Los temporeros migrantes en explotaciones agrarias de EEUU se encuentran en el ojo del huracán por la pandemia

Los temporeros migrantes en explotaciones agrarias de EEUU se encuentran en el ojo del huracán por la pandemia

In this photo, taken on 4 May 2017, H-2A contract worker B. Mendoza Vázquez sits in the room he shares with three other farm workers in the barracks where they live in central Washington State, United States.

(David Bacon)

En abril, el presidente Donald Trump anunció en un tuit que, aunque iba a suspender casi todos los tipos de migración legal durante un mínimo de dos meses, no iba a fijar restricciones a los productores agrícolas para que contrataran a trabajadores migrantes temporeros a través de las visas H-2A. Trump alegó que su orden era estrictamente necesaria debido a la creciente pandemia de COVID-19. Sin embargo, no citó ninguna prueba para demostrar que la prohibición de todos los tipos de migración familiar contribuye al fin de la propagación del virus, pero que no ocurre nada si no se modifica la migración relacionada con la contratación de trabajadores por parte de los empleadores.

En enero, el secretario de Agricultura Sonny Perdue explicó la aparente esquizofrenia del presidente en un discurso pronunciado ante el grupo de presión American Farm Bureau Federation. El secretario quiere que Trump “separe la inmigración, que es gente que quiere adquirir la ciudadanía, [de] un programa de temporeros legales. Eso es lo que necesita el sector agrícola y lo que queremos. No ofende a la gente que está en contra de la migración porque no quiere más ciudadanos migrantes aquí. Necesitamos a gente que pueda ayudar a la agricultura estadounidense a cumplir sus objetivos de producción”.

Dicha afirmación va más allá que una mera promesa electoral. Constituye un gran paso para conseguir una mano de obra cautiva en el sector agrícola, basado en un programa famoso por sus abusos a los trabajadores y que les obliga a competir mediante bajos salarios con los trabajadores agrícolas que ya viven en Estados Unidos.

Se trata de una medida que nos remonta al pasado. El movimiento por los derechos civiles consiguió que se aprobara la migración por reunificación familiar, gracias a la cual los migrantes pueden obtener permisos de residencia (las llamadas green cards) en base a sus relaciones familiares. En 1965, los dirigentes sindicales Bert Corona, César Chávez y otros convencieron al Congreso de que acabara con el llamado ‘programa bracero’, el cual traía a millones de temporeros mexicanos a Estados Unidos. Gracias a su lucha consiguieron una política migratoria basada en la reunificación familiar, en lugar de la basada en la necesidad de una mano de obra barata que tenían los propietarios de las explotaciones agrarias.

Ahora Trump ha suspendido el sistema de reunificación familiar. Y nadie sabe todavía si se restablecerá en un futuro. El programa de visas H-2A, que está creciendo rápidamente, está basado directamente en el antiguo sistema de los braceros.

Aunque los propietarios de las explotaciones agrarias insisten en que el programa de visas H-2A es fundamental pues alegan que el coronavirus ha provocado una escasez de mano de obra, dicho sistema ya había empezado a proliferar mucho antes de que se iniciara la pandemia. En 2019, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos otorgó al agronegocio una autorización para que cubriera 257.667 puestos de trabajo con trabajadores originarios casi exclusivamente de México y con visas H-2A. Dicha cifra equivalía al 10% de todos los puestos de trabajo del sector agrícola estadounidense.

El programa ha crecido rápidamente a medida que los trabajadores con visas H-¬2A han ido ocupando una proporción cada vez mayor de los puestos de trabajo del sector agrícola. Actualmente es cinco veces mayor que la cifra de 48.336 temporeros registrados en 2005 durante el gobierno de George W. Bush. En algunos estados, los temporeros con visas H-2A ocupan actualmente más del 10% de los puestos de trabajo del sector agrícola. En el estado de Georgia, los propietarios de las explotaciones agrarias cubren una cuarta parte de todos los puestos de trabajo con temporeros con visas H-2A.

Las desventajas de las visas H-2A

A los trabajadores con visas H-2A les ofrecen contratos de menos de un año. Además, solo pueden trabajar para la empresa que les contrata y deben abandonar el país cuando finalice su contrato. Si protestan por las condiciones abusivas pueden despedirles y deportarles. Y como en la siguiente temporada tienen que volver a solicitar la visa para regresar, son especialmente vulnerables a las listas negras.

Los investigadores del Centro de los Derechos del Migrante (CDM) denunciaron en un informe publicado en abril y titulado Tiempo de reforma que “muchos creían que no les permitirían regresar a trabajar en Estados Unidos si no finalizaban un contrato, independientemente del motivo”.

