Athit Kong ha estado luchando durante más de cuatro años para no ir a la cárcel. Este dirigente sindical camboyano se enfrenta a varias causas penales por violencia intencionada, obstrucción a la Administración pública y obstrucción de una vía pública para ayudar a organizar una acción laboral en 2016 con el objetivo de recuperar los puestos de trabajo de cerca de 40 conductores de autobús.

La empresa de autobuses Capitol Bus Company, el empleador que presuntamente despidió a los conductores por intentar crear un sindicato, fue la que interpuso las denuncias contra Athit y otros tres activistas laborales. Athit afirma que el suyo no es un caso aislado.

“Muchos otros líderes sindicales, especialmente de sindicatos independientes, también se enfrentan a causas [judiciales], lo cual repercute considerablemente en nuestra capacidad de organización”, señala Athit, presidente de la coalición sindical Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union. “Cuando la gente se entera de que cada vez son más los líderes sindicales denunciados, arrestados y presionados, se amedranta y deja de participar activamente en las actividades sindicales”.

Según un reciente informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), con sede en Londres, los ataques judiciales por parte de empresas contra organizadores sindicales y demás defensores de los derechos humanos están aumentando a escala global. El informe, titulado Defender a los defensores: cuestionar los procesos judiciales perversos en el Sudeste Asiático, identifica asimismo a América Central, Europa del Este y Rusia como focos de acoso judicial. Y apunta que las instancias registradas de este tipo de causas han aumentado a escala mundial a una tasa media anual del 48% desde 2015. Y que el año pasado se disparó al 84%.

“Hemos constatado un aumento del acoso judicial como herramienta efectiva y perniciosa para silenciar e intimidar a los críticos”, afirma Maysa Zorob, presidenta de Responsabilidad Judicial Corporativa del CIEDH y autora del informe. “La gran mayoría de las causas son presentadas sobre la base de calumnias u otras acusaciones de difamación”, añade.

Cinco de los nueve casos específicos que se exponen detalladamente en el informe tienen lugar en Tailandia, donde un delito de difamación criminal puede ser castigado con penas de hasta dos años de cárcel.

Sutharee Wannasiri, investigadora y consultora en el ámbito de los derechos humanos, se enfrentó a tres casos como esos después de compartir en las redes sociales un vídeo producido por su entonces empleador, la ONG Fortify Rights. Wannasiri y otras personas habían estado investigando el caso de 14 trabajadores migrantes que habían hecho públicas sus denuncias por haber sufrido graves abusos laborales en una granja avícola operada por la empresa Thammakaset.

“Los trabajadores habían utilizado un canal oficial del Gobierno para presentar su denuncia, y ganaron el caso con una indemnización laboral por parte de la empresa”, explica Wannasiri. “Un tribunal determinó que se habían violado sus derechos, entre ellos recibir un sueldo por debajo del salario mínimo, sin horas extras, y que se les confiscara el pasaporte, pero, en lugar de pagar la indemnización a los trabajadores, la empresa empezó a acosarlos”.

Demandas mordaza

Thammakaset ha presentado un total de 36 demandas judiciales contra personas que han tratado de llamar la atención respecto a presuntas violaciones de sus derechos laborales, entre ellas 14 trabajadores migrantes, defensores de los derechos como Wannasiri, y varios periodistas.

Al menos 17 de estas causas, incluidas las presentadas contra Wannasiri, son consideradas por el CIEDH y otros observadores como “demandas mordaza”, más conocidas en inglés (según su acrónimo SLAPP) como “demandas estratégicas contra la participación pública”.

“Las SLAPP son eficaces porque se hacen pasar por demandas judiciales legítimas, pero en realidad son una expresión de las desigualdades de poder y recursos que existen entre las empresas y los trabajadores o comunidades”, manifiesta Zorob. “A menudo implican años de litigios que no solo son muy costosos sino también sumamente estresantes. Básicamente impiden a los defensores de los derechos humanos seguir realizando su trabajo porque tienen que gastarse todos los recursos para combatir estos litigios”.

El activista Andy Hall, otro defensor de los derechos humanos y blanco de Thammakaset, se ha enfrentado a múltiples causas judiciales por sus actividades en apoyo a los derechos de los trabajadores migrantes en Tailandia.

Además de los casos de la empresa avícola, ha pasado años luchando contra demandas penales y civiles por difamación presentadas por la empresa piñera Natural Fruit a raíz de un informe que investigó en 2013 sobre supuestos abusos en la unidad de enlatado de la empresa.

