.