Una gran empresa contratista llamada CSI lleva cada año a más de 20.000 trabajadores a Estados Unidos. En varios documentos analizados por Equal Times obliga a los temporeros a firmar un compromiso en el que autorizan las listas negras: “El patrón tiene derecho a despedirme y yo... tendría que regresar a México. El patrón me denunciaría ante las autoridades. Obviamente eso afectaría a mis posibilidades de regresar legalmente a Estados Unidos en un futuro”.

“La amplia mayoría de los trabajadores con visas H-2A empiezan a trabajar con enormes deudas”, denuncia el CDM. Para asegurarse un puesto de trabajo, algunos llegan a pagar sobornos que ascienden a unos 4.500 dólares estadounidenses, a pesar de que la legislación prohíbe dichas ‘tasas’. A menudo se tienen que alojar en barracones en la propiedad del dueño de la explotación, situados a varios kilómetros de la población más cercana y rodeados por alambradas. “Algunos trabajadores declararon que necesitaban pedir permiso para salir de los barracones. Otros denunciaron que tenían prohibido salir, excepto para comprar alimentos”, reveló el informe del CDM.

Un trabajador llamado Mario aseguró que le cobraron 1.000 dólares al mes por un catre en una litera dentro de un barracón con otros 30 o 40 trabajadores. Cuando algunos trabajadores intentaron marcharse, el jefe les confiscó ilegalmente sus pasaportes. “No querían que nos marcháramos ni que fuéramos a ninguna parte”, explicó Mario.

Todos los entrevistados del informe del CDM sufrieron violaciones de sus derechos laborales básicos garantizados por la ley, sobre todo de los relacionados con el salario mínimo y las pausas en el trabajo. El 86% aseguró que las empresas no contrataban a mujeres o que les pagaban menos si lo hacían. La mitad se quejaron de las malas condiciones del alojamiento y un tercio aseguró que no les habían proporcionado el equipo de seguridad necesario. Un 43% no recibió los salarios que aparecían estipulados en los contratos.

“El fraude y el impago de los salarios prometidos son muy comunes”, dice el CDM. Un trabajador denunció que le llegaron a pagar 1,25 dólares la hora después de aplicarle comisiones ilegales. Otro recibió 400 dólares por una semana laboral de siete días trabajando 11 horas diarias. La suma que dejó de percibir durante la duración de su contrato ascendía a 11.000 dólares. Si se multiplica esta cifra por las decenas de trabajadores de una cuadrilla promedio que recolecta fruta o verdura podemos hacernos una idea de los beneficios ilegales que se embolsan los empleadores, quienes al parecer temen poco las consecuencias.

Dicha sensación de impunidad es comprensible debido a la ausencia casi total de mecanismos que garanticen el cumplimiento de la legislación laboral. En 2019, de los 11.472 empleadores que usaron el programa de las visas H-2A, el Departamento de Trabajo tan solo denunció ante los tribunales a 431 (el 3,73%) y de esos tan solo a 26 (el 0,25%) les prohibieron volver a contratar durante tres años. Las multas que les impusieron ascendieron a una media de 109.098 dólares.

Después de que Honesto Silva, un trabajador con visa H-2A, se desplomara en un campo del estado de Washington hace tres años y falleciera más tarde, 70 de sus compañeros de trabajo se negaron a salir al campo. La empresa, Sarbanand Farms, les despidió y expulsó del recinto. Como las normas del programa H-2A exigen que los trabajadores salgan del país si les rescinden el contrato, los despidos supusieron su deportación.

El nuevo sindicato del estado de Washington para los trabajadores agrícolas, Familias Unidas por la Justicia, apoyó dicha protesta y otras más de trabajadores con visas H-2A –en 2018 en la explotación agraria de Crystal View y en 2019 en la finca de manzanas King Fuji–. Según Edgar Franks, coordinador de Familias Unidas, la mayoría de los trabajadores que participaron en las huelgas de Crystal View y King Fuji no trabajaron para dichas empresas en la siguiente temporada.

A los propietarios de las explotaciones agrarias, favores; a los trabajadores, contagios

Desde que accedió al poder, el presidente Trump ha intentado sin descanso que el programa de las visas H-2A sea más asequible y rentable para los propietarios de las explotaciones agrarias. El gobierno derogó una restricción para permitir a los propietarios de las explotaciones agrarias que contrataran únicamente a trabajadores que hubieran sido contratados en el pasado. Después suspendió una norma que prohibía a los patrones mantener a los trabajadores en Estados Unidos por más tiempo del que se especificaba en sus antiguos contratos.