“Una vez que eres procesado, te obsesionas con la defensa, y no paras de pensar en el caso. El miedo te afecta psicológicamente”, señala Hall. En 2016 la presión lo llevó a abandonar Tailandia, su hogar durante más de una década, y cuenta que pasó un año en un monasterio para recuperarse del estrés. “Estuve años entrando y saliendo de los tribunales, y no podía soportarlo más”, afirma. Los juicios me impedían hacer el trabajo que había estado realizando en Tailandia”.

Tanto Hall como Wannasiri manifiestan que las causas judiciales interpuestas contra ellos han tenido un efecto paralizador en la disposición de otras personas a hablar en favor de los derechos de los trabajadores.

“Los medios de comunicación locales y las organizaciones de derechos humanos de Tailandia con los que nos pusimos en contacto se muestran muy reacios a publicar información sobre la causa [de Thammakaset], porque también temen acabar enfrentándose [a procedimientos judiciales]”, afirma Wannasiri.

Socavar el Estado de derecho

La utilización del sistema judicial de un país para atacar a los defensores de los derechos también socava de manera general la confianza de los ciudadanos en las instituciones, afirma Carlos López, asesor legal sénior en materia de empresas y derechos humanos de la Comisión Internacional de Juristas.

“Cuanto más se utilizan las estrategias de las SLAPP, y cuanto mayor es la colaboración en este sentido de los funcionarios de las fuerzas del orden, más se socava el Estado de derecho y el gobierno democrático”, subraya López. “Tanto la sociedad civil como los ciudadanos de a pie confían menos en la legitimidad de la ley cuando el Poder Judicial es percibido como un instrumento de opresión para los poderes económicos, en lugar de un instrumento para proteger los derechos y el interés público”.

Según Zorob, ningún país del Sudeste Asiático cuenta con definiciones jurídicas de las SLAPP ni de los defensores de los derechos humanos. “Por eso a los abogados les resulta más difícil solicitar la desestimación de estos casos, y a los tribunales denunciarlos por lo que son”, puntualiza. “Dos de nuestras recomendaciones [en el nuevo informe] son definir las SLAPP y penalizar su utilización, para garantizar que las costas de los juicios sean asumidas por las correspondientes empresas”.

También es importante concienciar a los colegios de abogados, a los abogados, a los miembros del Poder Judicial y a las fuerzas del orden sobre estas tácticas legales, añade López. “Tratar de que se promulgue una legislación puede ser un proceso largo con resultados inciertos, pero existen buenos ejemplos de tribunales supremos y otros órganos con cierto grado de autonomía que ofrecen orientación sobre cómo proteger los derechos”, señala.

Otra estrategia clave es involucrar el poder del consumidor y aprovechar los principios de responsabilidad social corporativa adoptados por empresas internacionales.

“Se ha producido una ruptura total de la confianza entre los defensores de los derechos humanos y las corporaciones, pero para hacer nuestro trabajo de la manera más eficaz posible tenemos que encontrar aliados entre ellos”, advierte Hall. La cooperativa finlandesa de venta al por menor S Group, por ejemplo, apoyó a Hall en su batalla legal contra Natural Fruit, retirando a la empresa tailandesa de su cadena de suministro después de que se negara a cooperar con los auditores externos.

Aunque los casos le pasaron considerable factura, Hall señala que las demandas judiciales de Natural Fruit fueron en algunos puntos contraproducentes. “A nadie le importaban [las demandas de la compañía] hasta que fui procesado”, señala. “El informe que elaboramos era un informe más para la estantería”.

Pero las demandas presentadas por Thammakaset también generaron conciencia sobre las condiciones de los trabajadores migrantes en la industria avícola, manifiesta Hall. Después de que salieran a la luz las denuncias de abusos, uno de los grandes clientes de la empresa, el consorcio alimentario tailandés Betagro, anunció que había interrumpido por este motivo su relación comercial con la granja gestionada por Thammakaset.

“Las empresas y los inversores deben actuar con la debida diligencia para asegurarse de que no sigan importando de o trabajando con socios de Asia, o de cualquier otra parte del mundo, que tengan un historial de casos de acoso e intimidación de los trabajadores y los defensores de los derechos humanos”, concluye López. “De lo contrario, están proporcionando los ingresos que permiten la continuación de esas prácticas”.