Otra enmienda de las normas relajó el requisito de que las empresas anunciaran los puestos de trabajo primero a los residentes locales antes de solicitar trabajadores con visa H-2A. Para los empleadores, preocupados por mantener los costes de la mano de obra lo más baratos posible, la promesa más importante fue la de reducir los salarios que debían pagar a los trabajadores con visa H-2A, es decir, el llamado Salario por Efectos Adversos. Aunque en teoría se fijó en una suma lo suficientemente elevada como para no perjudicar a los salarios de los trabajadores agrícolas locales, en realidad lo que hace es establecer un límite máximo para los mismos. Si los trabajadores locales exigen aumentos salariales, los dueños de las explotaciones agrarias pueden contratar a trabajadores con visa H-2A para sustituirles.

Los bajos salarios ejercen una presión enorme para que todos los trabajadores agrícolas salgan a trabajar, incluso durante la crisis del coronavirus. Las familias de los trabajadores agrícolas se encuentran entre las más pobres de Estados Unidos, con unos ingresos medios anuales de entre 15.000 y 17.500 dólares–por debajo del umbral de la pobreza oficial de 22.050 dólares–. Lo que aumenta dicha presión durante la crisis de COVID-19 es el hecho de que la mitad de los 2,5 millones de trabajadores agrícolas del país –los que no tienen un estatus legal– fueron excluidos de todos los programas de ayuda humanitaria aprobados por el Congreso. Los 250.000 trabajadores con visa H-2A que se encuentran actualmente en Estados Unidos también fueron excluidos de las leyes de asistencia humanitaria.

La crisis del coronavirus añade un factor de riesgo adicional a la desigualdad. Como el resto de la gente, los trabajadores con visa H-2A deben intentar mantener la distancia recomendada de dos metros entre ellos y otras personas en las viviendas, el transporte y el trabajo. Sin embargo, el CDM asegura que eso es prácticamente “imposible en las condiciones que suelen padecer en Estados Unidos los trabajadores con visas H-2A”.

No se les realiza ningún tipo de test al entrar al país ni mientras trabajan en Estados Unidos. Asimismo, los empleadores no están obligados a proporcionarles un seguro médico. Si dejan de trabajar porque se ponen enfermos, les obligan a salir del país conforme a lo estipulado en las disposiciones de su visa. Una vez en México tendrán que buscar asistencia sanitaria mientras sus familias y comunidades se tendrán que enfrentar al riesgo de infección.

Sin embargo, cuando el Congreso empezó a debatir sobre los paquetes de rescate y ayuda humanitaria, los sindicatos y organizaciones comunitarias comenzaron a redactar propuestas y demandas. Hasta 36 organizaciones firmaron una carta redactada por la organización Farmworker Justice, con sede en Washington DC, en la que exigían más protección para los trabajadores con visas H-2A. Entre las recomendaciones se incluían una vivienda segura con instalaciones de cuarentena, un transporte seguro, la realización de test a los trabajadores antes de entrar a Estados Unidos, medidas de distanciamiento social en el lugar de trabajo y el tratamiento gratuito para los que se enfermen. En el estado de Washington, la organización Columbia Legal Services interpuso una demanda junto a United Farm Workers, Familias Unidas por la Justicia y el proyecto de sindicalización de los trabajadores agrícolas Community2Community, para obligar al estado a establecer normas sanitarias para los trabajadores con visa H-2A.

Aun así, es poco probable que se deroguen las enmiendas que la administración ha introducido en el programa de las visas H-2A y que todo vuelva a la situación previa a la pandemia. Además, las normas de las visas H-2A ya eran claramente ineficaces para proteger a los trabajadores antes de la crisis. Hace catorce años, la organización Southern Poverty Law Center describió las condiciones de los trabajadores con visas H-2A en un informe titulado Close to Slavery. La abogada del CDM Mary Bauer, que fue la autora de dicho informe, explicó a Equal Times: “No he visto ninguna mejora significativa en 30 años. Los abusos están integrados en una estructura en la que los trabajadores son vulnerables y en la que siempre existe una nueva fuente de mano de obra para sustituir a los ancianos, los enfermos y los que se quejen o protesten. Un programa que prácticamente no otorga a los trabajadores ningún tipo de capacidad de negociación genera la situación perfecta de vulnerabilidad en el contexto de esta pandemia”.

El informe del CDM viene a decir lo mismo. Según destaca, “el problema de proteger a los trabajadores mediante la mera promulgación de normas reside en que dichas normas no pueden solucionar el profundo desequilibrio de poder existente entre el empleador y el trabajador debido al programa de visas H-2A”. Esta frase podría haber descrito fácilmente el antiguo programa de los braceros. En la década de 1960, el movimiento chicano por los derechos civiles no luchó para regularizar los programas de temporeros invitados, sino para suprimirlos. Los activistas lucharon por un sistema de migración basado en la reunificación familiar. Ese es el cambio que ahora el presidente Trump quiere revertir con un solo tuit.